Ya a la venta el Topo de mayo

 

La crítica de Martín Seco a las políticas del gobierno de Sánchez no tienen nada que ver con las razones que alegó el presidente para su espantá. Es una crítica, dura pero consistente, hecha desde posiciones nítidamente socialdemócratas.

Ya a la venta el Topo de mayo

Salvador López Arnal

El Viejo Topo

1 mayo, 2024 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y en Filosofía y Letras, graduado social y diplomado en análisis monetario, Juan Francisco Martín Seco (Madrid, 1944) es interventor y auditor del Estado e Inspector del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de interventor General del Estado y Secretario General de Hacienda, y ha sido miembro del Consejo de Administración de varias empresas públicas. Articulista en diversos diarios y revistas, y autor de numerosos libros, acaba de publicar Tierra quemada (El Viejo Topo, 2024), sobre el que centramos esta entrevista.

 

—¿Por qué Tierra quemada? ¿Respuesta a Tierra firme, el libro escrito por Irene Lozano atribuido a Pedro Sánchez?

—No. No es una respuesta a ese libro. No lo he leído ni tengo intención de hacerlo. Cuando lo publicó Sánchez estaba a punto de entregar el mío a la editorial. Lo que el libro sí pretende es contestar al relato que Sánchez ha venido realizando desde que apareció en política, pero también, y sobre todo, intenta desenmascarar los hechos de estos cuatro años transcurridos.
El nombre de tierra quemada hace referencia al futuro, a cómo va a quedar la sociedad tras la época sanchista, y más concretamente la izquierda.

—Abre el libro con una cita atribuida a George Orwell: “Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice”. ¿Es el caso del pueblo español?

—La frase es dura, pero yo creo que indica una realidad: cada pueblo tiene el gobierno que se merece y en presencia de elecciones libres los votantes son de alguna forma cómplices de lo que ejecutan los gobernantes a los que han elegido. Es verdad que las responsabilidades pueden ser muy distintas y que en muchos casos entra en juego la ignorancia.
El sanchismo no sería posible sin la complicidad de una gran multitud de personas, de la sociedad del mundo económico, de la política, de la prensa. Hay que ver el esfuerzo que tienen que hacer algunos periodistas para salvar lo insalvable. La hemeroteca es implacable para los políticos, pero si la aplicásemos a los periodistas del régimen, el resultado sería parecido. Tienen que retorcer los argumentos y retorcerse ellos para seguir los virajes de sus señoritos.

—Usa usted en repetidas ocasiones, lo acaba de hacer en la anterior respuesta, la categoría sanchismo, sanchista. ¿Qué es el sanchismo?

—Al principio del libro cito una frase de los intereses creados de Benavente: “En este mundo, mejor que crear afectos es crear intereses”. Pues bien, el sanchismo es ese conglomerado de intereses heterogéneos que Sánchez ha aunado desafiando todas las leyes lógicas de la política, un engendro que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein. Hasta ahora, solo ha sido viable porque Sánchez acepta el principio de que todo vale, todo es lícito con tal de permanecer en el poder.

 

—Se define como jacobino. ¿Qué significa ser jacobino en 2024?

—Algo tan simple como ser ciudadano, que no patriota. Es de sobra conocida la frase del doctor Samuel Johnson: “El patriotismo es el refugio de los canallas”. Uno de los problemas que tiene el nacionalismo surgido en el siglo XIX es que, en los tiempos actuales, resulta difícil determinar el contorno de la teórica nación. ¿Dónde empieza y dónde acaba?, ¿qué es lo que la distingue de las demás? Actualmente, las diferentes civilizaciones y naciones se difuminan y solo permanecen las entidades políticas y jurídicas, es decir, los Estados.
Ser jacobino es defender el Estado, el Estado moderno, de derecho, democrático y social. Los tres atributos se complementan y si falta alguno de ellos fallarán también los demás. Es este Estado el que constituye la única arma con que cuenta el ciudadano frente a los poderes fácticos, frente al poder económico. Ser jacobino es estar en contra de todo lo que debilita al Estado, bien sea por abajo o por arriba. Por abajo, rompiendo su unidad, anulando el principio de la igualdad de todos los ciudadanos y haciendo imposible la política redistributiva del Estado social. Por arriba, cediendo competencias sin los mecanismos de compensación adecuados a entidades superiores con graves deficiencias democráticas.

—El capítulo IV lleva por título “La economía, cuatro años perdidos”. Empero, algunos economistas de izquierda afirman que no había una política mejor. Algunos sostienen incluso que ha ido y va como una moto, y ponen el ejemplo opuesto de Alemania, casi en recesión, señalan.

—El que la economía española esté creciendo en este momento más que la alemana no quiere decir nada. También crece menos que otros muchos países de la Unión Europea, pero es que además lo que hay que considerar es todo el periodo. Este Gobierno es el que peor ha gestionado la crisis sanitaria de toda Europa. La economía española ha sido la que más se hundió de todas las europeas durante la pandemia en 2020, y la que más ha tardado en recuperarse. Nuestro país ha sido el último Estado de la Unión en retornar a la renta per cápita anterior a la crisis sanitaria. Somos, por término medio, más pobres que en 2018 cuando Sánchez ganó la moción de censura. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza en la pérdida de poder adquisitivo.
Durante estos años España ha tenido los peores resultados de la Unión Europea a pesar de contar con los fondos de recuperación, de los que, por otra parte, apenas se conoce su paradero, y de haber incrementado el endeudamiento público en un 11% del PIB, porcentaje muy superior al experimentado por la casi totalidad de los Estados europeos.

—Señala y argumenta que la política social del gobierno ha quedado reducida a mero populismo y en ocurrencias, muchas de ellas contraproducentes. Sin embargo, desde colectivos de izquierda, no forzosamente del ámbito de Sumar y Podemos, también desde los sindicatos, se suele afirmar que precisamente algunos aspectos de esa política social (SMI, pensiones, ERTEs, reforma laboral aunque sea incompleta, etc.) están entre lo más destacable de los gobiernos Sánchez. ¿No coincide usted con esta consideración?

—Entre las diferencias de una política socialdemócrata frente a una populista se encuentra la consideración o no del coste de oportunidad. La primera tiene conciencia de que todo tiene un precio, y asume que los recursos deben orientarse a los objetivos mejores. No basta con que sean buenos, sino que deben ser los óptimos. La política populista, por el contrario, ya se califique de derechas o de izquierdas, ignora el coste de oportunidad, supone que todo es gratuito; en ella se adoptan las decisiones como si los recursos fuesen infinitos, atendiendo exclusivamente a la rentabilidad electoral.
Además, a la hora de definir la política social hay que ser conscientes de en qué mundo nos movemos: sistema capitalista, globalización, Unión Europea, moneda única. De no hacerlo, los resultados pueden ser contrarios a los que se buscan. El caso más evidente es la política de vivienda aplicada por este Gobierno.
La política social no se puede separar ni de la política económica ni de la política fiscal. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios está excediendo a la que provocó la devaluación interna que fue preciso aplicar en 2011. La diferencia es que entonces el Gobierno tuvo que hacerlo directa y abiertamente, mientras que en este caso todo se oculta tras la inflación, inflación cuyo control no es competencia exclusiva del BCE, sino responsabilidad también de los gobiernos nacionales.

—¿Por qué el gobierno Sánchez no ha sido capaz de hacer una verdadera reforma fiscal? ¿Falta de coraje? ¿Miedo a la reacción de las clases y grupos adinerados? ¿Qué características tendría esa reforma?

—Aumentar el gasto público hace popular a los gobiernos, da votos. Elevar los tributos, por el contrario, comporta castigo electoral. Los gobiernos populistas, así como son proclives a las ocurrencias en materia de gastos, huyen de acometer reformas fiscales en serio. En todo caso aprueban medidas espectaculares frente a las grandes empresas, que son bien aceptadas en la opinión pública, pero sin apenas efectos en la progresividad, y en muchas ocasiones con resultados incluso negativos. Olvidan la libre circulación de capitales.
Es significativo que Sánchez y Meloni hayan coincidido en crear un impuesto extraordinario a la banca. Parece bastante evidente que las entidades financieras están trasladando el tributo a los clientes, especialmente mediante la limitación de las retribuciones del pasivo.
En el acuerdo de legislatura entre Sánchez y Pablo Iglesias figuraba la reforma fiscal. No se ha acometido ni ha habido intención de hacerla. Una verdadera reforma fiscal pasaría en buena medida por desandar el camino recorrido desde finales de los ochenta y por enfrentarse con los cuatro grandes tributos (al menos deberían ser grandes) que dotan o deberían dotar de progresividad al sistema: IRPF, impuesto sobre sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones.
Cualquier reforma que se quiera acometer en el IRPF tiene que empezar por devolverle su carácter global, con una sola base imponible y una sola tarifa. El primer efecto de la escisión actual lo constituye la radical injusticia de hacer tributar a las rentas del trabajo a un tipo muy superior al que se aplica a las rentas de capital. Pero hay un segundo efecto tan pernicioso como el primero y es que los ingresos no se acumulan en una única base imponible, con lo que la progresividad del impuesto se ve reducida, fenómeno que afecta lógicamente a los que tienen rentas de ambas fuentes.

—Dedica un extenso capítulo a “Europa, la epidemia y los fondos de recuperación”. ¿Por qué alardea el gobierno tanto de lo conseguido en este ámbito? En cambio, desde su punto de vista, no parece que estén sirviendo para mucho. Ni para sanear las finanzas públicas ni para la recuperación de la economía.

—No los consiguió nadie. Más bien fue una cesión. La gran beneficiaria de la Unión Europea y de la moneda única es Alemania. Merkel lo sabía y sabía que después de la crisis de 2008, los países del Norte debían ceder un mínimo para que el invento no se hundiese. Los fondos de recuperación fueron ese mínimo. Curiosamente España, país con el mayor número de recursos asignados, ha sido el último en recuperarse.
El problema principal en nuestro país es que el dinero se ha distribuido sin ningún control político, y escaso control administrativo. En algún momento conoceremos a qué se ha dedicado.

 

—Señala también la necesidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su opinión, es un bochorno que los consejeros de este órgano lleven cinco años con el mandato caducado. ¿Ve algún camino para salir de la situación actual?

—Es posible que, en este momento, la solución más adecuada –teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión y del Consejo de Europa, la opinión de la casi totalidad de los jueces y la experiencia, particularmente la de los últimos años– pase porque sean los mismos jueces los que elijan a aquellos de sus doce compañeros que vayan a ser miembros del CGPJ. Pero lo que es ineludible es que no se adultere la forma en que se aplique la mayoría de los tres quintos en la elección de aquellos consejeros que tienen que designar el Senado y el Congreso.
En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o los senadores garantizaría, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna. Si la Constitución exige esta mayoría cualificada es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. Lo cierto es que, del modo que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso.
Tal como previó el Tribunal Constitucional, los partidos se han distribuido los puestos, nombrando cada uno de ellos a los más proclives a su formación política. Tú apoyas a los míos, yo apoyo a los tuyos. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.

 

—De la misma forma que muchos ciudadanos consideramos que no debería haber ningún problema en utilizar el catalán o el castellano en el Parlamento de Cataluña, ¿qué problemas ve usted en el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de diputados?

—La lengua debería ser un simple instrumento de comunicación y, como tal, con una finalidad práctica y subordinada a conseguir el fin para el que ha nacido, que es el de entrar en relación con los otros seres humanos. Desde esta perspectiva, el uso de distintos idiomas en el Parlamento va a suponer un atraso. La introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso no va a ayudar precisamente a la comunicación entre los parlamentarios, y menos aún entre estos y la gran mayoría de los españoles. Cualquiera que haya usado la traducción simultánea sabe que, por muy buenos que sean los traductores (cosa que no es frecuente) su uso se convierte en un auténtico incordio, ya que la comprensión se hace mucho más difícil y se pierden cantidad de matices.
Los independentistas han presentado esta exigencia como un acto de reafirmación, un desafío. En realidad, a los nacionalistas solo les queda como elemento identitario el lenguaje. Es por eso por lo que le conceden tanta importancia, por lo que lo convierten en un concepto casi ontológico. Lo asimilan con el espíritu del pueblo.

 

—Se manifiesta usted muy crítico por la concesión de los indultos a los dirigentes nacionalistas encarcelados. Sin embargo, a día de hoy, tras las declaraciones de Feijóo del pasado febrero, casi todo el arco parlamentario español se manifiesta partidario. ¿No es una forma de pasar página? Se les ha indultado y no ha pasado nada grave.

—Ese es el discurso del sanchismo. La utilización torticera que se ha hecho de las palabras de Feijóo ni merece la pena comentarla. No ha servido ni como argumento espurio en las elecciones gallegas. Nadie puede creerse que otro que no fuese Sánchez sería capaz de saltarse las líneas rojas que él ha atravesado.
La página ya se pasó con la Constitución de 1978, que se elaboró bajo el principio de encajar a los nacionalismos. Ni los indultos, ni la eliminación del delito de sedición, ni la modificación de la malversación, ni otros muchos disparates políticos cometidos con la finalidad de ceder ante el independentismo han tenido ninguna otra motivación que la de lograr que Sánchez continúe en la Moncloa.
Por otra parte, los nacionalistas no quieren pasar página. Afirman continuamente que repetirán el golpe de Estado, y siguen presentando páginas y más páginas a conseguir. La gravedad está ahí.

 

—Más allá de sus deseos, proclamas y fanfarronadas, ¿cree que los nacionalismos vasco y catalán, en sus diferentes variantes, están en vía o en condiciones de romper la unidad de España?

—En cierta forma la unidad de España está ya rota. Existen autonomías de primera y de segunda. El sanchismo está acentuando gravemente esta división con las cesiones a los independentistas. Por otra parte, peligra la política redistributiva del Estado entre territorios. Estaba ya dañada con el concierto vasco y navarro, pero ahora Cataluña quiere apuntarse a la fiesta, y reclama un sistema financiero similar.
En cuanto a si van a repetir el golpe de Estado, de lo que no cabe duda es de que la política seguida en los últimos años se lo está facilitando, y elimina todos los obstáculos. No sé si de verdad están dispuestos a marcharse de España, lo que desde luego sí persiguen es que el Estado se marche de Cataluña, y mientras tanto aprovecharse del resto de los españoles.

—¿Es constitucional la amnistía en su opinión? ¿Existe algún acuerdo político en el que usted consideraría positiva o válida su concesión?

—En realidad solo algunos juristas, los muy sanchistas o independentistas, defienden la constitucionalidad de esta ley. Pero al margen de ello, la amnistía cabe interpretarla o bien como la terminación de una guerra interna (conflicto, dicen los soberanistas) y en la que se establece un armisticio, olvidando todas las injusticias y responsabilidades en que se haya podido incurrir tanto en un bando como en el otro, o bien que haya que cambiar las reglas de juego porque las hasta ahora existentes eran injustas y, por lo tanto, inocentes los que se hubiesen rebelado contra ellas. No estamos en ninguno de los dos casos. La amnistía en estas circunstancias es una aberración política porque es el reconocimiento de que el Estado se ha equivocado, de que la Constitución es odiosa y despótica, y que los llamados golpistas no cometieron delito alguno, sino que habían defendido sus derechos y los del pueblo catalán frente a un Estado que les había perseguido injustamente. Es más, que aquellos que habían aplicado la Constitución y las leyes que de ella se derivan habían actuado de forma inicua y abusiva.
Sánchez la justifica en la superación de la situación jurídica creada en Cataluña. Dijo lo mismo con los indultos. Lo cierto es que no ha habido dos bandos ni una contienda, ni cambio de régimen ni ninguna necesidad de punto final. Solo se ha producido un golpe de Estado por parte de un gobierno y unas autoridades autonómicas que cometieron traición, rebelándose contra el Estatuto de su propia Comunidad y contra la Constitución, en función de los cuales habían sido nombrados, y la reacción lógica de un Estado defendiéndose. No hay dos bandos culpables, solo uno que además de robar al Estado –es decir, a todos los españoles– empleó lo robado para ir en contra de más de la mitad de los catalanes y del resto de España. Al igual que afirmó el Tribunal Supremo acerca de los indultos, sería una autoamnistía, porque los implicados, los beneficiarios, van a ser quienes al mismo tiempo la aprueben. La única razón de esta ley es el precio que pagar para que Sánchez continúe en la Moncloa.

 

—Le cito: “La corrupción del propio gobierno Frankenstein no tiene parangón con ningún otro acto concreto de corrupción”.
¿Por qué? ¿Dónde observaba usted la corrupción del gobierno Sánchez? ¿Intuía usted el caso Koldo-Ábalos?

—El primer capítulo del libro está destinado a narrar el desastre que constituyó la gestión de la pandemia en España. Casos como ese eran previsibles. Pero yo no me refería a esa corrupción, sino a la de comprar el propio gobierno del Estado mediante concesiones inaceptables a los golpistas y a todos aquellos que afirman querer romper el propio Estado. Esa es la mayor corrupción.
A propósito del caso Koldo, todos los portavoces del PSOE, comenzando por el presidente del Gobierno, declaran solemnemente que, frente a la corrupción, tolerancia cero, quien la hace la paga. Debieron añadir que menos los independentistas catalanes.

—¿Sumar es la marca blanca del PSOE de Sánchez? ¿Y Podemos?

—Para entender lo que ha sucedido con lo que teóricamente se llama la izquierda de la izquierda, deberíamos partir del 15-M y del movimiento al que dio lugar. Nació en la crisis financiera de 2008, tras los ajustes acometidos por Rodríguez Zapatero. Los que más tarde serían dirigentes de Podemos revolotearon entonces alrededor de Izquierda Unida. Pretendían ir en sus listas a las elecciones europeas. La negativa les decidió a presentarse a los comicios por su cuenta. Los resultados fueron sorprendentes, consiguieron cinco eurodiputados. Los triunfos electorales de 2015, 2016 y 2019 condujeron a que los líderes de Podemos trazaran un camino que con el tiempo los habría de conducir al fracaso. Se dejaron llevar por la avidez de lograr el poder a cualquier precio y lo antes posible. Ello propició los errores cometidos.
El primero de ellos ha sido el coqueteo constante con los nacionalistas, adoptando muchos de sus mismos planteamientos. El segundo error cometido por los podemitas fue unir su suerte al PSOE cuando atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que se hacían partícipes de la totalidad de los acuerdos del Ejecutivo y cómplices de todos los desmanes del sanchismo.
Sumar en principio era tan solo una mala y a destiempo copia de Podemos, pero se ha convertido en algo más. Por una parte, es la historia de una traición, y, por otra parte, la alianza espuria entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para cargarse a Podemos. De ahí lo de la marca blanca.

 

—Dedica el libro a Julio Anguita y Nicolás Redondo, con estas palabras: “Mi profundo y emotivo recuerdo para dos entrañables y añorados amigos JA y NR que fallecieron en estos años horribles. Todo un ejemplo.” ¿De qué fueron ejemplo Anguita y Redondo?

—No es una dedicatoria, sino una reminiscencia dolorosa. El libro va de recuerdos y de la necesidad de no olvidar todo lo que ha ocurrido en estos cuatro años. Entre lo sucedido, la muerte de estos dos amigos. Pienso que es forzado tenerlos presentes.
Lo del ejemplo creo que va de suyo. No necesita explicación

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