miércoles, 14 de diciembre de 2022

RUSIA. Informe del Ministerio de Defensa sobre las últimas horas en el frente de Ucrania

 

RUSIA. Informe del Ministerio de Defensa sobre las últimas horas en el frente de Ucrania

 

INSURGENTE.ORG / 13 diciembre 2022



 El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ofreció su informe sobre el progreso de la operación militar especial en el territorio de Ucrania, y dio a conocer que más de 40 militares, mercenarios extranjeros y ultranacionalistas ucranianos fueron neutralizados, y dos blindados y cuatro vehículos bélicos suyos destruidos, en la dirección de Kupiansk.

Mientras en la dirección Krasno-Limanski, el fuego de la artillería y de los lanzacohetes pesados ​​detuvieron los contraataques de tres grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los asentamientos de Terny y Yampolovka de la República Popular de Donetsk, donde las pérdidas del enemigo ascendieron a más de 50 soldados entre muertos y heridos, mientras dos vehículos de combate de infantería, un vehículo blindado y tres camionetas fueron destruidas.

En la dirección a Donetsk, continúan las operaciones ofensivas de las tropas rusas que repelieron tres contraataques enemigos durante el día, y abatieron a más de 30 militares ucranianos y destruyeron a cuatro vehículos blindados de combate y tres camionetas.

En la dirección del sur de Donetsk, las pérdidas enemigas ascendieron a 50 militares ucranianos, tres vehículos blindados de combate y tres camionetas.

Por su parte, la aviación táctica y las fuerzas de misiles y artillería alcanzaron siete puestos de mando, 86 unidades de artillería en posiciones de fuego y 172 sitios de personal y equipo militar.

Asimismo, un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido cerca del pueblo de Konstantinovka en la República Popular de Donetsk, así como una batería de los sistemas de lanzacohetes.

A su vez, los sistemas de defensa aérea derribaron dos drones y tres misiles HIMARS y HARM de fabricación estadounidense, en la región de Jerson

sana

*++

U.E. El escándalo de corrupción no se detiene: Marruecos también pagó a eurodiputados

 

U.E. El escándalo de corrupción no se detiene: Marruecos también pagó a eurodiputados

 

INSURGENTE.ORG / 14 diciembre 2022

 


No es solo la dictadura de Qatar, también la de Marruecos participa de escándalo de corrupción que sacude el putrefacto Parlamento Europeo, según documentos de la investigación a los que afirma haber tenido acceso el semanario alemán “Der Spiegel”.

Según publica el semanario en su edición digital, se acusa al ex europarlamentario italiano Pier Antonio Panzeri de haber recibido sobornos tanto de Qatar como de Marruecos a cambio de influir en las decisiones políticas en el Parlamento Europeo.

De acuerdo con los investigadores belgas, dos familiares de Panzeri ayudaron al exeurodiputado socialdemócrata a transportar “regalos” que les entregaron en un país de Europa del este el embajador de Rabat en ese Estado.

Panzeri, detenido la semana pasada junto con la exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kailí, el compañero sentimental de ésta y un cuarto individuo que no ha sido identificado, mantuvo vínculos con Marruecos en sus tiempos como eurodiputado, entre 2004 y 2019.

 *++

Tener siempre presente el capitalismo

 


Tener siempre presente el capitalismo


 Por Miquel Amorós

KAOSENLARED

14 de diciembre de 2022 


al hablar de crisis ecológica

Las sociedades altamente tecnificadas y financiarizadas, donde imperan las condiciones posmodernas de producción y consumo -donde la economía funciona gracias al endeudamiento, el despilfarro y la acumulación de residuos- llevan tiempo en una fase crítica de rendimientos decrecientes. Eso significa que han de proseguir a mayor velocidad su lógica depredadora, sometiendo a las exigencias de la economía tanto la población asalariada como el territorio, con el fin de llegar a niveles de crecimiento capaces de compensar la bajada ganancial. La carrera de la productividad ocasionada por las dificultades de la acumulación capitalista está perturbando seriamente el planeta, deteriorando los ciclos biológicos naturales y agravando las condiciones de supervivencia de la población. Ahora mismo, la destrucción del territorio es superior a su capacidad de recuperación. La mercantilización del medio implica su devastadora artifialización. La crisis ecológica -hoy publicitada como calentamiento global o cambio climático- no es más que la punta del iceberg de una crisis múltiple que abarca todas las esferas de la actividad humana y que anuncia a medio plazo lo que algunos mamporreros del Estado llaman colapso, más bien un punto de inflexión a raíz del cual el sistema se degradará de manera irreversible. Dada la incompatibilidad absoluta entre una sociedad equilibrada y horizontal con otra desarrollista y jerarquizada, o si se quiere, entre una civilización industrial con un medio ambiente saludable, o en fin, entre el beneficio privado con la vida, la dinámica del desarrollismo, aunque sea calificada de “sostenible”, no hará más que agudizar las innumerables contradicciones que siguen aflorando y profundizando las crisis. Al inflar globos crediticios, acentuar la explotación de recursos, alcanzar “picos” de todo, contaminar a discreción y dilapidar energía, la humanidad entera se verá abocada inevitablemente a sufrir las consecuencias. Las agujeros financieros, parálisis institucionales y alteraciones ambientales peligrosas, en compañía de escasez de alimentos, epidemias y descomposición social, serán nuestro pan cotidiano. No hace falta mirarse en el espejo de las guerras actuales para saber que nos acercamos a un escenario de derrumbe sistémico que subraya la entrada en una época dura, de mucha más difícil adaptación, que comportará retrocesos hacia situaciones insoportables, desequilibrios agravados y crisis exacerbadas.

Un lenguaje apocalíptico ha surgido en los aspirantes a dirigentes para conjurar con palabras lo que no puede arreglarse con hechos. Crecer es acumular capital, es decir, convertir cada vez más cosas -los productos, la tierra, el ocio- en dinero. Por encima de las retóricas declaraciones de alarma, el sistema ha de seguir creciendo -acumulando- para escapar a sus crisis, pero el crecimiento no hace más que acentuarlas. Por ejemplo, en el campo ecológico, ¿Cómo crecer sin contaminar? El cambio del mix energético es la solución según los expertos intergubernamentales. El capital siempre busca la salida en la tecnología ¿Cómo se podría reducir la emisión de gases de efecto invernadero, los principales responsables del calentamiento global? Los asesores de los gobiernos aconsejan disminuir progresivamente la dependencia de la energía fósil mediante el recurso a la energía renovable industrial, íntimamente asociada a la fósil. La propuesta coincide con la de los ejecutivos de las empresas que promueven un capitalismo global “descarbonizado”. Desde la Cumbre de la Tierra (Johannesburg, 2002) han surgido lobbies transnacionales que apuestan por una “Nueva Economía Climática” producto de una “tercera revolución industrial”, o sea, de la digitalización, de la que la “transición energética” no sería más que el primer peldaño. Hace tiempo ya que las finanzas se aventuran por los negocios “ecológicos” y digitales como por ejemplo, los inmuebles “inteligentes”, los techos de paneles solares, el alumbrado LED, los coches y patinetes eléctricos, las pilas de hidrógeno, las subastas de energía o los mercados de emisiones. Y entre tanto, se piensa en tasas, peajes, acciones y bonos “verdes”, se calculan puestos de trabajo “verdes” y se promociona un consumismo alternativo “inserto en la matriz del Internet de las cosas”. Se trata de un capitalismo “verde” 5G que -alentado por el precio cada vez más bajo de las energías renovables y el cada vez mayor precio de las fósiles y de la electricidad- se está expandiendo y promete multiplicarse mediante la creación de una “red eléctrica inteligente” a escala internacional. Para un sector de la clase dirigente, el viraje hacia el ecologismo de mercado gracias a una “transición realista” que incluya al gas y el uranio en el paquete, o dicho de otro modo, el salto hiperdesarrollista en la línea de lo que llaman “sostenibilidad” y no lo es, significa una oportunidad para cambiar el mundo sin que nada cambie, es decir, conservando intactas las estructuras políticas y económicas actuales, y por consiguiente, no afectando un ápice los intereses creados que están tras ellas. Cabe decir que otros sectores, negacionistas, sin poner puertas al negocio, se inclinan más por el enroque nacionalista, el autoritarismo puro y la carrera armamentista.

Si consideramos el estado nefasto de las cosas desde su vertiente política, un número considerable de ejecutivos, consejeros y políticos proponen un “Nuevo Pacto Verde” entre las multinacionales, los gobiernos y “la parte social” (partidos, sindicatos y ONGs) que pase por la declaración de un estado de emergencia climática. Se trata de una amplia operación disciplinaria destinada a mantener bajo control suave a la población, -que no descarta los toques de queda, confinamientos y demás- preparándola para afrontar las medidas de austeridad que decretarán los gobiernos para “descarbonizar” o más bien desmantelar “el estado de bienestar” de las clases medias cuando este ya no pueda conservarse. Por ejemplo, restricciones del transporte, del suministro eléctrico y del agua; racionamiento del combustible, del azúcar, de la carne y de los productos lácteos; subida general de precios, etc.. De hecho equivaldría a la entronización de una economía de excepción sin más objetivo que el de renovar en condiciones extremadamente alteradas de supervivencia el complejo industrial y el Estado político que asegura su dominio. Los políticos prefieren hablar de resiliencia, esa arma de adaptación masiva a todos los sacrificios que impone lo que llaman “progreso”. No obstante, está por ver si esa clase de disposiciones remontará los obstáculos que presentarán tanto la naturaleza del sistema -hijo de los hidrocarburos y de la servidumbre voluntaria- como los mecanismos de bloqueo propios de su complejidad estructural y las averías del control social, más allá de la construcción en sus márgenes de economías tuteladas de tipo cooperativo destinadas a “reducir el coste humano del colapso”, o mejor, a neutralizar el potencial explosivo de la exclusión social.

La orquestación mediática y política de las protestas adolescentes políticamente correctas contra el cambio climático apenas disimula los albores de un periodo tardío del capitalismo caracterizado tanto por el carácter eminentemente destructivo de sus fuerzas productivas, como por su dificultad en crecer lo suficiente para pagar deudas, pensiones y salarios, crear empleos, mantener una enorme burocracia y fomentar la “electrificación” total del transporte, la agricultura y la industria. Los dirigentes  aplauden las demandas que los jóvenes manifestantes les dirigen de forma pacífica y festiva, pues no cuestionan nada ni a nadie, como si el conflicto social o incluso los desobedientes botellones cañeros no existieran. Así pues, no faltará quien trate de aprovechar la coyuntura, propicia al alarmismo, para montar una intermediación “verde” a través de “observatorios” subvencionados y de esta forma llevar a cabo una “política de mayorías” con argumentos catastrofistas. Eso es más una maniobra de legitimación del capitalismo “verde” que cualquier otra cosa. Para esa especie oportunista, el Estado sería el instrumento ideal de la transición económico-energética que impulsan las mismísimas multinacionales del petróleo, del gas y de la electricidad. Aprovechar la nueva corriente transicionista del capitalismo global -manifiesta en el New Green Deal, en los Acuerdos de París, en los trabajos del GIEC, la Agenda 2030 o en la oferta creciente de productos financieros verdes- para convertirse en su adalid parlamentario, sería como “marcar un gol en campo contrario”. ¿Contrario a qué y a quién? Nos preguntamos. Como era de esperar, la “nueva” izquierda que se asoma tras especulaciones electoralistas, discursos decrecentistas y desfiles festivaleros, se confunde con la vieja “izquierda” en su defensa del capitalismo y del Estado. Esta resulta bastante transparente en lo que respecta al crecimiento a toda costa y al consumo dilapidador. Como muestra, el botón de sus políticas de “desarrollo”, sus planes de remodelación de las metrópolis y sus proyectos de ordenación del territorio. Cuando la economía se sirve de la política, el Estado se funde con el Capital. Se puede decir, al menos desde que la burguesía tomó el poder, que los Estados fueron concebidos para ello y que esa es su verdadera tarea, por más que para los autoproclamados “demócratas ecosocialistas” esta consista mejor en maquillar de verde democrático la explotación capitalista.

No existe una verdadera reacción popular, pero se la teme, ya que los antagonismos entre dirigentes y dirigidos no se han esfumado, y se procura que ninguna nimiedad -una burbuja inmobiliaria, una subida de precios, un problema de abastecimiento, una catástrofe natural, la retirada de un subsidio, un acto brutal de las fuerzas del orden, etc.- la desencadene. El sistema termo-industrial está globalizado, así que los desperfectos en una zona concreta pueden repercutir en todo el conjunto. Esa es la fragilidad de su enorme poderío. La decisión ha de seguir residiendo en la cúspide jerárquica, por lo que se procurará impedir la aparición de espacios autónomos donde pueda darse una discusión libre y crearse un movimiento auto-organizado consciente de la incompatibilidad entre el Estado y la protección del entorno; un movimiento al tanto de la oposición irresoluble entre el desarrollo capitalista y la auténtica sostenibilidad, entre la acumulación y la igualdad; consciente además de la contradicción entre las economías “circulares” dentro del mercado y la ocupación de zonas resistentes fuera de la economía, diestras en la autodefensa, donde se puedan esbozar modelos sociales de cooperación igualitarios, solidarios y no industriales. En fin, donde nazcan prácticas a través de las cuales recobren los individuos la decisión sobre todo lo concerniente a su existencia, a su modo de vida y al tipo de sociedad que deseen. “No hay tiempo para eso”, dicen los ecociudadanistas extintores de la rebelión. Sí que lo hay, parece, para fomentar una protesta cautiva, inofensiva y superficial basada en la movilización espectacular, en la cooptación remunerada de personalidades llamense “independientes” y en el aislamiento de los radicales o “puristas”. La finalidad última de tanto discurso supervivencial, tanto politiqueo barato y tanta maniobra publicitaria no es otra que ejercer de puntal extra del Estado del capital. Ese Estado es el asidero de los partidos que intentan ser la expresión política de las clases medias acobardadas por las crisis bajo el capitalismo tardío.

La escasez de respuestas populares a las crisis, o lo que es lo mismo, la inexistencia de un sujeto social, histórico, -de una clase realmente antagónica- es explicable por el sencillo hecho de que la mayoría de la población es rehén de la economía, depende completamente de ella y por lo tanto, es prisionera de sus exigencias. Su imaginario y todos sus momentos vitales han sido colonizados por el capital. Bajo una lluvia de información sesgada y una incomunicación embrutecedora, no puede pensar en otra cosa que no sea su quehacer diario. En Europa, no quedan grupos tradicionales al margen como, por ejemplo, en América, capaces de constituir una alternativa radical al sistema. El despegue capitalista se produjo gracias a la destrucción de lo que Rosa Luxemburg denominaba “economía natural” y E. P. Thompson “economía moral”. Por otro lado, en la sociedad de consumo europea la clase mayoritaria no es el proletariado de la industria, muy reducido, ni el precariado, sin apenas medios de defensa, sino la clase media asalariada ligada al sector terciario no productivo: profesionales, funcionarios y empleados principalmente. Dicha clase es el pilar mayor del consumismo y la base social del parlamentarismo y de la partitocracia. No se considera antisistema ni enemiga del Estado, por más que las crisis hayan reducido sus efectivos y que la tercera parte de ellos admita encontrarse en una posición difícil. Llegado el caso, escoge la transacción frente a la intransigencia, la seguridad frente a la libertad, la obediencia frente a la revuelta. A pesar de la desvalorización de sus titulaciones, de la presión de las hipotecas y de la supresión de los puestos de trabajo que les correspondían, conserva su mentalidad burguesa y sus aspiraciones de ascenso, que ha sabido transmitir a su entorno. Su confianza en los gobiernos no se ha esfumado aunque haya disminuido, con lo cual los partidos no han perdido demasiada legitimidad, y por consiguiente, la crisis política se ha estancado. En fin, dado que, de momento, tanto el desastre financiero como la crisis energética y el declive estatal han podido contenerse hasta cierto punto, las dimensiones sanitaria, demográfica, cultural y social de la crisis, aunque se hayan dejado ver, no se han desplegado en toda su magnitud. Los servicios públicos y los transportes regulares funcionan peor, pero están ahí. Podemos hablar de crisis moral, de pérdida de valores, de desconfianza en las instituciones, de síntomas anómicos, de irracionalidad y violencia urbana, pero la crisis social todavía no ha llegado al límite. Se está en ello.

Sería un error pensar en un próximo hundimiento del sistema capitalista, puesto que se trata de un proceso de descomposición no lineal, que puede tomar distintos derroteros y distintas velocidades en función de los escenarios que vaya encontrando y de las etapas que vaya superando. No olvidemos lo que antes del reinado de la filosofía “de la diferencia” se llamaba “condiciones históricas específicas”: poderes fácticos, clases ilustradas, polarización social, tradiciones de lucha, peso de la casta política, conciencia social, derechos adquiridos, organizaciones populares no burocratizadas, etc. Esa clase de condiciones puede acelerar el proceso o frenarlo. En general, un colapso ocurre cuando la satisfacción de las necesidades básicas ya no es posible para la mayoría y el Estado se muestra impotente ante los disturbios que ello comporta. No es ese el caso para la mayoría de Estados. La inversión no desfallece y el precio de la energía aunque alto es asumible, por lo que la economía aún puede tratar de crecer conteniendo la exclusión con asistencia calculada y medidas de control, sobre-explotando a los inmigrantes y pisando sendas “verdes”. Los motores de la civilización termo-industrial -el petróleo, el gas y el crédito- siguen incólumes. Mientras los programas de protección medioambiental creen empleos, los cree el turismo ecológico o cualquier otra actividad pintada de verde capaz de industrializarse, el derrumbe de la clase media puede retrasarse, la crisis ecológico-social no despertará en las masas una cólera demasiado enérgica, y, por consiguiente, no surgirán en número suficiente formas colectivas de convivencia radicalmente transformadoras. Las protestas contra la desigualdad y el desequilibrio ambiental serán incapaces de confluir, y por consiguiente, no osarán cuestionar el Estado, ni se atreverán a apartarse de las reglas del mercado y forzar así una salida de la economía, con lo cual no se podrá revertir la exclusión, ni la metropolitanización, ni el calentamiento global, ni la degradación de los ecosistemas, ni la destrucción del territorio.

Lo que queda más claro, es que el crecimiento económico nunca podrá prescindir de la energía fósil y la nuclear, y por lo tanto, nunca dejará de envenenar el planeta. La vuelta al equilibrio con la naturaleza y la estabilidad territorial -la sostenibilidad- si todavía es posible, empieza con el fin inmediato de la producción y el consumo de energía fósil y nuclear en paralelo con el desmantelamiento de la industria y la minería, es decir el hundimiento de la economía de mercado y de la civilización termo-industrial. En definitiva, supone la subversión completa del orden mundial y el fin del capitalismo en todas sus modalidades, incluida la verde. No hay fuerza social capaz de conducir a un final de tal naturaleza, pero en cambio, la implosión del propio sistema es bastante probable. Su previsible desmoronamiento a fuego lento posibilitaría la puesta en marcha de pequeñas zonas autónomas -ya desconectadas de una economía mundial en ruina- que satisfacieran las necesidades elementales del vecindario. Experiencias de ese tipo son la parte más prometedora de los escasos combates actuales. Sin la conformación de un sujeto colectivo nacido de las luchas anticapitalistas con objetivos desindustrializadores claros, en lugar de una transición hacia un sistema comunal, autogestionado, ecológico y descentralizado, tendremos la barbarie estatal fascista, la barbarie mafiosa o seguramente ambas. Además, ninguna transformación de esas características podrá emprenderse desde el Estado, el último refugio de todas las clases desahuciadas.

*Actualización de un texto anterior descartado. 2 de diciembre de 2022

Miguel Amorós en Kaosenlared

Imagen de portada: Flirck.  Antonio Marín Segovia – Poliniza 2016 – Universidad Politécnica de Valencia – Arte Urbano más humano. Detalles de la licencia

*++

 

La crisis inevitable. [Sin el diagnóstico previo y correcto de la enfermedad es sencillamente imposible poder encontrarle el remedio efectivo que la erradique. Remediar o paliar los efectos y consecuencias de los síntomas de la enfermedad no significa en absoluto erradicarla, que en algunos casos podría no tener en remedio. En estos casos concretos cabría el intentar paliar los efectos de la enfermedad a fin de hacerlos lo más llevaderos y menos dolorosos posibles para el enfermo, dada la imposibilidad de la erradicación de la enfermedad. Diagnosticado (cuando se diagnostique) el estado de salud del capitalismo presenta un cuadro médico en fase terminal, y por ello, sin ninguna posibilidad de salvarlo de la muerte, claro que la muerte del capitalismo no obedece a causas que tengan que ver con el mecanicismo determinista de la biología, sino a razones de tipo histórico que solo puede poner de manifiesto la ciencia histórica, el materialismo histórico establecido por Marx y Engels, cuya interpretación le corresponde a la filosofía abierta también por Marx y Engels, el materialismo dialéctico. El capitalismo, pues, no está en crisis, sino que las crisis capitalistas (las actuales) son y representan los síntomas del estado terminal en que se encuentra y que muy bien podría signarse con la fecha de la crisis de 2008, de la que ni se ha salido ni se puede salir. El remedio a la enfermedad que padece el capitalismo radica y consiste en la sustitución del mismo como modo de producción histórico dominante por el socialism0. Ninguna de las crisis actuales tiene ni pueden tener solución dentro de los parámetros capitalistas. Urge de manera imperiosa e inmediata paliar los efectos de todas las crisis capitalistas que se están dando a un tiempo, eso sí, para que sus efectos sean lo menos dañinos y perjudiciales para la inmensa mayoría de toda la población, pero sabiendo y teniendo meridianamente claro (y bogando por ello), que los males creados por el capitalismo no son remediables más que haciéndolo desaparecer y estableciendo en su lugar el socialismo. Primero la ciencia (los datos aportados en el artículo que sigue) y después de esta la filosofía, la interpretación de los datos aportados por la ciencia, claro que, la interpretación de la realidad, los datos que de ella surgen, puede hacer desde numerosos puntos de vista y todos ellos válidos desde la perspectiva particular de cada cual (el capitalista tiene un punto de vista, el obrero otro, el deportista otro, el ladrón otro, el beato otro, el ignorante otro), por lo tanto, el punto de vista para interpretar la realidad que nos interesa a todos los trabajadores que representamos la inmensa mayoría de la población mundial es el que nos presenta el materialismo dialéctico, porque es afín a nuestros intereses y, en consecuencia, contrarios e irreconciliables con los del capital.]

 

La economía mundial avanza en dando tumbos hacia una confluencia sin precedentes de crisis económicas, financieras y de deuda, tras de la explosión de déficits, endeudamiento y apalancamiento de las últimas décadas.


La crisis inevitable

Nouriel Roubini

El Viejo Topo

14 diciembre, 2022 

 


En el sector privado, la montaña de la deuda incluye la de los hogares (como hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para vehículos, créditos estudiantiles, préstamos personales), la de las empresas y corporaciones (préstamos bancarios, deuda en bonos y deuda privada) y la del sector financiero (pasivos de instituciones bancarias y no bancarias). En el sector público, incluye bonos gubernamentales centrales, provinciales y locales y otros pasivos formales, y también deudas implícitas como obligaciones no liquidadas de regímenes de pensiones basados en el reparto y sistemas de atención médica –que seguirán creciendo a medida que las sociedades envejezcan.

Si uno analiza las deudas explícitas, las cifras son sorprendentes. A nivel global, la deuda total del sector público y privado como porcentaje del PIB aumentó del 200% en 1999 al 350% en 2021. El ratio hoy es 420% en las economías avanzadas y 330% en China. En Estados Unidos, es 420%, más alto que durante la Gran Depresión y el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Por supuesto, la deuda puede impulsar la actividad económica si los prestatarios invierten en capital nuevo (maquinarias, vivienda, infraestructura pública) que arroje retornos más elevados que el costo de endeudamiento. Pero gran parte del endeudamiento simplemente se destina a financiar el gasto de consumo por encima del ingreso propio de manera persistente –y ésa es una receta para la quiebra–. Asimismo, las inversiones en “capital” también pueden ser arriesgadas, no importa si el prestatario es una familia que compra una vivienda a un precio inflado artificialmente, una corporación que busca expandirse demasiado rápido más allá de los retornos o un gobierno que gasta el dinero en “elefantes blancos” (proyectos de infraestructura extravagantes pero inútiles).

Este endeudamiento excesivo ha existido desde hace décadas, por varias razones. La democratización de las finanzas ha permitido que los hogares de escasos ingresos financien el consumo con deuda. Los gobiernos de centroderecha han recortado persistentemente los impuestos sin recortar también el gasto, mientras que los gobiernos de centroizquierda han gastado generosamente en programas sociales para los que no existen suficientes impuestos altos que los financien. Y las políticas tributarias que favorecen la deuda por sobre el capital, incentivadas por políticas crediticias y monetarias ultra laxas de los bancos centrales, han alimentado un crecimiento del endeudamiento tanto en el sector privado como público.

Años de alivio cuantitativo (QE) y alivio del crédito mantuvieron los costos de endeudamiento cerca de cero, y en algunos casos hasta en terreno negativo (como en Europa y Japón hasta hace poco). En 2020, la deuda pública equivalente en dólares con rendimiento negativo era de 17 billones de dólares y, en algunos países nórdicos, hasta las hipotecas tenían tasas de interés nominales negativas.

La explosión de ratios de deuda insostenibles implicó que muchos prestatarios –hogares, corporaciones, bancos, bancos en la sombra, gobiernos y hasta países enteros– fueran “zombis” insolventes, sólo apuntalados por tasas de interés bajas (que permitían que los costos del servicio de su deuda resultaran manejables). Durante la crisis financiera global de 2008 y la crisis del COVID-19, muchos agentes insolventes que de otra manera habrían quebrado fueron rescatados por las políticas de tasas de interés cero –o negativas–, el QE y rescates fiscales absolutos.

Pero ahora, la inflación –alimentada por las mismas políticas fiscales, monetarias y crediticias ultra laxas– ha puesto fin a este Amanecer de los Muertos financiero. Los bancos centrales se vieron obligados a aumentar las tasas de interés en un esfuerzo por restablecer la estabilidad de precios y así los zombis están experimentando significativos incrementos de los costos del servicio de la deuda. Para muchos, esto representa un triple golpe, porque la inflación también está erosionando el ingreso real de los hogares y reduciendo el valor de los activos de los hogares, igual que los bienes raíces y las acciones. Lo mismo es válido para las corporaciones, las instituciones financieras y los gobiernos frágiles y excesivamente apalancados: enfrentan costos de endeudamiento en franco aumento, una caída de los ingresos y las ganancias y una reducción del valor de los activos, todo al mismo tiempo.

Peor aún, estos acontecimientos coinciden con el retorno de la estanflación (alta inflación junto con crecimiento débil). La última vez que las economías avanzadas experimentaron estas condiciones fue en los años 1970. Pero al menos entonces los ratios de deuda eran muy bajos. Hoy, enfrentamos los peores aspectos de los años 1970 (shocks estanflacionarios) junto con los peores aspectos de la crisis financiera global. Y esta vez no podemos simplemente recortar las tasas de interés para estimular la demanda.

Después de todo, la economía global está siendo azotada por shocks de oferta negativos de corto y mediano plazo que están reduciendo el crecimiento y haciendo subir los precios y los costos de producción. Estos incluyen las alteraciones de la oferta de mano de obra y productos generadas por la pandemia, el impacto que tiene la guerra de Rusia en Ucrania en los precios de las materias primas, la política de COVID cero cada vez más desastrosa de China y una decena de otros shocks a medio plazo –desde el cambio climático a los acontecimientos geopolíticos– que crearán presiones estanflacionarias adicionales.

A diferencia de la crisis financiera de 2008 y los primeros meses del COVID-19, simplemente rescatar a agentes públicos y privados con políticas macro laxas arrojaría más combustible al fuego inflacionario. Eso significa que habrá un aterrizaje forzoso –una recesión profunda y prolongada– además de una crisis financiera seria. En tanto estallen las burbujas de activos, se disparen los ratios del servicio de la deuda y caigan los ingresos ajustados por inflación de los hogares, las empresas y los gobiernos, la crisis económica y el desplome financiero se alimentarán mutuamente.

Sin duda, las economías avanzadas que se endeudan en su propia moneda pueden utilizar un brote de inflación para reducir el valor real de algún porcentaje de deuda nominal de tasa fija y largo plazo. Si los gobiernos no están dispuestos a aumentar los impuestos o recortar el gasto para reducir sus déficits, la monetización del déficit de los bancos centrales una vez más será vista como el camino de menor resistencia. Pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Cuando el genio de la inflación salga de la botella –que es lo que sucederá cuando los bancos centrales abandonen la lucha frente a la inminente crisis económica y financiera–, los costos de endeudamiento nominales y reales aumentarán. La madre de todas las crisis estanflacionarias de deuda se puede posponer, no evitar.

Fuente: Project Syndicate.

 *++

martes, 13 de diciembre de 2022

Los PGE 2023 destinan a la investigación militar cinco veces más que a la investigación sanitaria y más de dieciséis veces lo que a la energética, medioambiental y tecnológica

 

 

Los PGE 2023 destinan a la investigación militar cinco veces más que a la investigación sanitaria y más de dieciséis veces lo que a la energética, medioambiental y tecnológica


Tercerainformacion / 13.12.2022.

  • El gasto militar real español alcanzará en 2023 los 27.617 millones de euros y supera ya el 2% del PIB.
  • El presupuesto del Ministerio de Defensa en los PGE 2032 es el que más aumenta respecto a 2022, casi el doble que el de la Seguridad Social.
  • Según el ritmo de crecimiento actual, el gasto militar real español sobrepasaría los 40.000 millones en 2029.
  • “Desde el Gobierno se han anunciado como los presupuestos más sociales de la historia. Pero también son los presupuestos más militares. No sólo han crecido de forma desmedida en las partidas directas del Ministerio de Defensa, sino que también lo han hecho en el capítulo de inversiones y en las aportaciones a I+D para las industrias militares”.



 Barcelona, 13 de diciembre de 2022. Los presupuestos recientemente aprobados para 2023 asignan al Ministerio de Defensa 12.827 millones, lo que representa un crecimiento del 26,3% respecto a 2022, situándose entre los ministerios que más crecen. Este aumento quiere dar cumplimiento al compromiso adquirido por Pedro Sánchez durante la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio en Madrid para aumentar el gasto en defensa en 2.500 millones el año próximo, con el argumento de acercar a España al objetivo del 2% del PIB que pide la Alianza Atlántica y que se pretende alcanzar en los próximos 5 años.

El cálculo del Centre Delàs, no obstante, arroja una cifra diferente: España ya sobrepasará en 2023 el objetivo de gasto de la OTAN, dedicando el 2,17% de su PIB a gastos de carácter militar. El gasto militar real para 2023 será de 27.617,43 millones de euros, más del doble de lo asignado al Ministerio de Defensa, y el equivalente a 75,7 millones de euros diarios, datos que tienen en cuenta, aparte del presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa, el resto de partidas de carácter militar repartidas en otros ministerios (siguiendo el criterio que aconseja la OTAN a sus países miembros), así como aquellas que se imputan año tras año al Fondo de Contingencias y la proporción de los intereses de la Deuda Pública que corresponden a Defensa.

3 de cada 10 euros de las inversiones del Estado irán dirigidos a armamentos

Casi un 30% (29,88%) de los recursos totales en inversiones del Estado español (inversiones reales más créditos en I+D) para 2023 estarán dirigidos a inversiones en armamento. O lo que es lo mismo, 7.742,97 millones de los 25.912,82 millones de euros totales que el Estado central destinará a inversiones, sin contar las de las comunidades autónomas. Si comparamos esta cifra con el total de inversiones militares presupuestadas en 2022 (4.583,56 M€), el incremento en esta partida será de 68,92%.

Cabe destacar el aumento aplicado a los créditos de I+D militar del Ministerio de Industria, que crecen un 126,09%; es decir, son más del doble de los 708,20 millones de euros de 2022, alcanzando los 1.601,15 millones. Los créditos a la I+D militar están destinados a empresas de armamento como Navantia, Indra, Airbus, Santa Bárbara/General Dynamics o Boeing, para la investigación, creación y posterior compra por parte del Estado de los Programas Especiales de Armamento (PEAs).

La I+D militar (con un presupuesto agregado de 1.833 M€) representa el 11,2% del total destinado a investigación en los PGE 2023 (16.327 M€). Este porcentaje fue del 7,1% en los presupuestos de 2022, por lo que el peso de la investigación militar aumenta de modo significativo en el total de la I+D+i+Digitalización. Si no tenemos en cuenta los fondos europeos (7.655 M€), y sólo consideramos los fondos estatales (8.673 M€), el porcentaje destinado a la investigación militar se eleva hasta el 21,1%. “Si destinar más del 11% a investigación militar nos parece excesivo, destinar un 21% ya nos parece escandaloso. Además, estos porcentajes de la I+D militar son engañosos, pues se refieren a las previsiones de gasto. Para tener una visión más realista del peso de la investigación militar en las cuentas del Estado, deberíamos fijarnos en las cantidades que se liquidan finalmente”, apunta el investigador del Centre Delàs y coautor del informe, Xavier Bohigas.


Los ejercicios anteriores indican que las cantidades realmente ejecutadas en I+D civil no alcanzan nunca el 100% de su presupuesto, mientras que la liquidación de la parte militar se acerca o alcanza el máximo presupuestado. Esto quiere decir que el porcentaje de los recursos realmente utilizados en I+D militar superará con toda probabilidad el porcentaje de las previsiones de gasto que reflejan los presupuestos. Y es que las cifras de no ejecución en la I+D civil han alcanzado muchos años valores superiores al 40% de los recursos disponibles.

Las previsiones de inversión en investigación están agrupadas en grandes programas de gasto, alguno asignado a un solo ministerio y otros repartidos en varios ministerios, programas que incluyen muchas áreas de investigación. Existen un par de programas más específicos, el 465A “Investigación sanitaria” con una asignación de 328 M€ y el 467H “Investigación energética, medioambiental y tecnológica” con un presupuesto de 115 M€. Es sorprendente que los recursos destinados a la investigación militar (1.833 M€) sean más de cinco veces superiores a los destinados a la investigación sanitaria y más de dieciséis veces superiores a los destinados a la energética, medioambiental y tecnológica. “Teniendo en cuenta que nos encontramos en medio de una crisis medioambiental de grandes proporciones y que debemos afrontar nuevos retos sanitarios, nuestros esfuerzos deberían concentrarse precisamente en estos ámbitos y no en el militar, para poder satisfacer las necesidades y prioridades de la población”, afirma el investigador del Centre Delàs i coautor del informe, Xema Moya.

Evolución del presupuesto de I+D militar en los PGE desde 2013 hasta 2023*.


*Se ha segregado la asignación al programa 464A de la del programa 464B


Este incremento del gasto militar también supone un agravio comparativo si lo comparamos con los ministerios de ámbito social. Estas carteras también aumentan sus presupuestos por encima de la inflación subyacente de 2022, con incrementos importantes en Derechos Sociales (17%), Cultura (15,9%), Clases pasivas (13,9%), Seguridad Social (12,9%) e Inclusión, Seguridad social y Migraciones (12,9%). Pero ningún ministerio alcanza un aumento tan pronunciado como el del Ministerio de Defensa que, como ya se ha señalado, crece un 26,3%, mucho más que los de tipo social, y pone en duda el cariz social de estos presupuestos, del que presume el Gobierno de coalición PSOE / Unidas Podemos.

Los autores leen en clave OTAN este aumento del presupuesto de defensa, entendiendo que inequívocamente responde al objetivo del 2% del PIB que exige la Alianza Atlántica a propuesta de los EEUU. Que sus socios europeos adquieran más capacidades militares en primera instancia favorece a la potencia norteamericana, que es de lejos la primera productora de armas del mundo y tiene al resto de países miembro de la OTAN como clientes preferenciales.

“El Estado español, en lugar de apostar por una política exterior enfocada en rebajar las tensiones a través de una diplomacia activa de la neutralidad, de la seguridad compartida y del desarme que puedan conducir a un mundo regido por la cooperación, aboga por incrementar su gasto militar y las inversiones en armamentos para alcanzar el tan manido y arbitrario objetivo 2% del PIB, sin argumentar de modo alguno cómo contribuye a la seguridad del Estado alcanzar tales niveles de gasto”, apunta Pere Ortega, investigador del Centre Delàs y también autor del informe.

                                        _______________________

Informe completo / Informe en catalán.

Informe58_AumentoColosalGastoMilitar_CASTDescarga

 *++

La derecha de siempre proyecta a sus huestes que estamos bajo el comunismo (¡y van y se lo creen!)

 

La derecha de siempre proyecta a sus huestes que estamos bajo el comunismo (¡y van y se lo creen!)

 

 

INSURGENTE.ORG / 12 diciembre 2022

 

 

Acercarse de vez en cuando a los muchos medios de información que se rigen bajo la tutela de la extrema derecha, es casi imprescindible no solo para ver por dónde andan, sino lo que va a hacer Vox a las pocas horas y el PP a los pocos días. Sus altavoces mediáticos, con empresas y padrinos poderosos en sus espaldas, marcan el camino y obtienen los réditos de una cada vez más derechizada sociedad. Cierto es que la izquierda institucional aparece en este escenario como una gran observadora de paisaje, ajena al enfrentamiento de clases que debería ser su leit motiv y no el parcheo reformista, que de un modo teatral enfurece a la extrema derecha.

En estos días, los cambios en las leyes para favorecer con una salida airosa a los que fueran presos políticos de ERC, junto a las modificaciones para mover el poder judicial del atasco-bloqueo que lo somete el PP (en realidad es un quítate tu que me pongo yo que soy más progre; un divertimento dentro del sistema) ha soliviantado a los medios reaccionarios (los hay por centenares, TV, radio, prensa papel, webs, RR.SS…) que en una distópica impostura en la que viven, alertan de un «golpe de estado social-comunista» (el entrecomillado significa risas). Una batería de opinólogos que se quedan a las puertas de llamar al ejército para que pongan orden, comparando al peruano Castillo con el hispano Sánchez hace el resto una vez agotada la palabra Putin. Buscan, desesperadamente, que la otra derecha -la suya de siempre- se haga con el gobierno (el poder no hace falta porque ya lo tienen desde hace décadas) para que sus negocios vuelvan a dar un estirón en beneficios.

Fake news, mentiras no corregidas, agresiones de toda índole, incursión en las vidas privadas de sus «social-comunistas»… , vale todo y sus ladradores se pavonean llenos de impunidad. Ante ello, surge una duda, ¿Cuándo unos y otros hablan de «Democracia» significa que es obligatorio aceptarlos y darles su espacio? ¿No estarían mejor al otro lado, por ejemplo en Miami mismamente?

*++

 

Sanidad Pública (sin recortes), gobierne quien gobierne

 



Sanidad Pública (sin recortes), gobierne quien gobierne

 

Por Rafael Cid

KAOSENLARED

12 de diciembre de 2022 

 

“El Egipto tolemaico fue el primer Estado de la historia en que la población tuvo asistencia médica pública”

(Hermann Bengtson, Historia de Grecia)


Con la llegada de la democracia, España pasó de una sanidad básica a otra de prestación general, primero, y luego de cobertura universal, que garantizaba la asistencia gratuita a todos los niveles a cualquier persona aquí residente (nacional o extranjero), incluidos los medicamentos durante el tratamiento hospitalario (en general, los fármacos están ampliamente subvencionados para muchos estamentos sociales). Con ello nuestro país se colocó en el podio mundial en cuanto a la excelencia del Sistema Nacional de Salud (SNS). Un salto cualitativo que, no obstante, debía contemplar dos grandes retos. Por un lado, el de aportar recursos suficientes para su financiación manteniendo los estándares de calidad. Y por otro, respetar el artículo 38 de la Constitución que reconoce <<la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado>>. Dos variables, el vaivén público-privado, en pugna irresoluble. Dado que el sector de la salud, por su centralidad vital entre las necesidades humanas, es un incisivo referente de la economía lucrativa (dualidad ya instalada en el sector de la educación).

Aparte otros elementos sobrevenidos que acentúan esa tensión conflictiva. Como el hecho de haber pasado de ser una nación de emigrantes de escasa cualificación laboral (hoy sucede al revés: exportamos especialistas y técnicos, entre ellos muchos profesionales de la medicina) a tener importantes flujos de población extranjera; el paulatino estrangulamiento de las fuentes de financiación debido a la insuficiencia del aporte impositivo (solo las mutualidades de funcionarios lo hacen en parte vía cotizaciones) y el impacto de un alto nivel de paro casi crónico; y el incremento de la esperanza de vida entre las capas de población de más edad y por tanto más vulnerables a las enfermedades (ahí están las sangrantes cifras de ancianos con patologías previas fallecidos durante la primera ola de la pandemia).

Vasos comunicantes al fin y al cabo, resulta obvio que todo deterioro del SNS en cualquier de sus parámetros, estructural o contingente, supone una fuga hacia el competidor negocio privado (sin contar con la inevitable y onerosa dependencia de la cartera de suministro farmacéutico que atesoran las corporaciones multinacionales, caso de las vacunas del coronavirus. Concernidos por la compulsión de la ley de la oferta y la demanda, alternativas como la externalización de prestaciones, la cogobernanza legal, la gestión público-privada o el formato concertada, son aspectos que conllevan flecos de disrupción. Groso modo, en línea parecida con lo que sucede en el ámbito de las pensiones, otra de las principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado, capítulo siempre objeto de rebatiña por lobbies atrapalotodo.

Este es el marco del debate sobre la sanidad realmente existente, y uno de sus peligros radica en desvirtuarlo haciendo de su necesario blindaje, gobierne quien gobierne, una diatriba sectaria de carácter ideológico y partitocrático. Los evidentes estropicios en las Urgencias Extrahospitalarias (UE) en Madrid bien merecen una huelga de sus profesionales y la movilización ciudadana, mientras que en sus equivalentes del Hospital General de Valencia hay que esperar hasta 4 días para subir una cama a planta sin que ello provoque una respuesta social de similar contundencia. Veamos

En 1970 la población española era de 34.032.891 habitantes, alcanzando el personal sanitario cinco años más tarde la cifra 177.178 profesionales (54.533 médicos). Casi medio siglo después, en 2022, el censo se sitúa en 47.435.597 habitantes y 923.207 profesionales (283.811 médicos). En ese contexto estadístico, descontando los respectivos flujos migratorios, juega el marco regulador del Sistema Nacional de Salud sobre el que hay que interpretar la problemática actual. Hablamos en primera instancia de la Ley General de Sanidad (LGS) 14/1986, de 26 de abril, que extendió la cobertura al conjunto de los ciudadanos, haciendo efectivo a todos los españoles el artículo 43.1 de la C.E. sobre <<el derecho a la protección de la salud>>, al tiempo que en su artículo 90 admitía que <<Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas>>. Poco después, en 1989, el Decreto de Universalización extendió sus beneficios a los sectores más precarios de la sociedad. A este flujo, que elevó cuantitativa y cualitativamente la oferta sanitaria, siguió un reflujo inspirado en <<El Informe Abril>> encargado en 1991 por Moncloa para conjurar los signos de un <<cierto agotamiento del sistema>> (la misma traba de <<insostenibilidad>> que se agita con las pensiones), carente de <<una visión global y empresarial>>.

Aunque el intento <<reequilibrador>> no prosperó parlamentariamente, sirvió de guía para la puesta marcha años más tarde de la Ley 15/97 de <<Nuevas Formas de Gestión>>. La norma, aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, ERC y PNV (solo BNG e IU lo hicieron en contra) y el apoyo cómplice de CCOO y UGT, serviría de lanzadera legal para llevar a la práctica el modelo de gestión público-privada en sanidad, a tenor del principio aperturista de la LGS. En 1999 el Hospital de Alcira, en la Comunidad Valenciana, fue el primer centro público en adaptarse a la nueva fórmula. En 2012 el proyecto de privatizar 6 hospitales y un segmento de la Atención Primaria en Madrid derrapó ante el decidido rechazo del personal sanitario y usuarios movilizados entorno a las mareas blancas (por la batas de los sanitarios). Por el contrario, la derogación del <<modelo Alcira>> sería uno de los signos de identidad del programa de gobierno suscrito por el PSV y la coalición Compromis en el País Valenciá.

Y entonces llegó la pandemia y las estructuras del Sistema Nacional de Salud apenas superaron la prueba de resistencia. La irresponsable falta de previsión de las autoridades del ramo, el caos organizativo (se pasó del mando único a la compartido con las autonomías), la letalidad diezmando las residencias de mayores (fuimos durante meses el país con mayor índice de fallecidos del planeta), la proliferación del triaje en las urgencias hospitalarias, la militarización de la crisis (se denominó Operación Balmis y cada día el parte de incidencias corría a cargo de un elenco formado por los altos mandos del Ejército, la Policía y la Guardia Civil, con Fernando Simón de santo patrón), y una pavorosa escasez de material quirúrgico (falto lo más esencial: desde mascarillas hasta trajes de protección, teniendo que recurrir a confeccionarlos con sacos de basura de gran tamaño), abrieron en canal al sistema.

Donde solo un año antes, en 2919, el Foro Económico Mundial había otorgado a España el título de mejor sanidad del mundo (junto con Singapur, Hong-Kong y Japón) ahora 56 sociedades científicas en representación de 170.000 profesionales sanitarios denunciaban el chapapote imperante insertando campañas de publicidad en la prensa con la rúbrica <<Sres. Políticos: En salud, ustedes mandan pero no saben>>. Y de esos vientos nacieron estos lodos. El panorama que dejó la resaca de la pandemia no era nada idílico. Escasez de médicos, largas listas de espera en los centros, malestar entre los facultativos por el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales, críticas de los pacientes por el déficit en las prestaciones, y la irrupción de la telemedicina como placebo ante la escasez de las plantillas, vinieron a sumarse a la ya crónica bicefalia público-privada para satisfacción de los operadores sanitarios privados.

En la última década, más 18.000 médicos emigraron al extranjero atraídos por las mejores expectativas, el equivalente a tres promociones de médicos (el curso 2019-2020 se graduaron 6.600). Un cuello de botella estructural al que hay que añadir el filtro restrictivo en el acceso al MIR (Médico Interno Residente), una selección que cada año deja en la estacada a mayor número de titulados. El año en curso quedaron vacantes 218 plazas en el concurso de adjudicación y 1895 profesionales no superaron la nota de corte establecida (hasta 2008-2009 no había ninguna traba meritocrática). Todo ello agravado a su vez por el nuevo modelo de adjudicación telemática y una serie de circunstancias sobrevenidas que acumuladas estrechan aún más las capacidades del sistema: el pasado año 190 MIR no llegaron a tomar posesión de la plaza; cada vez son más los extranjeros egresados (531 en 2021) que se marchan a sus países de origen acabado el ciclo MIR y no son pocos los médicos que renuncian durante el primer mes de residencia.

Esta carrera de obstáculos no siempre encuentra respuesta adecuada en la Administraciones Públicas competentes, sino que por el contrario a menudo sirve para sembrar polémicas cruzadas entre los concernidos. De una lado, Comunidades Autónomas frente a l Administración Central, y del otro las mismas Autonomías entre sí, según el signo político de sus gobiernos. El <<y tú más>> está a la orden del día para malestar de todos, personal del SNS y pacientes. Se confunde deliberadamente lo público con la gubernamental para salirse por la tangente, como ocurre con las televisiones públicas (estatales y comunitarias), que responden más a la voz de su amo que al interés general. Una cosa es que las CCAA tengan transferidas las competencias en Sanidad (hasta unos límites reglados) y otra que el Gobierno de la Nación se llame a andana cuando los problemas se desbordan, y la opinión pública presiona amenazando sus respectivas zonas de confort.

A este respecto, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en carta dirigida al entonces ministro Salvador Illa, el 24 julio de 2020, denunciaba la inercia estatal en los <<conflictos relacionados con la situación laboral y profesional en los que el personal en formación, en especial los MIR, se encuentra inmerso>>. Aseguraba la misiva que era la Administración Central a la que incumbía la solución de muchas de las cuestiones planteadas, dado que se trata de una cuestión de Estado regulada <<tanto en Real decreto 1146/2006 como en el RD 183/2008>>. En concreto, la CESM hacía referencia, entre otras a: <la mejora de la jornada laboral y su adaptación a la reciente jurisprudencia sobre ordenación de los tiempos de trabajo, en especial de la jornada máxima, y el respeto de los tiempos de descanso, diario y semanal, adecuación y actualización de las retribuciones básicas y establecimiento de un mínimo para las complementarias>>. Para concluir, contextualizando la crisis, urgiendo al Gobierno << a que haga las gestiones oportunas para que por los departamentos ministeriales que corresponda se aborden estos problemas a la mayor brevedad posible, ya que, teniendo en cuenta que un rebrote de la covid-19 para este otoño/invierno es un riesgo muy plausible, debemos estar preparados para afrontarlo en las mejores condiciones, por lo quedamos a la espera de sus noticias>>. Tres meses después, el 4 de octubre de 2020, se publicaba en los principales diarios el manifiesto arriba citado, dirigido a la autoridades y a la clase política en general con el lema <<En la salud, ustedes mandan pero no saben>>.

De un año para otro, nuestro tradicional paradigma sanitario quedaba obsoleto y su sustitución abría un proceso preñado de dudas, incluido el gran salto adelante que predicaba la generalización de una telemedicina más allá del formato en red. Una técnica más predictiva que diagnóstica, a la que las propias autoridades se encomendaron para no zozobrar ante una pandemia que no cesaba de vocear las grietas del sistema. Esa fuga hacia adelante contó con el patrocinio del propio ministro del ramo, presentando la <<transformación digital>> como una etapa avanzada de la gestión público-privada. El 7 de octubre, apenas setenta y dos horas del tirón de orejas dado por las 57 asociaciones científicas, Illa presidia unas jornadas organizadas por la farmacéutica Roche bajo el nombre <<Repensando la sanidad española. Una nueva sanidad para una nueva normalidad>>. El evento de la multinacional implicada en los escándalos del Gripe A y el Tamifu fue retransmitido en directo en la web del diario El País, con su director como maestro de ceremonias, lo que derivó en que el buque insignia del grupo Prisa acumulara ex ante y ex post una considerable cartera de publicidad magnificando los retos de la moderna medicina lucrativa (incluyendo encartes de 12 páginas elaborados por la Fundación España Salud). La nueva normalidad predicada en el encuentro la definía el ministro como un mix de <<la colaboración público-privado>> para <<reforzar la sanidad>>.

Quizás por eso en el Programa de Coalición Progresista suscrito por PSOE y Unidas Podemos como base de su actuación gubernamental se pasa de puntillas sobre la norma estrella que avala esa nueva normalidad. Así, el punto 2.2.3 dice con un cierto tono masoquista. <<Se revisara la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a la privatización del sistema>>. O sea, se reconoce que el proceso privatizador es conforme a ley y al mismo tiempo se habla solo de revisarlo y no de derogarlo. Excusatio non petita dado que en el enunciado de ese apartado se dice literalmente <<Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa>>. En el entorno contractual, eufemismos, sucedáneos y trampantojos tipo <<avanzaremos>>, <<apostando>>, <<que se base>>, <<se revisará>>, dependen de la reputación que tenga el declarante. Tantos condicionantes diluyen una propuesta, el famoso <<ceteris paribus>> (si lo demás no varía) de la no ciencia económica. Otra vez las medias tintas, como el compromiso (este sí con la cita talismán) de derogar la reforma laboral del PP luego descafeinado hasta su desnaturalización.

Llegados a este punto, la realidad se impone a diestra y siniestra. Los datos oficiales señalan que hoy en España faltan 4.700 médicos de Atención Primaria y 1.300 pediatras; ninguna comunidad dedica el 25% de su presupuesto a sanidad aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (la media nacional es del 14%); y el ratio de 1 médico de familia por 1.000 habitantes solo es superado por Castilla y León (1,1), siendo Baleares (0, 6), Canarias (0,7) y Madrid (0,7) las últimas en este epígrafe (la media nacional está en 0,8). Asimismo, el ranking de las listas de espera demuestra que la crisis no distingue de colores políticos. Según el departamento de Carolina Darias, en su informe anual 2020-2021, las cifras de accesibilidad temporal en cirugía por comunidades fluctúan sin un patrón de comportamiento. A la cabeza aparecen Asturias (60 días) y País Vasco (68 días), y a la cola Castilla La Mancha (286 días), Andalucía (188 días), Aragón (180 días) y Extremadura (175 días). Que la problemática es transversal se percibe al contrastar experiencias tipo, según la apuesta principal haya sido dirigida a la gestión público-privada o por, el contrario, hacia la pública pura, esquema que actualmente encarnan la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Pues bien, el plazo de espera en Madrid está en 80 días mientras en Valencia llega a 125 días. En esta última autonomía, donde el gobierno de Ximo Puig empeñó la desprivatización de los servicios sanitarios, solo entre los meses de enero a abril pasado se derivaron al sector privado 9.200 pacientes con un coste de 7.021.212 euros. La víspera de la gran una manifestación celebrada en la capital contra <<el modelo Ayuso>>, Comisiones Obreras denunciaba que en el Hospital General de Valencia tardaban hasta 4 días en urgencia para tener cama en planta. A destacar el progresivo y acelerado deterioro de esta variable, que ha pasado de 65 días de demora en el año 2010 a 148 días en 2020. La herencia sanitaria recibida que responsabiliza tanto al gobierno del PSOE, como al del PP e incluso al actual de PSOE y Unidas Podemos, que son las siglas que ocuparon el poder en esa década regresiva.

Sin desdeñar lo más mínimo el margen de desempeño de las administraciones locales, este es en lo esencial el VAR (Video Assistant Referee) del estropicio sanitario que nos aflige. Esgrimirlo maniqueamente como tizona partidista, sin embargo, implica desvirtuarlo y dejarlo a merced de los hooligans mediáticos. El Gobierno madrileño diseñó el 20 de junio un nuevo modelo de UE que debía entrar en vigor el primero de noviembre; el 27 de octubre todos los sindicatos (CCOO, UGT, CSIT y Satse) excepto AMYTS apoyaron la propuesta; y ocho días después fueron a la huelga impulsados por la caótica improvisación de los responsables sanitarios de la CAM al implementarlo, lo que derivó en la masiva manifestación del domingo 13 de noviembre. Cuando eso sucedía, en Cantabria un Ejecutivo de signo contrario llevaba días soportando un paro en la Atención Primaria. En Madrid, la presidenta regional Díaz Ayuso acusó a los <<activistas de izquierda>> de <<incendiar las calles>>, en Cantabria el comité de huelga señalaba a la Ejecutiva del PSOE (Sanidad está en sus manos en la CAC) por alentar al boicot mandando cartas <<a militantes y simpatizantes utilizando la mentira para desacreditarla>>. La Sanidad es el pilar fundamental del Estado de Bienestar de un pueblo, y en su defensa y preservación hay que huir de los interesados relatos de parte. Tucídides era un reconocido adversario político de Pericles, y eso no le impidió elogiar la Oración Fúnebre pronunciada por el padre de la democracia ateniense en la Primera Guerra del Peloponeso.

España dedica a la Guerra más que en Sanidad y Educación en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Un total de 12.500 millones frente 7.049 para Sanidad y 5.354 para Educación. Que cada cual aguante su vela.

Imagen de portada: La Sanidad Pública no se vende – Imagen de archivo de una manifestación a favor de la sanidad pública de eldiario.es

(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Diciembre de Rojo y Negro)