viernes, 1 de octubre de 2021

Afganistán. Un país llamado desolación

 

¿Qué propósitos escondía la ocupación estadounidense de Afganistán? Veinte años después, ¿por qué las tropas norteamericanas se retiran del país? ¿Washington seguirá influyendo sobre Kabul o se impondrán las agendas de otros países dispuestos a colaborar con el talibán? ¿Cabe esperar una reconfiguración geopolítica de Asia Central?


Un país llamado desolación


Higinio Polo

El Viejo Topo

1 octubre, 2021 


Cuando el último día de agosto de 2021 el general de división Chris Donahue subió en Kabul al avión de carga estadounidense C-17, se cerraba la guerra más larga de las que ha participado Estados Unidos. Habían transcurrido veinte años de muerte y devastación en Afganistán. Tras el caos en el aeropuerto internacional, donde los soldados norteamericanos llegaron a disparar contra la multitud, el mundo contempló la destrucción de documentos y material bélico, los últimos bombardeos con drones que asesinaron a siete niños que jugaban en un patio de Kabul, y la retirada del último militar norteamericano, que mostraba la humillación y la vergüenza del país que todavía pretende dirigir el planeta. Atrás, quedan numerosas matanzas, impunes por el momento, como la que exterminó a treinta campesinos afganos, en 2019, en la provincia de Nangarhar, que el Pentágono achacó a un «error» de los drones. Afganistán ha padecido muchos errores semejantes. Cuando despegaba el último avión norteamericano, Blinken, el viejo ‘halcón’ que dirige el Departamento de Estado, declaraba que su país dirigirá su diplomacia con Afganistán desde Doha, la capital aliada de una monarquía medieval.

Mientras tanto, en el Pentágono, ante la prensa, el general Kenneth F. McKenzie, un veterano de las sangrientas campañas en Iraq y Afganistán, jefe del United States Central Command (USCENTCOM), Comando Central estadounidense, intentaba dar la impresión de que su país no abandonará a todos aquellos colaboracionistas con la ocupación estadounidense que se han quedado atrás, varados en un país en manos del talibán. Y el jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin, declaraba su orgullo por la misión, aunque no podía esconder la evidencia de la humillación. Dejaban atrás un Afganistán donde no solo vuelven a gobernar aquellos que Estados Unidos desalojó veinte años atrás, sino que ni siquiera han conseguido desmantelar las bases del terrorismo islamista, objetivo que sirvió de pretexto para la invasión. Porque la invasión de Afganistán no fue soviética, sino estadounidense: la URSS había firmado un tratado con el gobierno revolucionario afgano de Najibulá, y acudió a su solicitud de ayuda. En la conmoción de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos entró a sangre y fuego en el país unas semanas después, armado de la seguridad de su enorme poder militar y de la avidez del programa neocon (Project for the New American Century que agrupó a los Bush, Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld, Perle y otros). Pero los planes definidos por los neocon eran demasiado ambiciosos.

Pese a algunas iniciativas, visibles sobre todo en Kabul, Estados Unidos no ha reconstruido el país, y lo abandona como el mayor productor de opio del mundo, con redes de traficantes de las que participan sus protegidos en el país, aunque algunos, como el primer presidente que impusieron, Hamid Karzai, negocien con los talibán e incluso critiquen a sus antiguos protectores norteamericanos. Washington tampoco deja organismos democráticos: tras una fachada electoral levantada para consumo del mundo, han gobernado de facto los ‘señores de la guerra’, beneficiarios y cómplices de la corrupción, del robo de las ayudas internacionales, del tráfico de drogas y de los subsidios, y las instituciones democráticas han sido siempre una mentira, con elecciones fraudulentas y gobiernos títeres. Las dos décadas de ocupación norteamericana y de la OTAN han sido un magnífico negocio para las empresas de armamento, las compañías de mercenarios, los intermediarios y traficantes de droga, los comisionistas de la guerra, los políticos corruptos estadounidenses y afganos, y los grupos de notables colaboracionistas. Ha servido también como campo de pruebas de nuevas armas y formas de bombardeos letales. Pero veinte años de ocupación es demasiado tiempo, y afectaba gravemente al presupuesto: según un estudio de la Universidad Brown, en esas dos décadas Estados Unidos ha gastado en Afganistán 2’3 billones de dólares y 243.000 personas han muerto a causa de la guerra. Además, Washington necesita limitar la carga de Oriente Medio para concentrarse en la «contención» de China.

El pacto con los talibán en Doha para la retirada militar norteamericana fue gestado por el gobierno Trump. Obedecía al objetivo de limitar el gasto, tan gravoso para el presupuesto, al temor de seguir sufragando una guerra interminable, a la reorganización de su dispositivo militar para orientarlo hacia los océanos Índico y Pacífico y el Mar de China meridional, y a la esperanza de Trump de que la finalización de la guerra afgana le reportaría beneficios electorales para ganar las elecciones de 2020 ante Biden. Pero los estrategas del Pentágono y del Departamento de Estado calcularon mal, basando decisiones en informes que estaban lejos de responder a la realidad, como había puesto de manifiesto ya en 2019 The Washington Post publicando los «The Afghanistan Papers», donde muchos responsables militares y políticos reconocían las mentiras con que los gobiernos de Bush, Obama y Trump ocultaron la verdad sobre la situación en el país.

Estados Unidos no esperaban un desenlace tan rápido: los helicópteros, blindados y aeronaves abandonados en los hangares son la constatación de una humillante estampida, que ha alarmado a sus propios aliados: Dominic Raab, ministro de Asuntos Exteriores británico, intentaba explicar en la Cámara de los Comunes el incuestionable desastre, aludiendo a que los informes de los servicios secretos compartidos por los británicos con los norteamericanos negaban, pocas semanas antes de su caída, que Kabul estuviese en riesgo de pasar a manos de los talibán.

Con el fin de la guerra, el nuevo régimen debe gestionar el gasto público, además de la difícil situación en que queda el país. Los talibán son un movimiento local, con ramificaciones en Pakistán, que forma parte del confuso mundo del fascismo islamista, y cuyos milicianos son incluso más extremistas que los de veinte años atrás, aunque sus actuales dirigentes intentan un ejercicio de pragmatismo ante la dura realidad del país: afirman que su nuevo gobierno impondrá la sharia, es decir un conjunto de disposiciones y leyes que creen son voluntad divina (aunque en su interpretación discrepen de otros grupos islamistas), pero deberán regirse por algunas concesiones porque no disponen de técnicos y funcionarios para reactivar el aparato del Estado, y su aparente moderación es una muestra de que pretenden negociar con otros sectores de la sociedad afgana y encontrar un acomodo internacional que les permita el acceso a capitales, fuentes de financiación e inversiones, más allá del que puedan facilitar Arabia, Qatar y Pakistán, ahora que los fondos aportados por Estados Unidos se han terminado. Es posible incluso que el mulá Abdul Ghani Baradar y los suyos incluyan en el gobierno a representantes de las minorías (uzbekos, tayikos, etc.) y de los sectores que gobernaron con los norteamericanos, como indican sus negociaciones con Karzai y Abdullah, aunque siempre subordinados al talibán. Sus dirigentes afirman que van a gobernar para terminar con la corrupción, y saben que si la ayuda internacional desaparece, la crisis y la hambruna serán inevitables. Si los talibán quieren acabar con el cultivo de la adormidera, como hicieron en su anterior gobierno, deberán asegurar otros medios de vida a los campesinos que la siembran. Y van a gobernar impregnados del viejo anticomunismo islamista y con resortes neoliberales semejantes a los que impone la autocracia saudí. Y saben que Estados Unidos puede convivir perfectamente con ello, como hace con Riad. Deben afrontar los problemas de la gobernación: Afganistán necesita alimentos, vacunas contra la Covid-19, medicamentos; padece la falta de recursos, inexperiencia, falta de técnicos: la reapertura parcial del aeropuerto de Kabul ha sido posible gracias a los controladores enviados por Qatar. Los talibán quieren recibir ayudas de China, Rusia, Pakistán, Turquía, de los países árabes, y también de la Unión Europea y de Estados Unidos. La «ayuda humanitaria» no depende de condiciones políticas, pero sí las tienen las «subvenciones al desarrollo».

La derrota americana afectará a su diplomacia y prestigio, a su influencia política, a la proyección de su fuerza militar, incluso a su hegemonía en la OTAN, y centrará su actividad en el «pivote hacia Asia» que lanzaron Obama y Hillary Clinton. Estados Unidos invadió Afganistán movido por el ansia de venganza por los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero también porque pretendía diseñar el nuevo mapa de Oriente Medio, controlar los yacimientos de hidrocarburos y las rutas de abastecimiento, con el dominio del gasoducto que uniría Turkmenistán y la India a través de Afganistán. También, para asegurar que las antiguas repúblicas soviéticas no volvieran a agruparse bajo la dirección de Moscú, hundiendo una cuña en el corazón del continente, y ampliando su dispositivo militar con nuevas bases en una región desde la que podía monitorizar, y eventualmente atacar, a China, Rusia e Irán. Washington no perdía de vista que, apenas tres meses antes, Pekín y Moscú habían creado la Organización de Cooperación de Shanghái, con el implícito pero no confesado objetivo de evitar la hegemonía norteamericana sobre las antiguas repúblicas soviéticas centroasiáticas.

Esa aventura se cierra ahora con un régimen teocrático en Afganistán al que se puede calificar de fascista aunque tenga también otras características, propias del islamismo radical, que debe lidiar con los opositores del Panjshir (con el hijo de Maud, el viejo ‘señor de la guerra’) y con Daesh, Estado Islámico en Iraq y Levante-Jorasán (EIIL-J, dirigido por veteranos del yihadismo creado y financiado por Estados Unidos contra los soldados soviéticos, y por desertores del talibán). Las milicias talibán son un conjunto de hombres reclutados entre los sectores más pobres de la población afgana, que reciben su salario de ‘señores de la guerra’ que controlan el mercado de la droga, y de potencias que les financian como Arabia, Qatar y Pakistán, y también de jóvenes campesinos que querían vengarse porque vieron morir a muchos de los suyos en el diluvio de bombas que Estados Unidos lanzó: lo hicieron en 2001, con miles de ataques aéreos y no dejaron de bombardear durante veinte años. El nuevo gobierno afgano de Baradar convertirá esas milicias en el nuevo ejército afgano, aunque encontrará obstáculos: muchos de los trescientos mil militares del ejército que organizaron Estados Unidos y la OTAN con Karzai y Ghani han quedado a la intemperie (aunque muchos solo existían en la nóminas que cobraban altos mandos y políticos del régimen títere de Washington), y una parte intentará buscar nuevos patrocinadores; por otra parte, la lealtad de muchos grupos que han hecho de la guerra su forma de vida es precaria, como muestra la historia de la organización muyahidin de Jalaluddin Haqqani, cuya red luchó contra la república de Daud (el defenestrador del último rey afgano), atacó al gobierno comunista de Najibulá recurriendo a saqueos, decapitaciones y violaciones, trabajó para Estados Unidos, cobró de la CIA, más tarde colaboró para los servicios secretos pakistaníes (ISI) y después se hizo talibán cuando las tropas del mulá Omar conquistaron Kabul, y combatió a las tropas norteamericanas, cobrando también de Arabia y de los Emiratos Árabes Unidos. Su hijo, Sirajuddin Haqqani, es ahora ‘hombre fuerte’ en el gobierno del mulá Baradar. Pero Estados Unidos intentará acomodarse a la nueva situación e incluso mantener bases militares en Afganistán. No abandona la región, quiere seguir influyendo, directamente y a través de su alianza con Arabia y las monarquías del golfo, e Israel, y quiere mantener una cierta inestabilidad en Afganistán para evitar que China desarrolle proyectos económicos en el país.

Para el gobierno de Pekín no hay duda de que la lógica de la retirada norteamericana de Iraq y Afganistán, sin admitir la derrota, radica en el hecho de que Estados Unidos necesita concentrar sus fuerzas en la contención de China, y Oriente Medio se había convertido en un pesado fardo. Pese a su distancia y prevención con los talibán, China ha celebrado el final de la ocupación militar estadounidense y afirma respetar la soberanía afgana. Está también dispuesta a colaborar en la reconstrucción del país, siempre que deje de ser un refugio del terrorismo islamista: es una de las condiciones que pone Pekín para su cooperación económica, aunque en el seno del movimiento seminarista coexisten diferentes posiciones al respecto. Suhail Shaheen, portavoz talibán, ha declarado que esperan la colaboración de China en la reconstrucción, y aunque Pekín se muestra muy prudente ante la situación en el país, y espera la evolución de los acontecimientos, está dispuesto a facilitar asistencia humanitaria y ayuda para superar la devastación. El uzbeko Abdul Salam Hanafi, dirigente talibán y uno de los responsables de la oficina del movimiento en Qatar, mantiene conversaciones con el ministerio de Asuntos Exteriores chino, y se declara partidario de que Afganistán participe en el desarrollo de la nueva ruta de la seda. Pero otros asuntos acaparan también la atención de China: está alerta a la actividad de los destacamentos terroristas, y teme que grupos uigures utilicen Afganistán como base para sus ataques en el Xinjiang. Le preocupa también el mercado de la droga: bajo la dominación norteamericana, Afganistán se convirtió en el mayor productor del mundo de heroína, casi el noventa por ciento del total, y una parte de ese volumen fue introducido clandestinamente en China.

Y no olvida la exigencia de responsabilidades por una de las guerras más sangrientas del siglo XXI: en el debate sobre la resolución del Consejo de Seguridad acerca de la situación en Afganistán, donde China y Rusia se abstuvieron, el embajador chino exigió a Estados Unidos que dejase de bombardear a la población civil afgana y afirmó que debía tener responsabilidad penal por el asesinato de civiles. Además, China ha exigido públicamente que se investiguen los crímenes cometidos por Estados Unidos y la OTAN durante sus dos décadas de ocupación, a través de una comisión internacional. Aunque Estados Unidos no tiene la menor intención de hacerlo: dos días después de su retirada, el Pentágono calificaba de «justo» el bombardeo que acabó con la vida de siete niños en Kabul, justificándolo porque consideraban que el coche donde jugaban era una amenaza terrorista inminente.

China quiere, sobre todo, estabilidad en la región: le preocupa la llegada de islamistas al Xinjiang, y le preocupa la actividad de los grupos monitoreados por la CIA y el Pentágono, consciente de que siguen siendo uno de sus instrumentos de intervención, desde Siria a Irán pasando por Pakistán o el Cáucaso. También recela de la actividad del uigur Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM), que fue creado en Pakistán en la década de los noventa y que mantiene lazos con la CIA norteamericana. El ramal pakistaní de la nueva ruta de la seda padece los embates de «misteriosos» grupos terroristas, y del Ejército de Liberación de Beluchistán (ELB), que se adjudicó el atentado de julio de 2021 en Dasu que causó la muerte de nueve ingenieros chinos, y que volvió a repetirse con el atentado contra trabajadores chinos de la autopista Gwadar Eastbay Expressway Projet que forma parte del ‘Corredor económico chino-pakistaní’, sin ser reivindicado. En el Beluchistán operan otros grupos terroristas, como Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), que mantiene excelente relación con los talibán afganos, y el Mossad interviene en la región en su plan de acoso al vecino Irán. Washington califica como terrorista al ELB, pero sus servicios secretos lo respaldan extraoficialmente por dos motivos: es útil para atacar intereses chinos en Pakistán, y podrían aumentar su apoyo para lograr la fragmentación del Pakistán si Islamabad fortalece sus lazos económicos con Pekín. India también apoya al ELB, como carta contra Pakistán, eterno rival. La retirada norteamericana de Afganistán va a influir también en otros escenarios que interesan a Pekín: el Mar de China meridional, el estrecho de Taiwán, y todo el arco marítimo que va desde Japón hasta Singapur, así como la evolución del QUAD, el foro estratégico creado por Cheney y el japonés Abe, donde Estados Unidos pretende consolidar un frente político y militar con Japón, India y Australia para acosar a China.

Rusia critica también con dureza la aventura norteamericana, y considera a los talibán un sanguinario grupo terrorista, aunque es consciente de que deberá enfrentarse a los litigios que crea el nuevo régimen. Por ello, como Washington y Pekín, ha mantenido contactos con los talibán y definirá su actitud conforme al proceder del nuevo régimen teocrático. Putin ha calificado la situación en Afganistán como una catástrofe, y quiere evitar una desestabilización que afecte a Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, convertido este último en una dictadura hermética, aunque con intereses para hacer llegar sus hidrocarburos a través de Afganistán. China también está preocupada por esa hipótesis desestabilizadora, porque algunas rutas de transporte atraviesan esa región y además es fuente de hidrocarburos, y su apuesta por la cooperación económica en la región es bien vista por Moscú, consciente de que si abre paso contribuirá a la estabilidad en Afganistán y limitará los riesgos y las amenazas para las repúblicas de Asia central, con las que Rusia quiere seguir recomponiendo los lazos con que estaban unidas a ella en la Unión Soviética. Pero esas previsiones dependen de la actuación norteamericana, y Moscú no olvida los antecedentes y la responsabilidad de los servicios secretos estadounidenses en el envío y la infiltración terrorista en Chechenia y el Cáucaso ruso y su actividad desde Azerbeiján, uno de los centros operativos de la CIA en la región.

La Unión Europea teme las consecuencias de la derrota norteamericana, y no se atreve a sacar conclusiones: buena parte de sus miembros fueron arrastrados a una guerra en Afganistán y ni siquiera les consultaron cuando Washington decidió la retirada, y ahora teme una nueva oleada de refugiados, un «éxodo masivo hacia Europa» como lo definió el ministro de Asuntos Exteriores italiano, problema con el que Estados Unidos no debe lidiar: al igual que ocurrió con la guerra y el éxodo sirio, cuyo promotor fue Washington, la posible llegada masiva de refugiados afganos afectará a Europa y no a Estados Unidos. Afectará también a los países vecinos. Según cifras de ACNUR, en 2020, dos millones doscientos mil refugiados afganos se encuentraban en Irán y Pakistán, mientras que en Estados Unidos apenas había dos mil. Estados Unidos, pese a ser el principal responsable de la devastación y la crisis, se desentiende del problema, mientras los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea proponen «ayudar» a los países limítrofes de Afganistán, con el estrafalario argumento de que los refugiados «deben quedarse en la región». Es decir, la Unión Europea quiere comprar con dinero la voluntad de algunos gobiernos, como hizo con Turquía para frenar a los refugiados sirios.

Bruselas ha decidido establecer una delegación (como camuflaje de embajada) en Kabul y plantea cinco condiciones al talibán: que no se convierta en refugio del terrorismo, que respete los derechos humanos y los de las mujeres y que permita la libertad de prensa en el país, además de formar un gobierno amplio e «inclusivo» (que los  talibán ya preparan y Pakistán impulsa), que permita la libre salida del país de quienes opten por ello y una justa gestión de la ayuda humanitaria. En realidad, la Unión Europea sabe que ninguna de esas condiciones va a cumplirse, pero le sirven para justificar su permanencia en el país, aunque de momento no reconozcan formalmente la dictadura talibán. Después de todo, tampoco esas condiciones son cumplidas por Arabia, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, sin que ello suponga el menor obstáculo para que mantengan magníficas relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos. Hablar de la Unión Europea es hablar de Berlín y París, y si la Comisión de Bruselas defiende mantener el diálogo con los talibán, es por temor a perder influencia en el país y en la región. La solitaria Gran Bretaña, tras el Brexit, permanece como solícito aliado de Estados Unidos, sin que ello le suponga más reconocimiento internacional ni mayor influencia. Afecta también a Europa, la desairada posición de la OTAN, que ha sufrido un golpe demoledor, llegando Jens Stoltenberg incluso a reconocer que su función en Afganistán era de mera ayuda a Estados Unidos, olvidadas ya las falaces proclamas de libertad y democracia con que disfrazaron una operación imperialista más. Todo ello debería afectar a los países miembros, y mientras Francia sigue jugando con la idea de un ejército europeo, sin mayores consecuencias aunque la Unión decida la creación de un «fuerza de reacción rápida», idea mal acogida por Estados Unidos y Stoltenberg, otros países, como España, deberían iniciar el proceso para liquidar las bases norteamericanas, que ni sirven para la defensa de cada país ni ayudan a definir una nueva política exterior europea que abandone la subordinación a Washington y tienda la mano a Pekín y Moscú.

La India es uno de los grandes perdedores de la caída del gobierno Ghani, al que apoyaba, y el nuevo gobierno afgano aviva su enemistad con Pakistán, con quien se enfrenta en Cachemira a través de grupos terroristas que convierten a esa región en un peligroso polvorín por la posesión de armas nucleares de Delhi e Islamabad. Pakistán acusa además a la India de «sabotear» la paz en Afganistán, y se niega a asumir sus responsabilidad en los frecuentes atentados en terrirorio indio, donde operan decenas de organizaciones terroristas, muchas con dependencia del ISI pakistaní. Junto a ello, las diferencias con Pekín se mantienen, agravadas por el riesgo  que representa el QUAD al que Estados Unidos arrastró a Delhi. Y la presencia en el gobierno talibán de Sirajuddin Haqqani (hijo de Jalaluddin Haqqani, activo organizador del terrorismo contra la India) inquieta en Delhi: los Haqqani, hoy en el bando talibán, son los feroces asesinos muyahidin organizados por Washington que en 1987 rodeaban la ciudad de Jost, durante el gobierno de Mohammad Najibulá de la República Democrática de Afganistán aliada de la Unión Soviética. Los Haqqani son expertos en organizar atentados suicidas.

A su vez, Pakistán, que estuvo en el origen del nacimiento talibán, y en el de los muyahidin que crearon y financiaron Estados Unidos y Arabia, sigue siendo su principal apoyo. Pocos días después del fin de la ocupación norteamericana, el 4 de agosto, el general Faiz Hameed llegaba a Kabul para discutir la composición del nuevo gobierno afgano. Casi dos millones de afganos viven refugiados en el país, pero Islamabad no quiere admitir más. Los generales pakistaníes son aliados de Washington, y su gobierno quiere mantener también buena relación con Pekín y Moscú, mientras que Irán (que influye culturalmente en Afganistán: el darí, lengua oficial junto al pastún, es un dialecto del persa) desconfía de Pakistán, aliado a su vez de Arabia y gran enemigo de Teherán en muchos de los conflictos regionales. Islamabad quiere controlar la frontera con Afganistán, y que no perjudique a China, y se compromete a seguir vigilando el terrorismo del TTP (los Tahrik-e-Taliban pakistaníes, muy activos con coches-bomba), de Daesh, y del ETIM (Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, que Estados Unidos, con Trump y Pompeo, borró de su lista de organizaciones terroristas en su campaña antichina), aunque su capacidad para hacerlo es limitada. En Pakistán operan más de diez grupos islamistas que recurren al terrorismo, y no hay que olvidar que los atentados han causado en las dos últimas décadas decenas de miles de muertos pakistaníes y que, de hecho, ha sido el país más afectado por la guerra afgana.

Irán, otro régimen teocrático en la región, está enfrentado a Arabia e Israel, y duramente afectado por las sanciones económicas norteamericanas. Pese a su patente enemistad con Estados Unidos, apoyó a las tropas norteamericanas para derribar el gobierno talibán en 2001, aunque la larga ocupación posterior hizo cambiar a los ayatolás iraníes de estrategia: temían que Afganistán pudiese convertirse en plataforma para atacar a Irán.

Arabia conecta con los talibán, a quienes apoya y sirve de modelo para gobernar, y quiere aumentar su influencia en la región, mientras Qatar, donde se desarrollaron las negociaciones con Trump, mantiene una relación cercana con el mulá Baradar, apoya a los talibán, y va a colaborar en la gobernación del país. Emiratos Árabes Unidos reconoció el anterior gobierno talibán, y junto a Qatar ya han enviado ayuda humanitaria a Kabul. A su vez, Turquía, pese a ser miembro de la OTAN, mantiene buenos lazos con los talibán, e incluso ha ofrecido ayuda para volver a poner en funcionamiento el aeropuerto internacional  y otros organismos: junto a Qatar se ofrece para gestionar el aeropuerto de Kabul, tal vez con ayuda holandesa.

El nuevo emirato islámico talibán, con el mulá Abdul Ghani Baradar (que fue joven muyahidin contra la República Democrática de Afganistán) como jefe del gobierno, y el siniestro ulema Haibatulá Ajundzadá (que se encargó de aplicar la sharía tras la victoria talibán de 1996) como guía supremo y emir, domina ya la totalidad del país, tras la toma del Panjshir.

Estados Unidos fue a Afganistán para vengarse, y para desarrollar un plan de dominio planetario que tenía en Oriente Medio un objetivo central. Hoy, llora por sus últimos soldados muertos, por los dos mil quinientos militares y cuatro mil mercenarios caídos, pero no repara en los centenares de miles de muertos que ha causado su implacable máquina de guerra. Ahora las diversas piezas del rompecabezas de Oriente Medio se recomponen, aunque sigue la guerra en Siria, Israel no ha renunciado a impedir el poder atómico de Irán, aun a costa de la guerra, Arabia sigue apoyando el terrorismo wahabita y el fascismo islamista, y Turquía juega con el espejismo otomano. El talibán va a tener serias dificultades para gobernar, y ya ha empezado a aplicar la venganza y los castigos del yihadismo, aunque necesite mostrar un rostro más moderado para afianzar su poder ante el mundo. El ansiado final de las guerras afganas no debería suponer dejar el país en manos del fascismo islamista.

En Afganistán no ha muerto el imperialismo norteamericano, aunque ha recibido una derrota que tendrá grandes consecuencias estratégicas. Pero las ansias de dominación imperial siguen ahí, sobre todo porque Washington va a seguir utilizando su extensa red militar en el mundo (800 bases operativas) y no quiere renunciar a su hegemonía planetaria. Ha perecido el viejo proyecto que quiso hacer del siglo XXI el siglo americano, y enfrenta el temor a la decadencia y la conversión definitiva de China en la mayor potencia económica del mundo. Y, aunque sea un difícil objetivo, tras la montaña de mentiras y el horror de la guerra que termina, el mundo debería llevar ante un tribunal internacional a todos los presidentes norteamericanos que, desde George W. Bush, han bombardeado sin piedad las tierras afganas. La ocupación norteamericana ha terminado, pero continua la guerra contra China, y no podemos saber que deparará el futuro a Afganistán, ese país llamado desolación.

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¿Por qué continúa la guerra de Yemen a pesar que está perdiendo su sentido político y millones pueden morir de hambre? (La prensa, radio y televisión dominantes que tienen la obligación moral de mantener informada a la población (adormilada no, informada) es la primera que no solo no informa sino que nos mienten científicamente para hacernos creer lo que no es, qué recurso nos queda a los trabajadores, que no es por nada, pero que constituimos la inmensa mayoría de la población, para empezar a entender por dónde nos da el viento y quién es el gracioso que está soplando ese viento que nos da. Ya verás ya. Ya verás que como no empecemos a reunirnos con los más cercanos para ver qué está pasando y por qué está pasando, seguiremos más perdidos que el barco del arroz. Miren si está perdido el barco del arroz, que allá por los años cuarenta del siglo pasado, cuando en España se pasaba más hambre que la que pasa un caracol pegado a un espejo, eso sí, por mor del comunismo-socialismo-bolivarianismo-venolazonismo-norcoreanismo-castrismo-separatismo y ciclismo que implantó Franco después de la guerra incivil de 1936, llegaba, cargaba el arroz de mi pueblo, hoy Isla Mayor, china chana, china chana, volvía por donde había venido, y, adiós muy buenas, nunca más se sabía de él. Vamos que aparte de los de que se hacían ricos con el estraperlo del arroz nadie más se enteraba, ni siquiera la Guardia Civil, que ya es decir. Pero esto es lógico, si no me enteraba ni yo -que sin mi place aquí no se mueve ni Dios- que todavía no había nacido o, por ahí le andaría la cosa, cómo se iba a enterar la Guardia Civil.)


¿Por qué las empresas de comunicación guardan un silencio cómplice de lo que ocurre en Yemen, como ocultaban lo que pasaba realmente en Afganistán?


¿Por qué continúa la guerra de Yemen a pesar que está perdiendo su sentido político y millones pueden morir de hambre?

 


Mark Aguirre

El Viejo Topo

30 septiembre, 2021 


Es difícil saber qué pasa en la batalla de Marib, la información manipulada es un arma  de guerra; pero la toma del distrito de Rahabah anuncia que los huzíes pueden estar cerca de tomar la ciudad. Cuando lo hagan la guerra dejara de tener sentido político.

La Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en abril de 2015, un mes después de iniciarse la guerra, exigía a los huzíes entregar las armas pesadas y permitir al Presidente Hadi regresar a Sanaa como Presidente. Pero después de seis años de guerra los huzíes no solo siguen manteniendo el poder en la capital, lo han asegurado hasta tal punto que parece imposible el regreso de Hadi.

Una contraofensiva en varios frentes lanzada por  la coalición para revertir el avance de los huzíes de los dos últimos años ha fracasado. Los huzíes habían conquistado Rahabah el año pasado. El gobierno de Hadi lo había recuperado hacía unos meses, pero de nuevo los huzíes lo han recuperado. Lo mismo ha ocurrido en al-Bayda, en donde los saudíes habían reclutado a militantes de al Qaeda para ayudar en la contraofensiva  y en Taiz y Hajjah. Los huzíes no solo han logrado parar la contraofensiva de la coalición sino que han ganado más territorio del que tenían.

Aunque la mayoría de los estrategas militares ven imposible que el gobierno del Presidente Hadi sea capaz de revertir el curso de la guerra si pierden Marib, la derrota de Estados Unidos en Afganistán abre nuevas incertidumbres. Estados Unidos y Gran Bretaña, implicados en la guerra desde el principio, podían estar tentados a alargarla con respiración artificial  para evitar la percepción de una caída en cadena de su dominación en Oriente Medio.  Pero ¿cómo justificar ante la opinión pública la prolongación de una guerra perdida –la razón de salir de Afganistán– que además está creando la mayor catástrofe humanitaria de las últimas décadas?

Mucho de lo que está ocurriendo en Yemen tiene ecos afganos. Las “batallas” de Hadi no tienen estrategia, ni futuro. Parecen diseñadas para la propaganda. Crear una imagen que como en Afganistán pueda justificar el gasto militar en una guerra que no se puede ganar. No es que engañen a los gobiernos de Occidente, tampoco les engañaban en Afganistán, se hacen los tontos para  justificar la cultura militarista, sus ventas de armas y las lucrativas comisiones para políticos y cabildeos que las acompañan. La historia vergonzosa de Juan Carlos I entraría en esta categoría. Por eso las empresas de comunicación guardan un silencio cómplice de lo que ocurre en Yemen, como ocultaban lo que pasaba realmente en Afganistán. Sería injustificable ante la opinión pública que nuestros gobernantes estuviesen vendiendo armas sabiendo que su única propuesta es hacer rentables sus inversiones en bolsa a costa de la muerte de civiles, incluidos niños, por hambre, en una guerra que ha perdido su sentido.

La catástrofe humanitaria sigue imparable. David Beasley, el jefe del PMA, ha dicho  recientemente que “16 millones de yemeníes están marchando hacia la muerte de hambre”. La guerra (una media de diez bombardeos diarios desde que empezó en 2015)  ha puesto al país más pobre de Arabia al borde de la hambruna y el colapso económico. La mayoría de las escuelas, las depuradoras, las fábricas, los hospitales… están cerrados o destrozados. Según Naciones Unidas 18.000 civiles han muerto a causa de la guerra. Un niño muere cada 10 minutos por causas evitables. Hay 8 millones de desplazados y cientos de miles de refugiados. 20 millones de personas de una población cercana a 30 millones viven día a día de la ayuda humanitaria. La caída no negociada de Marib echaría más leña al desastre humanitario. Oxfam estima en 850 mil los desplazados que viven en campos alrededor de la ciudad de Marib y nadie está seguro de qué sería de ellos si no llega la asistencia humanitaria.

Biden anunció cuando presentó sus objetivos de política exterior que uno de ellos era acabar la guerra de Yemen. Incluso nombró a Tim Lenderking, un antiguo embajador en Arabia, envíado especial para promover un acuerdo de paz. Pero han pasado casi seis meses y no ha habido un progreso sustancial. El príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman vinculó desde el principio el éxito de la guerra a su acceso al trono. Necesitaba tener algo en sus alforjas vacías que pudiera presentar a la familia real.  Ahora, en plena derrota, Bin Salman está atrapado en su propia trampa. Le conviene dilatar las negociaciones y en todo caso dificultarlas para presentar su fracaso como si fuera una victoria.

Hasta ahora el Presidente Biden no ha dado a  Mohammed Bin Salman un cheque en blanco como hacía Trump, pero ha seguido ayudándole en la guerra. Si la guerra no termina pronto la credibilidad de Biden se hundirá más de lo que está por la crisis de Afganistán.

Al-Jazeera ha informado que Estados Unidos ha comenzado a sacar los misiles Patriot que protegen la base aérea Príncipe Sultán a las afueras de Ryad. Los huzíes vienen atacando con drones y misiles instalaciones militares y petroleras saudíes. Un movimiento que puede ser interpretado como un mensaje a Ryad para que  busque una salida negociada a la guerra, pero se necesita algo más para presionarlo. Sin la ayuda estadounidense los saudíes no podrían hacer volar sus aviones de guerra, al menos con la intensidad con que lo hacen.

Los huzíes con sus éxitos militares están ganando lo que las resoluciones de las Naciones Unidas se niegan a reconocer. El movimiento huzíe es una fuerza política popular presente en la sociedad yemení desde hace siglos, no son unos peones iraníes como acostumbran a presentarles las empresas de comunicación. La mayoría de los yemeníes apoyan a su gobierno, o por lo menos lo apoyan más que al de Hadi, y cualquier proyecto de futuro es irrealizable sin contar con ellos.

Los huzíes han puesto como condición para empezar negociaciones formales  acabar con el bloqueo saudí (los saudíes usan el hambre como arma de guerra) y abrir el aeropuerto de Sanaa. Una exigencia que debía  ser apoyada por la comunidad internacional, que asegura estar comprometida con los derechos humanos. Es inaceptable que barcos militares y aviones de guerra vendidos sin otra finalidad que hacer negocio impidan que llegue comida, medicinas o gasolina cuando mueren diariamente 144 niños por causas curables.

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jueves, 30 de septiembre de 2021

El líder de UGT se disfraza de sindicalista un segundo y dice que la subida de 15 euros del SMI es una «mierda».

 

El líder de UGT se disfraza de sindicalista un segundo y dice que la subida de 15 euros del SMI es una «mierda»


Por Insurgente Publicado el 29 Sep, 2021

Tras firmar, salir en la foto, consensuar y aceptar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, teme que se extienda la idea de los trabajadores de lo que supone esa pírrica subida y  ha reconocido este martes que el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 15 euros que han acordado con el Gobierno para el periodo septiembre-diciembre de 2021 es una «mierda» y una «miseria» y ha advertido al Ejecutivo de que o lo sube a 1.000 euros mensuales a partir de 2022, o UGT no firmará más acuerdos sociales.

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La raquítica subida del salario mínimo, muy lejos de compensar el alza de los precios. (Que digo yo, los trabajadores con amigos /amigas como estos /estas para qué queremos enemigos / enemigas. O, cuerpo a tierra que vienen nuestros amigos / amigas)

 

La raquítica subida del salario mínimo, muy lejos de compensar el alza de los precios

A pesar de que la patronal se quedó fuera del acuerdo del nuevo aumento del salario mínimo, la subida negociada entre el Gobierno y las cúpulas de CCOO y UGT ni siquiera alcanza para mantener el poder adquisitivo de millones de trabajadores que tienen que malvivir con salarios de miseria.


Por Juan Carlos Arias 

Kaos enlared

 30 Sep, 2021

La subida de 15 euros aprobada formalmente tras el Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre, ha hecho crecer el salario mínimo apenas un 1,58% en 2021, pasando de 950 € mensuales a 965 €. Pero el aumento ha sido solo entre septiembre y diciembre, dado que no es una subida retroactiva anual. Por lo tanto, si llevamos el incremento a todo el año, supone una subida de tan solo 70 euros anuales -4 meses del año que restan, más la parte proporcional de la paga extra de diciembre-. Es decir que los 70 euros anuales de aumento entre las 14 pagas, suponen una subida real de 5 euros al mes. O lo que es lo mismo un crecimiento mensual del 0,53% sobre el salario mínimo de 2020. Esa es la subida real en porcentaje que ha tenido el salario mínimo aprobado, y, sin embargo, se ha difundido como si de un gran logro social se tratara. ¡Se puede ser más miserable!

Cuando el gobierno neoliberal de Rajoy subió un 0,25% las pensiones de jubilación en 2018, poco más de 2 euros en la práctica, hubo una ola de indignación social y se levantaron protestas impulsadas, entre otros, por CCOO y UGT. Ahora, con una subida casi igual de raquítica para el salario mínimo, es decir, para las y los más desfavorecidos de los trabajadores que no están cubiertos por convenio, las cúpulas de los sindicatos burocratizados las firman y las aceptan como un gran paso y no se plantean movilizaciones de ningún tipo. Esto constata que la degeneración burocrática de los sindicatos de CCOO y UGT con sus políticas de firmar cualquier acuerdo con la patronal o con el Gobierno está alcanzando cotas inimaginables. Y plantea la necesidad cada día más apremiante de derribar a las direcciones sindicales dominantes y corrompidas, para recuperar la actividad sindical como herramienta de la lucha de clases y elevación de la conciencia de la clase trabajadora.

 

Alza de los precios

La subida miserable del salario mínimo se realiza en un contexto de alza general de los precios: la inflación ya está en el 3,3%. Pero la situación es aún más grave si atendemos al crecimiento de los precios en muchos de los productos o servicios más esenciales. Así, teniendo en cuenta un bien tan esencial para todos como la luz, vemos que ha multiplicado su precio exponencialmente respecto de 2020, lo que supone un fuerte incremento en el recibo de la luz durante 2021. Solo en el mes de agosto fue un 35% más cara que el mismo mes del año pasado. ¿Cómo van a afrontar los hogares con ingresos de salario mínimo, estas subidas descomunales de precios? ¿Cómo van a poder utilizar los electrodomésticos más elementales, o cómo van a iluminar sus casas o calentarlas? Pues no podrán.

Todas las previsiones de los expertos van en el sentido de que los aumentos del precio de la luz se consoliden en los niveles estratosféricos actuales, o incluso crezcan más, de aquí al menos hasta la primavera. Y todo ello pese a las medidas del Gobierno de recuperar 2.600 millones de euros de las eléctricas de los beneficios caídos del cielo, que está por ver si finalmente es así. Y, lo que es más importante, cómo va a repercutir realmente en los precios de la luz en los sectores de población más golpeados por la crisis pandémica. Pero es que, a estos precios en crecimiento exponencial, le acompañan los del gas que se esperan estén por las nubes para este invierno, sobre todo ante la especulación y la falta de suministros por el incremento de la demanda del gas con la vuelta a la actividad económica, y el acaparamiento de la producción en las disputas geopolíticas que se vienen desplegando y profundizando.

Lo mismo está sucediendo con los precios de los alimentos y los productos perecederos- la fruta ha subido un 2%, mientras el pescado un 5%- y, en general, es muy probable que no tarden en generalizarse las subidas de precios, puesto que los empresarios más pronto que tarde, tratarán de repercutir las alzas de los costes en favor de sus cuentas de resultados. Por no hablar del precio de los alquileres en ascenso, pese a los miles de pisos en manos de la SAREB y las promesas del Gobierno incumplidas de limitar el precio de los alquileres, y las dificultades para afrontar el pago de las hipotecas, que pese al denominado “escudo social” del Gobierno no ha impedido el incremento muy grave socialmente, especialmente durante los últimos meses, de los desahucios.

 

El salario mínimo: hambre para hoy y hambre para mañana

Los impulsores del acuerdo, Unidas Podemos -como miembro “super-crítico” del Gobierno- y las cúpulas sindicales de CCOO y UGT se defienden, frente a las críticas de los sectores sociales a su izquierda -incluida la izquierda sindical- por lo firmado, basándose en la famosa reflexión conformista que viene a decir que: “la situación actual es deplorable pero el futuro es esplendoroso”. Aunque, sea como en este caso, yendo en dirección contraria a la que en teoría debería ser, para alcanzar ese favorable futuro.

Así, apoyándose por un lado en la miseria de partida, con la sucesión de años en que el salario mínimo estuvo congelado o que apenas subió, entre las dos legislaturas de Rajoy (2011-2018) solo creció en 79 euros. Mientras que desde 2018 ha subido, es cierto, bastante más hasta alcanzar los 218 euros de incremento. Y, sobre todo, ante la promesa esperada de alcanzar el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, al menos al final de la legislatura, para lo que habría que alcanzar un salario mínimo de 1.060 euros, 95 euros más que ahora. Aún más si crece el salario medio de aquí a entonces. Algo que se antoja difícil al ritmo de paralización e incluso retroceso que se está emprendiendo.

Por todo ello, los sindicatos institucionalizados maniobran ofreciendo un discurso desmovilizador y pasivizador, intentando desmantelar las críticas por la infamia de un acuerdo que al no compensar ni las subidas de los precios totalmente desorbitados que estamos padeciendo actualmente, es incapaz de asegurar algo tan elemental como el poder adquisitivo del salario mínimo, y por lo tanto les ha empobrecido más. Sin embargo, el discurso que realizan desde los sindicatos y Unidas Podemos, va en el sentido de vender la idea de que se viene mejorando el salario mínimo en una senda ya iniciada con el Gobierno “progresista” y que ahora continuaría, aunque a menor ritmo, cuando en realidad, se vista como se vista lo firmado, no ha producido más que un retroceso en ese proceso de mejora, un buen traspiés.

Quizás por eso ahora centran su rol burocrático, como siempre hacen por otra parte, no en nuestras propias fuerzas y en la movilización en la calle, sino en que confiemos en la bondad del “Gobierno progresista”. Con grandes dosis de cinismo, el director del Gabinete Económico de CCOO ha afirmado que “por lo menos el proceso no se detiene. Lo esperable es que haya una subida significativa en cuatro meses”. Pero, ¿por qué sería esperable que lo que no se ha conseguido ahora lo sea en los próximos cuatro meses? Cómo si para entonces los grandes escollos para lograrlo, el PSOE social liberal representado firmemente por Nadia Calviño, y la fuerte resistencia de la patronal, fueran a doblar su brazo porque sí. Todo ello, sin plantearse movilizaciones y acciones decididas en favor de un salario capaz de soportar los costes de la cesta de la compra familiar.

Lo cierto es que en el acuerdo no hay ningún compromiso concreto sobre las cuantías específicas y las fechas en las que se iría subiendo el salario mínimo a lo largo de todo el proceso de la legislatura que queda. Por lo tanto, las cúpulas sindicales de CCOO y UGT y Unidas Podemos están vendiendo humo al decir que “en cuatro meses el salario mínimo se sitúa en torno a 1.000 euros”.

Es por eso que el sindicato CGT incide en su oposición al acuerdo que no está garantizado, ni mucho menos, el objetivo de los 1.060 euros, basándose en que el Gobierno ni siquiera ha fijado en el acuerdo, con el consentimiento de la burocracia sindical, cuando se alcanzará esa cuantía mínima.

 

Ofensiva patronal sobre los salarios

La realidad es que la patronal está en plena ofensiva sobre los derechos laborales de las y los trabajadores, con la complicidad y estimable colaboración de la burocracia de CCOO y UGT. Algo que se percibe claramente en la enorme precariedad laboral existente -más del 90% de los contratos son temporales y la media de duración de los contratos ha sido de 53,19 días-, por los miles de trabajadores que continúan en situación de ERTE y por los miles de despidos, -35.000 solo en las grandes empresas- en que han desembocado muchos, pese a la promesa del “Gobierno progresista” de que no iba a haber despidos por la crisis de la pandemia. Y todo ello con la utilización sin límites por la patronal de la dura reforma laboral de Rajoy, cuya derogación en sus aspectos más lesivos es una promesa todavía incumplida cuando ha transcurrido más de la mitad de la legislatura.

Así y aunque la economía ya crece a velocidad de crucero, en el mes de julio, por ejemplo, hubo 58 descuelgues de convenios colectivos, nada menos que un 48,7% más que el mismo mes del año pasado. Mientras CCOO y UGT firman convenio tras convenio con crecimientos salariales por debajo del IPC y hasta por debajo del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. Así, la subida salarial media pactada en los convenios está siendo del 1,5% y, por lo tanto, al menos 1,8% puntos menos que la inflación anual registrada, 3.3%.

En este contexto continúa el paro juvenil en porcentajes inasumibles en el entorno del 40% para millones de jóvenes que se ven abocados a un futuro de precariedad y miseria. Mientras el “Gobierno progresista” pretende aumentar la edad de jubilación y atacar las pensiones.

Por todo ello, se hace cada vez más acuciante levantar un programa de emergencia social con movilizaciones en la calle de carácter unitario, sin ninguna confianza en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y sobre la base de la discusión en asambleas en los centros de trabajo y estudio, que a través de la lucha coordinada de todos los sectores sociales golpeados por la crisis: jóvenes, mujeres, la clase obrera y sus sectores más precarizados y las clases populares empobrecidas, levanten un programa de acción anticapitalista para que la crisis la paguen los capitalistas.

Fuente: Izquierda Diario

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Privilegios de las eléctricas que pagamos todos los españoles. (Que a lo mejor tener menos luces que una bombilla apagada es un trabajador con los ojos cerrados que dice que no los abre y que no los abre porue dice que no sabe abrirlos y se acabó. Que me sé yo de estas cosas. Pero que a lo mejor es también que los listillos estos que vamos diciendo por ahí al que nos encontramos caído en el suelo por haber pegado un tropezón en una piedra: ¿A que te caes? Pero vamos a ver, so listillo. ¿Pero no estás viendo que ya está tirado por los suelos. A qué fin te pones a decir ahora lo que ya es evidente? Listillo, que eres tú muy listillo, chaval. Listillo, más te valdría que echaras mano de los alicates abridores de ojos (los alicates abridores de ojos son unos alicates normales pero que en vez de utilizarlos para abrir castañas se utilizan en un momento dado para abrir ojos, que no tiene más misterio el asunto) y sin decir esta boca es mía te abalanzaras sobre el primer trabajador que veas caminando con los ojos cerrados, que me lo tumbarás en mitad de la calle, panza arriba, sin más, que le pusieras un pie en la frente y el otro en el pecho, y que debidamente, como mandan los cánones, empezaras a operar con los alicates de abrir ojos diciéndole: y ahora vas y lo cascas, que tienes que andar con los ojos abiertos hijo mío, pero no porque yo lo diga, sino para no tropezar, y que como no te empieces a reunir con los tuyos para ver que está pasando y qué te pasa y qué te puede pasar te vas a pasar toda tu vida rodando por los suelos y mal viviendo, que lo sepas.)

 

Privilegios de las eléctricas que pagamos todos los españoles

 

Por Juan Torres López

Rebelion / España

 30/09/2021 

 


Fuentes: Ganas de escribir

Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

Fue entonces cuando se fraguó un oligopolio en el que unas pocas empresas, lideradas por la familia Oriol Urquijo y con la ayuda permanente del Gobierno, hacían y deshacían a su antojo en el mercado. Tanto así, que la tarea de reformarlo fue prioritaria cuando llegó la democracia, incluso para la desaparecida UCD. Aunque bien pronto se comprobó que el cambio de régimen no había afectado al poder de las empresas eléctricas y que estas seguían teniendo prácticamente la misma capacidad para escribir en el Boletín Oficial del Estado que en los tiempos de Franco. El vicepresidente Fuentes Quintana lo pudo comprobar cuando trató de nacionalizar la red de transporte de alta tensión. Otros ministros vinculados al oligopolio, liderados por Alberto Oliart, lo impidieron.

Más tarde, las corrientes más a la izquierda del PSOE trataron de llevarla a cabo, pero las medidas que adoptaron los gobiernos de Felipe González y Zapatero fueron casi siempre las que proponían sus ministros liberales o -en el mejor de los casos- el resultado de un equilibrio de fuerzas que al final no permitía resolver los problemas de fondo. Los gobiernos de Aznar y Rajoy no disimularon su servidumbre y se pusieron directamente al servicio del oligopolio, azuzados además por la normativa neoliberal europea, igualmente contaminada por el poder del lobby eléctrico.

El resultado de ello es que el sector eléctrico español viene gozando de privilegios completamente ajenos a razones de mercado o eficiencia desde hace más de 80 años, en tiempos de dictadura y de democracia.

– Cuando en 1983 se aprobó la primera moratoria a la construcción de nuevas centrales nucleares se les concedió una compensación a sus propietarias, las empresas del oligopolio, que en realidad fue un auténtico «rescate» con dinero público. La compensación se llevó a cabo sin tener en consideración los costes auténticos y fue un auténtico privilegio porque habían sido precisamente esas empresas las que llevaban décadas sobrevalorando la demanda de electricidad para inflar el negocio artificialmente y a base de endeudamiento, para mayor beneficio de la banca, con cuyos consejos de administración estaban entrelazados los del oligopolio. Las grandes empresas rescatadas no llevaron a cabo ni una sola de las contrapartidas que les planteó el Gobierno (límite de dividendos, saneamiento financiero o integración).

– Durante años, las eléctricas han cobrado por «término de potencia», un concepto que se justificaba porque era necesario para garantizar que los consumidores dispusieran de la potencia contratada en cualquier momento que lo necesitaran. Un privilegio porque no es cierto que ese suministro estuviera garantizado, pues el sistema colapsaría casi con un tercio de la potencia contratada, y tal y como han demostrado las miles de reclamaciones de los consumidores por cortes del suministro.

– Durante años se ha estado facturando a los consumidores un consumo de kilovatios/hora sobrevalorado pues se ha llegado a denunciar que aproximadamente el 80% de los contadores cometía errores en exceso.

– Durante los años en que la tarifa eléctrica la fijaba el Gobierno, estaba establecido que se debían cumplir una serie de trámites por parte de las compañías eléctricas, el propio Gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, casi nunca se cumplían, para lograr que el precio fuese lo más cercano posible a lo demandado más o menos abiertamente por el oligopolio. A veces, los informes preceptivos incluso llegaban después de que el Consejo de ministros hubiera decidido el precio.

– Las compañías eléctricas han cobrado por alquiler de contadores un determinado porcentaje de su precio (por cierto, sobrevalorado hasta en un 50% respecto al del mercado), una cantidad que supuestamente estaría destinada a su renovación y actualización. Sin embargo, la falta de normativa por parte de los sucesivos gobiernos o la suspensión de la que en algún momento se aprobó (¿por incompetencia, olvido, complicidad…?) ha hecho que las compañías eléctricas hayan cobrado a los españoles unos 14.000 millones de euros por prestar un servicio que no han realizado (los datos estimados y actualizados de este fraude aquí).

– Cuando se acabó con el régimen de tarifa eléctrica fijado por el Gobierno y se estableció el llamado Marco Legal Estable (1987), se suponía que el precio de la luz debería establecerse en función de los costes reales, la demanda, la inflación y los tipos de interés. Lo cierto fue, sin embargo, que el nuevo sistema volvió a ser un privilegio para las empresas pues estas podían sobrevalorar sus costes y la demanda. La consecuencia, como señala Enrique Palazuelos en su libro El oligopolio que domina el sector eléctrico, fue que los ingresos del oligopolio aumentaron prácticamente el doble que la demanda o la tarifa mientras se mantuvo vigente el sistema y que el poder de las mayores empresas aumentó (en 1987, seis empresas controlaban el 86% de la potencia instalada, y en 1996 solo dos el 84%).

– La privatización de Endesa, iniciada en 1988 por el PSOE pero que solo dejó de ser pública diez años después con el PP, ha sido posiblemente el expolio más grande de nuestra historia reciente y, por tanto, un privilegio más para el capital eléctrico privado. Baste saber, como recuerda Palazuelos, que solo los beneficios que obtuvo de 1989 a 1991 fueron un 25% más elevados que el valor de la venta de acciones hasta ese momento.

– La llamada liberalización del mercado eléctrico que se llevó a cabo a partir de 1994 y sobre todo con la ley de 1997 fue, en realidad, la concesión de otro buen número de privilegios al oligopolio. Al quitar al sistema eléctrico el carácter de servicio público, se redujo todavía más el papel del Estado como contrapeso, para así dar más libertad de actuación a las cinco grandes compañías que controlan el sector. Y paralelamente se incentivó y ayudó a que se produjeran integraciones empresariales que permitían que estas tuvieran control de todas las fases y niveles del mercado, justo lo que se necesita para controlar cantidades de cada tecnología y precios y bloquear la entrada de competidoras.

– Esa misma reforma concedió un privilegio esencial a las eléctricas: definir la electricidad y su mercado como lo que no es para que no se pueda poner en cuestión su poder. Es decir, se creó una ficción para no tener que actuar contra las malas prácticas de las eléctricas. Se consolidó el principio completamente inaceptable de que la luz es una mercancía más, cuando es un bien de primera necesidad. Se reguló el mercado como si fuera de competencia, cuando es claramente un oligopolio donde no la hay. Y se supuso que el eléctrico podía funcionar a través de la oferta y la demanda como un mercado eficiente cuando eso no puede ocurrir no solo por la misma razón anterior, sino porque no tiene sentido económico que cada empresa replique las instalaciones o redes necesarias para producir o distribuir la electricidad y, sobre todo, porque la propia reforma había permitido que las grandes empresas fueran, al mismo tiempo, sus oferentes y demandantes.

– En 1997 se concedió otro privilegio a las eléctricas reconociéndoles unos derechos de cobro en concepto de Costes de Transición a la Competencia, como compensación por los supuestos perjuicios que les iban a suponer los cambios legales adoptados al pasar a un mercado «competitivo». Un auténtico escándalo porque, en realidad, se pasaba a la situación regulatoria que deseaban las propias eléctricas y, en ningún caso, a un mercado de esa naturaleza. Un informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) señaló que no se ofrecía ni una sola justificación para ello, que los beneficiados serían las grandes compañías Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas y los perjudicados la mayoría de las empresas españolas, los consumidores domésticos e incluso las empresas del sector eléctrico distintas de esas cinco grandes. Lo peor fue, sin embargo, que no se registraron las pérdidas previstas sino que se produjeron beneficios y esa diferencia ni siquiera se les ha reclamado a las eléctricas.

– Como expliqué en un artículo anterior (El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz), el Gobierno del Partido Socialista estableció incentivos al desarrollo a las renovables que en realidad sirvieron para reforzar la presencia del oligopolio en las nuevas tecnologías. Más tarde, cuando las eléctricas tradicionales habían tomado las posiciones en el nuevo sector, lograron que el Gobierno del PP frenase en seco su desarrollo y así aumentaron su control sobre el conjunto del mercado. Eso es lo que ha provocado que ahora no haya disponibles suficientes fuentes de electricidad de menor coste y que la luz se esté encareciendo tan extraordinariamente.

– En el año 2000, el Gobierno de Aznar reconoció un «déficit de tarifa» que se convertía en un nuevo privilegio de las eléctricas. Dicho déficit se estaría produciendo cuando los ingresos procedentes de la tarifa que pagan los consumidores fuesen menores que los costes «reconocidos» en la normativa que regula el sector. Para resarcirlo se emitió deuda y su pago se endosó a la factura final que pagamos los consumidores. Sin embargo, como ha demostrado rigurosamente Jorge Fabra, uno de los mayores expertos en nuestro sector eléctrico, ese déficit no ha estado provocado por los costes «reales» de la producción de la luz sino (además de por otras razones de menor envergadura) por la sobrerretribución de las centrales nuclear e hidráulica. Justamente como consecuencia de la mala regulación que impone el oligopolio.

– No se puede olvidar el privilegio más decisivo y conocido en los últimos tiempos en que comienza a desvelarse lo que hay detrás de la subida del precio de la luz: el llamado sistema marginalista que, como se sabe, establece para la electricidad generada por todas las fuentes el precio de la más cara en cada momento. Un sistema que, cuando se desarrolla en un mercado controlado por pocas empresas y en donde hay barreras de entrada como las que creó el frenazo a las renovables del PP, eleva necesariamente el precio en favor de las empresas que controlan la oferta y demanda mayorista.

Es muy difícil calcular el coste de todos estos privilegio. Es ingente, entre otras cosas, porque no es solo monetario y porque los anteriores no son los únicos privilegios que han tenido y tienen las empresas responsables de suministrar un bien esencial para todas empresas y hogares como es la luz. Habría que añadir otras ayudas de menor cuantía y, sobre todo, la protección adicional que les proporciona su enorme poder. Financian a muchos medios y eso les garantiza la ausencia de críticas y que no se ponga en cuestión su comportamiento. Pueden escapar fácilmente de las autoridades que supuestamente las controlan porque tienen a sueldo a quienes han sido máximos dirigentes de los partidos mayoritarios así que, cuando su control ilícito del mercado queda demostrado, solo reciben multas simbólicas, cuando las reciben. Y su enorme tamaño y poder financiero les permite disponer de una contabilidad que no refleja la realidad de su actividad en el mercado.

Y a todos ellos hay que añadir el privilegio que les proporcionan las normas y políticas europeas, un asunto que comentaré la semana próxima.

La ciudadanía debe conocer todo lo anterior para poder comprender que la presión que pueda ejercer el Gobierno de Pedro Sánchez contra estas empresas no es caprichosa. Es una presión obligada, económica y moralmente, para ir poniendo fin a una regulación de este mercado ineficiente e injusta porque produce beneficios extraordinarios a unos pocos (los de las eléctricas españolas han sido tradicionalmente los más elevados de Europa) a costa de hacer mucho daño al conjunto de la economía. Por eso hay que apoyar a este Gobierno en esta batalla. Lo sorprendente es que la patronal no defienda que se ponga fin a los sobrecostes que el oligopolio impone a las empresas, como resulta vergonzoso que quienes se definen como liberales y defensores de la competencia actúen de monaguillos de un oligopolio que contraviene todos los principios del mercado libre.

Fuente: https://juantorreslopez.com/privilegios-de-las-electricas-que-pagamos-todos-los-espanoles/

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La privatización del agua es injusta, asocial y criminal. (Si es así, los chimilicuá, patriotas o no, piquitos de oro y legisladores que intervengan para legalizarlo serán unos criminales, no? )


La privatización del agua es injusta, asocial y criminal


Novedad editorial

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

La privatización del agua es injusta, asocial y criminal – Cuaderno de Estambul (wordpress.com)

 

Los espacios de debate en el Foro Alternativo del Agua, celebrado en Estambul, se abrieron también al mundo editorial. En una de las salas tuvo lugar la presentación del libro “Agua, un derecho y no una mercancía” (Icaria, 2009), a cargo de los miembros de Ingeniería sin Fronteras llegados hasta esta ciudad. Conversamos con Jaume Delclòs coordinador de esta obra colectiva.

El libro reúne diversas cuestiones sobre el proceso de privatización del agua de los últimos tres años. Desde la celebración del último Foro Mundial del Agua (FMA), celebrado en México, muchas cosas han cambiado en relación al tema del agua, al movimiento social que pelea contra la mercantilización de la misma o, incluso, con las políticas que se siguen en distintos países.

La textos que componen la obra -explica Delclòs- se agrupan en tres bloques. Una primera parte en la que se explica por dónde van las grandes políticas a nivel internacional en relación al agua, cómo se aplican los procesos de privatización, y cuál es el momento actual de éstos habida cuenta del fracaso total y absoluto que han sufrido, fundamentalmente, en América Latina.

En efecto, incluso el Banco Mundial reconoció públicamente que aun en los momentos más agresivos de la privatización, la mayor parte de las inversiones (alrededor del 90%) continuaron llegando de los presupuestos estatales. Aunque, para corregir en lo posible ese descalabro, instituciones como la Organización Mundial del Comercio o los propios Foros Mundiales del Agua (organizados por el Consejo Mundial del Agua, corporación que defiende los intereses empresariales del sector), se encargan de poner en circulación herramientas que faciliten el desarrollo de la financiación privada en el sector del agua.

Frente a estas políticas, el movimiento social se organiza y plantea alternativas. Delclòs matiza aspectos sobre el concepto del agua como derecho humano, y sobre la gestión pública con participación y control social. Cuestiones todas ellas desbrozadas en el libro a través de varios artículos que componen lo que podría ser una segunda parte. Maude Barlow explica por ejemplo cómo a partir de miles de luchas locales por el derecho básico al agua, se ha fraguado un movimiento global muy organizado y maduro. Un movimiento que ha puesto en jaque a las instituciones globales, ha ayudado a muchos países a reformular sus políticas hídricas, y ha forzado un debate enfrentándose a los “Señores del Agua”. Ejemplo de ello han sido los repetitivos titulares de la prensa sobre este FMA, que centraron toda su atención en si el agua era, o no, un derecho humano fundamental.

Por último, Delclós incide en las propuestas alternativas, en las experiencias exitosas, en las instituciones públicas que trabajan por la universalización de un derecho cuyo único beneficio debe ser social y no económico. En palabras de Philipp Terhorst, extraidas de su texto, no se trata solamente de oponer resistencia a la mercantilización de los servicios del agua, sino de crear un espacio político a la transformación, de trabajar por el carácter público y democrático del agua. Tan importante como esta orientación no comercial es el hecho de que las comunidades locales tengan poder de gestión sobre los asuntos del agua con criterios de equidad social.

De entre los artículos de esta tercera parte, destaca el relato sobre el ejemplar desarrollo de las luchas llevadas a cabo por la Red Africana por el Agua. Ante realidades muy duras, el compromiso debe ser aún mayor. Al-Hasan Adam, coordinador de esta Red, deja bien claro que, se mire por donde se mire, “en todos los niveles de la vida -político, social, económico y cultural-, la privatización del agua es antidemocrática, antisocial y antihumana”. ¿Se puede expresar más claro?

Publicación de ISF Aragón y Catalunya
Título: “Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua”
Coordinador: Jaume Delclòs
Autores: Pedro Arrojo, José Esteban, Vicky Cann, Lluís Basteiro, Ana Gris, Eloi Badia, Maude Barlow, Philippe Terhorst, Jaume Delclòs, Adriana Marquisio, Al-Hassan Adam, Josep Centelles, Oliver Hoedman y Silvano Silvéiro.
Editorial: Icària
PVP: 16 €
Nº de páginas: 253 págs.
Fecha de publicación: Marzo de 2009