Sanidad
Pública (sin recortes), gobierne quien gobierne
Por Rafael Cid
KAOSENLARED
12 de diciembre de 2022
“El Egipto tolemaico fue el
primer Estado de la historia en que la población tuvo asistencia médica
pública”
(Hermann Bengtson, Historia
de Grecia)
Con la llegada de la
democracia, España pasó de una sanidad básica a otra de prestación general,
primero, y luego de cobertura universal, que garantizaba la asistencia gratuita
a todos los niveles a cualquier persona aquí residente (nacional o extranjero),
incluidos los medicamentos durante el tratamiento hospitalario (en general, los
fármacos están ampliamente subvencionados para muchos estamentos sociales). Con
ello nuestro país se colocó en el podio mundial en cuanto a la excelencia del
Sistema Nacional de Salud (SNS). Un salto cualitativo que, no obstante, debía
contemplar dos grandes retos. Por un lado, el de aportar recursos suficientes
para su financiación manteniendo los estándares de calidad. Y por otro,
respetar el artículo 38 de la Constitución que reconoce <<la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado>>. Dos variables, el vaivén
público-privado, en pugna irresoluble. Dado que el sector de la salud, por su
centralidad vital entre las necesidades humanas, es un incisivo referente de la
economía lucrativa (dualidad ya instalada en el sector de la educación).
Aparte otros elementos
sobrevenidos que acentúan esa tensión conflictiva. Como el hecho de haber
pasado de ser una nación de emigrantes de escasa cualificación laboral (hoy
sucede al revés: exportamos especialistas y técnicos, entre ellos muchos
profesionales de la medicina) a tener importantes flujos de población
extranjera; el paulatino estrangulamiento de las fuentes de financiación debido
a la insuficiencia del aporte impositivo (solo las mutualidades de funcionarios
lo hacen en parte vía cotizaciones) y el impacto de un alto nivel de paro casi
crónico; y el incremento de la esperanza de vida entre las capas de población
de más edad y por tanto más vulnerables a las enfermedades (ahí están las
sangrantes cifras de ancianos con patologías previas fallecidos durante la
primera ola de la pandemia).
Vasos comunicantes al fin y
al cabo, resulta obvio que todo deterioro del SNS en cualquier de sus
parámetros, estructural o contingente, supone una fuga hacia el competidor
negocio privado (sin contar con la inevitable y onerosa dependencia de la
cartera de suministro farmacéutico que atesoran las corporaciones
multinacionales, caso de las vacunas del coronavirus. Concernidos por la compulsión
de la ley de la oferta y la demanda, alternativas como la externalización de
prestaciones, la cogobernanza legal, la gestión público-privada o el formato
concertada, son aspectos que conllevan flecos de disrupción. Groso modo, en
línea parecida con lo que sucede en el ámbito de las pensiones, otra de las
principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado, capítulo siempre
objeto de rebatiña por lobbies atrapalotodo.
Este es el marco del debate
sobre la sanidad realmente existente, y uno de sus peligros radica en
desvirtuarlo haciendo de su necesario blindaje, gobierne quien gobierne, una
diatriba sectaria de carácter ideológico y partitocrático. Los evidentes
estropicios en las Urgencias Extrahospitalarias (UE) en Madrid bien merecen una
huelga de sus profesionales y la movilización ciudadana, mientras que en sus
equivalentes del Hospital General de Valencia hay que esperar hasta 4 días para
subir una cama a planta sin que ello provoque una respuesta social de similar
contundencia. Veamos
En 1970 la población
española era de 34.032.891 habitantes, alcanzando el personal sanitario cinco
años más tarde la cifra 177.178 profesionales (54.533 médicos). Casi medio
siglo después, en 2022, el censo se sitúa en 47.435.597 habitantes y 923.207
profesionales (283.811 médicos). En ese contexto estadístico, descontando los
respectivos flujos migratorios, juega el marco regulador del Sistema Nacional
de Salud sobre el que hay que interpretar la problemática actual. Hablamos en
primera instancia de la Ley General de Sanidad (LGS) 14/1986, de 26 de abril,
que extendió la cobertura al conjunto de los ciudadanos, haciendo efectivo a
todos los españoles el artículo 43.1 de la C.E. sobre <<el derecho a la
protección de la salud>>, al tiempo que en su artículo 90 admitía que
<<Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de
servicios sanitarios con medios ajenos a ellas>>. Poco después, en 1989,
el Decreto de Universalización extendió sus beneficios a los sectores más
precarios de la sociedad. A este flujo, que elevó cuantitativa y
cualitativamente la oferta sanitaria, siguió un reflujo inspirado en <<El
Informe Abril>> encargado en 1991 por Moncloa para conjurar los signos de
un <<cierto agotamiento del sistema>> (la misma traba de
<<insostenibilidad>> que se agita con las pensiones), carente de
<<una visión global y empresarial>>.
Aunque el intento
<<reequilibrador>> no prosperó parlamentariamente, sirvió de guía
para la puesta marcha años más tarde de la Ley 15/97 de <<Nuevas Formas
de Gestión>>. La norma, aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, ERC y
PNV (solo BNG e IU lo hicieron en contra) y el apoyo cómplice de CCOO y UGT,
serviría de lanzadera legal para llevar a la práctica el modelo de gestión
público-privada en sanidad, a tenor del principio aperturista de la LGS. En
1999 el Hospital de Alcira, en la Comunidad Valenciana, fue el primer centro
público en adaptarse a la nueva fórmula. En 2012 el proyecto de privatizar 6 hospitales
y un segmento de la Atención Primaria en Madrid derrapó ante el decidido
rechazo del personal sanitario y usuarios movilizados entorno a las mareas
blancas (por la batas de los sanitarios). Por el contrario, la
derogación del <<modelo Alcira>> sería uno de los signos de
identidad del programa de gobierno suscrito por el PSV y la coalición Compromis
en el País Valenciá.
Y entonces llegó la
pandemia y las estructuras del Sistema Nacional de Salud apenas superaron la
prueba de resistencia. La irresponsable falta de previsión de las autoridades
del ramo, el caos organizativo (se pasó del mando único a la compartido con las
autonomías), la letalidad diezmando las residencias de mayores (fuimos durante
meses el país con mayor índice de fallecidos del planeta), la proliferación del
triaje en las urgencias hospitalarias, la militarización de la crisis (se
denominó Operación Balmis y cada día el parte de incidencias corría a cargo de
un elenco formado por los altos mandos del Ejército, la Policía y la Guardia
Civil, con Fernando Simón de santo patrón), y una pavorosa escasez de material
quirúrgico (falto lo más esencial: desde mascarillas hasta trajes de
protección, teniendo que recurrir a confeccionarlos con sacos de basura de gran
tamaño), abrieron en canal al sistema.
Donde solo un año antes, en
2919, el Foro Económico Mundial había otorgado a España el título de mejor
sanidad del mundo (junto con Singapur, Hong-Kong y Japón) ahora 56 sociedades
científicas en representación de 170.000 profesionales sanitarios denunciaban
el chapapote imperante insertando campañas de publicidad en la prensa con la
rúbrica <<Sres. Políticos: En salud, ustedes mandan pero no
saben>>. Y de esos vientos nacieron estos lodos. El panorama que dejó la
resaca de la pandemia no era nada idílico. Escasez de médicos, largas listas de
espera en los centros, malestar entre los facultativos por el empeoramiento de
las condiciones laborales y salariales, críticas de los pacientes por el
déficit en las prestaciones, y la irrupción de la telemedicina como placebo
ante la escasez de las plantillas, vinieron a sumarse a la ya crónica bicefalia
público-privada para satisfacción de los operadores sanitarios privados.
En la última década, más
18.000 médicos emigraron al extranjero atraídos por las mejores expectativas,
el equivalente a tres promociones de médicos (el curso 2019-2020 se graduaron
6.600). Un cuello de botella estructural al que hay que añadir el filtro
restrictivo en el acceso al MIR (Médico Interno Residente), una selección que
cada año deja en la estacada a mayor número de titulados. El año en curso
quedaron vacantes 218 plazas en el concurso de adjudicación y 1895
profesionales no superaron la nota de corte establecida (hasta 2008-2009 no
había ninguna traba meritocrática). Todo ello agravado a su vez por el nuevo
modelo de adjudicación telemática y una serie de circunstancias sobrevenidas
que acumuladas estrechan aún más las capacidades del sistema: el pasado año 190
MIR no llegaron a tomar posesión de la plaza; cada vez son más los extranjeros
egresados (531 en 2021) que se marchan a sus países de origen acabado el ciclo
MIR y no son pocos los médicos que renuncian durante el primer mes de
residencia.
Esta carrera de obstáculos
no siempre encuentra respuesta adecuada en la Administraciones Públicas
competentes, sino que por el contrario a menudo sirve para sembrar polémicas
cruzadas entre los concernidos. De una lado, Comunidades Autónomas frente a l
Administración Central, y del otro las mismas Autonomías entre sí, según el
signo político de sus gobiernos. El <<y tú más>> está a la orden
del día para malestar de todos, personal del SNS y pacientes. Se confunde
deliberadamente lo público con la gubernamental para salirse por la tangente,
como ocurre con las televisiones públicas (estatales y comunitarias), que
responden más a la voz de su amo que al interés general. Una cosa es que las
CCAA tengan transferidas las competencias en Sanidad (hasta unos límites
reglados) y otra que el Gobierno de la Nación se llame a andana cuando los problemas
se desbordan, y la opinión pública presiona amenazando sus respectivas zonas de
confort.
A este respecto, la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en carta dirigida al
entonces ministro Salvador Illa, el 24 julio de 2020, denunciaba la inercia
estatal en los <<conflictos relacionados con la situación laboral y
profesional en los que el personal en formación, en especial los MIR, se
encuentra inmerso>>. Aseguraba la misiva que era la Administración
Central a la que incumbía la solución de muchas de las cuestiones planteadas,
dado que se trata de una cuestión de Estado regulada <<tanto en
Real decreto 1146/2006 como en el RD 183/2008>>. En concreto, la CESM
hacía referencia, entre otras a: <la mejora de la jornada laboral y su
adaptación a la reciente jurisprudencia sobre ordenación de los tiempos de
trabajo, en especial de la jornada máxima, y el respeto de los tiempos de
descanso, diario y semanal, adecuación y actualización de las retribuciones
básicas y establecimiento de un mínimo para las complementarias>>. Para
concluir, contextualizando la crisis, urgiendo al Gobierno << a que haga
las gestiones oportunas para que por los departamentos ministeriales que
corresponda se aborden estos problemas a la mayor brevedad posible, ya que,
teniendo en cuenta que un rebrote de la covid-19 para este otoño/invierno es un
riesgo muy plausible, debemos estar preparados para afrontarlo en las mejores
condiciones, por lo quedamos a la espera de sus noticias>>. Tres meses
después, el 4 de octubre de 2020, se publicaba en los principales diarios el
manifiesto arriba citado, dirigido a la autoridades y a la clase política en
general con el lema <<En la salud, ustedes mandan pero no saben>>.
De un año para otro,
nuestro tradicional paradigma sanitario quedaba obsoleto y su sustitución abría
un proceso preñado de dudas, incluido el gran salto adelante que predicaba la
generalización de una telemedicina más allá del formato en red. Una técnica más
predictiva que diagnóstica, a la que las propias autoridades se encomendaron
para no zozobrar ante una pandemia que no cesaba de vocear las grietas del
sistema. Esa fuga hacia adelante contó con el patrocinio del propio ministro
del ramo, presentando la <<transformación digital>> como una etapa
avanzada de la gestión público-privada. El 7 de octubre, apenas setenta y dos
horas del tirón de orejas dado por las 57 asociaciones científicas, Illa
presidia unas jornadas organizadas por la farmacéutica Roche bajo el nombre
<<Repensando la sanidad española. Una nueva sanidad para una nueva
normalidad>>. El evento de la multinacional implicada en los escándalos
del Gripe A y el Tamifu fue retransmitido en directo en la web del diario El
País, con su director como maestro de ceremonias, lo que derivó en que el buque
insignia del grupo Prisa acumulara ex ante y ex post una considerable cartera
de publicidad magnificando los retos de la moderna medicina lucrativa
(incluyendo encartes de 12 páginas elaborados por la Fundación España Salud).
La nueva normalidad predicada en el encuentro la definía el ministro como un
mix de <<la colaboración público-privado>> para <<reforzar la
sanidad>>.
Quizás por eso en el
Programa de Coalición Progresista suscrito por PSOE y Unidas Podemos como base
de su actuación gubernamental se pasa de puntillas sobre la norma estrella que
avala esa nueva normalidad. Así, el punto 2.2.3 dice con un cierto tono
masoquista. <<Se revisara la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas
formas de gestión del Sistema Nacional de salud y el conjunto de los mecanismos
normativos que abren la puerta a la privatización del sistema>>. O sea,
se reconoce que el proceso privatizador es conforme a ley y al mismo tiempo se
habla solo de revisarlo y no de derogarlo. Excusatio non petita dado
que en el enunciado de ese apartado se dice literalmente <<Avanzaremos en
el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que
se base en la gestión pública directa>>. En el entorno contractual,
eufemismos, sucedáneos y trampantojos tipo <<avanzaremos>>,
<<apostando>>, <<que se base>>, <<se
revisará>>, dependen de la reputación que tenga el declarante. Tantos
condicionantes diluyen una propuesta, el famoso <<ceteris paribus>>
(si lo demás no varía) de la no ciencia económica. Otra vez las medias tintas,
como el compromiso (este sí con la cita talismán) de derogar la reforma laboral
del PP luego descafeinado hasta su desnaturalización.
Llegados a este punto, la
realidad se impone a diestra y siniestra. Los datos oficiales señalan que hoy
en España faltan 4.700 médicos de Atención Primaria y 1.300 pediatras; ninguna
comunidad dedica el 25% de su presupuesto a sanidad aconsejado por la
Organización Mundial de la Salud (la media nacional es del 14%); y el ratio de
1 médico de familia por 1.000 habitantes solo es superado por Castilla y León
(1,1), siendo Baleares (0, 6), Canarias (0,7) y Madrid (0,7) las últimas en
este epígrafe (la media nacional está en 0,8). Asimismo, el ranking de las
listas de espera demuestra que la crisis no distingue de colores políticos.
Según el departamento de Carolina Darias, en su informe anual 2020-2021, las
cifras de accesibilidad temporal en cirugía por comunidades fluctúan sin un
patrón de comportamiento. A la cabeza aparecen Asturias (60 días) y País Vasco
(68 días), y a la cola Castilla La Mancha (286 días), Andalucía (188 días),
Aragón (180 días) y Extremadura (175 días). Que la problemática es transversal
se percibe al contrastar experiencias tipo, según la apuesta principal haya
sido dirigida a la gestión público-privada o por, el contrario, hacia la
pública pura, esquema que actualmente encarnan la Comunidad de Madrid y la
Comunidad Valenciana. Pues bien, el plazo de espera en Madrid está en 80 días
mientras en Valencia llega a 125 días. En esta última autonomía, donde el
gobierno de Ximo Puig empeñó la desprivatización de los servicios sanitarios,
solo entre los meses de enero a abril pasado se derivaron al sector privado
9.200 pacientes con un coste de 7.021.212 euros. La víspera de la gran una
manifestación celebrada en la capital contra <<el modelo Ayuso>>,
Comisiones Obreras denunciaba que en el Hospital General de Valencia tardaban
hasta 4 días en urgencia para tener cama en planta. A destacar el progresivo y
acelerado deterioro de esta variable, que ha pasado de 65 días de demora en el
año 2010 a 148 días en 2020. La herencia sanitaria recibida que responsabiliza
tanto al gobierno del PSOE, como al del PP e incluso al actual de PSOE y Unidas
Podemos, que son las siglas que ocuparon el poder en esa década regresiva.
Sin desdeñar lo más mínimo
el margen de desempeño de las administraciones locales, este es en lo esencial
el VAR (Video Assistant Referee) del estropicio sanitario que nos aflige.
Esgrimirlo maniqueamente como tizona partidista, sin embargo, implica
desvirtuarlo y dejarlo a merced de los hooligans mediáticos. El Gobierno
madrileño diseñó el 20 de junio un nuevo modelo de UE que debía entrar en vigor
el primero de noviembre; el 27 de octubre todos los sindicatos (CCOO, UGT, CSIT
y Satse) excepto AMYTS apoyaron la propuesta; y ocho días después fueron a la
huelga impulsados por la caótica improvisación de los responsables sanitarios
de la CAM al implementarlo, lo que derivó en la masiva manifestación del
domingo 13 de noviembre. Cuando eso sucedía, en Cantabria un Ejecutivo de signo
contrario llevaba días soportando un paro en la Atención Primaria. En Madrid,
la presidenta regional Díaz Ayuso acusó a los <<activistas de
izquierda>> de <<incendiar las calles>>, en Cantabria el
comité de huelga señalaba a la Ejecutiva del PSOE (Sanidad está en sus manos en
la CAC) por alentar al boicot mandando cartas <<a militantes y
simpatizantes utilizando la mentira para desacreditarla>>. La Sanidad es
el pilar fundamental del Estado de Bienestar de un pueblo, y en su defensa y
preservación hay que huir de los interesados relatos de parte. Tucídides era un
reconocido adversario político de Pericles, y eso no le impidió elogiar la
Oración Fúnebre pronunciada por el padre de la democracia ateniense en la
Primera Guerra del Peloponeso.
España
dedica a la Guerra más que en Sanidad y Educación en los Presupuestos Generales
del Estado para 2023. Un total de 12.500 millones frente 7.049 para Sanidad y
5.354 para Educación. Que cada cual aguante su vela.
Imagen de
portada: La Sanidad Pública no se vende – Imagen de archivo de
una manifestación a favor de la sanidad pública de eldiario.es
(Nota.
Este artículo se ha publicado en el número de Diciembre de Rojo y Negro)
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