Las multinacionales mandan
El negocio del arbitraje contra los Estados
Rebelion
Revista Ecologista
19.10.2019
El acuerdo de inversión, conocido como Tratado sobre
la Carta de la Energía, somete la soberanía de los Estados a los intereses
económicos de las grandes corporaciones e impide ir hacia la transición
energética.
En los últimos meses se han conocido varias sentencias
contra España emitidas por tribunales internacionales de arbitraje al amparo
del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este acuerdo de inversión
multilateral, que abarca específicamente el sector de la energía, fue firmado
por medio centenar de países de Europa y Asia en 1994 con el objetivo de
facilitar a las empresas transnacionales europeas el control de la integración
de los mercados energéticos de Europa Oriental y Asia Central y asegurar los
suministros.
Las demandas
contra España fueron planteadas por inversores extranjeros y tienen su origen
en los cambios legislativos que supusieron recortes de los subsidios a las
renovables desde 2010. En todos los casos resueltos en 2019 los tribunales han
fallado a favor de los inversores, que parecen estar asentando un nuevo modelo
de negocio en torno a estas demandas.
Al margen de
las razones de fondo de las demandas y la particularidad del caso español, lo
relevante es que el TCE y otros tratados de comercio e inversión contienen
mecanismos que permiten a corporaciones e inversores condicionar las políticas
de los Estados y que además las medidas encaminadas a la lucha contra el cambio
climático y la transición ecológica se encuentran entre las más amenazadas.
Estos
mecanismos, conocidos por sus siglas en inglés como ISDS (en castellano
Resolución de Disputas entre Inversores y Estados), permiten a las empresas
demandar a los países en los que han realizado inversiones por cualquier medida
que consideren pueda afectar a sus intereses económicos presentes o futuros.
Las demandas se
presentan ante tribunales de arbitraje internacionales, unos tribunales muy
especiales por varias razones: no están compuestos por jueces sino por abogados
privados, sus decisiones se encuentran por encima de cualquier legislación
nacional y sus laudos son definitivos y no recurribles ante ninguna otra
instancia. Además, el mecanismo es unilateral, de manera que los inversores
pueden demandar a los Estados pero no al revés.
Transición energética
La
imprescindible transición energética a través del abandono de los combustibles
fósiles, la limitación de emisiones contaminantes y las luchas contra el
extractivismo y por la protección de los recursos naturales choca frontalmente
contra los intereses de muchas corporaciones. Y en esa confrontación, los ISDS
son un arma muy potente que puede desequilibrar la balanza en favor del
beneficio privado y en contra del interés general, algo especialmente grave en
un contexto de crisis ecológica global y de emergencia climática como el
actual.
España es el segundo país más demandado del mundo mediante mecanismos ISDS,
con 50 demandas, de las cuales 45 se deben al Tratado de la Carta de la Energía.
Dos casos
emblemáticos internacionales de demandas bajo el amparo del Tratado sobre la
Carta de la Energía que evidencian el riesgo que este acuerdo supone para la
transición ecológica son los de Rockhopper contra Italia y Vatenfall contra
Alemania. En el primer caso, la transnacional británica Rockhopper demandó en
2017 al Estado Italiano 300 millones de euros por cancelar sus concesiones para
buscar petróleo en la costa del Adriático como consecuencia de la decisión del
Parlamento italiano de prohibir este tipo de perforaciones en 2013. En cuanto a
Vatenfall, esta multinacional sueca de la energía reclamó 1.400 millones de
euros a Alemania en concepto de indemnización por las restricciones ambientales
impuestas a una de sus centrales eléctricas de carbón y 3.700 millones de euros
por la pérdida de ganancias en dos de sus centrales de energía nuclear después
de que el Gobierno alemán anunciara el progresivo abandono de la energía
nuclear a raíz de la catástrofe de Fukushima.
Demandas contra el Estado español
España es el
segundo país más demandado del mundo mediante mecanismos ISDS, con 50 demandas,
de las cuales 45 se deben al Tratado de la Carta de la Energía. En los últimos
tres meses se han dictado cuatro condenas contra el Estado que supondrán un
desembolso de fondos públicos de más de 420 millones de euros. Se estima que el
total de demandas existentes a causa del TCE contra España supera los 8.000
millones de euros.
La última
demanda contra España ha sido interpuesta en marzo de 2019 por Canepa Green
Energy SL. Esta empresa se creó en 2010 para invertir en activos de energías
renovables. Para ello constituyó dos sociedades en Luxemburgo que adquirieron
los activos en España. El establecimiento de las sociedades fuera del país les
ha permitido plantear la demanda al Estado, puesto que el Tratado sobre la Carta
de la Energía sólo permite demandar a inversores extranjeros. Su sociedad
matriz es el fondo inmobiliario Azora, que en 2013 compró junto con Goldman
Sachs 2.935 viviendas de protección pública a la Comunidad de Madrid.
Detrás de otra
empresa demandante, 9REN HOLDING S.A.R.L. está el fondo de capital riesgo
estadounidense First Reserve que compró en 2008 Gamesa Solar, la filial de
Gamesa especializada en parques fotovoltaicos. First Reserve es uno de los
mayores fondos del mundo en el sector de la energía, con la mayor parte de sus
inversiones en compañías de combustibles fósiles. Tiene participaciones en
petroleras, gasísticas, oleoductos y compañías de fracking, entre otras. La
demanda se ha resuelto a favor de 9REN, que recibirá 41,8 millones de euros del
Estado más 5 millones adicionales para cubrir los costes del proceso.
Aunque en el
caso de España la mayor parte de las demandas tengan que ver con el recorte de
los subsidios a las energías renovables, lo importante es entender quién tiene
la capacidad de utilizar estos tratados e interponer demandas para frenar las
medidas adoptadas por los países, y cuáles pueden ser las consecuencias.
Así, vemos como
en 39 de las 45 demandas contra España, el inversor demandante no es una
empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor
financiero especulativo, mientras que en 22 de los casos, las demandas son
presentadas por compañías que también tienen inversiones en los sectores más
contaminantes —carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear— y podrían
demandar a España por medidas encaminadas a la transición energética.
Fondos de inversión
En 21 de los 45
casos, los inversores demandantes se radican en Holanda y Luxemburgo por su
baja fiscalidad, constituyendo allí empresas pantalla o fantasma para eludir
impuestos. Además, los propios casos se convierten en objeto de compra-venta,
ya que existen fondos de inversión que financian las demandas de los inversores
y que compran los derechos sobre las sentencias, convirtiendo el arbitraje en
un lucrativo negocio especulativo. Por otra parte, en el mundo del arbitraje no
son extraños los casos de puertas giratorias entre exaltos cargos y
funcionarios del Gobierno, despachos de abogados y tribunales de arbitraje. Un
ejemplo de ello es el reciente fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría por el
despacho de abogados Cuatrecasas, el cual representa a varios inversores
internacionales en sus demandas contra España.
El Tratado
sobre la Carta de la Energía no es el único acuerdo comercial que incluye mecanismos
ISDS, de hecho hay miles de tratados que contienen estas cláusulas y nuevos
tratados en fase de negociación. Pero también hay cada vez más instituciones y
Estados que toman conciencia del riesgo que suponen estos tribunales. Respecto
al TCE, Italia salió del tratado en 2015 —en España se requeriría de la
autorización de las Cortes— y Rusia, aunque lo aplicó de manera provisional,
finalmente optó por no ratificarlo. Países como Bolivia han resuelto todos los
tratados bilaterales de inversiones con cláusulas ISDS y Canadá no ha querido
incluirlas en su recién renovado acuerdo de libre comercio de América del Norte
(NAFTA). Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha
dictaminado recientemente que el arbitraje Inversor-Estado entre Estados
Miembros incluido en tratados bilaterales de inversión intracomunitarios es
incompatible con la legislación europea.
Los mecanismos
ISDS han sufrido un importante descrédito en los últimos años, en buena parte
como consecuencia de las movilizaciones contra los tratados de comercio e
inversión y especialmente de la exitosa campaña contra el acuerdo comercial
entre la UE y Estados Unidos, el conocido TTIP. La Unión Europea no es ajena al
cuestionamiento público del sistema de arbitraje y ha intentado lavarle la cara
en el acuerdo UE-Canadá (CETA), en las conversaciones sobre el establecimiento
de un Tribunal Mundial de Inversiones o en las negociaciones para la
modernización de los mecanismos ISDS en el TCE, introduciendo retoques
cosméticos y cambios de siglas.
Para muchas
organizaciones de la sociedad civil críticas con las políticas comerciales que
promueve la UE y que lograron articular una importante movilización en toda
Europa contra el TTIP, estas son reformas insuficientes porque no atacan la
raíz del problema: los privilegios desproporcionados de las multinacionales.
Por ello, la campaña Derechos para las Personas, Paremos a las
Multinacionales, lanzada en 2019 y de la que forma parte Ecologistas
en Acción, exige la salida de España del TCE y el fin de los tratados que
incluyan sistemas ISDS. También reclama instrumentos jurídicos vinculantes que
permitan controlar a las empresas multinacionales en todos los niveles de su
cadena de suministro para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y
poner fin a la impunidad corporativa.
José Ariza y María Botella. Área de Antiglobalización,
Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción.
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