Privilegios de las eléctricas
que pagamos todos los españoles
Rebelion / España
30/09/2021
Fuentes: Ganas
de escribir
Aunque pueda
parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy
día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas
que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un
régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino
para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.
Fue entonces
cuando se fraguó un oligopolio en el que unas pocas empresas, lideradas por la
familia Oriol Urquijo y con la ayuda permanente del Gobierno, hacían y
deshacían a su antojo en el mercado. Tanto así, que la tarea de reformarlo fue
prioritaria cuando llegó la democracia, incluso para la desaparecida UCD. Aunque
bien pronto se comprobó que el cambio de régimen no había afectado al poder de
las empresas eléctricas y que estas seguían teniendo prácticamente la misma
capacidad para escribir en el Boletín Oficial del Estado que en los tiempos de
Franco. El vicepresidente Fuentes Quintana lo pudo comprobar cuando trató de
nacionalizar la red de transporte de alta tensión. Otros ministros vinculados
al oligopolio, liderados por Alberto Oliart, lo impidieron.
Más tarde, las
corrientes más a la izquierda del PSOE trataron de llevarla a cabo, pero las
medidas que adoptaron los gobiernos de Felipe González y Zapatero fueron casi
siempre las que proponían sus ministros liberales o -en el mejor de los casos-
el resultado de un equilibrio de fuerzas que al final no permitía resolver los
problemas de fondo. Los gobiernos de Aznar y Rajoy no disimularon su
servidumbre y se pusieron directamente al servicio del oligopolio, azuzados
además por la normativa neoliberal europea, igualmente contaminada por el poder
del lobby eléctrico.
El resultado de
ello es que el sector eléctrico español viene gozando de privilegios
completamente ajenos a razones de mercado o eficiencia desde hace más de 80
años, en tiempos de dictadura y de democracia.
– Cuando en
1983 se aprobó la primera moratoria a la construcción de nuevas centrales
nucleares se les concedió una compensación a sus propietarias, las empresas del
oligopolio, que en realidad fue un auténtico «rescate» con dinero público. La
compensación se llevó a cabo sin tener en consideración los costes auténticos y
fue un auténtico privilegio porque habían sido precisamente esas empresas las
que llevaban décadas sobrevalorando la demanda de electricidad para inflar el
negocio artificialmente y a base de endeudamiento, para mayor beneficio de la
banca, con cuyos consejos de administración estaban entrelazados los del
oligopolio. Las grandes empresas rescatadas no llevaron a cabo ni una sola de
las contrapartidas que les planteó el Gobierno (límite de dividendos,
saneamiento financiero o integración).
– Durante años,
las eléctricas han cobrado por «término de potencia», un concepto que se
justificaba porque era necesario para garantizar que los consumidores
dispusieran de la potencia contratada en cualquier momento que lo necesitaran.
Un privilegio porque no es cierto que ese suministro estuviera garantizado,
pues el sistema colapsaría casi con un tercio de la potencia contratada, y tal
y como han demostrado las miles de reclamaciones de los consumidores por cortes
del suministro.
– Durante años
se ha estado facturando a los consumidores un consumo de kilovatios/hora
sobrevalorado pues se ha llegado a denunciar que aproximadamente el 80% de los
contadores cometía errores en exceso.
– Durante los
años en que la tarifa eléctrica la fijaba el Gobierno, estaba establecido que
se debían cumplir una serie de trámites por parte de las compañías eléctricas,
el propio Gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, casi
nunca se cumplían, para lograr que el precio fuese lo más cercano posible a lo
demandado más o menos abiertamente por el oligopolio. A veces, los informes
preceptivos incluso llegaban después de que el Consejo de ministros hubiera
decidido el precio.
– Las compañías
eléctricas han cobrado por alquiler de contadores un determinado porcentaje de
su precio (por cierto, sobrevalorado hasta en un 50% respecto al del mercado),
una cantidad que supuestamente estaría destinada a su renovación y
actualización. Sin embargo, la falta de normativa por parte de los sucesivos
gobiernos o la suspensión de la que en algún momento se aprobó (¿por
incompetencia, olvido, complicidad…?) ha hecho que las compañías eléctricas
hayan cobrado a los españoles unos 14.000 millones de euros por prestar un
servicio que no han realizado (los datos estimados y actualizados de este
fraude aquí).
– Cuando se
acabó con el régimen de tarifa eléctrica fijado por el Gobierno y se estableció
el llamado Marco Legal Estable (1987), se suponía que el precio de la luz
debería establecerse en función de los costes reales, la demanda, la inflación
y los tipos de interés. Lo cierto fue, sin embargo, que el nuevo sistema volvió
a ser un privilegio para las empresas pues estas podían sobrevalorar sus costes
y la demanda. La consecuencia, como señala Enrique Palazuelos en su libro El
oligopolio que domina el sector eléctrico, fue que los ingresos del
oligopolio aumentaron prácticamente el doble que la demanda o la tarifa
mientras se mantuvo vigente el sistema y que el poder de las mayores empresas
aumentó (en 1987, seis empresas controlaban el 86% de la potencia instalada, y
en 1996 solo dos el 84%).
– La
privatización de Endesa, iniciada en 1988 por el PSOE pero que solo dejó de ser
pública diez años después con el PP, ha sido posiblemente el expolio más grande
de nuestra historia reciente y, por tanto, un privilegio más para el capital
eléctrico privado. Baste saber, como recuerda Palazuelos, que solo los
beneficios que obtuvo de 1989 a 1991 fueron un 25% más elevados que el valor de
la venta de acciones hasta ese momento.
– La llamada
liberalización del mercado eléctrico que se llevó a cabo a partir de 1994 y
sobre todo con la ley de 1997 fue, en realidad, la concesión de otro buen
número de privilegios al oligopolio. Al quitar al sistema eléctrico el carácter
de servicio público, se redujo todavía más el papel del Estado como contrapeso,
para así dar más libertad de actuación a las cinco grandes compañías que
controlan el sector. Y paralelamente se incentivó y ayudó a que se produjeran
integraciones empresariales que permitían que estas tuvieran control de todas
las fases y niveles del mercado, justo lo que se necesita para controlar
cantidades de cada tecnología y precios y bloquear la entrada de competidoras.
– Esa misma
reforma concedió un privilegio esencial a las eléctricas: definir la
electricidad y su mercado como lo que no es para que no se pueda poner en
cuestión su poder. Es decir, se creó una ficción para no tener que actuar
contra las malas prácticas de las eléctricas. Se consolidó el principio
completamente inaceptable de que la luz es una mercancía más, cuando es un bien
de primera necesidad. Se reguló el mercado como si fuera de competencia, cuando
es claramente un oligopolio donde no la hay. Y se supuso que el eléctrico podía
funcionar a través de la oferta y la demanda como un mercado eficiente cuando
eso no puede ocurrir no solo por la misma razón anterior, sino porque no tiene
sentido económico que cada empresa replique las instalaciones o redes
necesarias para producir o distribuir la electricidad y, sobre todo, porque la
propia reforma había permitido que las grandes empresas fueran, al mismo
tiempo, sus oferentes y demandantes.
– En 1997 se
concedió otro privilegio a las eléctricas reconociéndoles unos derechos de
cobro en concepto de Costes de Transición a la Competencia, como compensación
por los supuestos perjuicios que les iban a suponer los cambios legales
adoptados al pasar a un mercado «competitivo». Un auténtico escándalo porque,
en realidad, se pasaba a la situación regulatoria que deseaban las propias
eléctricas y, en ningún caso, a un mercado de esa naturaleza. Un informe de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) señaló que no se ofrecía ni una
sola justificación para ello, que los beneficiados serían las grandes compañías
Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas y los perjudicados
la mayoría de las empresas españolas, los consumidores domésticos e incluso las
empresas del sector eléctrico distintas de esas cinco grandes. Lo peor fue, sin
embargo, que no se registraron las pérdidas previstas sino que se produjeron
beneficios y esa diferencia ni siquiera se les ha reclamado a las eléctricas.
– Como expliqué
en un artículo anterior (El gran
engaño que hay detrás del recibo de la luz), el Gobierno del
Partido Socialista estableció incentivos al desarrollo a las renovables que en
realidad sirvieron para reforzar la presencia del oligopolio en las nuevas
tecnologías. Más tarde, cuando las eléctricas tradicionales habían tomado las
posiciones en el nuevo sector, lograron que el Gobierno del PP frenase en seco
su desarrollo y así aumentaron su control sobre el conjunto del mercado. Eso es
lo que ha provocado que ahora no haya disponibles suficientes fuentes de
electricidad de menor coste y que la luz se esté encareciendo tan
extraordinariamente.
– En el año
2000, el Gobierno de Aznar reconoció un «déficit de tarifa» que se convertía en
un nuevo privilegio de las eléctricas. Dicho déficit se estaría produciendo
cuando los ingresos procedentes de la tarifa que pagan los consumidores fuesen
menores que los costes «reconocidos» en la normativa que regula el sector. Para
resarcirlo se emitió deuda y su pago se endosó a la factura final que pagamos
los consumidores. Sin embargo, como ha demostrado
rigurosamente Jorge Fabra, uno de los mayores expertos en nuestro
sector eléctrico, ese déficit no ha estado provocado por los costes «reales» de
la producción de la luz sino (además de por otras razones de menor envergadura)
por la sobrerretribución de las centrales nuclear e hidráulica. Justamente como
consecuencia de la mala regulación que impone el oligopolio.
– No se puede
olvidar el privilegio más decisivo y conocido en los últimos tiempos en que
comienza a desvelarse lo que hay detrás de la subida del precio de la luz: el
llamado sistema marginalista que, como se sabe, establece para la electricidad
generada por todas las fuentes el precio de la más cara en cada momento. Un
sistema que, cuando se desarrolla en un mercado controlado por pocas empresas y
en donde hay barreras de entrada como las que creó el frenazo a las renovables
del PP, eleva necesariamente el precio en favor de las empresas que controlan
la oferta y demanda mayorista.
Es muy difícil
calcular el coste de todos estos privilegio. Es ingente, entre otras cosas,
porque no es solo monetario y porque los anteriores no son los únicos
privilegios que han tenido y tienen las empresas responsables de suministrar un
bien esencial para todas empresas y hogares como es la luz. Habría que añadir
otras ayudas de menor cuantía y, sobre todo, la protección adicional que les
proporciona su enorme poder. Financian a muchos medios y eso les garantiza la ausencia
de críticas y que no se ponga en cuestión su comportamiento. Pueden escapar
fácilmente de las autoridades que supuestamente las controlan porque tienen a
sueldo a quienes han sido máximos dirigentes de los partidos mayoritarios así
que, cuando su control ilícito del mercado queda demostrado, solo reciben
multas simbólicas, cuando las reciben. Y su enorme tamaño y poder financiero
les permite disponer de una contabilidad que no refleja la realidad de su
actividad en el mercado.
Y a todos ellos
hay que añadir el privilegio que les proporcionan las normas y políticas
europeas, un asunto que comentaré la semana próxima.
La ciudadanía
debe conocer todo lo anterior para poder comprender que la presión que pueda
ejercer el Gobierno de Pedro Sánchez contra estas empresas no es caprichosa. Es
una presión obligada, económica y moralmente, para ir poniendo fin a una
regulación de este mercado ineficiente e injusta porque produce beneficios
extraordinarios a unos pocos (los de las eléctricas españolas han sido tradicionalmente
los más elevados de Europa) a costa de hacer mucho daño al conjunto de la
economía. Por eso hay que apoyar a este Gobierno en esta batalla. Lo
sorprendente es que la patronal no defienda que se ponga fin a los sobrecostes
que el oligopolio impone a las empresas, como resulta vergonzoso que quienes se
definen como liberales y defensores de la competencia actúen de monaguillos de
un oligopolio que contraviene todos los principios del mercado libre.
Fuente: https://juantorreslopez.com/privilegios-de-las-electricas-que-pagamos-todos-los-espanoles/
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