Pactos de La Moncloa 2020: contra las generaciones
futuras
Kaosenlared
Abr 6, 2020
Durante el segundo semestre de 1977 España nadaba entre tres
aguas. Padecía los estertores del posfranquismo, estrenaba un gobierno
democrático y aún carecía de una constitución homologable a las de Europa
occidental. El 15 de julio, un partido de tránsfugas, la Unión de Centro
Democrático (UCD), había ganado las primeras elecciones libres desde 1936 y
recuperaba como presidente del gobierno a Adolfo Suarez, el último secretario
general del Movimiento. Los españoles, convocados a las urnas solo dos años
después de la muerte de Franco, se habían decantado por un continuismo de nueva
planta. Entronizaban al máximo responsable del partido único de la dictadura,
desoyendo las tímidas llamadas a la ruptura de las fuerzas de la oposición de
izquierda. Era el inicio de la transición, aunque todavía quedaba camino hasta
llegar al consenso.
Como tantas otras veces en nuestra historia reciente, la
economía empujó el cambio que la política de partidos por sí sola no podía. Con
los primeros coletazos de la crisis energética del 73, provocada por el súbito
encarecimiento del precio del petróleo, los poderes fácticos y los
institucionales empezaron a temer que la coyuntura pifiara lo que
inopinadamente acababan de sentenciar los comicios. En la memoria de muchos
estaba el recuerdo de lo sucedido en 1931, cuando las réplicas tectónicas del
crac del 29 convirtieron unas elecciones municipales en un plebiscito contra la
monarquía y de soslayo alumbrara la Segunda República. Además, en la vecina
Portugal el ejército se había unido al pueblo para acabar con el régimen
oprobioso de Oliveira Salazar, que junto con el Caudillo eran los últimos
vestigios fascistas del viejo continente.
Con esa zozobra compartida (un gobierno con una cuestionada
legitimidad de origen y una oposición sin legitimidad real de ejercicio) se
diseñó la teoría de la <<correlación de debilidades>> que permitió
a los contendientes escenificar una vuelco ideológico salvando la cara. Quienes
detentaban el poder sabían que tenían los pies de barro. La iniciativa en las
calles les era adversa, como demostraban las estadísticas sobre las
manifestaciones y protestas. Solo en 1976 hubo 1.438 días de huelga por cada
mil trabajadores, siendo la media en la Comunidad Económica Europea (CEE) de 390.
Por otro lado, socialistas y comunistas, las dos formaciones que integraban la
alternativa al sistema a través de la Junta Democrática y de la Platajunta,
respectivamente, no desconocían que la policía y las fuerzas armadas
defenderían el legado de Franco designando a Juan Carlos I como su sucesor a
título de Rey
De ahí que El País, el diario más influyente de la nueva
etapa inicialmente patrocinado por el franquista Manuel Fraga, nada más
conocerse los resultados del 15-J lanzara todo su argumentario en pos de un
gran acuerdo entre españoles que superara las diferencias de las dos Españas
(Juan Luis Cebrián, Un pacto nacional. 16 de junio de 1977). Arriados
los diques ideológicos del proyecto rupturista por otro de índole reformista,
unos y otros convinieron en la necesidad de mostrar a la opinión pública que
intereses superiores aconsejaban trocar las lanzas en cañas. Un sendero, de
simple armisticio primero y de recíproca aquiescencia después, que llevó a los
principales dirigentes de la izquierda al rescate del régimen después de
intercambiarse concesiones mutuas como ornato (aceptación de la monarquía
juancarlista por Santiago Carrillo como compensación por la legalización del
PCE; y demolición controlada del aparato del viejo socialismo empoderando como
nuevo líder a Isidoro, el Felipe González de <<la clandestinidad>>,
en el Congreso de Suresnes con el apoyo de la poderosa socialdemocracia
alemana).
Todo eso se puso negro sobre blanco en los Pactos de La
Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977, un año antes de que se aprobara en
referéndum la Constitución. El acuerdo marco fue suscrito por los líderes de
los partidos con representación parlamentaria y, posteriormente, por la Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), después de vencer
las reticencias de sectores laborales que consideraban lo firmado como una
claudicación del sindicalismo de clase y la desmovilización del movimiento
obrero (como denunciara la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la
histórica centrar anarcosindicalista, que saludó la afrenta con una gran huelga
de gasolineras en Catalunya). Las cifras macro que excusaban aquel consenso
contra natura eran: una inflación del 30%; un paro de 3,75%; y un déficit del
sector exterior cercano al 3,5%.
Los Pactos de La Moncloa supusieron de hecho una constitución
económica que nunca fue sometida al refrendo de la ciudadanía. Como tampoco lo
serían otros acuerdos menos generalistas pero igualmente trascendentales en
cuanto a su impacto en la vida de la población. Como el que llevó en 2010 a la
reforma exprés del artículo 135 de la C.E., a fin de blindar las políticas de
ajustes y recortes perpetradas para gestionar la crisis financiera. Entre el
<<Plan de Estabilidad>> de antaño y la << Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera>> de hogaño, hay algo más que
una afinidad semántica. Como recuerda la hemeroteca, aquellos pactos (en
plural) se cumplimentaron más en lo que afectaba a la modernización de la
economía de libre mercado que en lo que concernía al ámbito social. Así,
mientras se contuvo la inflación, gracias sobre todo a la limitación salarial
acordada, el paro no dejó de crecer, trepando hasta el 17,9% cinco años más
tarde.
Ahora la emergencia no viene de facilitar la mutación de una
dictadura a una democracia, sino de paliar los efectos destructivos de una
pandemia que ha llevado a la hibernación de la economía y al confinamiento de
la gente por mor del estado de alarma decretado por el gobierno. Y de nuevo,
España es obtusamente diferente. Si entonces se daba la espalda a la salida
radical dada en Portugal y Grecia, ahora un gobierno de coalición
<<rotundamente progresista>> plantea unos nuevos Pactos de la
Moncloa sin parangón en el contexto internacional. Ningún otro país de nuestro
entorno ha pedido <<parar el reloj>> del juego democrático para
lidiar con el Covid-19. Es un formato de nuestra exclusividad y
responsabilidad. Solo que, por una vez y sin que sirva de precedente, la
historia se repite como farsa. El plácet que el Ejecutivo de la nación solicita
del resto de los interlocutores sociales, lo hace un líder que llegó al poder
al grito de <<no, es no>> cuando se planteó la posibilidad de un
gobierno de integración nacional. En claro, rotundo y arrogante rechazo de
cualquier consenso con la oposición. Pero como no hay dos sin tres, nuevamente
esa <<correlación de debilidades>> que induce al <<donde dije
digo…>> se oficializa 24 horas después de que el intelectual orgánico de
Ferraz pidiera una reedición de los Pactos de La Moncloa a través del consejo
de otro director del rotativo (Joaquín Estefanía, El compromiso histórico
español. 3 de abril de 2020).
El sábado 4 de marzo, mientras España se convertía en el
primer país de Europa por afectados, muertos al día y sanitarios contagiados
(según los dudosos registros oficiales), míster <<lo que haga falta,
donde haga falta y cuando haga falta>> comunicaba al país la prórroga del
confinamiento hasta el 25 de abril como poco. Y advertía: <<Es evidente
que la economía española se va a tener que endeudar. Vamos a detraer recursos a
las nuevas generaciones >>. Con el prorrogado sacrificio de la juventud
sin futuro tras el austericidio anterior, Sánchez confirmaba su visión
tierraplanista del Covid-19 planificando por encima de sus capacidades.
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