LAS FUERZAS ARMADAS CON EL PUEBLO
Antonio Maira
Rebelión
21-09-2013
1.- Introducción
Un grupo de profesionales de las Fuerzas Armadas (FAS), preocupados por la deriva de la situación política y social en España en el contexto de la crisis global actual y estimulados por la creciente ola de protestas sociales, hemos decidido participar en el debate público. Queremos aportar nuestros conocimientos del medio militar para poner de relieve las amenazas y las limitaciones que el actual modelo de fuerzas armadas representa en relación con los cambios necesarios que son reclamados por las grandes mayorías sociales.
En primer lugar se va a describir sucintamente el contexto político en el que nos encontramos, para hacer a continuación una caracterización de las FAS españolas en el presente. La denuncia de los rasgos que las definen como vigorosamente opuestas a una evolución política respetuosa de los intereses del pueblo será la principal tarea en la que nos hemos comprometido. Sigue una descripción de lo que entendemos debe constituir el núcleo de la vertebración de unas FAS verdaderamente democráticas en el marco de una nueva y necesaria forma de expresión de la soberanía popular, para terminar señalando los cambios internos necesarios para lograr su realización práctica.
Nuestra concepción de la ciudadanía nos mueve a contribuir al debate público a través de la publicación, en los medios no sometidos a los intereses económicos dominantes, de una serie de artículos sobre la problemática militar. Ellos versarán sobre multitud de aspectos que consideramos de importancia capital en las actuales circunstancias y serán coherentes con los principios generales aquí establecidos y que han sido aceptados solidariamente de forma consciente y voluntaria. Cualquier militar (en activo o no) que, aceptando estos mismos principios, esté interesado en compartir este esfuerzo, será bienvenido a participar.
2.-Contexto
En la actual situación de crisis, la soberanía popular está secuestrada por los grandes poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales. El pacto social establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. El estado de la Transición, lastrado en sus orígenes por la inclusión de los poderes económicos del franquismo, se ha convertido finalmente en un auténtico Régimen oligárquico en el que la “democracia” no es más que una declaración formal vacía de contenido.
Al mismo tiempo, los grandes medios de comunicación privados y los falsamente públicos han suministrado, durante décadas, una información parcial y favorable a los intereses de los poderes reales del estado: los grandes grupos económicos y financieros, y los partidos políticos mayoritarios que los sostienen.
La respuesta popular contra la crisis y, fundamentalmente, contra las terribles consecuencias de la misma, ha avanzado desde la perplejidad y el miedo, hasta la resistencia activa, pasando por las protestas masivas en la calle, la ocupación de las plazas públicas y el intento de bloquear y denunciar en sus propias sedes a los distintos poderes públicos.
La represión del estado de la Transición ha desarrollado métodos de control masivo de la población. Las detenciones arbitrarias, los cacheos y fichajes de los ciudadanos en manifestaciones y asambleas, y las amenazas a los dirigentes que alientan las movilizaciones, predicen la preparación de mecanismos de represión masivos si el movimiento popular sigue avanzando en organización, movilización y determinación en las protestas.
La clave de bóveda del Régimen de la Transición es la Monarquía y su conexión –constitucional y de fidelidad- con las FAS. Su imagen de “salvadora” de la democracia tras el golpe del 23 F ha caído en el descrédito más absoluto.
Cada vez más las movilizaciones sociales levantan la bandera de la República. Cada vez más la exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de la solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los responsables del desastre.
El Régimen resistirá apoyado en los recursos institucionales y represivos de su estado. La gran pregunta de las organizaciones sociales y políticas emergentes, de los sectores en lucha, de los que pretenden un mundo nuevo, es sobre cuál va a ser el papel de las FAS y las Fuerzas de Seguridad ante los cambios que se avecinan.
Durante las últimas semanas se han hecho públicas diversas manifestaciones militares que plantean la fidelidad al Rey, Jefe Supremo de las FAS, el papel que les ha reservado la Constitución, y, sobre todo, han manifestado la existencia de un “patriotismo militar” que está por encima de cualquier constitución y, por supuesto, de cualquier reclamo de soberanía popular.
Se plantea pues, en primer lugar la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice.
3.-Caracterización de las FF.AA.
Las FAS han orientado su organización, doctrina, estrategia y armamento hacia los patrones imperialistas establecidos en las alianzas militares que sostienen el sistema económico neoliberal.
Las acciones militares de las FAS españolas no se han lanzado para defender los intereses del pueblo español, sino los del gran capital transnacional.
Las FAS están estructuradas constitucionalmente sobre la tradición franquista y sus valores:
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Obediencia directa a una monarquía impuesta por la dictadura.
Su papel, definido en la Constitución, se percibe como el garante de la perpetuación de un juego institucional que impide un genuino ejercicio democrático que ponga en cuestión la verdadera naturaleza de la estructura de poder heredada del franquismo.
Su esquema de valores morales sigue siendo esencialmente franquista, adaptado gradualmente a los imperantes en las democracias liberales aliadas, especialmente los contenidos en las llamadas “doctrinas de seguridad nacional” de los EE.UU.
La iglesia católica conserva una situación de privilegio para el control y manipulación de las conciencias de sus componentes.
El respeto a los derechos humanos es percibido como un impedimento a la eficiencia del aparato militar, tanto en su preparación como en combate.
En el seno de las FAS, las libertades civiles de los militares siguen siendo fuertemente cuestionadas, como si se tratara de un cuerpo estanco sometido a sus propias reglas de obediencia.
Se mantiene como concepto clave el de una disciplina orientada a la obediencia ciega y acrítica, deliberadamente vaga en su definición como para poder reprimir el simple disenso con la jerarquía.
Perdura el sentido patrimonialista de las castas familiares procedentes del franquismo, que consideran a las FAS como de su entera y exclusiva responsabilidad.
El sentido de casta ha dificultado enormemente el progreso en la carrera militar de sus miembros procedentes de tropa, blindando a la jerarquía de influencias externas a sus propios valores.
También ha determinado en gran medida la promoción y el ascenso de los oficiales y la distribución de poder interno dentro de sus Cuerpos y Armas.
Alimenta un sentimiento nacionalista extremo y excluyente de las diferencias que, además, favorece la propagación de ideologías de extrema derecha en su seno.
Tiene gran arraigo la mentalidad machista, aunque ha aceptado nominalmente la incorporación de las mujeres como impuesta por los patrones sociológicos de los ejércitos aliados.
El respeto a la identidad afectivo-sexual de sus componentes ha sido despreciado de manera sistemática y nominalmente aceptado como imposición de “los políticos”.
El sentimiento xenófobo está muy extendido, aceptando a los extranjeros únicamente como recurso en una época de reclutamiento insuficiente. Para éstos, su promoción profesional está extraordinariamente restringida, a pesar de facilitarles, nominalmente, el acceso a la nacionalidad.
Los límites a la obediencia debida no han sido asumidos en todas sus consecuencias. Aunque formalmente introducidos en la reglamentación militar, no se han habilitado los cauces para garantizar su respeto.
No existen sistemas independientes de vigilancia de las actuaciones ilegales, indebidas o abusivas de los militares.
La jurisdicción militar es independiente de la jurisdicción ordinaria, contradiciendo el principio democrático de jurisdicción única. Además la modificación prevista del Código de Justicia Militar parece orientada a aumentar los delitos considerados como militares, así como el ámbito de la jurisdicción militar. En este sentido la posible inclusión de un delito de rebelión aplicado a civiles, marcaría un hito en la militarización de la represión.
Persiste una gran opacidad alrededor de los temas militares de manera que evidentes delitos, tales como los de torturas en Irak, son sustraídos del conocimiento del parlamento y de la opinión pública y se difiere o no se aplica la justicia debida.
La Ley de Secretos Oficiales ha sido utilizada sistemáticamente para hurtar del escrutinio público actuaciones irregulares, con el pretexto de la protección de la seguridad nacional.
En su conjunto, presenta rasgos de ejército mercenario:
Se moviliza al servicio de los intereses estratégicos de los EEUU y sus aliados y bajo el mando supremo de Washington.
Recluta tropa con falsas llamadas al aspecto humanitario de las operaciones en el exterior.
Se han llegado a incorporar unidades enteras de países con un pobre historial de respeto a los derechos humanos.
Los gastos militares están orientados a un equipamiento al servicio de las guerras imperialistas y no a las verdaderas amenazas militares. Esto favorece a la gran industria militar, fundamentalmente de capital transnacional.
Existe una excesiva relación altos mandos militares-industria, que se prolonga a veces tras el pase al retiro o a la reserva de aquellos. Esto ha facilitado la creación de un complejo militar-industrial autónomo y antidemocrático que define la política de defensa y dificulta la moderación en los gastos militares, además de servir de pasto para todo tipo de corruptelas.
4.- Las FAS con el pueblo
La soberanía corresponde al pueblo, comoquiera que ésta se exprese. Su defensa también. Las FAS son del pueblo, se deben al pueblo y obedecen al pueblo.
En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto.
Las FAS están para defender la soberanía popular, nunca para condicionarla o doblegar su voluntad de cambio real. La criminalización de las legítimas protestas populares y la intervención represiva de las FAS son absolutamente inaceptables.
La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada, en tanto se produce el necesario cambio en la forma de estado y de gobierno.
La defensa de la soberanía exige la salida de nuestro país de las alianzas militares -la OTAN y todo el sistema de alianzas ad hoc que los EEUU y sus aliados están utilizando para la realización de su política imperialista- y la eliminación inmediata de todas las bases e instalaciones extranjeras en nuestro territorio.
La “guerra contra el terror” constituye una burda manipulación propagandística, sembrada desde los centros de poder económico-financieros y militares, que justifica la represión en todos los órdenes contra la disidencia política legítima.
El único principio que puede garantizar la paz y las buenas relaciones internacionales es el de buena vecindad y la solución negociada de los conflictos. El recurso a la fuerza está únicamente justificado en caso de agresión armada abierta o encubierta. Debe adoptarse como principio el consagrado en la Constitución de la Segunda República: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Ningún tratado internacional podrá dotar de impunidad a militares, agentes o funcionarios extranjeros en el territorio del estado español, especialmente por los delitos definidos en el Tratado de Roma y perseguidos por el derecho internacional humanitario.
Ningún tratado otorgará impunidad a los militares y funcionarios españoles, como aliados de potencias que se nieguen a acatar las normas del derecho internacional humanitario referidas a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El TPI tendrá plena jurisdicción en el estado español.
5.- El militar ciudadano: hacia unas nuevas Fuerzas Armadas
El militar es un ciudadano con el derecho y la obligación de participar en el debate público. Estamos contra la represión de la disidencia ideológica en las FAS. Defendemos el derecho a la libre expresión de los militares, siempre que no ponga en riesgo la ejecución de sus misiones operativas legalmente emprendidas.
Los militares no respaldan opciones políticas concretas, pero tienen el derecho y la obligación de apoyar de palabra y por escrito, de forma pública, la libre expresión de la soberanía popular.
Los presupuestos ideológicos sobre los que deben asentarse las nuevas Fuerzas Armadas son los de antifranquismo, republicanismo, democracia popular, laicismo, pluralidad ideológica -excluyendo discursos de odio- y oposición a la utilización de la coacción, la amenaza o la fuerza contra el pueblo.
No apoyamos el recurso a la fuerza más que como defensa ante la agresión armada contra el pueblo que desea manifestarse libre y pacíficamente.
La desobediencia a las órdenes ilegales es un deber militar y, en consecuencia, es obligada en los casos de represión antidemocrática. Deben crearse los mecanismos que aseguren la depuración de responsabilidades en las órdenes ilegales, independientes de la cadena de mando.
Es preciso dotar a las FAS de mecanismos de supervisión democrática y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Los servicios de información y espionaje deben ser sometidos al escrutinio soberano. Las escuchas, vigilancias, seguimientos o intromisiones en la privacidad de todo orden deben ser autorizados por la ley y supervisados por el poder judicial.
Es preciso revisar el Código de Justicia Militar para purgarlo de todos los delitos que no sean específicamente militares, cometidos por sus componentes. Debe eliminarse el sistema procesal militar para encuadrarlo en un sistema único de Justicia, salvo en los casos de guerra, garantizando entonces la independencia del tribunal.
Las violaciones de derechos humanos cometidas por los miembros de las FAS deben excluirse de la jurisdicción militar.
El Régimen Disciplinario de las FAS debe revisarse para definir con precisión lo que constituye el concepto de disciplina y, consiguientemente, qué se considera lícito establecer como limitaciones a los derechos civiles de los militares.
Debe dotarse a las FAS de sistemas que garanticen su absoluta transparencia; es necesario terminar con la utilización de la ley de secretos oficiales como tapadera para encubrir los abusos, la corrupción y las prácticas antidemocráticas.
Las asociaciones militares deben contar con capacidad reconocida y efectiva de defensa de los intereses profesionales de sus componentes.
Los valores democráticos deben ser asumidos por las FAS como cauce de expresión de la soberanía popular.
Las FAS tienen que ser purgadas de los elementos simbólicos e ideológicos de la tradición franquista.
Las FAS deben abstenerse de manifestar sus preferencias doctrinales y de equipamiento como si los actuales alineamientos las hicieran inevitables.
La diversidad en todos los órdenes (étnica, de nacionalidad, de identidad afectivo-sexual, etc) debe ser explícitamente reconocida y aceptada como enriquecedora del colectivo.
Antonio Maira. Coordinador Anemoi. Grupo de Estudios y Análisis sobre la relación Pueblo-Fuerzas Armadas
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