¿Cuántas
legislaturas de izquierdas necesitamos para salvar la sanidad pública?
KAOSENLARED
La pertinencia de esta
pregunta es obvia. Llevamos décadas escuchando que se está privatizando la
sanidad, observando como empeora el acceso y se incrementan las listas de
espera, sufriendo el colapso del sistema, viendo el abandono de muchos
profesionales del sector, etc. Mientras, partidos políticos de todos los
colores (derechas, izquierdas, nacionalistas, independentistas…) han gestionado
la sanidad en diferentes autonomías, pero ninguno de ellos ha logrado encontrar
el freno de emergencia para paralizar el desmantelamiento y la destrucción del
sistema sanitario, más bien al contrario. Esto no es excepcional, se está
produciendo en todo el sector “público”, que está siendo “jibarizado”, reducido
a la mínima expresión, desde la educación a la dependencia, desde el
ferrocarril regional a Correos.
Volviendo a la sanidad
pública, entre 2020 y 2023 hemos disfrutado la legislatura encabezada por el
gobierno más progresista de la historia, entre el PSOE y el partido que iba a
asaltar los cielos (Unidas Podemos). Este último prefirió asaltar los
ministerios que el PSOE optó por ofrecerle. Sabíamos, por boca de un ex
diputado de Podemos que, en las negociaciones para entrar en el gobierno, el
PSOE trazó varias líneas rojas que Unidas Podemos no podía traspasar si quería
formar parte del Consejo de Ministros. Y en sanidad, esas líneas eran, no
derogar la ley 15/97 (la que permite la privatización de la sanidad), ni acabar
con los conciertos privados (alrededor de 1 de cada 8 euros de gasto sanitario
público) es decir, con los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad. Y
Unidas Podemos aceptó porque lo principal era tocar poder, no frenar la
privatización.
En plena primera ola del
Covid, una noche de abril de 2020, encerrados, tuvimos que soportar las
imágenes lacrimógenas de Pedro Sánchez confesándonos que habían entendido la
lección y que tocaba blindar la sanidad en la Constitución. Poco le duró la
llorera. Ni la masacre de las residencias de mayores, ni el desastre de la
gestión del Covid, ni el colapso (anunciado) del sistema sanitario sirvió para
nada concreto, más allá de la aprobación en el Congreso, entre los que iban a
asaltar los cielos y los que nos han llevado al infierno, de un “Dictamen para la Reconstrucción de la Sanidad”, que hoy cuatro
años después ya sabemos en qué consistía: mayor deterioro del sistema sanitario
público, e incremento del peso de la sanidad privada.
En septiembre de 2021,
decenas de colectivos presentamos una ILP de “Recuperación del Sistema Nacional
de Salud”, para obligar a los partidos políticos a: derogar las leyes
privatizadoras, auténtico cáncer del sistema sanitario, lo que permitiría
frenar la hemorragia de fondos públicos a empresas privadas (mientras los
centros de gestión directa agonizaban por falta de medios); universalizar
realmente la asistencia; establecer un 25 % del gasto sanitario para Atención
Primaria; incrementar las plantillas tanto en hospitales (segundo turno medico
en las especialidades necesarias para evitar las derivaciones a la privada)
como en atención primaria (asumiendo la atención de las residencias de
mayores); crear una empresa estatal pública farmacéutica que fabricara los
medicamentos esenciales, y utilizara las economías de escala en todo el Estado
para las compras. Dicha ILP no fue admitida inicialmente por la Mesa del Congreso (3
PSOE, 3 Unidas Podemos, 2 PP, 1 Vox) según ellos porque “afectaba a materia
presupuestaria”. Como que hubiera leyes que no afectan a la materia
presupuestaria. ¿ustedes conocen alguna? Cualquier ley aprobada implica gasto
económico, y por tanto afectaría a los presupuestos, y por lo tanto ninguna ley
debería de ser tramitada. En la misma línea, la patronal de la sanidad privada se posicionó contra la
ILP. Finalmente, la ILP fue aceptada por sus señorías, tras obligarnos a suprimir
las especificaciones de fechas de cumplimiento de los distintos puntos que
contenía.
Una vez saltado el trámite,
nos entrevistamos con todos los partidos a la izquierda del gobierno (Mas País,
Compromís, Bildu, CUP, Teruel Existe, BNG…) que se mostraron entusiasmados con
el contenido de la ILP…pero decidieron boicotearla en todos los territorios del
Estado.
Ahora, ya en la nueva
legislatura, en un alarde de prestidigitación, el nuevo gobierno
PSOE-Sumar promete salvar (otra vez) el sistema sanitario, pero sin
tocar las leyes que han permitido este desastre, es decir, nos mean y creemos
que llueve.
Pero este “desencuentro” de
la izquierda con el sistema sanitario público viene de antes. Así, en Madrid,
durante el “periodo oscuro” de 2004-2012 (aquel durante el que
Esperanza Aguirre adjudicó, gracias a la ley 15/97, 11 hospitales a empresas
privadas por 30 años), los “medios informativos” ocultaron las movilizaciones
de miles de madrileños denunciando el desastre que se avecinaba (mientras los corresponsales
extranjeros de la BBC y la ARD cubrían las movilizaciones). Fueron
indispensables los apoyos de ayuntamientos de izquierdas para ceder a dichas
empresas privadas los terrenos públicos donde se iban a construir los
hospitales-negocio. Así, los ayuntamientos de “izquierdas” de Coslada, Parla,
Aranjuez y San Sebastián de los Reyes facilitaron el negocio (en lugar de encabezar la lucha
por hospitales públicos en sus localidades). Pocos años después, el
ayuntamiento de Villalba (del PSOE) solicitó al gobierno de la Comunidad de Madrid (del PP)
un hospital privado de modelo Alzira y luego, en el colmo del cinismo,
pidió su rescate, porque decía no estar de acuerdo con el modelo. En
definitiva, la puesta en manos privadas de parte del Servicio Madrileño de
Salud contó con la ayuda inestimable de la izquierda institucional”, esa que
luego agitaría las mareas blancas.
En Cataluña, territorio donde
el proceso ha avanzado más, tanto con gobiernos nacionalistas como de la
llamada “izquierda”, el llamado “tripartito de izquierdas” fue fundamental para desarrollar el proceso de
privatización. Gobernó en dos ocasiones, de diciembre de 2003 a 2010, durante
los cuales no se rescató nada de lo privatizado, ya fueran hospitales o centros
de atención primaria (EBAs), es más, se amplió la privatización y se llegó a
aplicar el mismo modelo de hospital utilizado por el PP en Madrid (hospital PFI
Baix Llobregat) y Marina Geli, consejera de sanidad, al aprobar la Ley que
permitió trocear los centros públicos de ICS, se felicitó por el “gran consenso”
alcanzado, y remarcó que “la reforma del ICS era necesaria para dotar a los
centros que lo integran de “autonomía financiera y de gestión”.
En el País Valenciá, la
puesta en marcha del modelo PPP a partir de 1999 (Alzira, Manises, Torrevieja,
Elche, Denia) se realizó por parte del PP sin ninguna oposición de la
“izquierda”, sin la existencia de mareas blancas (la primera marea blanca nace
en Madrid en 2012), y con el agravante de la cesión de centros públicos de
atención primaria a estas empresas.
Otro tanto se puede alegar
de Baleares, donde el PP y PSOE licitaron y adjudicaron por décadas hospitales del modelo
PFI (Can Mises, Son Espases, etc.), de forma en dicha Comunidad actualmente
solo queda un hospital con gestión directa “pública” (Menorca).
Con posterioridad, Baleares
y Comunidad Valenciana han disfrutado de gobiernos “progresistas” entre 2015 y
2023 que no dieron marcha atrás en el proceso de privatización, sino que
añadieron sectores de “alta rentabilidad” como la diálisis y las pruebas diagnósticas. Eso sí, con la prensa a su disposición,
nos intentaron vender que habían rescatado los hospitales de Alzira y Torrevieja, cuando
realmente lo único que ocurrió es que no renovaron las concesiones una
vez finalizadas. Los gobiernos del cambio en esas comunidades
fueron el sueño de una noche de verano, y mientras gobernaron, las
mareas blancas no fueron puestas en marcha, siguiendo el mismo esquema de otros
territorios (solo se crean mareas donde gobierna la derecha).
En Madrid, en 2009,
gobernando el PSOE (Zapatero) tras dos años de trabajo en los barrios,
explicando a los madrileños que lo que estaba ocurriendo no era un castigo
divino, sino que el cierre de miles de camas en los hospitales públicos para
abrir 11 hospitales privados, era perfectamente legal gracias a la ley 15/97
que aplicó Esperanza Aguirre (con sus escuderos Lamela, Güemes y Lasquetty),
reunimos 500.000 firmas que se entregaron en el Congreso, solicitando la derogación de la
ley citada y poder así evitar a extensión del desastre madrileño a todo el
Estado. Ni el medio millón de firmas, ni las movilizaciones masivas de esa
época oscura, encabezadas por la pancarta “Derogación 15/97 y rescate de lo
privatizado”, fueron suficientes para que los políticos de “izquierdas”,
que disponían de mayoría absoluta en aquel momento, lo tomaran en cuenta y
tiraran del freno de emergencia para blindar el sistema sanitario, lo que
suponía reconocer el “error” que habían cometido al apoyar con el PP la Ley
15/97.
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