El próximo gobierno de
Pedro Sánchez y la clase trabajadora
Hojas de Debate
La herencia franquista aún
presente en las instituciones del estado no solo busca preservar sus
privilegios heredados de la dictadura, sino que, por encima de todo, da
cobertura a la libertad de los capitalistas, de la banca, de los monopolios, de
explotar a la clase obrera y de hundir en la miseria a todos los sectores
populares, por medio de la inflación, producto pura y simplemente de la
especulación.
Agotando casi los plazos
para un acuerdo de gobierno entre el PSOE y los partidos soberanistas
catalanes, éste finalmente se ha producido, tras consensuar el contenido de
una ley de amnistía y
demás aspectos vinculados a la «des-penalización» del derecho de los pueblos a
pronunciarse sobre su futuro.
Este acuerdo se ha
planteado, como era previsible, rodeado de una fuerte presión de las
instituciones reaccionarias del aparato de Estado, medios de comunicación,
partidos y asociaciones ciudadanas vinculadas al franquismo. Una presión que en
los últimos días ha combinado las iniciativas legislativas y parlamentarias con
la presencia testimonial (a veces violenta) en las calles y frente a las sedes
del PSOE, de manifestantes claramente posicionados con la ultraderecha,
planteando entre otras cosas que el futuro presidente de gobierno es un
«traidor» y que la amnistía supone acabar con la Constitución del 78.
Sin embargo, la amnistía
para todos los demócratas y en particular para quienes el 1 de octubre de 2017
trataron de promover una consulta ciudadana soberanista, sigue siendo una
cuestión central en torno a la que gira, no sólo la posibilidad de futuro
gobierno de coalición amplia del PSOE, Sumar y las organizaciones
nacionalistas; también el propio marco constitucional de monarquía
parlamentaria otorgada por el franquismo y que se mantiene «bloqueado» a todos
los efectos por la nula ruptura con este régimen.
Llegar a este acuerdo de
gobierno en torno a una ley de amnistía supone, por tanto, ir más allá del
actual entramado jurídico-político, reconocer a todos los efectos que no se
puede construir un futuro de avances y de convivencia entre los pueblos del
Estado aplicando las leyes represivas a quienes han actuado o se han movilizado
por reivindicaciones democráticas. Supone dar un paso adelante hacia la
democracia y las libertades formales. Por eso las fuerzas franquistas y
reaccionarias del estado se han puesto en máxima alerta y continuarán, previsiblemente.
Los trabajadores de
todos los pueblos del Estado defendemos la amnistía y las libertades
Al hablar ahora de
amnistía y promover una ley se asume abordar una de las cuestiones que fue
negada en la llamada “transición”: la posibilidad de que el pueblo catalán, y
con él todos los pueblos que forman el Estado, puedan decidir su futuro
liberándose de la carga de su pesada herencia franquista. Una herencia que
sigue, en los hechos, controlando las instituciones del Estado y que se
condensa en la persona e institución monárquica.
Instituciones, todas ellas, que no solo buscan preservar sus privilegios heredados de la dictadura, sino que, por encima de todo, dan cobertura a la libertad de los capitalistas, de la banca, de los monopolios, de explotar a la clase obrera y de hundir en la miseria a todos los sectores populares, por medio de la inflación, producto pura y simplemente de la especulación. Como se gritaba en las calles en los tiempos del 15-M “lo llaman democracia y no lo es”.
Conseguir la amnistía es
un avance democrático, y no sólo para los muchos de ciudadanos y ciudadanas
catalanes (la inmensa mayoría, jóvenes) amenazados de juicio y condena. Y debe
ser un paso, igualmente, para acabar con toda la legislación represiva
empezando por la Ley Mordaza, que afecta entre otros a centenares de
trabajadores represaliados.
Sobre las políticas y
acuerdos de la coalición del futuro gobierno
Junto con la ley de
amnistía, las conversaciones del PSOE con el resto de fuerzas comprometidas en
la investidura de Pedro Sánchez también han cuajado en una serie de acuerdos y
compromisos concretos de gobierno. En este sentido, hay que resaltar que por
mucho que el acuerdo de gobierno disipe la posibilidad de un gobierno de los
franquistas, no podemos adherirnos a ciegas –como no lo hacen millones de
trabajadores- a estas propuestas incluidas en los acuerdos para conformar el
nuevo gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
La razón es clara: estos
acuerdos (de máxima pluralidad y mínimo compromiso concreto) no resuelven las
reivindicaciones pendientes de la clase trabajadora, tanto sociales como
económicas, no garantizan a la población trabajadora llegar a fin de mes, ni a
los jóvenes acceder a una vivienda (para ello sería necesario garantizar un
aumento de salarios y pensiones según el IPC real), ni permiten salvar la
sanidad pública, en grave peligro, la enseñanza, los servicios públicos, las
pensiones…
Estos acuerdos tampoco
ponen fin al despilfarro de los gastos militares. Ni abren la perspectiva de
acabar con los privilegios y abusos de la Iglesia católica, implantando la
separación real de la Iglesia y el Estado, una cuestión de rabiosa actualidad
tras la publicación de datos que hablan de más de 400.000 niños objeto de
abusos Y en este sentido es preocupante el silencio de todas las fuerzas
políticas al respecto.
Cuando la investidura de
Pedro Sánchez se produzca, comenzará una nueva etapa, en la que el factor
decisivo va a ser la acción y organización de la clase trabajadora, la lucha de
clases. Porque la formación del nuevo gobierno -cuya estabilidad, además, va a
depender del beneplácito de algunas formaciones “nacionalistas” de derechas- no
es, en sí, garantía suficiente.
En esta nueva etapa, la
necesidad de que las organizaciones de trabajadores, jóvenes, pensionistas
mantengan su independencia en relación al gobierno es clave, para que sea
posible aplicar una máxima elemental: gobierne quien gobierne, las
reivindicaciones y las conquistas se defienden.
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