El TSJM imputa a Concepción Dancausa por el caso Mercamadrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital. Esto supone su automática imputación y atiende la solicitud realizada en este sentido por la Fiscalía de Madrid.
Además de Dancausa, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid abre causa por un presunto delito societario contra otras 15 personas. El Ministerio Público, que presentó denuncia, pone el foco en irregularidades en los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. que –dice-- han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio”, que valora en casi de 700.000 euros. Dancausa se encontraba en aquella etapa al frente del Consejo de Administración del ente.
Además de Dancausa, Fiscalía figuran ya como imputados el que fuera director de Mercamadrid José Manuel Torrecilla, su vicepresidenta primera María Jesús Prieto y la segunda María Dolores Flores Cerdán. En el mismo auto de incoación de previas el juzgado hace ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados por Mercamadrid.
Entre los 16 investigados se encuentran también los vocales del Consejo de Administración del mercado Manuel Beltrán, José Antonio Crespo, Pablo del Amo, Pablo González –hermano de Ignacio González y en prisión por la operación Lezo-- Silvia Llerena, Marta Fernández-Pirla, José Enrique Nuñez, José Ignacio Ortega y Manuel Troitiño. Incluye al secretario general de Mercamadrid Fernando Gomar, Juan María López Álvarez, apoderado, y el administrador José Domingo Rodríguez.
En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.
Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.
Merca Ocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado. Merca Ocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.
Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.
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