Felipe González y Puyol; Su majestad, Rey 1, y Puyol; José María Aznar y Puyol; Zapatero y sucesores de Puyol; Mariano Rajoy y sucedáneos de Puyol y todo el sistema judicial español y Puyol y sucesores de Puyol, son los principales interfectos que nos tiene que explicar qué está pasando en Cataluña y son los que nos tiene que señalar también los bienes propios que se les puede embargar (si no lo hacen ya sería cuestión de jueces) para hacer frente a los daños causados a la sociedad catalana y española que previamente serán determiandos en los correspondientes juicios a los susodichos.
Y por otra parte, conviene señalar que en las elecciones del 10 de Octubre, cada cual queda en completa libertad para votar si esa fuera su voluntad a los mismos partidos que han causado los daños referidos, especialmente al PP y PSOE como los actores criminales principales, o cualquier otro que prometa seguir haciendo el mismo daño que el ya causado.
Y por otra parte, conviene señalar que en las elecciones del 10 de Octubre, cada cual queda en completa libertad para votar si esa fuera su voluntad a los mismos partidos que han causado los daños referidos, especialmente al PP y PSOE como los actores criminales principales, o cualquier otro que prometa seguir haciendo el mismo daño que el ya causado.
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¿Nuevo tsunami democrático en Cataluña?
16.10.2019
El Tribunal Supremo español declaró culpables de sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia a los catalanes que lideraron el proceso unilateral de autodeterminación de octubre de 2017, lo que produjo una reacción ciudadana masiva al grito de al grito de "Nuestra sentencia: la independencia".
A punto de cumplirse los dos años en prisión
cautelar de los procesados, el tribunal dispuso que nueve de los 12
procesados deberán cumplir condenas que van de nueve a 13 años de cárcel
e inhabilitación (en conjunto suman más de 100 años de cárcel),
mientras los otros tres no tendrán que ir a prisión, pero pagarán una
multa por haber incurrido en el delito de desobediencia.
La
respuesta a la sentencia se dio en las calles. Decenas de miles de
personas colapsaron las principales calles de Barcelona y cerraron los
accesos a la Terminal Uno del aeropuerto de El Prat, donde miles de
pasajeros tuvieron que llegar o salir de ahí a pie y bajo la lluvia.
También fue suspendido el servicio de los trenes de alta velocidad,
sobre todo en el tramo que va de Barcelona a Figueras.
En el
aeropuerto barcelonés fue donde se reportaron los choques más intensos
con los grupos antidisturbios de la policía autonómica catalana (los
Mossos), en coordinación con la Policía Nacional española. Los servicios
de salud informaron de más de un centenar de personas atendidas. En las
inmediaciones de la sede de la Policía española, en la Via Laietana,
también hubo violencia.
El plebiscito del 1 de octubre de 2017
se hizo a pesar de una férrea e inusitada oposición de toda la
inteligencia policiaca española y de 14 mil policías, armados hasta los
dientes enviada por el gobierno de Madrid para evitar que la votación se
realizara. El entonces presidente derechista Mariano Rajoy anunció “con
toda rotundidad” [sic], que la votación no se había llevado a cabo.
Mientras, los canales de televisión de medio mundo se cansaron de pasar
escenas de la gente sufragando y de policías tratándolo de evitar con
toda violencia Y, a pesar de todo, hubo más de dos millones de votos.
El fallo
“Una
nueva amenaza separatista y violenta. Con las connotaciones que tiene
para un país que sufrió durante cuatro décadas la acción de una banda
terrorista, la tesis jurídica de que el soberanismo catalán incluyó la
violencia en el tramo final de su plan hacia la independencia ha
monopolizado el debate político de los últimos dos años”, señala eldiario.es.
La
sentencia del Tribunal Supremo circunscribe ahora esa supuesta
violencia estructural a hechos puntuales que no formaron parte de plan
organizado alguno. Pero la tesis contraria sirvió en su momento para
sostener la acusación por rebelión, la consecuente suspensión de Carles
Puigdemont y el resto de procesados, y para apuntalar la medida cautelar
de prisión provisional en virtud de la grave pena que lleva aparejado
el delito: hasta 30 años de cárcel.
La Sala de lo Penal acordó por
unanimidad en la sentencia que el plan soberanista en ningún momento
contó con la violencia como un elemento estructural. Es más, la
"conjura", dicen, ni siquiera pretendía instaurar la República catalana
sino forzar al Estado a acordar una consulta popular.
“Los
ilusionados ciudadanos, que creían que un resultado positivo del llamado
referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una
república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar", dice el fallo”.
El
conato de los independentistas, añade, ni siquiera se acercó a una
rebelión consumada. Frente a la versión de que el golpe de Estado
triunfó, la sentencia establece que "el Estado mantuvo en todo momento
el control de la fuerza militar policial, jurisdiccional e incluso
social".
Según el fallo de los magistrados españoles, los
sentenciados no indujeron la violencia que se desencadenó en las
jornadas más críticas de septiembre y octubre de 2017, pero sí
promovieron tumultos para obstaculizar la aplicación de las leyes.
Las penas van de mayor a menor, según el cargo que tenían en el
gobierno. Quen recibió la pena más severa fue el exvicepresidente de la
Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y de inhabilitación. Los
exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa purgarán 12 años
de cárcel; Josep Rull y Joaquim Forn fueron sentenciados solamente por
el delito de sedición a 10 años y medio de prisión e inhabilitación.
Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, también de ERC,
fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición y a nueve años
los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium, Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart.
Los exconsejeros que enfrentaron el
proceso en libertad, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, fueron
sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y 10
meses de multa con un cuota de 200 euros diarios. Los tres fueron
absueltos de malversar fondos públicos.
Los defensores legales
de los acusados anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal
Constitucional por violación de los derechos fundamentales de sus
clientes, y si éste no prospera se presentará un recurso de impugnación
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde la cárcel,
los independentistas condenados enviaron un comunicado conjunto en el
que fijaron su postura: “No se ha hecho justicia. La sentencia es la
triste culminación de una instrucción que no ha respetado las garantías
procesales propias del estado democrático y de derecho. Un proceso
judicial que no ha buscado justicia. El Estado ha buscado venganza y
castigo... Nuestra apuesta pasa por que Catalunya se convierta en un
Estado independiente en forma de República”.
Carles Puigdemont,
expresidente de la Generalitat y líder del proceso de independencia,
calificó la sentencia de injusta e inhumana. El exmandatario catalán que
s refugió hace dos años en Bruselas, había sido notificado horas antes
de que se ha reactivado la orden de detención internacional que rige en
la Unión Europea (UE), y que ahora con una sentencia en firme tiene más
visos de prosperar.
El independentismo catalán compareció de
forma conjunta para denunciar lo que calificó de atropello y una condena
antidemocrática e injusta. El presidente Quim Torra, flanqueado por
Roger Torrent, presidente del Parlamento, exigió el fin de la represión,
así como la libertad de los presos políticos, exiliados y exiliadas,
incluida la amnistía como punto de cierre para todas las personas
implicadas.
A las protestas se sumaron agrupaciones políticas,
asociaciones civiles, entidades culturales y empresariales, incluidos
equipos de futbol profesional como FC Barcelona y el Girona.El
movimiento independentista, organizado en torno a lo que llamaron el
tsunami democrático, anunció más protestas en los próximos días,
incluida una huelga general el próximo viernes.
El presidente
del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una declaración
institucional para tender la mano del diálogo a los independentistas
ante lo que consideró son los estertores de un proceso político que ha
naufragado, al tiempo que mantuvo conversaciones con los principales
líderes políticos del país para recabar apoyos de cara a una eventual
intervención en Cataluña, según se desarrollen los acontecimientos.
Sánchez hizo la declaración en español y en inglés dada la repercusión
internacional del conflicto, pero también su equipo más cercano mantuvo
encuentros con las principales delegaciones diplomáticas acreditadas en
España y con medios de comunicación locales e internacionales con el
objetivo, señalaron, de defender la democracia española como una de las
más avanzadas del mundo, aún cuando el país es una monarquía.
Tras asegurar que su gobierno garantizará el cumplimiento íntegro de la
sentencia, Sánchez dijo que concluyó “un proceso judicial ejemplar, pero
a la vez se confirma el naufragio de un proceso político que ha
fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un
reconocimiento internacional”.
“Deja tras de sí un triste saldo
de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña.
Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los
estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa
nueva en la cual el fin sólo puede ser la restauración de la convivencia
en Cataluña. El método será siempre el diálogo, y la regla sólo puede
ser la ley”, añadió el dirigente socialdemócrata.
Un fallo que agudiza el problema
Mucho
antes de que los dirigentes separatistas catalanes organizaran el
referéndum “ilegal” de independencia del 1 de octubre de 2017 con el que
desafiaron al Estado español, el entonces presidente Mariano Rajoy ya
había renunciado a la vía política para resolver el conflicto. La opción
judicial por la que se decantó en ningún caso supone la resolución del
problema sino, quizá, todo lo contrario.
La sentencia dictada por
el Tribunal Supremo español no agota la vía judicial, que sólo concluirá
cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie, pero mucho
menos resuelve la crisis institucional que vive España en uno de sus
territorios más ricos y poblados. Las manifestaciones masivas demuestran
que la sentencia, lejos de acercar una solución, la ha alejado.
Para
los independentistas, cualquier fallo distinto a una absolución
generalizada para los acusados era inaceptable, mientras que los
sectores políticos más monárquicos y derechistas esperaban sanciones aún
más duras sobre la base de que con el referéndum se había incurrido en
un delito de rebelión, un ‘golpe de Estado’ según la terminología
adoptada, tesis que defendía el fiscal.
Académicos españoles
recordaron, asimismo, que el artículo 206 del reglamento penitenciario
abre la puerta a que la Junta de Tratamiento de una prisión proponga el
indulto para los penados, vía que dejaría al Tribunal Supremo al margen
de cualquier decisión sobre la situación de los líderes del procés y
solo con posibilidad de opinar a través de un informe no vinculante.
Al
presidente de gobierno español que surja de las elecciones generales
del próximo 10 de noviembre, le quedará un importante problema que
afrontar. El líder de la centroizquierdista Podemos, Pablo Iglesias,
pidió a Pedro S+anchez que no renuncie a los indultos a los condenados:
"No debe excluir ninguna vía legal".Íñigo Errejón, por su parte cargó
contra el pfresidente y lo acusó de haber tomado una posición
"pñartidista" tras la sentencia.
Se abre ahora una etapa política
donde tanto el Estado como los líderes independentistas serán puestos
contra las cuerdas, mientras la sentencia del llamado “procés” recorre
la Corte Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un
camino extraordinario con el que los condenados pretenden anularla.
Es
tiempo de tensión, y de temor a incurrir en una escalada de violencia
que hasta el propio Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha hecho
llamamientos para evitar. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunciará en 48 horas las alternativas políticas que baraja,
pero ya ha dicho que no se plantea el indulto de los condenados.
La plataforma Tsunami Democràtic
ha comenzado a lanzar sus convocatorias. No tiene dirección aparente,
pero agrupa a distintas organizaciones soberanistas que se comunican por
Telegram. Sus simpatizantes acudieron este lunes a los centros
de transporte neurálgicos y lograron colapsar el aeropuesto de
Barcelona. Los Comités de Defensa de la República (CDR), amparados por
el actual presidente catalán, Quim Torra, han llamado a la revuelta
popular.
La web Tsunami Democràtic está inscrita en el paraíso
fiscal de San Cristóbal y Nieves, dónde el expresidente Carles
Puigdemont registró el Consell per la República y la web que recauda
dinero de los afiliados, según publicó El Confidencial. Para los
analistas, esta aparente falta de dirección emula el movimiento de los
chalecos amarillos de la Francia profunda que se ha levantado contra la
élite parisina.
Seguramente, una generación de políticos y
dirigentes sociales independentistas será relevada, ya que está huida o
inhabilitada de ejercer la política mientras esté condenada, como ocurre
con Junqueras, el presidente de ERC que ha sido inhabilitado por 13
años.
El futuro del actual presidente, Quim Torra, también está en
juego. Será juzgado por desobediencia el próximo 18 de noviembre por el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La causa: no haber
descolgado lazos amarillos y símbolos políticos de la fachada del Palau
de la Generalitat durante las elecciones y en contra de la orden de la
Junta Electoral Central.
El Estado sabe que perdió la batalla de
la imagen en el 1-O de 2017 y, ahora, intentará enderezarlo, y para ello
cuenta con el respaldo de los grandes medios hegemónicos de
comunicación trasnacionales. El presidente de la Generalitat catalana
tendrá que decidir si convoca elecciones o da paso a un gobierno de
concentración, como pretende ERC.
Isabella Arria. Periodista
chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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