La
Salud y la Sanidad Pública antes que los gastos militares
KAOSENLARED
25 de enero de
2023
Para
garantizar la atención de toda la población, es necesario continuar la presión
de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de ¡más
inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares!
El gasto militar de los
tres últimos presupuestos, coincidentes con “el gobierno más progresista de la
historia”, derivado de la potenciación de la participación en la OTAN y su
implicación en la guerra de Ucrania, lleva a la conclusión de que “el Estado
español gastará en 2023 más de 48.800 millones de euros en gasto militar, una
cantidad escandalosa cuya finalidad es más escandalosa todavía, distribuida (y
escondida) en los PGE y que aparece dispersa en distintos ministerios, así como
en el sobregasto extrapresupuestario del fondo de contingencia y en los
créditos extraordinarios”. (Referencia 1)
El presupuesto del
Ministerio de Defensa se incrementa un 26,31 % con el objetivo de alcanzar el 2
% del PIB que exige la OTAN. Pedro Sánchez se comprometió tras la Cumbre de la
OTAN en Madrid en junio de 2022 a alcanzar este objetivo, previsto para 2029, pero
la realidad es que el gasto militar en estos presupuestos de 2023 ya superará
sobradamente el tan manido 2 % del PIB. (Referencia 2)
Frente a ello, la inversión
sanitaria y en salud pública no levanta cabeza. Cuando empezó a verse la luz al
final del túnel para después de la pandemia, todo eran promesas y buenos
propósitos para la Sanidad Pública, que se concretaron en el Dictamen de la
Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que recogía numerosas, y en
general positivas, propuestas para reforzar el sistema sanitario público.
No obstante, ya en 2021 se
pudo ver que la realidad iba por otro camino, y que las actuaciones prácticas
de los Gobiernos Central y Autonómicos no respondían con hechos concretos a
este supuesto interés por reforzar la Sanidad Pública, lo que pudo comprobarse,
por ejemplo, en el bajo porcentaje de fondos provenientes del Plan de
Resiliencia que se dedicaba a la Sanidad, y los escasos incrementos
presupuestarios de las CCAA y del Gobierno Central al respecto.
En 2022 se ha continuado en
la misma línea, unos presupuestos sanitarios con mejoras muy modestas que en
modo alguno abordaban las necesidades de atención sanitaria de la población, lo
que claramente vuelve a plantearse para 2023. Esta insuficiencia presupuestaria
explica en gran parte el resto de problemas del sistema sanitario, con un
deterioro continuado, y cada vez mayor de la Atención Primaria (demoras para
citas de 8,8 días de promedio, predominio de la atención telefónica, etc.),
Hospitales con pocas camas y recursos infrautilizados (según el último
barómetro de listas de espera, en el primer semestre de 2022 se realizaron
24.412 intervenciones quirúrgicas menos que en el mismo periodo de 2019).
Mientras tanto, continúa el
aumento de la privatización del sistema sanitario, especialmente en algunas
Comunidades Autónomas, lo que aumenta los costes de la atención sanitaria y
detrae más fondos a los centros de gestión pública, así como un gasto
farmacéutico muy elevado (aumento del 6,9% en farmacia hospitalaria y 7,3% en
recetas en 2021).
Tampoco se han resuelto las
necesidades de personal de los centros sanitarios, con una política de Recursos
Humanos que penaliza a los profesionales y que ha hecho de las bajas
retribuciones y la precariedad su característica fundamental. Todos estos
hechos nos llevan a una situación muy preocupante para la Sanidad Pública y a
la búsqueda de una parte de la población, la que económicamente puede
permitírselo, de alternativas en el sector privado a la desatención de sus
problemas de salud, lo que fomenta la inequidad y quiebra del derecho
constitucional a la protección de la salud.
Ante todo lo anterior, se
está generando una cada vez más amplia respuesta social y profesional con la
reivindicación de una Sanidad Pública Universal, Accesible y de Calidad, como
sus características fundamentales. Por ello, más allá de promesas vanas,
debemos exigir un compromiso tangible de las administraciones públicas a nivel
central y autonómico para garantizar la atención necesaria para toda la
población, y para ello es necesario continuar la presión de la sociedad y del
personal sanitario, uniendo además la reclamación de otra política bajo la
consigna de ¡más inversiones sanitarias
y sociales, menos gastos militares!.
Pero para
conseguirlo, sin duda, debemos movilizarnos también para que el Gobierno
PSOE-UP abandone la vía militar en el conflicto de Ucrania optando
por la vía del diálogo, la negociación y la paz. Debemos abogar por construir una coalición de amplia base, lo más
transversal posible, en favor de la paz y frente a la guerra de Ucrania y sus consecuencias que
ya han empezado a sentirse con toda crudeza en el Estado español y en todos los
países del mundo, entre otras, inflación galopante, incremento del paro,
pérdida de poder adquisitivo, presupuestos de guerra, deterioro significativo
de la sanidad, la educación y del resto de los servicios públicos, subidas de
las hipotecas, mayor número de desahucios, graves daños en el medio ambiente,
movimientos migratorios incontrolados, supresión de derechos y libertades
democráticas y auge del fascismo.
Publicado
por solicitud de su autor Arturo Borges Álamo y con autorización de la fuente
original Hojas de Debate La Salud y la Sanidad Pública antes
que los gastos militares – Hojas de Debate (hojasdebate.es)
Imagen proporcionada por
Hojas de debate
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