El oasis sanitario vasco
pierde su esplendor
Por Gorka Castillo
Rebelion / España
| 03/04/2023 |
Fuentes: Ctxt [Foto: Manifestación contra la privatización de Osakidetza el 25 de febrero de 2023 (CCOO)]
Pese a que gasta en sanidad un 67% más por habitante que la Comunidad de
Madrid, la tendencia privatizadora ha convertido el sistema público de salud en
la segunda preocupación de la ciudadanía.
Hay famas que
son puros espejismos. La sanidad pública vasca, por ejemplo, que forjó buena
parte de su prestigio en un modelo de salud integral admirable, mengua hoy ante
el avance implacable del imperio privado. La externalización de los servicios
está causando estragos, las listas de espera en algunas especialidades se han
vuelto insoportables, los conflictos laborales se multiplican, las corruptelas
afloran mientras las puertas de altos cargos no dejan de girar.
Ante esta
sucesión de sombras, la otrora joya de la corona del
autogobierno vasco lleva camino de perder el brillo que alumbró su nacimiento
en 1984. La prueba del declive es que el triste estado en el que se encuentra
Osakidetza se ha encaramado al segundo lugar en el ranking de
preocupaciones de la ciudadanía vasca. La valoración más baja de su historia.
Sólo el desmadre de los precios le supera. Así lo revela el último sondeo del Deustobarómetro, el termómetro que mide
el nivel de satisfacción social en Euskadi, publicado el pasado mes de
diciembre. Y por si fuera poco, la mayoría de los encuestados dijeron votar al
PNV. Todo un síntoma del malestar reinante. Aunque los autores del informe
prefirieron no meterse en camisa de once varas a la hora de interpretar los
resultados, “una explicación concreta”, apuntó una de las investigadoras el día
de la presentación, es que el ciudadano ha empezado a notar “que la atención
primaria se ha tensionado”. Ni los casi 4.600 millones de euros que el Gobierno
vasco destinará este año a la sanidad, alrededor del 35% del presupuesto total,
aplacan ya el fragor de las quejas. Las carencias son manifiestas. O como dicen
especialistas, médicos de familia, trabajadores de la limpieza y hasta algún
cargo destacado en un ataque de franqueza, el sistema sanitario va a necesitar
profundas reparaciones si no quiere acabar convertido en chatarra al servicio
del mercado.
“La crisis de
Osakidetza es una realidad que sólo parece negar el PNV y la consejera de
Sanidad, Gotzone Sagardui. La falta de accesibilidad para los usuarios es
infinitamente mayor que hace diez años. ¿Sabes por qué? Porque la derivación a
la privada se ha multiplicado, porque el personal está cada día más quemado por
la eventualidad, los sueldos, las sobrecargas de trabajo y la temporalidad de
sus empleos. Yo terminé perdiendo la motivación de los primeros años cuando
trabajar en atención primaria era priorizar la salud integral y tener tiempo
para relacionarte con los pacientes”, afirma un médico de familia de Bilbao
recientemente jubilado.
Algunas fuentes
precisan que la sanidad vasca recibió una silenciosa puntilla en 2011, al calor
de las reformas draconianas impuestas por el PP que terminaron devastando los
sistemas públicos en la mayoría de las comunidades. La atención primaria en
Euskadi, por ejemplo, quedó malherida tras ser integrada en unas
megaestructuras llamadas Organizaciones de Servicios Integrados (OSI) que más
que mejorar el servicio sirvieron para que sus responsables empezaran a
comportarse como consejeros delegados de grandes empresas. Todo un torpedo para
la línea de flotación de la gestión pública que, con el inapreciable desembarco
de UTEs (Unión Temporal de Empresas) y otros conglomerados sanitarios como IMQ,
terminaron repartiéndose muchos de los servicios esenciales que ofrecía el
modelo. Hay que remontarse, según el periodista de Hordago-El Salto,
Ahoztar Zelaieta, a 1993, “cuando se firmó el Plan Osasuna Zainduz”, el molde
que ha formateado la evolución de la política sanitaria vasca hasta la
actualidad. “Fue determinante para el fin del sistema público porque permitió a
Osakidetza empezar a operar como un régimen jurídico privado, es decir, con
criterios de gestión empresarial y conceptos de costes, que fue lo que les
empujó a desdoblar la financiación. Por un lado, la pública, dependiente del
Ejecutivo; y por otro lado, la provisión, que podía ser privada”, dice
Zelaieta, uno de los periodistas que más ha apretado las clavijas al Gobierno
vasco con artículos y libros de investigación que han llegado a poner al PNV a
la defensiva.
Un minucioso
informe elaborado en 2017 por la organización Medicus Mundi ya advertía de los riesgos que suponía “la
política de concertación iniciada por el Departamento de Salud”. Y como muestra
del peligro citaba los 23 millones de euros que la Administración vasca pagó en
2013 al Instituto Onkologikoa de Donostia, los 20,7 millones a la Clínica
Asunción de Tolosa y los más de 81 millones –el 3,2% del presupuesto total de
Osakidetza– que, en 2016, se repartieron diez empresas por limpiar los diez
hospitales públicos. Una de ellas, Garbialdi S.A.L, bajo la dirección del exsecretario
del Euzkadi Buru Batzar Josu Olazaran, se llevó cerca de 29 millones. Y, como
corolario, otro dato revelador: el pasado año, el 22% de la ciudadanía vasca ya
había firmado algún tipo de seguro privado para sortear los problemas que le
planteaba la sanidad pública, según datos del Instituto Vasco de Estadística.
El negocio estimado ronda los 340 millones de euros en concepto de primas.
Aunque al
Gobierno vasco no le ha quedado otro remedio que reconocer a regañadientes “que
han surgido algunas carencias”, la consejera Sagardui defiende que “ni un solo
servicio del Departamento de Salud se ha privatizado”. Al contrario. Según
ella, todos los nuevos recursos que se crean son de titularidad pública porque
Osakidetza crece sin cesar. “Nunca hemos destinado tantos recursos como ahora.
Para 2023, la inversión por habitante llegará a los 2.114 euros, hemos ampliado
la plantilla en 2.467 profesionales, 358 de ellos en atención primaria, y hemos
convocado 7.629 plazas en 110 categorías”, contrarresta la consejera de Salud a
las continuas llamadas de atención que recibe de los sindicatos y de la
oposición política parlamentaria. El origen del problema, para Sagardui, es la
falta de profesionales en medicina familiar y pediátrica “algo que ocurre en
toda Europa”. Y la responsabilidad corresponde a la Administración central “por
haber reducido las plazas de formación en medicina”.
Ángeles Landa,
una mujer con la rodilla derecha maltrecha desde hace tiempo, contradice ese
argumento. Habla sin temor. “Llevo meses esperando una tomografía. Primero me
dieron una cita, luego la anularon y me dijeron que en cuanto hubiera hueco me
avisarían porque no era muy urgente. ¿Qué otra cosa puedo decir en mi estado
más que la verdad?”. Su sentido común es difícilmente rebatible. “Yo, que
siempre he acudido a la sanidad pública por principios y porque funcionaba, he
tenido que desistir e ir a la privada pagándome la prueba de mi bolsillo porque
ya no aguanto más. El sistema ya no responde a las necesidades de la gente”. Lo
cuenta a la salida de la clínica que el Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) de
Bilbao tiene en Zorrozaurre, el mayor centro médico privado del País Vasco.
Pero el suyo no es un caso aislado. Una persona que trabaja en administración
en ese mismo centro asegura a CTXT que el número de usuarios que acuden a este
hospital ha aumentado considerablemente en los últimos años. “No puedo dar una
cifra concreta pero es mucha gente, mucha. Lo sorprendente es que algunos ni
siquiera tienen contratado un seguro de salud. Simplemente, piden cita, hacen
la prueba que necesitan, pagan y listo”, señala.
Es cierto, como
dice la consejera de Salud del Gobierno Vasco, que Euskadi gasta
significativamente más dinero en la salud de cada habitante –2.130 euros en
2023 frente a los 1.456 euros de Catalunya o los 1.446 euros de Madrid–, pero
la calidad de sus servicios no es notablemente mejor. “Es que no es una
cuestión de dinero sino dónde invierten ese dinero. El problema es que conciben
que el modelo es un mercado sanitario que convierte al usuario en cliente y los
baremos de la gestión son la competitividad, los costes y la necesidad de pagar
algunas prestaciones”, asegura Jesús Oñate, delegado del sindicato LAB en
Osakidetza. En parecidos términos se expresan ELA, CCOO, UGT, ESK y Satse, y
los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que cada día ven menos diferencias
con el modelo privatizador del PP madrileño. “Aquí es incluso peor porque se
invierte el doble de dinero”, apostilla Oñate.
Esta realidad
dibuja un escenario difícilmente recuperable. La sanidad es una preciosa
máquina de hacer dinero. Osakidetza contrató el pasado año los servicios del
grupo Teknei, una consultora dirigida por personas próximas al PNV, para
reorganizar e “innovar tecnológicamente” la atención primaria mediante el
procedimiento directo de un contrato menor. Mientras tanto, gigantes del sector
sanitario como el grupo alemán Fresenius Medical Care, que en Madrid posee
cuatro hospitales y en EE.UU. fue multado por practicar sobornos en 17 países,
hurgaban en las grietas para adquirir centros de referencia como la Policlínica
Gipuzkoa o para controlar servicios esenciales como el de la hemodiálisis de
toda la comunidad. La consecuencia es que el descontento hacia el
funcionamiento de la sanidad pública creció y los conflictos laborales
empezaron a aflorar. La eventualidad afecta ya al 58% del total de personal,
una cifra que sindicatos y partidos esgrimen para hacer trizas los datos que
difunde la consejera.
“Resulta
increíble el grado de autocomplacencia que muestra el lehendakari Íñigo Urkullu
o la consejera Gotzone Sagardui en sus intervenciones. A veces tengo la
impresión de que dan por hecho que Osakidetza siempre va a funcionar bien, algo
que no es extraño porque la consideran como la gran obra del PNV. Quizá por eso
se sienten tan molestos con las críticas de los sindicatos y trabajadores.
Creen que criticar su gestión equivale poco menos que a meterse con el PNV”,
explica el celador de un hospital de Donostia que en los últimos diez años ha
encadenado “decenas de contratos de tres, cuatro o cinco horas en diferentes
centros de Gipuzkoa”. Prefiere no revelar su nombre porque teme que si sus
responsables le identifican no le vuelvan a llamar. “Y necesito el trabajo. Soy
uno de los afectados por la OPE 2016-2017 que retrasaron a 2018, la que terminó
en los tribunales porque hubo filtraciones de los exámenes. Y también soy uno
de los cientos de trabajadores que estamos a la espera de que actualicen las
listas de contratación derivadas de la OPE 2014-15. Diez años y cuatro
oposiciones pero sigo siendo eventual. Ese es el caos que reina”, asegura.
El Gobierno
vasco lleva tiempo aplicándose a fondo para diluir la imagen negativa que ha
provocado la mercantilización de muchos de sus servicios sanitarios. Tanto en
prensa como en radio y televisión repiten el mantra de que los vascos disfrutan
de “un sistema público de salud referente en Europa”. Al menos así lo pensaban
hasta que la pandemia lo dejó en desnuda evidencia. En diciembre, Osakidetza
contaba con una plantilla de 37.832 trabajadoras, pero pagó 40.260 nóminas en
concepto de jornadas completas, otras 2.329 de medias jornadas, 813 de un
tercio y 3.240 por otras jornadas parciales. Son los datos facilitados por el
departamento de Salud a una pregunta parlamentaria de Rebeka Ubera, de EH
Bildu. No hay que ser muy avispado para apreciar que el desfase contable entre
empleados estructurales y nóminas pagadas corresponde a los casi 9.000
profesionales funcionales que mensualmente trabajan, bien a través de
interinidades o de contratos temporales, fuera del esquema laboral aprobado
oficialmente por el Consejo de Administración de Osakidetza. “Es su manera de
esconder la realidad. Y hay miles de plazas que están sin código laboral y, por
lo tanto, no aflora que miles, no decenas, de empleadas trabajan en diferentes
plazas a la vez mediante contratos precarios”, sugiere Ubera, que tampoco
olvida cómo la sombra de la corrupción ha empezado a comerle los talones a un
partido como el PNV que hasta ayer presumía de integridad frente a la
depravación de otros partidos gobernantes en varias comunidades autónomas. El
caso Margüello, un enredo de contratos ilegales firmados entre la sanidad
pública vasca y empresas ligadas a tres médicos durante 13 años que acabó con
la condena de exaltos cargos de Osakidetza. La causa debe su nombre al exjefe
de Calidad del hospital de Cruces, Juan Carlos Margüello, amigo del entonces
consejero de Salud Gabriel Inclán, hoy jefe de servicio de Medicina Interna del
Hospital Quirón Salud en Bizkaia y responsable del nombramiento como director
de asistencia sanitaria en Osakidetza de su sucesor, Jon Darpón, cesado tras la
denuncia por fraude en la OPE de 2018. Darpón tardó menos de dos meses en
incorporarse a la dirección del grupo Keralty, una de las empresas más
interesadas en la desregulación del mercado sanitario tras los lucrativos
contratos que tiene firmados en países como México, Colombia y EE.UU.
Lejos de
esperar que los agitados vientos privatizadores amainen, los temores aumentan,
especialmente tras la publicación en el diario Gara de la propuesta
confidencial que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha
trasladado a las comunidades autónomas para que los servicios sanitarios
públicos cedan a las mutuas privadas la atención de las enfermedades de los
trabajadores. “De llevarse a cabo sería el proceso de privatización más duro
que hemos conocido en la historia y que provocará una división entre aquellas
personas productivas para el sistema, que serán atendidas por entidades
privadas con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y
aquellas que no se consideran productivas, que serían atendidas por una sistema
público de salud vaciado de recursos”, comentan desde LAB, sindicato que ha
dado a conocer un borrador que augura la llegada de más problemas. El mito de
la sanidad pública vasca, poderosa y universal, que atrapó a toda una generación
de ciudadanos se desvanece. Cada vez suena más a hermosa fábula.
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