El Foro de Abogadas/os de Izquierdas-Red de
Abogados/as Demócratas ante la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo
contra diversos representantes políticos de Cataluña
17/10/2019
Queremos
mostrar nuestra solidaridad con las personas condenadas y que en esta causa
se encuentran en estos momentos privadas de libertad, con sus familiares y
allegados, así como con los y las abogadas que están trabajando y que
sobrellevan una labor de indudable cariz humanitario. Hacemos un llamamiento al
respeto al estado de derecho y a todas las garantías y derechos fundamentales
que todas las personas tienen garantizados y a la pronta puesta en libertad de
las personas que se encuentran privadas de libertad.
Comunicado
El Foro de
Abogadas/os de Izquierdas-Red de abogados/as Demócratas quiere mostrar su
profundo desacuerdo con el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo contra diversos políticos catalanes por el denominado Procés. No
podemos compartir la tipificación que hace la Sala de los hechos sucedidos en
Cataluña entre septiembre y octubre de 2017, toda vez que se ha utilizado el
delito de sedición para sancionar lo que debe catalogarse como el mero
ejercicio del derecho de reunión y manifestación, sin que sea comprensible
que actos de resistencia pasiva puedan concretarse en una dura condena por el
delito de sedición para los dirigentes del independentismo catalán.
El hecho de que
finalmente no se haya optado por una condena por rebelión no puede conllevar
blanquear la condena por sedición considerándola
como justa y proporcionada, todo lo contrario una vez que se adivina con cierta
facilidad que se ha utilizado el tipo de rebelión para generar una expectativa
de hiper desproporción que luego sirviese como anclaje para encauzar con
calzador una injusta condenada por sedición. Todo ello sin obviar que se usó
durante la instrucción el tipo de rebelión para justificar la aplicación del
art 384 Bis LECrim y suspender así de sus cargos electos a los encausados que
habían sido elegidos diputados.
Debemos
advertir con severidad que esta sentencia genera prima face un efecto
absolutamente indeseado sobre el ejercicio de derechos fundamentales, en este
caso lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado en diferentes
resoluciones como un «efecto desaliento o disuasorio» del ejercicio de
derechos fundamentales, es decir, que la ciudadanía deje de ejercer un derecho
fundamental por temor a posibles sanciones coercitivas. Y lo que sería igual de
importante, puede conllevar una escalada represiva sobre los movimientos
sociales o populares que por la vía del derecho de reunión pacifica quieran
expresar su disconformidad o disidencia frente al modelo de estado legalmente
vigente o contra el orden socioeconómico. Con esta sentencia nuestra justicia
se adentra aún más en un peligroso camino discursivo que puede acabar
justificando, jurisprudencialmente, la represión de todo tipo de disidencia que
choque con el poder establecido.
A estas
consideraciones críticas que hacemos respecto de la sentencia del Tribunal
Supremo, compartidas por gran número profesores, juristas y asociaciones de
profesionales del ámbito del derecho, debemos igualmente llamar la atención
sobre diversas irregularidades que se han producido durante el proceso,
como es la más que dudosa competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar estos
hechos, la ausencia del derecho de apelación de los no aforados ( o doble
instancia de revisión de sentencia) o la ausencia una verdadera contradicción
de las defensas ante las continuas interrupciones y limitación de preguntas por
parte del presidente de la Sala, Sr. Marchena.
Debemos
igualmente sumarnos a las denuncias de proceso irregular y sin todas las
garantías puestas de manifiesto por los observadores internacionales que
recibieron el mandato de la Federación Internacional de Derechos Humanos –la
FIDH, que representa a 184 organizaciones de 112 países– y de la Red
Euromediterránea de Derechos Humanos –EuroMed Rights, que agrupa a más 80
organizaciones, instituciones y personas en 30 países de la región, entre
ellas ELDH de la que forma parte el FAI RADE – y que han publicado su
informe sobre el proceso judicial abierto a raíz del referéndum celebrado el
1-O y cuyas conclusiones son extremadamente desalentadoras sobre la calidad
democrática de este proceso.
A todo ello, el
Foro debe añadir su preocupación por el cariz político de las decisiones
adoptadas por el Tribunal Supremo ya que son contraproducentes para la búsqueda
de una solución dialogada a la encrucijada política que se vive Cataluña.
Por último,
queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas condenadas y que en
esta causa se encuentran en estos momentos privadas de libertad, con sus
familiares y allegados, así como con los y las abogadas que están trabajando y
que sobrellevan una labor de indudable cariz humanitario. Hacemos un
llamamiento al respeto al estado de derecho y a todas las garantías y derechos
fundamentales que todas las personas tienen garantizados y a la pronta puesta
en libertad de las personas que se encuentran privadas de libertad.
15 de octubre
de 2019.
Foro de
Abogadas/os de Izquierdas-Red de Abogados/as Demócratas.
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