En un proceso de movilización como el que existe hoy en el país es normal que concurran intereses e intenciones diversas. Ello no deslegitima el movimiento siempre que se mantenga la lógica y alcance de sus reclamos, cosa que no se consigue sin tensiones internas. La comprensión del contexto regional en que se produce este proceso será importante para actuar sin desnaturalizar el movimiento e insistir siempre en el carácter institucional de sus reivindicaciones y de los medios para reclamarlas dejando de lado aventuras de quiebre sin horizonte institucional, claro. Veamos.
A inicios de la década de los 80 la democracia se instaló en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y se consolidó como horizonte de sus luchas. Esta democratización política coincidió con la llamada “década perdida” para el desarrollo de la región: globalización, irrupción neoliberal, merma de las políticas sociales, incremento de la pobreza y la desigualdad, etc. En este contexto se produjo la expansión de “gobiernos progresistas” en buena parte de los países del Sur de la región que produjeron la llamada “nueva izquierda latinoamericana”. Hoy, una buena parte de estos países parece encontrarse en una especie de “regreso neoliberal” políticamente conservador, aupado por la oposición política. El tema de la corrupción y la judicialización de la política irrumpen en este contexto con un saldo de expresidentes perseguidos en varios países de A.L.
Para algunos analistas, de lo que se trata es de que, a falta de propuestas capaces de competir con las alternativas progresistas, la oposición política ha convertido los temas de corrupción e impunidad en medios predilectos de la lucha opositora y camino expedito para arribar al poder. Esto no quiere decir que la corrupción no exista o que haya sido inventada sólo como recurso político, sino que, porque desgraciadamente existe, ella es arma eficaz para, vía el rescate de la dimensión ético-judicial, concretar el quehacer opositor e intentar desalojar del poder a las fuerzas progresistas.
En nuestro país, un partido de origen progresista está en el poder, el PLD. Es evidente que las necesarias alianzas de éste con fuerzas políticas conservadoras para la toma y ejercicio del poder producto de la lógica de la “real politik”, el desgaste a consecuencia del ejercicio gubernamental, y la corrupción realmente existente, han contribuido a desdibujar su rostro. A pesar de ello, no pocos sectores le reconocen aún su intencionalidad ideológica progresista en razón de su historia y del sentido de la mayoría de las reformas sociales e institucionales protagonizadas como gobierno.
Con lo anterior coexiste una oposición política mayoritaria disminuida, fraccionada y sin discurso, y sectores opositores minoritarios con dificultades para articular una propuesta consistente que los diferencie, arraigue en la sociedad y les posibilite crecer. En esta situación la movilización ciudadana contra la corrupción y la impunidad a la que asistimos, que reivindica la indispensable dimensión ética de la política y reclama la actuación antiimpunidad, se convierte en ocasión propicia para el quehacer opositor.
Ahora bien, así como la ética es absolutamente imprescindible para desarrollar una adecuada acción política, ella es insuficiente para la definición de un proyecto político consistente. Las fuerzas políticas, oficialistas y opositoras, deberán entenderlo y responder con lo que se espera de ellas: la elaboración-recreación de un “relato-país”, éticamente solvente, que contenga las propuestas específicas de ordenamiento social, político e institucional que responda a la aspiración de más bienestar, logre arraigo y exhiba sensibilidad para canalizar las nuevas demandas de anticorrupción y antiimpunidad expresadas por el movimiento ciudadano, y así dote a la sociedad de un horizonte legítimo al cual aspirar y orientar las energías sociales.
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