¿Qué pasa con “lo público”?
Fuentes: Rebelión
10/08/2021
Desde hace unos
años se viene produciendo un deterioro de “la cosa pública”, me refiero a
servicios públicos y derechos sociales como la sanidad, la educación, la
asistencia social, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, la
limpieza pública o el sistema de pensiones, entre otros.
Las causas de
este proceso son varias, aunque la principal está relacionada con el ámbito
político y el interés del poder económico por hacer de estos servicios un
negocio, suponiendo todo ello una transferencia de recursos públicos y de las
familias hacia intereses privados particulares. Las instituciones políticas
deberían de estar al servicio de los ciudadanos, pero con frecuencia sus
decisiones están mediatizadas, de forma más o menos directa, por el poder
financiero – industrial (grandes empresas, consorcios bancarios y fondos de
inversión), que mediante diferentes formas de presión y control, siendo la
deuda una de ellas, hace que dichas decisiones vayan en favor de sus intereses.
La democracia social está en retroceso ante el avance del liberalismo
capitalista donde prevalecen el individualismo, la competitividad, los
intereses particulares de determinadas minorías y un mercantilismo en el que
todo es susceptible de convertirse en mercancía que se compra y se vende en un
mercado. El proceso se inicia provocando el deterioro de “lo público”. Se
reduce el presupuesto en sanidad pública empeorando su calidad asistencial y
empujando hacia las aseguradoras privadas a quienes, si es que pueden pagarla,
necesitan una mayor asistencia de la que ofrece la sanidad pública. Se cierran
aulas y se reduce la oferta en la enseñanza pública a la vez que se amplían los
conciertos educativos y las autorizaciones para centros privados. Se recortan
las pensiones, empujando a los ciudadanos que puedan costeárselo hacia los
planes de pensiones privados. Se externalizan servicios municipales como la
gestión del agua o residuos, y se privatiza la asistencia social, la ayuda a la
dependencia y la atención a mayores. Se reduce la inversión pública en
investigación científica dejando la iniciativa al sector privado, que tiene
unos intereses económicos concretos, queriendo rentabilizar de forma rápida sus
inversiones, sin tener en cuenta el interés social. Las excusas para esto
suelen ser el mal funcionamiento de “lo público”, aunque antes se ha provocado
su deterioro; o un supuesto coste inferior si se privatiza, pero en realidad,
esto no suele mejorar su calidad, ni reducir su coste, sino que con frecuencia
ocurre lo contrario, además de producir un deterioro de las condiciones
laborales de quienes prestan estos servicios, todo ello, en beneficio de
intereses particulares. A esto se añade los intereses partidistas, la
corrupción y el malgasto que a veces se produce en la administración de los recursos
públicos. Con todos estos componentes, poco a poco, los derechos sociales se
van convirtiendo en negocio para el capital privado, y si nadie lo remedia, “lo
público” quedará reducido a algo marginal, de escasa calidad, destinado a los
sectores sociales más empobrecidos.
Hay otros
aspectos a tener en cuenta en este proceso. Uno sería el comportamiento de una
parte de los empleados públicos con respecto a la asistencia al trabajo y las
bajas laborales, además de la dejadez, el desinterés y la falta de responsabilidad
social, perjudicando la calidad y la reputación de “lo público” y del
colectivo, que en general cumple bien su tarea. Asimismo, la utilización
indebida que una parte de la sociedad, tanto individuos como asociaciones y
empresas, hace de determinados servicios públicos, prestaciones, subsidios,
subvenciones, bonificaciones o ayudas sociales, generando desprestigio de “lo
público”. Por su parte, la administración política en vez de mejorar la gestión
para que estos hechos no sucedan, los utiliza, a veces aumentando su
importancia, como pretexto para reducir, eliminar o privatizar “lo público”,
aunque el principal motivo de esa decisión política sea favorecer el negocio
privado.
Ante esta
situación, cabe preguntarse: ¿qué podemos hacer para proteger los derechos
sociales y los servicios públicos?
Lo primero,
desarrollar un sistema de impuestos verdaderamente progresivo y justo,
terminando con los beneficios fiscales, sobre todo de grandes empresas y
sociedades de inversión. Un sistema que permita conseguir los recursos
suficientes que hagan posible unos servicios públicos de calidad. Para ello
también es necesario luchar de verdad contra el fraude fiscal, la economía
sumergida y la corrupción, en sus distintas formas.
Otro aspecto
fundamental es la concienciación ciudadana. Por un lado, para organizarse y
reivindicar, por justicia social, unos servicios públicos dignos. Por otro,
para hacer un buen uso de ellos, con responsabilidad personal y criterio
social. Esta concienciación también es necesaria en los empleados públicos, que
deben hacer todo lo que esté en sus manos para que los servicios públicos,
teniendo en cuenta las circunstancias, sean lo mejor posible, atendiendo las
necesidades de los ciudadanos, eso es lo principal, y las quejas sobre posibles
deficiencias del servicio deben dirigirlas hacia instancias superiores,
solicitando o exigiendo su mejora. Y por supuesto, hace falta que la clase
política se dedique únicamente a servir a los ciudadanos, a intentar resolver
los problemas sociales, y no a servir sus intereses personales, partidistas o
de determinados grupos de poder.
También es
necesario un control ciudadano en la gestión de los servicios públicos mediante
consejos o auditorías en las que participen usuarios y asociaciones correspondientes,
para verificar su buen funcionamiento, analizar deficiencias y problemas,
proponer y reclamar mejoras, detectar y prevenir una posible corrupción o
malgasto, etc.
Una sociedad
que se considere democrática debe cubrir de una manera digna los derechos
sociales y disponer unos servicios públicos universales y de calidad. Si hay
personas que acuden a lo privado que no sea porque hayan sido empujadas a ello
por las deficiencias, carencias o deterioro de “lo público”.
Bartolomé Miranda Jurado es profesor de Filosofía
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