El desembarco de los fondos de inversión ha dejado infectadas por el “virus de la financiarización” las estructuras sanitarias, de vivienda y dependencia. Esta deriva puede consolidarse con las medidas previstas para el reforzamiento de los servicios públicos en los actuales planes de reconstrucción.
Activistas de la Plataforma Contra los Fondos
Buitre
Elsaltodiario.com
27 NOV 2020
El desembarco de los fondos de inversión especulativos
(en adelante fondos buitre) ha dejado infectadas por el “virus de la
financiarización” las estructuras sanitarias, de vivienda y dependencia.
Consecuencia del proceso de mercantilización por el que las prestaciones de
servicios públicos se convierten en negocio para los accionistas de las
empresas y los fondos buitre.
Esta deriva puede consolidarse con las medidas previstas para el
reforzamiento de los servicios públicos en los actuales planes de
reconstrucción.
La Sanidad
pública en coma
Las estructuras del Sistema Sanitario Público se habían ido debilitando
progresivamente en las últimas décadas como consecuencia de la Ley 15/97 sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que
propició la entrada de empresas y fondos privados en la gestión de los
servicios públicos. Las políticas de austeridad impuestas por la UE como
respuesta a la crisis de la deuda de 2008, con la modificación del artículo 135
de la Constitución realizada por el gobierno del PSOE y el PP, conllevó una
drástica reducción de los recursos presupuestarios asignados a los servicios
públicos.
De los siete hospitales modelo PFI (Private Finance Initiative)
existentes en la Comunidad de Madrid, seis ya pertenecen a estos fondos
Cuando surge la pandemia ya existe una importante presencia de fondos
buitre en la gestión de la sanidad pública. De los siete hospitales modelo PFI
(Private Finance Initiative) existentes en la Comunidad de Madrid, seis ya
pertenecen a estos fondos. En concreto, el fondo DIF, LBEIP BV (del grupo
Lloyd's Bank), Quaero Capital y, recientemente, Brookfield, tienen el 100% de
las acciones de las empresas adjudicatarias en la concesión de los hospitales
Puerta de Hierro, Hospital del Tajo, de Arganda, de Coslada, de Parla y el Infanta
Leonor de Vallecas.
OSPITAL |
EMPRESAS ADJUDICATARIAS |
PROPIETARIOS |
AÑOS CONCESIÓN |
Hospital del TajoAranjuez |
Hispánica |
QUAERO CAPITAL adquiere,
en 2017, el accionariado de la empresa concesionaria del Hospital del Tajo. |
30 años(hasta 2035) |
Hospital del
SuresteArganda |
FCC |
LBEIP BV compra, en
2016, las acciones de FCC y OHL. |
30 años(hasta 2035) |
Hospital del
HenaresCoslada |
Sacyr
Vallehermoso |
LBEIP BV compra, en
2013, el 49% de las acciones de Sacyr. |
30 años(hasta 2035) |
Hospital Puerta
de HierroMajadahonda |
Dragados |
DIF compra, en
2014, las acciones de Iridium (filial de ACS). |
30 años(hasta 2035) |
Hospital Infanta
CristinaParla |
Sacyr
Vallehermoso |
LBEIP BV compra, en
2014, el 49% de las acciones de Sacyr. |
30 años(hasta 2035) |
Hospital Infanta
SofíaS.S. de los Reyes |
Acciona |
30 años(hasta 2035) |
|
Hospital Infanta
LeonorVallecas |
Begar |
DIF compra, en
2019, el 61% de las acciones de Pralesa Concesiones. |
A finales de septiembre de 2020 estaban ocupadas por pacientes con
covid-19 unas 300 de 6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas
UCI, un 11,1%.
¿Cómo ha actuado el sector sanitario privado ante la emergencia
sanitaria? Según la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), a finales de
septiembre de 2020, estaban ocupadas por pacientes con covid-19 unas 300 de
6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas UCI, un 11,1%. Estos
datos contrastan con las cifras de los hospitales públicos, 28% de camas y 40%
camas UCI, según el Ministerio de Sanidad
Y pasan su factura. Según publicaba el 27 de junio Infolibre, los hospitales
privados reclaman al Estado 246 millones por el Covid-19. La patronal estima
730 euros por día de hospitalización y 2.304 por día de UCI y pone como ejemplo
a imitar el acuerdo con la Generalitat catalana.
Farmacéuticas
Los fondos buitre están también presentes en el accionariado de las
grandes empresas farmacéuticas. Por el sistema de patentes, la industria
farmacéutica es una de las que obtiene mayores beneficios de todas las empresas
en el mundo occidental. Entre nosotros, las grandes fortunas y fondos de
inversión controlan las farmacéuticas que cotizan en Bolsa.
Sus intereses no coinciden con los intereses de las mayorías sociales.
“El 80% de los fármacos sólo tratan, en vez de curar, ser rentables para la
industria”, aseguraba Germán Velásquez, exdirector del Programa Mundial de
Medicamentos de la OMS, en el diario Público.
Según publicaba eldiario.es el 25 de
mayo una investigación de Global Health Advocates y Corporate Europe
Observatory sobre entidades público-privadas de investigación en la UE revela
que las farmacéuticas rechazaron investigar en prevención de pandemias como el
covid-19 en la entidad mixta de medicamentos de la UE.
El negocio
de las residencias de mayores
En 2017, un 75% de plazas residenciales eran privadas y un 25% públicas.
En la Comunidad de Madrid un 92% privadas y un 8% públicas. El negocio, que
mueve al menos 4.500 millones de euros anuales, está atrayendo a fondos de
inversión, aseguradoras, empresas del ladrillo y grandes fortunas, ya que
España será en 2040 el país más envejecido de Europa.
Con frecuencia los dueños reales de las residencias se esconden tras
tramas societarias que pasan por paraísos fiscales. De las cinco principales
compañías, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia
Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones
de Canadá (Orpea)
Con frecuencia los dueños reales de las residencias se esconden tras
tramas societarias que pasan por paraísos fiscales. De las cinco principales
compañías, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia
Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones
de Canadá (Orpea).
Es un sector donde la falta de recursos humanos, la precariedad laboral y la insuficiencia de medios sanitarios ha influido trágicamente en el alto número de fallecidos. En la Comunidad de Madrid, nunca se ha rescindido un solo contrato de gestión de residencias con grupos privados. Las irregularidades detectadas han sido castigadas con unas sanciones ridículas.
Los planes
de los fondos buitre
Nos encontramos ahora en una etapa de reconstrucción. El Consejo Europeo
de Julio 2020 ha dedicado 750.000 millones de euros, de los que 140.000
corresponden a España, como “Fondo de Reconstrucción” para, entre otros
objetivos, mejorar las estructuras sanitarias, y parece que en los Presupuestos
de 2021 la inversión en Sanidad se incrementará el 151%. La Comisión Europea
emitirá deuda pública para poner a disposición de los Estados estos recursos.
Se están produciendo movimientos estratégicos de los fondos de inversión
para incrementar su presencia en la sanidad pública y en la sanidad privada
No está claro cómo se va a fortalecer la debilidad estructural de la
Sanidad Pública, se están produciendo movimientos estratégicos de los fondos de
inversión para incrementar su presencia en la sanidad pública y en la sanidad
privada.
Lo vemos en los continuos anuncios en los medios de comunicación sobre
los seguros médicos privados. Así como una presión insistente para que, en la
sanidad pública, se gestione a través de la fórmula de la colaboración
público-privada lo que fortalecerá la presencia de los grupos e inversores más
potentes.
La Comunidad de Madrid,se lanza a la construcción de nuevas
infraestructuras sanitarias como el Hospital de Pandemias, un macrocomplejo de
45.000 metros cuadrados con 1.000 camas y mientras, hay plantas y camas de
hospitales públicos sin utilizar y se sigue desmantelando la atención primaria
en los barrios. Las obras se han adjudicado a dedo por la vía de contratos de
emergencia a empresas como las constructoras Sacyr, Dragados, San José y
Ferrovial.
Sobre las residencias de mayores no se aprecia ninguna voluntad, no ya de recuperar su gestión pública sino ni siquiera de establecer algún tipo efectivo de sanciones ante el desastre que hemos vivido. Por lo que seguiremos dependiendo de una atención a los mayores cuya preocupación primera sea la de generar dividendos a los accionistas de los fondos que gestionan las residencias.
En cuanto a la financiación se recurrirá prioritariamente al
endeudamiento. La subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado
para 2021 a las rentas altas y grandes empresas resultará insuficiente. En la
Comunidad de Madrid, el gobierno asegura que no va a subir impuestos. De hecho,
el pasado 14 de septiembre, durante el debate del estado de la región la
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional acometerá a
lo largo de esta legislatura una rebaja de medio punto “en todos los tramos”
del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF).
Los fondos buitre, que también invierten en deuda pública, seguirán
asegurando su negocio por una doble vía: exigiendo puntualmente el pago de esa
deuda y gestionando la prestación de servicios públicos
Para amortizar esta deuda, la UE nos planteará, más pronto o más tarde,
nuevos recortes y privatizaciones, más reformas laborales, de las pensiones,
etc. Notaremos sus efectos en sanidad y en las condiciones de las residencias
de mayores. Los fondos buitre, que también invierten en deuda pública, seguirán
asegurando su negocio por una doble vía: exigiendo puntualmente el pago de esa
deuda y gestionando la prestación de servicios públicos.
Propuestas
para la reconstrucción
Por nuestra parte pensamos que hoy el interés general pide que los
derechos sociales, reconocidos en la Constitución como “principios rectores”,
se blinden como derechos exigibles ante las Administraciones. Los servicios
públicos, adecuadamente gestionados, son el instrumento que tiene el Estado
para hacer efectivos esos derechos sociales.
No podemos caer otra vez en las mismas prácticas que han debilitado las
estructuras sanitarias públicas. Relatores de la ONU han pedido a los gobiernos
que no dejen en manos privadas la sanidad, la vivienda, el agua, la educación…
“El coronavirus –denuncian- revela los efectos catastróficos de la
privatización de servicios básicos. Necesitamos un cambio de rumbo radical.”,
denunciaban en eldiario.es.
Para concretarlo hacemos algunas propuestas:
Con caracter general, la deuda termina siendo una herramienta de
sometimiento de los pueblos. Cuando haya que recurrir a algún tipo de
endeudamiento, habrá que derogar la reforma del artículo 135 de la
Constitución, para que su amortización no se haga a costa de los derechos
sociales. Incluso habrá que cuestionar las deudas públicas ilegítimas que
han sido contraídas contra los intereses de los pueblos.
Además, habría que impulsar una Ley contra los fondos buitre en relación
con la deuda pública y privada que impida operar a estos fondos degradando los
derechos sociales básicos.
En cuanto a la financiación de los servicios sociales básicos, se debe
garantizar la financiación pública a través de una política fiscal progresiva
que garantice los ingresos necesarios para cubrir las necesidades sociales,
económicas, de género y ambientales.
El Estado español sigue recaudando 6 puntos menos, en relación con el
PIB, que la media de los países de la Eurozona. Corregir este desfase supondría
recaudar unos 60.000 millones de euros más al año.
Para contar con recursos tributarios suficientes se hace preciso cumplir
el artículo 31 de la Constitución que establece como principio una fiscalidad
justa y progresiva. El Estado español sigue recaudando 6 puntos menos, en
relación con el PIB, que la media de los países de la Eurozona. Corregir este
desfase supondría recaudar unos 60.000 millones de euros más al año. Habrá que
derogar normativas que permiten exenciones privilegiadas a las grandes
fortunas, entidades financieras, impuesto de sociedades, fondos de inversión,
etc.
Además, hay que movilizar nuevos recursos: Impuestos a las transacciones
financieras, a las empresas de la economía digital, etc. Por otro lado, la
banca privada deberá contribuir, cuando todavía no ha devuelto los 60.000
millones que el Estado le prestó para la crisis de 2008, a pesar de los
beneficios que ha obtenido en los últimos años y el reparto de dividendos a sus
accionistas.
En sanidad hace falta el apoyo, fortalecimiento y defensa de la sanidad
pública en su gestión, universal, sin exclusiones y de calidad. Para ello, hay
que derogar de la Ley 15/97 que permite la entrada del sector sanitario privado
en la sanidad pública y recuperar todo lo expoliado de la sanidad pública.
Por otro lado, hay que terminar con el monopolio práctico de las
empresas farmacéuticas. Se hace necesario contar con una farmacia pública y la
anulación de patentes para asegurar el acceso a los medicamentos. Emitir
licencias que permitan fabricar genéricos. La mayor parte de la investigación
contra el covid-19 es pública: la vacuna debería ser universal.
Se requiere además, prohibir el modelo de colaboración público-privada
en sectores clave, entre ellos, la sanidad pública. Y sería necesaria una ley
contra los fondos buitre que impida su entrada en la sanidad pública
Se requiere además, prohibir el modelo de colaboración público-privada
en sectores clave, entre ellos, la sanidad pública. Y sería necesaria una ley
contra los fondos buitre que impida su entrada en la sanidad pública.
En el ámbito de la Unión Europea, hay que poner al Banco Central Europeo
(BCE) a disposición de la gente y que este financie, en todos los estados
miembro, la lucha contra el covid-19. Es preciso que el BCE financie
directamente a los Estados, al mismo coste con que financia a la banca privada.
Además, se hace necesario poner lo público en el centro del modelo
económico. Que el estado tenga capacidad de actuación política frente a los
mercados especulativos, para garantizar los derechos de la ciudadanía. Sea por
la gestión directa de los servicios públicos y los sectores estratégicos de la
economía, sea por su regulación efectiva. Los derechos humanos deben prevalecer
ante las prácticas depredadoras de un mercado sin contrapeso ni regulación.
En memoria de Juan Luis Ruiz-Giméne
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