La guerra
total entre Casado y Ayuso, una lucha por el poder, está sacando a la luz
algunas de las peores prácticas de corrupción y guerra sucia empleadas a lo
largo de su historia por el principal partido de la derecha española.
Cuando todo huele a podrido en el PP
El Viejo Topo
23 febrero,
2022
La guerra total
entre Casado y Ayuso está sacando a la luz algunas de las peores prácticas de
corrupción y guerra sucia empleadas a lo largo de su historia por el principal
partido de la derecha española, no sólo contra sus enemigos políticos sino
también en su propio seno.
Llega además
pocos días después del fracaso de su proyecto de obtener la mayoría absoluta en
las elecciones anticipadas en Castilla y León; fue primera fuerza, pero con 31
escaños, lo que le obliga a encontrar una fórmula que le permita gobernar esa
Comunidad sin tener que ceder a todas las exigencias que ya le está planteando
Vox. Unas elecciones en las que este partido de ultraderecha ha visto
consolidados los resultados que había ya alcanzado en las pasadas elecciones
generales de 019, pasando de 1 a 13 escaños, aunque con 10% menos de votos,
mientras que el PSOE y UP han conocido un retroceso notable (bajaron de 35 a 28
escaños y de 2 a 1, respectivamente), principalmente en beneficio de Unión del
Pueblo Leonés (con 3 escaños) y de Soria ¡Ya! (con otros 3), formaciones que
han sabido canalizar el malestar popular ante unos desequilibrios territoriales
cada vez mayores en el interior de esa Comunidad y a escala estatal.
¿Nuevo ciclo?
Sin duda, ahora
se abre un nuevo ciclo, pero no el que deseaba el todavía principal líder de la
oposición en su aspiración a llegar a la Moncloa, sino el que se está
desencadenando en el interior de su partido y en el que no cabe descartar el
peor de los escenarios: una ruptura orgánica, más pronto o más tarde, entre los
dos sectores enfrentados, si bien son muchos también los intereses comunes que
pueden presionar a favor de una recomposición que, en cualquier caso, no
evitará importantes daños colaterales.
Desde luego, no
faltan antecedentes de esa mezcla de corrupción y guerra sucia que ha ido
caracterizando al PP desde sus orígenes y, sobre todo, en las últimas décadas:
el tamayazo de 2003 (que, comprando a dos diputados del PSOE,
dio el gobierno en la Comunidad de Madrid a la madrina política de Ayuso,
Esperanza Aguirre); los espionajes de la gestapillo del ahora
dimitido Angel Carromero a dirigentes de su propio partido, o los del siniestro
Villarejo al extesorero Bárcenas, la larga historia de macroescándalos de
corrupción (con la Gürtel como detonante de la moción de censura que echó a
Rajoy de la Moncloa)[1],
o, más recientemente, su connivencia con dos diputados de UPN para impedir que
saliera adelante el decreto de reforma laboral del gobierno.
Por eso no
faltan razones jurídicas que justifiquen, como ha sostenido Javier Pérez Royo[2],
reclamar la ilegalización de este partido, calificado ya judicialmente como
“organización criminal”. Porque, no lo olvidemos, se trata de una formación
política que lleva en sus genes sus orígenes franquistas[3] y
que ha ido consolidando unas redes de corrupción y una “clase público-privada’
(Pastor, 2010: 93) que tienen su anclaje en un capitalismo inmobiliario y
extractivista y en el núcleo duro del aparato estatal. Así que, no hay nada
nuevo bajo el sol, salvo que ahora toda las tensiones dentro de esta trama de
intereses se manifiesta con toda su crueldad, como lo han tenido
que reconocer los propios protagonistas.
Esta guerra
llega además en un momento en el que Pablo Casado ha ido acercándose cada vez
más al discurso que desarrolló Ayuso en su exitosa campaña electoral de mayo
del año pasado, adaptándose a la presión por ofrecer una versión trumpista
neoliberal y neocon a la española que le permita contrarrestar
la influencia de Vox en una parte creciente de su electorado.[4]
Una lucha por el poder
Así pues, no
tiene mucho sentido buscar diferencias entre ambos dirigentes en el plano
ideológico. Se trata, pura y simplemente, de una lucha por el poder cuya
evolución dependerá probablemente de cuál sea la posición que adopten los
principales barones autonómicos en los próximos días, con el presidente
gallego, Feijóo, a la cabeza, quien parece apostar por un Congreso
extraordinario en el caso de que ambos contendientes no lleguen pronto a un
armisticio. Un conflicto en cuyo desenlace influirá sin duda el alineamiento
que vayan tomando los principales poderes mediáticos y, junto a ellos, el peso
que tenga la calle, con iniciativas como la manifestación convocada este
domingo 20 de febrero en Madrid en apoyo de Ayuso delante de la sede del PP.
Porque el papel
que puedan jugar estos actores no tan secundarios es la principal baza que
tiene la presidenta madrileña frente a Casado: su liderazgo carismático
innegable le está permitiendo presentarse como víctima, pese a las evidentes
pruebas de la corrupción en la que se ha visto implicada en el peor momento de
la pandemia. Movilizando a sus seguidores en defensa de su «libertad» de
negocio… a costa de dinero público, y de “lo más importante, mi familia” frente
al espionaje sufrido, vuelve a tirar de argumentario para dejar en segundo
plano su constante recurso al nepotismo y a redes clientelares.
Esa complicidad
conquistada entre su base más militante es la que viene a corroborar cómo a lo
largo de las últimas décadas se ha ido consolidando lo que define el juez
Joaquim Bosch como “electorado corrupto”: esos “ciudadanos que aplauden los
tratos de favor y las prácticas fraudulentas, con conocimiento de que lo son.
Esa carencia de valores éticos favorece notablemente la corrupción”. Una
complicidad que no supone negar el peso de otros factores que pueden explicar
el éxito electoral de Ayuso y que tienen que ver con el arraigo social,
cultural e ideológico de su neoliberalismo trumpista a la madrileña.
Pero no por ello debemos desdeñar la contaminación en su electorado fiel
del todo vale en la defensa común de sus intereses y
privilegios de poder o de estatus. Lo mismo cabría sostener, obviamente,
respecto a Casado pese a que quiera presentarse ahora con voluntad de
distanciarse del pasado corrupto de su partido… recurriendo para ello a los
peores métodos de la gestapillo.
Como insisten
desde el PSOE –que también tiene un historial de corrupción y guerra sucia que
no debemos olvidar- y también desde UP, no cabe ninguna esperanza en que de
esta crisis surja una derecha “democrática y moderna, europea”, sobre todo
cuando lo que estamos viendo en muchos países vecinos, como Francia, es una
adaptación creciente a la agenda y a los discursos de las extremas derechas
respectivas por parte de esas viejas derechas..
Esta guerra
interna irrumpe además cuando Vox puede presentarse como la única oposición
creíble frente al gobierno PSOE-UP, tras la descomposición de Ciudadanos
y, ahora, la división interna creciente en las filas del PP respecto a la
táctica a adoptar ante ese partido. Algunos columnistas de medios como El
Confidencial ya auguran un sorpasso de la
ultraderecha al PP en el caso de que Casado siga a la cabeza de esta formación
en las próximas elecciones generales.
En cambio,
desde el otro lado, el del pueblo de izquierdas, en unos sectores se extiende
la resignación ante la política del mal menor y, en otros, la
desilusión respecto a un gobierno que no ha cumplido las principales promesas
que, aun siendo moderadas, contenía su programa electoral, como las relativas a
la derogación de la reforma laboral de 2012, la reforma fiscal o, mucho nos
tememos también, la de la ley mordaza, cuyo proyecto ha sido ya criticado como
mero “maquillaje” por diferentes organizaciones sociales, entre ellas Amnistía
Internacional. Por tanto, no podemos sorprendernos de que, en medio de una
desmovilización casi general, el vacío que dejan esos partidos haya facilitado
la irrupción de nuevas fuerzas políticas provinciales en las
instituciones ni, sobre todo, de que aumente la desafección ciudadana
ante la política y los partidos en general.
Todo esto se
da, en fin, en un contexto internacional en el que es difícil encontrar
diferencias sustanciales entre los principales partidos del régimen,
coincidentes ambos en su obediencia a los dictados de la Comisión Europea -como
ha tenido que reconocer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- y del FMI, que ya
pide ajustes en 2023. O, lo que es todavía más indignante, el
servilismo que muestran ante el imperialismo estadounidense, con el que han
cerrado filas desde el primer momento para promover la escalada militar de la
OTAN ante la crisis abierta en torno a Ucrania. Un conflicto que nos obliga a
recuperar la memoria de los movimientos antiOTAN y antimilitarista de pasadas
décadas para emprender iniciativas capaces de frenar la amenaza real de
estallido de una guerra cuyas consecuencias serían desastrosas más allá de la
región directamente afectada.
Será frente al
ascenso de Vox y su creciente control de la agenda política, así como ante la
falta de voluntad del PSOE y su gobierno (UP se está convirtiendo en mero
espectador de su deriva al centro cada vez más patente) para romper con
los límites marcados por la Comisión Europea, la CEOE y las grandes
transnacionales, como habrá que recuperar fuerzas e ilusión que
demuestren que existe otro camino posible: el que han marcado la confluencia
entre organizaciones sindicales, sociales y políticas en la necesidad de ir más
allá de la no derogación de la reforma laboral de 2012; la reafirmación del
movimiento feminista en las calles ante el próximo 8 de marzo; la perseverante
lucha de diferentes colectivos en su defensa del derecho a una vivienda digna,
o campañas como la que se está emprendiendo ahora por una Iniciativa Popular
para una regulación extraordinaria de las personas extranjeras. Desde esos y
otros espacios en reconstrucción habrá que trabajar, con “lenta impaciencia”,
por reconstruir nuevos frentes comunes y polos políticos alternativos.
Notas
[1] Véase también artículo de Nuria Alabao en CTXT, 17/02/2022: “Tras la
guerra de bandas del PP…hay lo mismo”) https://ctxt.es/es/20220201/Firmas/38789/Nuria-Alabao-PP-Ayuso-Casado-lucha-interna-corrupcion.htm
[2] https://www.eldiario.es/contracorriente/ilegalizar-pp_132_8758203.html
[3] A propósito de esto, ha sido muy oportuna la publicación reciente del
libro, La Patria en la cartera, del juez Joaquim Bosch, ya que viene a
recordarnos cómo el legado de la corrupción sistémica de la dictadura
franquista no llegó a erradicarse durante la mitificada Transición y cómo, pese
a algunos éxitos judiciales, pervive en muchas instituciones, con la monarquía
como representación máxima, y en la sociedad.
[4] Me remito a los artículos de Luisa Martín Rojo y Laura Camargo
publicados recientemente en viento sur, 180, en donde
analizan la evolución discursiva tanto de Ayuso como de Pablo Casado.
Artículo publicado originalmente en Viento Sur.
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