Según la cúpula de Unidas Podemos no había alternativa al pacto acordado con el PP. Al llegar al punto de tener que aceptar semejante chantaje, ¿se ha entrado a fondo en la lógica gobernista en la que ya no hay líneas rojas?
La renovación del Tribunal Constitucional como síntoma
El Viejo Topo
17 noviembre, 2021
“Hay una ley no
escrita por la que los gobiernos del PP se cargan de un plumazo nada más llegar
las leyes progresistas, mientras los de izquierda se eternizan para apenas
modificar las pautas conservadoras”. Esto escribía recientemente Rosa María
Artal en eldiario.es y, si aceptamos la generosa definición
del PSOE como partido de izquierda, no faltan ejemplos que corroboran esa tesis
en la ya larga historia del régimen del 78 y, más recientemente, en los dos
años de vida del gobierno de coalición de ese partido con Unidas Podemos (UP).
Limitándonos a
esta última etapa, por no hablar del tímido pellizco fiscal o
de la impotencia mostrada ante el oligopolio eléctrico, bastaría con referirnos
a cuestiones que, aun estando dentro del acuerdo de gobierno entre ambos
partidos, siguen siendo claves y, sin embargo, todavía están pendientes de
concretar, como la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 o de la ley
mordaza de 2015. En relación con ambas, pocas esperanzas quedan de que se llegue
más allá de la suavización o los retoques de
algunos artículos, como ya se está reconociendo incluso desde las filas de UP.
De concluir el proceso parlamentario con tan modestos resultados, tendremos
nuevas pruebas de que, pese a las trabas que puedan poner la derecha y la
patronal -siempre intransigentes frente a la menor concesión-, la
sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la concepción autoritaria de orden
público heredada del franquismo seguirán imperturbables su rumbo,
aunque vayan acompañadas de algunas medidas paliativas.
Pero es que,
además, la rectificación (otra más…) de Pedro Sánchez respecto a las
derogaciones prometidas se inserta dentro de una mayor voluntad de reconstruir
espacios de consenso bipartidista con el PP, como quedó escenificado en el
Congreso del PSOE mediante su reconciliación con Felipe González, icono de
la vieja política. Obviamente, ese consenso ha existido siempre en
lo que afecta a la obediencia a la UE neoliberal y a la defensa de la monarquía
y de la unidad de España (por mucho que exagere Casado con su sobreactuación
electoralista), pero tenía que extenderse a la superación del bloqueo en
instituciones como el Tribunal Constitucional y la cúpula del poder judicial.
Lo nuevo ahora es que UP se está dejando arrastrar por esa tendencia a
reconstruir el viejo bipartidismo.
UP, ¿muleta del bipartidismo?
El ejemplo más
relevante y reciente de esa deriva es el relacionado con la renovación del
Tribunal Constitucional, en cuyo desenlace final hemos podido comprobar cómo UP
ha acabado aceptando no sólo el método empleado (que ha dejado fuera a los
aliados de la periferia), sino, sobre todo, el chantaje del PP al incluir un
candidato corrupto, Enrique Arnaldo, como miembro de esa institución. La
justificación que se ha querido dar desde las filas de UP –y claro, también
desde el PSOE- era que había que tragarse ese sapo como
condición necesaria para acabar con el secuestro de esa y
otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal
Supremo, por el PP. Ahora bien, no hay ninguna garantía de que eso vaya a
ocurrir cuando precisamente es el PP quien sale fortalecido con esa estrategia.
Pero aún si hubiese sido el caso, no todo vale para un fin
presuntamente bueno.
Como han
escrito recientemente dos diputadas y un ex diputado de UP,
Durante mucho
tiempo el pensamiento bipartidista se ha ido deslizando hacia el todo vale, en
una suerte de negociación basada en no vetar a los incapaces propuestos por
otro partido mientras tú no me vetes a los míos. Esto al final ha derivado en
no pocas ocasiones en un criterio de selección adversa, con brillantes
excepciones. Primero se amenaza con bloquear y después se pacta para alivio de
todo el mundo. Qué se pacta y a quién se coloca es lo de menos [1].
Finalmente, eso
es lo que ha ocurrido a pesar de la “brillante excepción” del juez Ramón Sáez.
Ahora, el “pensamiento bipartidista” se ha convertido en tripartidista,
confirmándose así un nuevo paso adelante en la aceptación por parte de UP de
esa vieja política corrupta que tanto había criticado. Una
decisión que no es sino la consecuencia de una involución política que le ha
conducido de su vocación inicialmente rupturista con el régimen del 78 a la
frustración de las esperanzas de regeneración del mismo que se
abrieron desde su llegada al gobierno. Porque ni siquiera esto último cabe
esperar ya de una formación política que, pese a la larga cantidad de sapos que
ha ido tragando durante todo este tiempo, ha hecho de su permanencia en el
gobierno a toda costa su único objetivo.
En esta
ocasión, también es significativo que a medida que las noticias sobre la
trayectoria corrupta de Enrique Arnaldo han ido saliendo en los medios (y en
las que no ha faltado su relación con la fábrica de corrupción en que se fue
convirtiendo la Universidad Rey Juan Carlos, haciendo sobradamente honor al rey
ladrón), el malestar haya ido más allá de la izquierda social, y haya llegado a
alcanzar a medios como los del Grupo Prisa y otros afines. En esos espacios de
opinión, a pesar de su identificación con el régimen, lo ocurrido tampoco ha
sido considerado un mal menor en nombre de un bien
mayor, sino todo lo contrario: ha sido percibido como un mal mayor a
la credibilidad del Tribunal Constitucional, ya bastante deteriorada en el
pasado reciente y no sólo por sus sentencias respecto al conflicto catalán. Por
tanto, su legitimidad no sale reforzada, sino todo lo contrario, en unos
tiempos en los que su papel va a continuar siendo fundamental en medio de
una guerra política y cultural que no tiene visos de superarse
a la vista del desgaste de este gobierno y del envalentonamiento del PP y su
aliado Vox, ambos ansiosos por entrar en el ciclo electoral que se va a iniciar
con las elecciones andaluzas el próximo año.
Vuelve la cultura de la transición
Frente a esa
ofensiva, lo más preocupante de la deriva actual de UP es que con su fiel
comportamiento ha dado un paso más en su contribución a reconstruir esa cultura
de la transición contra la que nació el 15M y ante a la que Podemos
quiso erigirse como exponente de una cultura política alternativa, la de la
centralidad del protagonismo popular a favor de un cambio que
no fuera un mero recambio de elites. De esa nueva cultura
(y nueva política) ya queda poco en esta formación, más allá de la
retórica y de las posibles disidencias que puedan llegar a manifestarse públicamente
en el futuro (como ahora con las pensiones), pero mucho me temo que este caso
del TC sea presentado como un accidente de recorrido en el
objetivo de debilitar una mayoría conservadora judicial que, sin embargo, no
dejará de contar con recursos suficientes para continuar con su lawfare.
Disfrazar la
decisión tomada, como ha hecho algún dirigente de UP, con el argumento de
la ética de la responsabilidad es pura demagogia, ya que el
mismo Max Weber abogaba por conciliar una ética de la responsabilidad con una
ética de la convicción[2],
y no cabe duda de que ésta última ha sido simplemente relegada al olvido, salvo
en el caso de quienes, rompiendo la disciplina, dieron su voto negativo en el
parlamento.
En realidad, es
a la gobernabilidad del régimen a la que parece supeditar su labor una UP que
además, en boca de su figura en ascenso, Yolanda Díaz, no deja de insistir en
su defensa de la política como diálogo, negociación, consenso, al
igual que hacen las direcciones de CC OO y UGT, cuando lo que urge hoy es
poner de nuevo en el centro de la política la movilización y el conflicto
social como único camino para frenar el deterioro de la relación de fuerzas a
favor de las derechas y la patronal.
Desde la cúpula
de UP se nos dice que no había alternativa al pacto acordado con el PP, pero se
oculta que si se ha llegado al punto de tener que aceptar semejante chantaje de
ese partido y, no lo olvidemos, del PSOE, es porque se ha entrado a fondo en la
lógica gobernista de que ya no hay líneas rojas ante los sucesivos males
menores que se van asumiendo durante ese camino. Un camino que,
insistimos, no hace más que contribuir a la recomposición del régimen y a la
recuperación de la centralidad que los dos principales partidos habían perdido
desde 2014.
Esa alternativa
existía antes, al principio de esta legislatura, si se hubiera optado por estar
fuera del gobierno, como en Portugal, donde dos fuerzas políticas a la
izquierda del PS (el Bloco y el PCP), aun con sus diferencias y
contradicciones, supieron apoyar desde el parlamento lo que de positivo pudo
hacer ese partido desde el gobierno y, a la vez, mantener su autonomía desde la
oposición en el parlamento y en la calle para criticar y rechazar todo lo que
les separaba[3].
Por ello nos
reafirmamos en que una orientación semejante debía haber sido la adoptada por
UP desde el principio y en que, de continuar en la actual, el daño que está
haciendo a la necesaria recomposición de la izquierda social y política está
siendo enorme. Porque, como escribió el amigo Daniel Bensaïd, “la dura ley de
las derrotas quiere que no todos compartan las responsabilidades, pero que
todos sufran las consecuencias”. Y las consecuencias de las derrotas sufridas,
por mucha exhibición que se haya hecho de algunas modestas victorias, están
siendo muy negativas, como estamos viendo con el aumento de la desafección
ciudadana hacia la política y el auge de la ultraderecha.
Más que nunca,
es la política como asunción del conflicto (de intereses, de valores, de
razones…), en una relación de fuerzas estructuralmente desfavorable, la que
debería ser reivindicada desde la izquierda si queremos reconstruir nuevos
sujetos políticos que demuestren que existe un horizonte alternativo posible.
La necesidad de esta política tiene más razón de ser aún en estos tiempos
en los que la situación que estamos viviendo en esta provincia española
se está dando en un contexto general de gran atasco, emergencia
ecosocial global y guerras frías, con la población que reclama su
derecho de asilo como víctima principal, tal y como ocurre en la frontera entre
Bielorrusia y la UE. Y no será gobernando con el social-liberalismo, aquí o en
Alemania, aunque se tinte de verde, como se podrá hacer frente a
ese libertarianismo autoritario (Trump, Bolsonaro, Ayuso…) que trata de
erigirse hoy como solución de recambio ante el declive de las viejas formas de
dominación capitalistas. Será, más bien, recuperando la cultura del descontento
movilizador[4],
como ocurrió con el ciclo abierto por el 15M, en torno a propuestas
impugnadoras de las causas que explican el ascenso de ese bloque reaccionario,
como podremos ir recobrando fuerzas y credibilidad entre las clases
trabajadoras.
Notas
[1] Gloria
Elizo, Meri Pita y Eduardo Santos, El Periódico de España,
10/11/2021, https://www.epe.es/es/opinion/20211110/o-juristas-o-soldados-12829283
[2] “Si
se hacen concesiones al principio de que el fin justifica los medios, es
imposible conciliar una ética de la convicción con una ética de la
responsabilidad, así como es imposible establecer éticamente qué fines pueden
justificar tales o cuales medios”, Max Weber, La política como
profesión.
[3] Me
remito al artículo de Adriano Campos en https://vientosur.info/salud-pensiones-y-trabajo-son-los-impasses-de-la-izquierda/ y
a la entrevista de Brais Fernández al diputado del Bloco de esquerda Jorge
Costa en https://vientosur.info/la-izquierda-ante-las-elecciones-en-portugal/
[4] Tomo
prestada esta fórmula del estudio empírico El descontento movilizador.
Cultura y discursos sobre la política en un marco de crisis (2011-2013), de
María Jesús Funes, Ernesto Ganuza y Patricia García-Espín (eds.), CSIC, 2020,
Madrid.
Artículo publicado originalmente en Viento Sur.
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