¿Acuerdo histórico? A cambio de los fondos europeos el gobierno deberá
renunciar a derogar la reforma laboral y aplicar nuevos recortes en las
pensiones públicas
Jul 21, 2020
Finalmente, el Consejo Europeo ha llegado a un
acuerdo para repartir los millones del fondo de reconstrucción del
Covid-19. Según Pedro Sánchez, que se felicita del acuerdo, al Estado Español
le corresponderán 140.000 millones del paquete de 750.000
millones aprobado (390.000 en subvenciones y 360.000 en créditos). De esos
140.000 millones, 72.700 serán en forma de ayudas directas
(sin devolución) y el resto, 67.300 millones, engrosarán la deuda
pública del Estado
Pero para acceder al fondo, el Gobierno de Pedro
Sánchez va a tener que aplicar determinadas políticas, particularmente en
el campo laboral y de las pensiones.
Fue el líder holandés y máximo representante
del bando de los llamados ‘países frugales’, Mark Rutte, el que dejó claro que
España tiene que mantener la flexibilidad del mercado laboral y
tomar medidas contra el constante incremento del gasto público en
pensiones como condiciones para acceder a los fondos europeos.
Es decir, que el Gobierno tendrá que olvidarse de
sus planes de cabecera en el campo laboral. Como mínimo, de su idea de
desmantelar la reforma del Partido Popular de 2012 en un plazo más o
menos corto de tiempo.
En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ha
bajado mucho el tono en este campo. De ser uno de los principales proyectos de
la ministra Yolanda Díaz, la ‘contrarreforma’ laboral ha pasado a ser
un objetivo secundario que parece ya no se encuentra entre las metas
más inmediatas del Ejecutivo.
Esto ocurrió, particularmente, después de que la
patronal amenazara con abandonar la mesa del Diálogo Social tras el
acuerdo parlamentario entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar en un
corto espacio de tiempo la reforma laboral, aunque Moncloa dio marcha a atrás a
este acuerdo casi de inmediato.
Aspectos más lesivos
A día de hoy, después de que Trabajo reconstruyera
puentes y recuperara a la patronal para el Diálogo Social, lo único que queda
sobre la mesa respecto a la derogación de la reforma laboral son los aspectos
más lesivos, los relacionados con la negociación colectiva.
Sin embargo, habrá que ver qué decide hacer el
Gobierno al respecto. El ‘freno de mano’ aprobado por el Consejo Europeo
permitiría a cualquier estado miembro de la UE frenar los fondos para España si
se considera que nuestro país no está cumpliendo con las recomendaciones
comunitarias, que orientan a mantener un alto grado de la llamada ‘flexibilidad
laboral’.
Así, ideas que se manejaban hasta ahora como
la reforma de la subcontratación, del despido y el desarrollo del
Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI quedan en el alero, con
bastantes posibilidades de quedarse en el cajón, al menos hasta 2022.
Pensiones
En cambio, en pensiones los principales partidos
parlamentarios del Estado están dispuestos a poner en marcha medidas que
reduzcan el gasto. Y desde hace tiempo. El problema es que las correspondientes
reformas en la Seguridad Social y en el modelo público quedaron frenadas por
la falta de acuerdo político ante la proximidad electoral.
Eso es lo que ocurrió en el Pacto de Toledo,
la comisión parlamentaria que aborda la reforma de estas prestaciones y que no
llegó a un acuerdo antes de la celebración de las elecciones de abril de 2019 y
de la disolución de las Cortes, en medio además de una potente movilización del
movimiento pensionista.
Ahora los trabajos empiezan de nuevo. Antes de la
crisis del coronavirus, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, presentó su propuesta para, según su opinión, ‘salvar’
las pensiones públicas en España y a la Seguridad Social de la bancarrota.
Entre los argumentos para abordarla con urgencia, el ministro señaló que en
2023 se espera un importante incremento de las prestaciones de jubilación por
la retirada del mercado laboral de la generación del ‘baby-boom’ español.
Entre las medidas que propuso para reducir el gasto
señaló que el Estado asuma determinados gastos y prestaciones que a día de hoy
abona la Seguridad Social (y que le obligan a endeudarse) y penalizar y
dificultar todavía más las prejubilaciones, de manera que la edad
efectiva de jubilación se vaya prolongando paulatinamente. También
se ampliaría el número de años para calcular la pensión final, lo
que supondrá un nuevo y significativo recorte de las prestaciones. Por ahora,
además, no hay visos de que el gobierno tenga intención de derogar, como
mínimo, dos de los aspectos más cuestionados de la reforma de Rajoy del 2013:
el factor de sostenibilidad y el incremento de las pensiones
desvinculado del crecimiento del IPC.
Magdalena Valerio, exministra del ramo y presidenta
del Pacto de Toledo, considera que es posible un acuerdo parlamentario
al respecto antes de que acabe el año que se deberá traducir después
en un proyecto legislativo. El Gobierno va a tener que acelerar para contentar
a Bruselas.
¿Freno al gasto social?
Por otro lado, la capacidad que tienen los
estados miembros para frenar las ayudas de otro si no cumple las reglas también
pone en un problema a España en lo que respecta a su gasto social.
Cabe recordar que debido al impacto laboral y
económico de la crisis del coronavirus, el Gobierno ha
extendido un importante escudo social, a base de subsidios y ayudas,
en este 2020. Un escudo que corre el peligro de difuminarse ante el amenazante
‘freno de mano’ europeo.
Con todo, entre las iniciativas en peligro no
debería estar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que de
hecho había sido reclamada por la propia Comisión Europea dados los problemas
relacionados con la pobreza extrema en España.
El ‘freno de mano’ también puede afectar
considerablemente al plan de reformas e inversiones que
presentará el Ejecutivo a Bruselas en octubre como paso final para acceder a
los millones comunitarios.
Como afirmara Ana de la Cueva, secretaria de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, la intención del Gobierno es dedicar
fondos europeos, además de a la digitalización del tejido productivo y a
la transición ecológica, al Estado del Bienestar y al sector de los
cuidados, algo que ahora queda en entredicho.
Iglesias habla de acuerdo europeo de ‘alcance
histórico sin precedentes’ y asegura que no habrá recortes
El
vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo
Iglesias, por su parte ha ensalzado este martes el «alcance histórico y
sin precedentes» del acuerdo europeo que, en su opinión,
permitirá afrontar la crisis «sin recortes» y continuar con «el
programa» del Gobierno de coalición.
En un mensaje difundido a través de las redes
sociales, Iglesias admite que el acuerdo no va «todo lo lejos» que a
«algunos» les habría gustado, pero considera una buena noticia que la Unión
Europea haya dejado atrás la senda de la austeridad y los recortes que, según
enfatiza el vicepresidente, lastró las economías del sur en la crisis de hace
diez años.
«Debemos destacar algo clave para España: el
acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición
continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme
estímulo para continuar con las transformaciones en clave de
recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el
acuerdo de Gobierno», remarca Iglesias.
El líder de Podemos hace esta consideración
cuando se ha puesto en duda la oportunidad de acometer algunos aspectos
del programa, entre ellos la derogación de los aspectos más lesivos de la
reforma laboral, una cuestión que está recogida en ese acuerdo al que hace
referencia Iglesias.
«Los ‘eurobonos’, que parecían inviables hace
unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma
distinta, sin recortes«, señala Iglesias.
De esta forma, en su opinión, el acuerdo
del Consejo Europeo va en «una dirección diametralmente opuesta»
a hace diez años, cuando se apostó -dice- por «recortes sociales que
provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del
proyecto europeo«.
Iglesias elogia a la UE
Iglesias considera que Europa ha
reaccionado a la crisis del coronavirus de forma
«coordinada y solidaria» ya que por primera vez en la historia de la
UE se plantean subvenciones financiadas con deuda conjunta.
España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones se
darán en ayudas directas, en virtud de ese acuerdo sobre el fondo europeo y el
marco financiero plurianual.
«Este acuerdo es un buen acuerdo para la UE y
para España y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo, pero queda un
largo camino por recorrer para avanzar en una Unión Europea que garantice un
marco institucional y de gobierno en el que se refuercen los procedimientos
democráticos, así como una reforma del Pacto Fiscal y de Estabilidad para
evitar una posible vuelta de la austeridad fiscal», añade el vicepresidente, en
el mensaje que a continuación reproducimos.
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