¡Ay, los
impuestos! El ciudadano corriente siente muchas veces que es saqueado por el
Estado, sin reflexionar sobre lo que el Estado le devuelve. Pero también es
cierto que la complejidad del sistema fiscal no ayuda a comprenderlo. Aunque
hay algo claro: proporcionalmente, los ricos pagan menos.
Gravar la riqueza
Ricardo Rodríguez
El Viejo Topo
25 enero, 2023
En los más de
31 años que llevo ya trabajando en la Hacienda Pública española, jamás había
vivido momento de mayor divorcio entre la realidad del sistema tributario y el
debate político y periodístico acerca de impuestos que el actual. Jamás había
presenciado mayor dosis de demagogia, de irresponsabilidad y de simpleza. Nunca
se había hablado tanto y con tan poco conocimiento de causa sobre fiscalidad.
No se hacen
propuestas razonadas. Se levantan banderas en torno a las cuales aglutinar a
los partidarios y desde las cuales poder señalar a los enemigos. Todo es
propaganda, fundada en las ocurrencias que cada semana se le pasan por la
cabeza a cada quien y que se puedan ver como suficientes para una nota de
prensa vistosa.
Así es
imposible ningún debate serio acerca de un asunto que es muy serio.
Resulta
realmente muy difícil saber, por ejemplo, a qué se refería recientemente el
señor Lobato, del PSOE de la Comunidad de Madrid, cuando aludía al “patrimonio
productivo” que propone eximir de pago del Impuesto sobre Patrimonio y del de
Sucesiones y Donaciones. Imagino que no estará pensando en todo patrimonio que
no sea delictivo o que entrañe evasión fiscal. Los impuestos recaen siempre,
por su propia naturaleza, sobre riqueza legítima (entiéndase legítimamente
adquirida); la riqueza ilegítima no paga impuestos, hay que recuperarla
íntegra.
De otra parte,
si lo que se sugiere es la posibilidad de librar de todo gravamen a quienes no
trasladen sus activos a paraísos fiscales, en cierto modo lo que se les estará
ofreciendo es traer el paraíso fiscal a casa. Opción cuya ventaja para la
Hacienda Pública no queda muy clara, y a decir verdad tampoco para la economía
en general, dado que, como es sabido, la radicación en nuestro país del titular
del patrimonio –pues es la localización de la residencia del propietario la que
determina la sujeción a este impuesto- no significa necesariamente que aquí
vaya a invertir sus capitales si le es más rentable hacerlo en otro lugar, con
mayor motivo aun cuando hablamos de su patrimonio intangible (acciones, bonos y
derechos de toda índole).
Si a lo que nos
referimos es a la diferencia entre capital ocioso y capital afecto a actividad
económica, ya en la Ley estatal se había pensado en lo que ahora al señor
Lobato se le ha ocurrido. La empresa familiar está exenta de pagar Impuesto
sobre Patrimonio, y también lo están las participaciones en entidades jurídicas
que dediquen la mayor parte de su capital a actividad económica (que no sean
meras gestoras de patrimonio), siempre que la misma constituya la principal
fuente de ingresos del contribuyente. Se deja muy a propósito y en exclusiva
fuera de la exención lo que los clásicos llamaban capital rentista. La no tributación
alcanza incluso a los inmuebles arrendados, con la condición de que su alquiler
pueda ser considerado una actividad económica (para lo cual, desde el 1 de
enero de 2015, basta tener a un solo empleado a jornada completa). En el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones hay una muy lucrativa bonificación del
95%.
Un ejemplo
puede permitir que se vea a qué me refiero. Imaginémonos que heredo de mis
padres la empresa familiar, a la que se atribuye un valor neto de 200.000
euros. En el Impuesto sobre Patrimonio no pagaré absolutamente nada. En el
Impuesto sobre Sucesiones, si cumplo con el requisito de permanencia (no
venderla por un periodo que en Madrid es de 5 años), se aplicará una reducción
del 95%, de modo que irán a base liquidable solamente 10.000 euros.
Supongamos que,
aparte de la empresa y excluida también, entre otros bienes, la vivienda
habitual, mis padres son dueños de un patrimonio, si no multimillonario, sí lo
suficientemente desahogado como para que cada uno de los herederos nos llevemos
una porción valorada en aproximadamente 400.000 euros (netos, restadas deudas y
pasivo). No está del todo mal, ¿verdad?
En tal caso,
según la tarifa actualmente vigente para Sucesiones en Madrid, tributaríamos
por un tipo medio aproximado del 20%. En consecuencia, nos resultaría una cuota
íntegra por la empresa familiar de 2.000 euros. Pero, dado que entre padres e
hijos existe una bonificación en cuota del 99%, en realidad sólo pagaríamos 20
euros. 20 euros al heredar una empresa valorada en 200.000 euros por Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, nada por Impuesto sobre Patrimonio y nada por
IRPF.
Y tampoco es
cosa solo de Madrid, que se diría que únicamente tuviéramos a la señora Ayuso
en nuestros corazones. En ningún lugar de España se pagaría Patrimonio, dado
que la exención procede de la Ley estatal. En Sucesiones no se pagarían ni 20
euros en Andalucía, Galicia, Asturias, Euskadi o Castilla y León, debido a los
mínimos exentos existentes en esas regiones. En Castilla La Mancha el mínimo
exento está en 175.000 euros si no fallan mis referencias y, por encima de esa
cantidad, hay una cuantiosa reducción que empieza en el 95% y va menguando a
medida que aumenta la base.
¿Saben cuánto
pagarían por IRPF si ganaran esos 200.000 euros trabajando durante todo el año?
Pues, dependiendo de la existencia de otros ingresos, reducciones, exenciones,
situación familiar y otras circunstancias, no sería extraño que alcanzaran un
tipo medio de entre el 30 y el 35%. Y aún esto con suerte. Es decir, entre
60.000 y 70.000 euros.
Y resulta, sin
embargo, que no sólo para el señor Lobato, sino (a juzgar por la cantidad de
mensajes que he visto en redes llamando robo al Impuesto sobre Patrimonio y al
de Sucesiones) para la mayoría de la población de este país, lo que constituye
un saqueo intolerable del Estado a los ciudadanos es pagar 20 euros por una
empresa valorada en 200.000 euros que heredamos y no pagar 70.000 por haber
ganado esa misma cantidad gracias a nuestro trabajo.
La
desinformación alcanza al punto de que varias personas que conozco anduviesen
furiosas con el Impuesto sobre Sucesiones tras gestionar los trámites de una
herencia, a pesar de que en realidad nada habían pagado por Sucesiones, tributo
que confundían, lo que no es infrecuente, con el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (el IIVTNU, más conocido como
plusvalía), impuesto éste que sí resulta en muchas ocasiones a mi juicio
excesivo e injusto y que a menudo ahoga a familias humildes, por lo que habría
que plantearse en numerosos supuestos una rebaja considerable o al menos un
diferimiento al momento en que de verdad se obtenga aprovechamiento económico.
De tal modo que tenemos a ciudadanos modestos manifestándose contra un impuesto
que jamás pagarán y sin rechistar por otro que sí les va a golpear con dureza
cuando reciban las exiguas herencias que les correspondan de sus progenitores.
Así es la vida.
Los liberales
clásicos (los verdaderos liberales, aquellos que, a diferencia de los
indocumentados que en la actualidad se tienen a sí mismos por tales, reclamaban
una sociedad fundada en el mérito y el esfuerzo) albergaban exactamente la
opinión contraria a la hoy dominante. John Stuart Mill consideraba que el
Estado no tenía derecho a quedarse con una parte del fruto del trabajo de los
ciudadanos pero que sí debía gravarse muy severamente la riqueza que fuese
consecuencia de la “benevolencia de los demás”, es decir, toda aquella riqueza
que fuese heredada o procediera de una donación. A él debemos la distinción
clásica entre rentas fundadas (basadas en el fundo o propiedad) y rentas
ganadas (gracias a nuestro trabajo), las primeras de las cuales habían de ser
objeto de una imposición mayor y no menor. Locke, más atento al interés
primordial de su clase, entendía que, puesto que la función esencial del Estado
era la de proteger la propiedad, eran los propietarios los que debían
sostenerlo fiscalmente. Adam Smith creía que no resultaba razonable que nadie
pudiera disponer de su riqueza más allá de su propia vida, argumento que venía
a impugnar el mismo derecho de herencia.
Una alegación
usual contra la imposición al patrimonio es que por la riqueza por la que
tributamos en este impuesto ya habíamos pagado al adquirirla. Pero esto es algo
que sucede en multitud de ocasiones más sin que por lo visto nos llame la
atención. Cuando compramos una bicicleta, pagamos su precio con un dinero por
el que habíamos tributado al ganarlo, y aún así volvemos a tributar por un
impuesto indirecto, el IVA. Si echamos gasolina al coche, igualmente usaremos
un dinero por el que ya habíamos tributado, volveremos a tributar (por el
Impuesto sobre Hidrocarburos) y este segundo impuesto será incluso base
imponible de un tercero, el IVA. Aún más: al cobrar mi sueldo, pago un impuesto
por un dinero por el que el empresario que me contrata ya había pagado cuando
lo ganó; al comprar la bicicleta pago un impuesto indirecto y el vendedor
deberá pagar un impuesto directo por el beneficio que obtiene; si la tienda de
bicicletas está a nombre de una sociedad, el vendedor volverá a pagar renta al
repartir beneficio, y aún volverá a pagar otra vez más si el sábado se regala
el gusto de cenar con su familia fuera de casa. Y vuelta a empezar.
No hay doble ni
triple ni cuádruple imposición, porque el hecho imponible (esto es, la
manifestación de capacidad económica o de pago que se grava) es diferente cada
vez, aunque por el mismo capital u objeto de imposición se tribute muchas
veces. Pero no es el capital o la riqueza la que paga impuestos; somos las
personas las que pagamos por la capacidad económica que adquirimos. De otro
modo sería imposible la subsistencia del sector público en una sociedad de
producción y circulación de bienes y servicios.
Cabría proponer
que existiera un único impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y hay
teóricos que lo han sugerido. Pero, en la práctica, como la realidad no es
perfecta, ningún impuesto en ningún país del mundo capta todas las afluencias
de renta, aparte de que el sostenimiento del Estado, incluso en su versión más
raquítica, sería difícil con una sola fuente de ingresos tributarios; no
digamos ya si encima queremos que se cubran servicios como la educación, la
sanidad, el transporte o las infraestructuras de comunicación y otras. Por eso,
la teoría clásica de la Hacienda Pública estructura la imposición sobre cuatro
manifestaciones de capacidad económica: la renta, el patrimonio, el consumo y
el tráfico. Se solía decir que lo ideal sería una distribución equivalente
entre todas ellas. En cambio, recurriendo a argumentos cada vez más
sofisticadamente tramposos, la tendencia invariable de los últimos lustros ha
sido la de concentrar casi la totalidad de la carga tributaria sobre la renta
del trabajo y sobre el consumo. ¡Y los trabajadores nos lo hemos tragado con la
mayor de las inocencias!
Hay una
fundamentación clásica de la imposición al patrimonio elaborada en los años 70
del pasado siglo por el economista Lester Thurow. La idea es que el impuesto
sobre el patrimonio (o sobre la riqueza, si preferimos llamarlo así) permite
recobrar por un lado parte de la tributación eludida por los rendimientos de
capital y, por otro, compensa la desigualdad de trato que, en detrimento de las
rentas más bajas, generan los impuestos al consumo. Con lo que cumple una
función esencial en el logro de una mayor equidad y justicia económica, acerca
de la cual Thurow aportó reflexiones de mucho interés en un artículo de 1973.[i]
Hay otras
razones de no menor peso que aconsejan su establecimiento. Evidentemente, no
dispone de la misma capacidad de pago quien gana 20.000 euros al año, pero
dispone de 30 millones ahorrados en el banco, que quien gana la misma cantidad
pero tiene su cuenta bancaria en números rojos. Ello ofrece al primero la
oportunidad de un mayor ahorro sobre sus ingresos corrientes y de la obtención
ulterior de rendimientos de capital sobre el ahorro nuevo. El impuesto sobre
patrimonio grava esa capacidad de pago residual y adicional, ciertamente que a
tipos muy bajos, porque se trata de no castigar el ahorro pero también
estimular que el capital acumulado se destine, al menos en parte, a inversión o
a consumo que genere nueva actividad económica. Y ésta es otra de sus
funciones, el incentivo para la movilización del capital ocioso, y lo que
explica que aquella parte del patrimonio que se invierte en actividad quede
eximida de tributación.
Finalmente, hay
una función del tributo no recaudatoria pero de mucha importancia, que es la de
censar la riqueza, herramienta clave para controlar en la renta de los grandes
patrimonios las fuentes de ingresos.
Todas estas
funciones de la tributación sobre el patrimonio fueron elaboradas durante
décadas en los sistemas tributarios europeos y llegaron a ser más o menos
aceptadas por la mayor parte de la doctrina. Que hayamos oído hablar tantas
veces de doble imposición referida al Impuesto sobre Patrimonio y al de
Sucesiones y no al IVA y los Impuestos Especiales se debe a un único motivo
real: a que los primeros son impuestos que pagan los dueños de grandes fortunas
y los segundos los pagamos todos. Y los grandes propietarios, hoy como siempre,
disponen de muchos más medios que la mayoría de la gente para difundir las
ideas que convienen a sus intereses. Eso explica también las feroces campañas
contra la imposición patrimonial desarrolladas en todas partes desde los años
90, la complicidad en tales campañas de la mayoría del mundo académico y de los
grandes despachos de asesoría fiscal, y que en tantos países se lograra que
fuesen eliminados los gravámenes a la riqueza.
Sin embargo, la
crisis económica, primero, y la catástrofe de la pandemia, después, ha hecho
que instituciones tan poco sospechosas como la OCDE y un número aún escaso pero
creciente de economistas se estén planteando su recuperación. Resulta, a
propósito de economistas, muy reveladora la lectura de la argumentación a favor
del Impuesto sobre Patrimonio del economista Thomas Piketty[ii],
célebre referencia actual de la izquierda, para percatarse de que se trata casi
de una reproducción de la que expuso, en una sesión del Congreso de octubre de
1977, el ministro Francisco Fernández Ordóñez en nombre de un gobierno de
centro derecha[iii].
Lo que nos permite medir la dimensión asombrosa alcanzada por el deslizamiento
político de las ideas económicas a lo largo del tiempo.
En todo caso,
existen motivos de fondo, y muy sólidos, para al menos proponer a la sociedad
el debate de la recuperación de la imposición al patrimonio (o a la riqueza),
sin que nadie se rasgue las vestiduras y sin necesidad también de acudir a un
lenguaje superficialmente radical sobre los ricos y los pobres que más que del
marxismo parece sacado de una película de Robin Hood. No se trata ni de un acto
de desagravio ni de pedir un donativo por dos años. La palabra clave es
justicia, que es además la que tiene amparo en nuestra Constitución.
Y también hay
que hacer las reformas con el suficiente sosiego como para que no se derrumben
dentro de dos o tres o cinco años en los tribunales. La reforma del sistema
tributario no se hace a golpe de titular de prensa, porque así sólo nacen
creaciones frágiles y perfectamente ineficaces, de las que ya llevamos unas
cuantas amontonadas, o se pierde por un cabo lo que se gana por otro, y más. Si
figuras tributarias de esta naturaleza son jurídicamente endebles, cuando se
anulen habrá que devolver un dineral a una minoría de multimillonarios con,
como mínimo a día de hoy, un 4,06% de interés de demora. Se trata de crear una
imposición sólida y estructural a la riqueza, no de tener la oportunidad de
presumir de haberla creado en campaña electoral. Trabajamos con la aportación
al fondo común de toda la sociedad. Algo que para mí, que llevo haciéndolo toda
mi vida profesional, ha sido siempre sagrado. Y que exijo que también lo sea
para cuantas personas gestionan recursos públicos
En mi opinión,
en alguna otra ocasión lo he dicho, el ya célebre Impuesto Temporal de
Solidaridad de las Grandes Fortunas es, en el mejor de los casos, jurídicamente
cuestionable.
La razón no es
difícil de entender ni larga de explicar.
El punto
primero del artículo 157 de la Constitución establece los recursos con los que
se habrán de financiar las Comunidades Autónomas. El primero de todos alude a
los impuestos estatales cedidos, el recargo autonómico sobre tributos del
Estado y cualquier otra forma de participación en ingresos estatales. La Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que es no sólo
una ley orgánica, con la trascendencia que esto tiene en la jerarquía normativa
de nuestro ordenamiento jurídico, sino una ley orgánica del llamado bloque
legislativo constitucional (esto es, una ley que desarrolla un aspecto de la
Constitución por mandato de la propia Constitución) define lo que es un
impuesto cedido. Y no es un impuesto que se entregue a las Comunidades y con el
que éstas puedan hacer lo que les venga en gana, sino un impuesto de creación y
regulación estatal cuyo producto (cuya recaudación) se cede en todo o en parte
a las Comunidades. El Impuesto sobre Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones
y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados siguen
siendo tributos del sistema estatal y corresponde al Estado su regulación
básica. También la LOFCA dice que el Estado puede ceder, o no, facultades
normativas. La propia LOFCA incorpora un listado de los impuestos del Estado
que pueden ser objeto de cesión y deja a una ley ordinaria su determinación
concreta. La Ley de Financiación actualmente en vigor es la 22/2009, que,
respecto del Impuesto sobre Patrimonio, prevé la cesión a las Comunidades de
régimen común de facultades normativas acerca del mínimo exento, tipos y
deducciones y bonificaciones en cuota, sin más restricción que respetar las que
ya vengan previstas en la Ley del Estado.
Tan generosa
concesión supone un auténtico disparate económico. Es discutible si ha de
existir o no un Impuesto sobre Patrimonio, pero dejar que cada región haga lo
que quiera con el que existe sólo se le puede ocurrir a un imbécil o a alguien
que haya buscado de forma deliberada la destrucción del tributo. De todos los
del sistema tributario, es el impuesto que con más facilidad posibilita la
deslocalización de bases y el abuso de esa deslocalización por los grandes
patrimonios en perjuicio de la mayoría de la población. Porque son los
titulares de grandes patrimonios los que más posibilidades tienen de trasladar
su domicilio manteniendo la dirección de sus intereses económicos desde el
lugar que fiscalmente les sea más lucrativo, con lo que pueden incluso forzar,
y lo han hecho, una vergonzosa subasta fiscal a la baja de las Administraciones
Públicas.
Pero es lo que
hay en la ley hoy vigente. Y, cuando la Comunidad de Madrid o la de Andalucía
bonifican la cuota del Impuesto en un 100% están ejerciendo legítimamente una
facultad normativa que les otorga una Ley del Estado.
Lo que puede
ser corregido de dos formas sencillas y directas. La primera, modificando la
Ley de financiación autonómica y retirando esa facultad normativa a las
Comunidades o estableciendo unos mínimos de tributación, según propuso el comité
de expertos (aprovechemos la oportunidad para suplicar a nuestros gobernantes
que no sigan gastándose el dinero de los contribuyentes en concienzudos y
extensos informes de expertos para luego guardarlos en un cajón). La segunda,
crear un nuevo Impuesto sobre Patrimonio que recaude el Estado, siempre que se
elimine el actualmente en vigor y se compense a las Comunidades con lo
recaudado del nuevo tributo por la pérdida de ingresos del tributo que se
suprime.
Lo que se ha
hecho, empero, es mantener la facultad normativa autonómica al tiempo que se
crea un nuevo Impuesto sobre Patrimonio (llámenlo ustedes Impuesto a las
Grandes Fortunas o Impuesto Prodigioso Contra los Grandes Capitalistas y por la
Justicia Universal si les da la gana, pero si grava el valor neto del
patrimonio de las personas físicas es un impuesto sobre patrimonio), sin anular
el ya existente y con el fin de que el Estado pueda recaudar lo que las
Comunidades que lo han decidido no cobran. Se está incurriendo, ahora sí, en
doble imposición de libro, porque el hecho imponible es idéntico. La
triquiñuela de fragmentar el hecho imponible por la cuantía -3 millones de
euros- no creo que la compre ningún juez. Lo cual no se resuelve con la opción
de deducir de uno lo que se tributa por otro, dado que ambos impuestos,
pertenecientes al mismo sistema tributario estatal, existen y se devengan. La
bonificación es un hecho posterior al devengo que por cierto no elimina todas
las obligaciones tributarias. Así, según ordena la ley estatal y aunque no deban
pagar por virtud de la bonificación regional en Madrid y Andalucía, sí que han
de declarar los titulares de patrimonios superiores a 2 millones de euros. Con
lo que siquiera la función de censo de riqueza y control de fuente de ingresos
se conserva. De otra parte, el Estado está desactivando con un impuesto
duplicado el efecto económico del ejercicio de una facultad normativa que el
propio Estado concede a las Comunidades en una Ley no derogada. Con lo que, de
modo muy evidente, se están vulnerando competencias autonómicas.
Crean que me
alegraría equivocarme y que lo reconoceré encantado si, llegado el momento,
fuera así. Pero mi pronóstico es que este impuesto será anulado por el Tribunal
Constitucional o por el Supremo (no soy un experto en esta materia y me caben
algunas dudas sobre la competencia de revisión).
No entraré en
las razones políticas, que puedo imaginarme, para haber hecho así las cosas.
Seguro que han sido muy de peso y se han evaluado riesgos. Mi opinión sincera,
y desengañada, es que de nuevo, por dar más importancia al envoltorio que al
contenido, se ha perdido la oportunidad histórica de recuperar una herramienta
esencial para la justicia social.
Una vez más,
insisto: vístanse despacio, que tenemos prisa.
Notas:
[i] Lester THUROW, “Hacia una definición de justicia económica”. The
Public Interest Nº 31, Primavera de 1973
[ii] Por ejemplo, en Capital e ideología (Ediciones
Deusto, Barcelona, 2019), páginas 1155-1159.
[iii] “Sesión Plenaria número 13, celebrada el martes 25 de octubre de
1977”. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados.
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