Reflexiones sobre el caso de los CDR terroristas
"Entre el
23 de septiembre y el 10 de noviembre una preocupante información llenó las
portadas de los diarios, televisiones, radios y medios digitales
españoles", escribe Èric Lluent. Un repaso del tratamiento mediático a la
detención de los CDR, a los que se acusó de estar preparando un atentado
inminente
LAMAREA.COM
31 diciembre 2019
Entre el 23 de
septiembre y el 10 de noviembre —día de las elecciones generales— una
preocupante información llenó las portadas de los diarios, televisiones, radios
y medios digitales españoles: en Catalunya un nuevo grupo terrorista de signo
independentista estaba a punto de atentar con explosivos. El arresto de nueve
independentistas radicales el 23 de septiembre, con entradas a domicilios
propias de la guerra contra el narco, había evitado una masacre. Con los días,
hubo una intensa lluvia de artículos y exclusivas en las que se daban detalles
variopintos, desde una lista de los explosivos que tenían preparados hasta los
planes del responsable de comunicaciones del grupo terrorista para asegurar líneas wifi desde bares y
pisos francos para no ser interceptado.
Según la
versión mediática casi unánime y siempre basada en el relato y filtraciones
policiales, el gran plan terrorista era la toma del Parlament el ‘día D’. Había gente “de
arriba” que estaba al corriente del tema. Torra y Puigdemont, se comentaba.
La entrada sería espectacular: unos pocos hombres sin entrenamiento
especializado reducirían a los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, uno a uno. Primero
esposarían al jefe de la unidad, así que los subordinados caerían faltos de una
cabeza pensante. Una vez dentro del edificio, defenderían el Parlament para que
Quim Torra proclamase la República. El encierro en el Parlament y en los pisos
francos podría durar días, así que haría falta comida. Algo sencillo pero
suficiente como para no bajar la moral de la tropa.
Durante la
acción terrorista, fuera del Parlament estaban programadas charlas, con carpas, sillas
y trípticos. Ah, importante, también había explosivos. Quizás no para esa
acción, o sí, pero había explosivos, o precursores de explosivos,
o muchos tipos de explosivos.
La operación u operaciones eran un encargo que venía del conocido como CNI catalán, el misterioso
ente que extrañamente nunca ha podido detectar el CNI español.
En este relato mortadelofilemoniano
se daba categoría de grupo terrorista que preparaba un atentado inminente a una
organización muy poco organizada con un supuesto plan bastante delirante, sin
material para llevarlo a cabo.
A continuación,
presento una recopilación de algunos de los principales titulares que se
publicaron y difundieron por las redes sociales en los dos picos informativos
sobre la Operación Judas —así la apodó la Guardia Civil—. El primero
coincidiendo con la detención de nueve CDR acusados de terrorismo el 23 de
septiembre, y el segundo justificado por la revelación de nuevos detalles tras
el levantamiento del secreto de sumario —después de semanas de filtraciones a
la prensa— en los días previos a las elecciones generales del 10 de
noviembre.
Los CDR
planeaban ocupar el Parlament una semana y colocar explosivos el “día D” (24 de septiembre, El Confidencial); Objetivo
de los CDR: sembrar el caos con una oleada de explosiones el 1-O (27 de
septiembre, La Razón); Una hermana
de Puigdemont actuó de enlace entre los CDR detenidos y Torra (29 de
septiembre, La Razón); El plan de
los CDR detenidos para “tomar y defender” el Parlament: pisos francos y ayuda
del Govern (6 de noviembre, eldiario.es); La Guardia
Civil acusa al ‘CNI catalán’ de financiar con grandes cantidades a los CDR para
asaltar el Parlament (6 de noviembre, El Mundo); El papel de
los detenidos: preparación de explosivos y ocupar el Parlament (8 de
noviembre, El País).
Mes y medio
después de las elecciones, las informaciones que recibimos nada tienen que ver
con la alarma terrorista que se azuzó entre los meses de septiembre y noviembre
del presente año, un periodo con suficiente conflictividad —publicación de la
sentencia del Tribunal Supremo con largas penas de cárcel para los líderes
catalanes, respuesta popular en las calles de Catalunya, vías de comunicación
entre Sánchez y Torra totalmente rotas, repetición de elecciones, auge de la
extrema derecha— como para añadir a la ecuación un factor tan preocupante como
la creación de un nuevo grupo terrorista.
Ahora parece
evidente que no existía la peligrosa organización terrorista preparada para
atentar que se nos explicó en septiembre y, sobre todo, a principios de
noviembre. A día de hoy, siete de los nueve supuestos terroristas están en
libertad bajo fianzas que van de los 5.000 a los 10.000 euros.
Si eran y son
tan peligrosos, y además estaban financiados por ‘gente de arriba’ con mucho
dinero, ¿cómo se los deja sueltos por cantidades irrisorias? El simple hecho de
su libertad provisional nos indica que el relato que compraron de forma
acrítica medios de comunicación de casi todos los colores debió ser cuestionado.
Siempre es grave alejarse del rigor y de la veracidad en periodismo, pero aún
lo es más cuando de lo que se informa es de una amenaza terrorista, en un país
que conoce bien el significado de las violencias fratricidas, civiles y
militares, que han lastrado nuestra historia contemporánea.
¿A ninguna
redacción de prensa diaria le pareció extraño que se levantara el secreto de
sumario a pocos días de unas elecciones generales, dado que la información
podía utilizarse para vincular una opción política con el terrorismo? ¿A nadie
le vinieron a la cabeza los casos del comando Dixan,
de Tamara Carrasco o de Alsasua? ¿Nadie se preguntó
en qué condiciones estuvieron los detenidos antes de declarar y con qué
información contaban los abogados defensores? Nueve días después de las
elecciones descubrimos, por ejemplo, que algunos interrogatorios en sede
judicial no se hicieron con todas las garantías debidas ya que el juez
instructor escondió información esencial a los abogados defensores.
En las mismas
fechas en las que el relato policial y judicial se repetía por la mayoría de
los medios de comunicación españoles, los abogados defensores ya denunciaban
irregularidades en la detención, traslados y régimen penitenciario y subrayaban
la nula información con la que contaban sus clientes. Estas manifestaciones
solo tuvieron cierto peso en algunos medios de comunicación
catalanes. La realidad actual es que la Audiencia Nacional ha
rebajado las pretensiones de la Guardia Civil y de la Fiscalía y ha ido
abriendo la puerta de la cárcel a la mayoría de los integrantes del
supuesto grupo terrorista.
Pedro Sánchez,
presidente del Gobierno en funciones, usó con intereses políticos y electorales
las informaciones sobre la existencia de un complot terrorista independentista
invitando a Quim Torra a condenar una violencia que no había tenido lugar. “El
señor Torra lo tiene muy fácil. Si no quiere que al independentismo se lo
relacione con cualquier tipo de acción violenta, lo que tiene que hacer
precisamente es denunciar, y criticar, y condenar cualquier tipo de potencial
uso de la violencia por parte de cualquier grupo vinculado con el
independentismo”, declaró Sánchez el 25 de
septiembre, dos días después de la detención de los nueve supuestos
terroristas.
El entonces
líder de Ciudadanos, Albert Rivera, publicó este mensaje en Twitter:
“¿A esto se refería Torra cuando pedía a los comandos separatistas que
apretaran? ¿A que apretaran el detonador de la Goma 2? España no puede soportar
un presidente autonómico que trabaja cada día para destruir al Estado, romper
la convivencia y legitimar la violencia. #155YA”.
Pablo Casado,
líder del Partido Popular, reaccionaba a las
detenciones felicitando a la Guardia Civil: “Mi reconocimiento a la Guardia
Civil por esta operación en Cataluña contra los CDR que planeaban acciones
terroristas. La fortaleza del Estado de Derecho prevalece siempre en favor de
la paz y la convivencia que queremos el conjunto de los españoles”. Por su
parte, Vox fue más allá,
publicando gráficos en sus redes sociales en los que se compartía el siguiente
eslogan: “Los CDR son un grupo terrorista”, en la línea de las peticiones de Vox ante el Consejo
de Europa para que los CDR fueran considerados como un grupo
terrorista. La estrategia de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, a pesar de las
diferencias, tenía una característica en común: vinculaban de forma más o menos
directa independentismo y terrorismo. Asociaban estos dos términos.
A falta de
responder muchísimas preguntas sobre las intenciones de algunos de los
detenidos, su situación personal y psicológica, sobre las mentiras que se han
publicado y el origen de las filtraciones ilegales, sobre la presunta
existencia de un grupo secreto llamado ‘CNI catalán’, sobre el conocimiento o
desconocimiento de los líderes catalanes del supuesto plan para tomar el Parlament,
o sobre la normalidad con la que la prensa puede crear una alarma terrorista,
una única certeza surge entre tanto ruido: la mayoría de informaciones
publicadas entre el 23 de septiembre y el 9 de noviembre de 2019 sobre el caso
de los supuestos terroristas CDR generaron un estado de alarma y un estado de
opinión sin base real que, estigmatizando una opción política legal y legítima,
condicionaron la recta final de la campaña electoral y, por ende, la propia
votación.
Las pruebas de
que hay temas y estrategias de Estado que deben ser aceptados de forma
acrítica, al menos durante momentos considerados de emergencia nacional, para
preservar un bien superior -en este caso, la unidad de España- parecen
evidentes. El caso de los peligrosos CDR terroristas, siete de los cuales están
ahora mismo fuera de la prisión después de un esperpento policial, judicial y
mediático -con el duro trauma y estigma que supone para los acusados y sus
familias lo vivido- es un ejemplo más de una conducta policial, judicial,
política y mediática que debería hacernos replantear a más de un periodista
cómo reproducir la versión oficial cuando hay dudas razonables de su veracidad
o bien antecedentes que minan la confianza de algunas fuentes que sabemos están
dispuestas a confundir o exagerar por, en este caso, razones de Estado.
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