El coronavirus y la pandemia intrínseca del Fondo Monetario Internacional (FMI), antes, durante y después del coronavirus. De criminales y el FMI es un criminal no puede esperarse más que crímenes, salvo que, la lógica cambie sus leyes y métodos, si es que crimen es como yo creo, el condenar irremisiblemente a la humanidad a la miseria, sufrimientos y violencia física (la violencia psíquica es otro tipo de violencia, que por cierto, se puede fomentar e intensificar muy bien con los toques de queda y confinamientos a los que ha dado lugar el coronavirus, que también está presente), sobre todo cuando medios materiales, técnicos y humanos existen más que sobradamente tanto para erradicar la miseria y sufrimientos actuales y prevenir los próximos a llegar que están más cerca de lo que pudiera parecer. Pero además es un criminal cínico, porque el dinero que utiliza para perpetrar sus crímenes es dinero público, o sea, de los trabajadores, y no dinero propio que sus dirigentes arriesguen para hacer sus negocios particulares, que es el fin último de los crímenes que cometen. ¿Que qué tiene que ver esto con los trabajadores españoles?, pues que al Estado español le va a prestar dinero la Unión Europea, que es hija del mismo padre y de la misma madre que el FMI.

 

El FMI se aprovecha de la pandemia para allanar el camino de la privatización en 81 países

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. FLUXUS

Alan Macleod

El Salto

25 OCT 2020 04:09

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

UN CASO PRÁCTICO DEL FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

EN LA CRISIS, OPORTUNIDAD

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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TEMA 12 - El régimen franquista (I) (1939-1959)

Turquía se Queda Sola EEUU Retirará sus Armas Nucleares de INCIRLIK

El Pacto de Toledo no es un camelo, ES UN ROBO, que comienza con las reformas iniciadas por el gobierno del PSOE en 1985 contra las condiciones de vida de los trabajadores que representamos la inmensa mayoría de la población, que a su vez somos los que creamos la riqueza que otros no trabajadores (una exigua minoría de la sociedad) disfrutan, y que culminará en 2022 con que un pensionistas cobrará el 30% menos de la pensión que le correspondería de no haberse llevado a cabo la reforma de 2011. Estos son hechos y no juicios de valor, y a los hechos hay que responderles con hechos. Cuestión nuestra, de los trabajadores, es descubrir con qué hechos y de qué forma podemos responder al hecho de que hoy nos roban más que ayer pero menos que mañana. Y para ello no hay fórmulas mágicas ni soluciones milagrosas del primer milagrero que aparezca, sino acción política consciente, acción política desde el punto de vista e intereses de las clases trabajadoras (porque los jefes del PSOE, PP, VOX, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y otros también hacen política, pero esa política la hacen desde el punto de vista e intereses de los capitales que con contrarios a los intereses de los trabajadores). La forma de empezar a ver qué podemos hacer y cómo tiene su comienzo en los casos particulares de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, son las Agrupaciones locales; Círculos y Asambleas locales, respectivamente. Y como el funcionamiento efectivo de las Agrupaciones locales, Círculos y Asambleas locales no lo han hecho ni lo van a hacer los correspondiente jefes, lo tenemos que empezar a hacer nosotros, y mientras más tardemos en empezarlo peores cosas veredes amigo Sancho, porque Sanchico mío, esos 140 mil millones de euros (140.000.000.000) venideros de la Unión Europea como tética monja para salir de la situación, según los más volanderos políticos, no son más que otros 140.000.000.000 de euros que saldrán de las costillas de los trabajadores para asegurar el crecimiento de los capitales, con lo que las condiciones de vida de los trabajadores y, en consecuencia, de la inmensa mayoría de la población necesariamente empeorará. Que se me olvidaba: blanco y en botella.

 

¿Mejora realmente el acuerdo del ‘Pacto de Toledo’ las pensiones públicas y el derecho a la jubilación?

KAOSENLARED

25.10.2020

El viernes La Comisión Parlamentaria denominada ‘Pacto de Toledo’ aprobó por consenso un conjunto de recomendaciones sobre el Sistema de Pensiones en el Estado Español que, más que probablemente, acabarán convirtiéndose en una una nueva ley de reforma de las Pensiones, tras el correspondiente trámite parlamentario y su aval por la llamada Mesa de Diálogo Social.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar:

-El acuerdo no deroga la ley de 2011 (la del PSOE de Zapatero y apoyada por CCOO y UGT) ni la de 2013 (la del PP), aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarían (la actualización anual de las pensiones volvería a ser según el IPC y desaparecería el factor de sostenibilidad). Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados. Esto último supone que, en 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%.

–Se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal.

-¿Pensiones dignas? La mayoría de las pensiones, en torno al 60%, seguirán sin alcanzar el SMI y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni se reducirá la brecha de género. 

-El texto contiene un elemento fundamental que profundizará en la privatización del Sistema Público de Pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas claramente insuficientes. Se trata de los planes de pensiones complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenios de empresa o sector que, siguiendo el modelo vasco (en realidad británico) que se toma como referencia, servirá para que los gestores de esos fondos (banca, aseguradoras y, atención, los ‘sindicatos representativos‘) hagan negocio o se financien a través de ellos.

Su contenido queda lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de pensionistas agrupado en torno a la COESPE que no reconocía como legítimo el ‘Pacto de Toledo’ y que, con su movilización sostenida, es la que verdaderamente obligó al PP a hacer marcha atrás en sus planes, cediendo en su pretensión de recortar las pensiones sin aplicar el IPC.  Y lejos también de la posición de IU y Podemos que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender.

Finalmente, conviene no olvidar que el Pacto de Toledo nació para el «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse» según constaba en el documento aprobado en el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995.  Después, ya en 1999, se transformó en una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos de ese documento inicial. Es decir, se creó para justificar el mantra tantas veces repetido de que las pensiones públicas son insostenibles y, por lo tanto, hay que recortar el derecho de jubilación para garantizar su futuro. Un discurso neoliberal hecho a la medida de los empresarios y muy particularmente del capital financiero, interesado en la privatización del jugoso negocio multimillonario que supone su gestión (como la educación o la sanidad, por ejemplo). Y el acuerdo del pasado viernes es una etapa más en esa trayectoria de largo recorrido (que tuvo un primer momento en 1985 con la reforma que realizó el gobierno de Felipe González), a la que se prestan tanto la izquierda institucional como los dirigentes de los sindicatos burocratizados.

Kaos. Laboral y Economía

Acuerdo en el Pacto de Toledo

Tras más de cinco años de debates, el Pacto de Toledo, en el que están presentes los partidos del arco parlamentario, ha acordado sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. Propuestas como subir las prestaciones con el IPC, garantizar su solidaridad, suficiencia o equidad o un plan de saneamiento de las cuentas deberán ser ratificadas el próximo martes.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

Aumento de las pensiones con la inflación

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, ya logrado en la última legislatura hábil.

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. El Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones.

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Sobre el plan de saneamiento, consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios –como bonificaciones, prestaciones de desempleo o maternidad, entre otras– para empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Para el 2023 se contempla acabar con el déficit.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

De igual forma, el Pacto, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de “encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

Fuente: Agencias

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Coronavirus. Lo que no se ha dicho de la epidemia de coronavirus

 

Lo que no se ha dicho de la epidemia de coronavirus

VICENÇ NAVARRO

Público.es

MARZO 3, 2020

Una profesora imparte clase en un aula preparada para evitar el contagio del coronavirus en Taipei (Taiwán). EFE/ David Chang

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

 

Hay tres dimensiones de la propagación de la epidemia del Coronavirus (Covid-19) que apenas se han citado en los mayores medios de información y que tienen, sin embargo, una enorme importancia para poder prevenir y proteger a la población del gran daño que este tipo de fenómenos están causando.

Una de ellas es la creciente frecuencia de epidemias de virus. En un período relativamente corto hemos sido testigos de varias epidemias, algunas de ellas con potencial para convertirse en pandemias: Ébola, SARS, MERS y ahora el Coronavirus. Este crecimiento en la frecuencia ha sido objeto de gran atención por parte de expertos en salud pública, que en parte predijeron la epidemia actual en el año 2018. Según uno de ellos, Peter Daszak, presidente de la EcoHealth Alliance de Nueva York, la causa de este incremento es el aumento del contacto de los seres humanos con animales (todos ellos portadores de virus) como resultado de muchos factores, entre los cuales se incluyen, según Daszak, desde la agresión ecológica a la naturaleza (con un incremento del acceso a lugares antes inhóspitos) hasta una mayor movilidad de personas y animales a nivel mundial. La relación personas-animales es clave, pues todas estas epidemias están causadas por virus cuyo hábitat normal es entre los animales. Todas estas epidemias han comenzado, pues, con virus que viven en animales y que se adaptan al ser humano. Otro factor que contribuye a ello ha sido el escaso desarrollo de las medidas higiénicas, tanto de los animales como de los seres humanos, lo cual explica que todas estas epidemias se iniciaran en países en vías de desarrollo.

La respuesta predecible y errónea a la aparición de las epidemias

Ahora bien, como bien indica el mismo Daszak en su artículo en The New York Times, "Welcome to the age of pandemias" (28 de febrero de 2020), una de las principales causas del crecimiento de tales epidemias ha sido que las sociedades no están preparadas para hacerles frente, como demuestra la manera en cómo se está respondiendo a cada una de estas epidemias. La respuesta más común es intentar encontrar fármacos o vacunas que puedan prevenir o curar tales enfermedades, una vez estas han aparecido (asumiendo erróneamente que se pueden producir en cuestión de días). Cuando por fin se desarrollan, la epidemia ya se ha convertido en pandemia. Lo que debería hacerse es producir tales vacunas antes, no después de que ya se hubiera propagado la enfermedad. Esto es lo que no ocurre, y ahí está el gran error. La falta de preparación para evitar que la epidemia tenga lugar. Lo que urge hacer es desarrollar vacunas frente a los posibles virus que ya existen en la fauna animal, para estar preparados tan pronto como aparezcan los primeros casos. Ello, junto con la necesaria mejora de los servicios preventivos, tanto en salud humana como animal, sería un elemento fundamental para prevenir tales epidemias. Todas ellas han comenzado, como ya he mencionado antes, en animales sujetos a unas condiciones escasamente higiénicas, hecho característico de los países en vías de desarrollo. Y, de nuevo, no es por casualidad que todas estas epidemias comiencen en estos países, los cuales sufren condiciones de gran pobreza. Estas medidas, juntamente con el desarrollo de nuevas vacunas preventivas y nuevos tratamientos, podrían terminar con tales epidemias. En realidad, hoy es conocido que solo en los murciélagos hay aproximadamente 50 virus relacionados con el Coronavirus, algunos de los cuales podrían saltar a los seres humanos, y estos continúan siendo ignorados.

La parte más ignorada y más culpable de lo que ocurre: la falta de sensibilidad social de los fabricantes de fármacos y vacunas

Lo cual toca la tercera dimensión, ignorada en la descripción de tales epidemias: quién conduce y lidera la investigación farmacéutica y clínica hoy en el mundo. Los productores de tales sustancias (vacunas y fármacos) son las empresas farmacéuticas, en su mayoría radicadas en los países ricos, que tienen como objetivo principal optimizar sus beneficios, lo cual quiere decir que solo producen vacunas o fármacos para enfermedades que les son rentables, según el criterio de lo que llaman "mercados". Y, por lo general, no se obtienen grandes beneficios de enfermedades que afectan a sectores de la población con poca capacidad de consumo en países pobres. Es cierto que hoy, como estamos viendo, nadie se escapa de tales epidemias, pero para cuando llega el momento en el que se han expandido ya es tarde para desarrollar vacunas o fármacos. La previsión no es el punto fuerte de estas empresas, cuya rentabilidad tiene que ser inmediata para justificar tales inversiones. La indefensión de la población mundial está basada en el modus operandi de las empresas que controlan la producción de estos fármacos y vacunas. En realidad, la población debería concienciarse de que su salud y calidad de vida no pueden depender de empresas que, por definición, no tienen como principal objetivo mantener en buen estado esa salud y calidad de vida, sino que buscan ante todo, optimizar sus beneficios, característica del orden (o mejor dicho, desorden) económico internacional, que se reproduce en los mayores bloques económicos hoy existentes en el mundo, un "orden" responsable tanto de la crisis climática como de la crisis epidémicas que frecuentemente ocurren y que afectan primordialmente a las clases populares, tanto de los países pobres como de los países ricos. Así de claro.

 

Coronavirus. Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la Covid-19. /MANIFIESTO/

 

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA COVID-19

 MANIFIESTO

Sociología Crítica

04.10.202

 

Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la COVID-19

La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, acompañada de las medidas de confinamiento y control poblacional para la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19, apenas tienen precedentes en la historia reciente de nuestro país y del mundo. La pandemia ha sacudido nuestras sociedades, poniendo al descubierto a las personas más vulnerables y desprotegidas, a la par que llevando al límite las capacidades de respuesta de administraciones, empresas y sociedad civil.

Con razón, las miradas y preguntas de nuestros representantes políticos se dirigieron en primera instancia hacia el mundo de las ciencias de la vida y la salud. Especialistas en epidemiología, virología y salud pública tenían las claves de la expansión de la pandemia y su control asistencial, y sus contribuciones fueron fundamentales durante los primeros esfuerzos de contención.

Pero los efectos de la COVID-19 no se limitaron al ámbito clínico o epidemiológico. Desde el primer momento la pandemia demostró la virulencia de su dimensión social: sobre el empleo y el sistema productivo, sobre las geografías formales (renta, movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de nuestras ciudades, sobre la gestión de los datos, la gestión hospitalaria, las estructuras familiares o los procesos de gobernanza de la administración pública. El mundo que la COVID-19 desplegó ante nuestros ojos resultó ser, desde el primer momento, un mundo social.

Llama la atención, por tanto, la relegación y abandono a que han sido sometidas las ciencias sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-19. La convocatoria de proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, la única convocatoria del sistema nacional de ciencia que a la fecha ha destinado fondos públicos a la investigación sobre la COVID-19, no seleccionó ningún proyecto de ciencias sociales entre el centenar de proyectos financiados. Dotada de un presupuesto cercano a los 24 millones de euros no puede sino sorprender que no se estimara necesario estudiar las dimensiones y efectos sociales de la pandemia.

El olvido para con las ciencias sociales se ha reproducido en otras instancias consultivas y de gestión. La participación de científicos/as sociales en comités u órganos de asesoramiento, en universidades, organismos de investigación o administraciones públicas, ha sido anecdótica cuando no inexistente, y en casi todos los casos atendiendo a razonamientos inexplicados u opacos.

Cuando a principios de agosto un grupo de científicos/as del ámbito de la salud pública y las ciencias biosanitarias solicitaron una auditoría de la gestión de la crisis de la COVID-19 en nuestro país, los ámbitos sobre los que incidieron—gobernanza y sistemas de decisión, cultura científica y capacidades logísticas—señalaban problemáticas consabidas en las ciencias sociales, respecto de las cuales, en algunos casos, llevábamos meses reclamando atención.

Por todo ello, lejos de hacer un simple llamado de atención o cuestionamiento, queremos hacer constar que no hay salida posible a la crisis de la COVID-19 que no incluya los saberes y experiencia de las ciencias sociales. Necesitamos apoyar urgentemente la investigación en ciencias sociales sobre la COVID-19. Necesitamos incorporar las sensibilidades y perspectivas de estas disciplinas a la gestión política de la pandemia en sus distintos ámbitos territoriales y administrativos (central, autonómico, municipal). Necesitamos escuchar los saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano de movimientos sociales y comunidades vulnerables. La pandemia está transformando nuestra sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar vidas. Las investigaciones sociales mantienen vivas nuestras esperanzas y voluntades.

Firmantes

Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE)

Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)

Asociación Española de Geografía (AGE)

Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)

Federación Española de Sociología (FES)

Contactos

Alberto Corsín Jiménez (Coordinación Comunicado)

Cristina Sánchez Carretero (Presidenta ASAEE)

Arantxa Elizondo (Presidenta AECPA)

Jorge Olcina (Presidente AEG)

Enrique Bustamante Ramírez (Presidente AE-IC)

Manuel Fernández Esquinas (Presidente FES)

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NAGORNO KARABAJ, LA GUERRA PONE AL LIMITE A ARMENIA / Especial - T4/1243...

Bojaraloz, Zaragoza. La organización económica y social por los propios trabajadores a pesar de la situación de guerra en la que se estaba. Una evidencia más de que en la producción la figura del capitalista es absolutamente innecesaria. Otra cosa es la función de dirección, imprescindible, pero que puede ser desempeñada por cualquier trabajador que reúna una determinada preparación técnica.

 

CONTIGO EMPEZÓ TODO

EL NUEVO MUNDO EMPIEZA EN BUJARALOZ

En octubre de 1936 se constituyó el Consejo Regional de Defensa de Aragón, fundado en la localidad aragonesa de Bujaraloz.

BELÉN MORENO

El Saltodiario.com

Eduardo Pérez

23 OCT 2020 06:00

El 6 de octubre de 1936, un pueblo zaragozano donde residían unos cientos de personas llamado Bujaraloz pasaba a la historia. Desde ese día entraría definitivamente en la memoria de quienes simpatizan con la creación de un nuevo orden social basado en la igualdad. Allí se fundó el Consejo Regional de Defensa de Aragón (CRDA).

Durante la Guerra Civil se produjo la Revolución Española, en la que pasó a control obrero una gran parte de la economía de la zona republicana. Campos e industrias quedaron libres del control capitalista, sustituido por la gestión de los propios trabajadores y trabajadoras que las hacían funcionar. Sin embargo, este extenso experimento socialista no se vio, por lo general, correspondido con la creación de instituciones políticas que lo acompañaran, manteniéndose, con matices según los territorios, la estructura del Estado republicano. Bujaraloz iría más allá, pues el CRDA suponía el único organismo regional autónomo encargado de gestionar la vida social. La zona oriental de Aragón (la occidental, incluida la ciudad de Zaragoza, estaba en manos de los golpistas) pasaba así a la vanguardia revolucionaria en España.

La localidad aragonesa fue elegida por ser el cuartel general de la Columna Durruti, que contaba con 6.000 combatientes y estaba dirigida por el legendario revolucionario leonés

La localidad aragonesa fue elegida por ser el cuartel general de la Columna Durruti, que contaba con 6.000 combatientes y estaba dirigida por el legendario revolucionario leonés. El nombre oficial del evento del 6 de octubre era Pleno Extraordinario de Sindicatos y Columnas del Comité Regional de Aragón, Rioja y Navarra de la Confederación Nacional del Trabajo. Acudieron 174 personas en representación de los sindicatos de 139 pueblos, así como representantes de otras columnas, aparte de la mencionada, que actuaban en el Frente de Aragón, como la Columna Roja y Negra o la Carod-Ferrer.

LA COORDINACIÓN DEL ARAGÓN REVOLUCIONARIO

Uno de los objetivos principales del pleno fue tomar la decisión de si Aragón quedaría encuadrado en la estructura republicana o si, siguiendo las directrices cenetistas sobre el papel, formaría una organización propia encargada de mantener las conquistas revolucionarias de los últimos meses. La reunión opta por lo segundo y así nace el CRDA, con siete integrantes de la CNT pero dejando la puerta abierta a la participación de dos miembros de UGT y uno de los partidos republicanos.

El presidente, elegido días después, será Joaquín Ascaso, uno de los militantes más conocidos del Sindicato de la Construcción de Zaragoza y primo de Francisco Ascaso, el compañero de luchas de Durruti fallecido el verano anterior. La secretaría la ostentará Benito Pabón, diputado a Cortes por el Partido Sindicalista, además de afiliado a la CNT. Como es lógico, la autonomía proclamada por el CRDA y su hegemonía cenetista serán objeto de duras críticas desde otros sectores del bando republicano fuera de Aragón. El CRDA se defenderá: “Nosotros hemos nacido sin pedir permiso a nadie más que al pueblo soberano (…) La actuación de este Consejo no tendrá matiz partidista. Defenderá por igual a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas”.

Desde la revolución de julio no son pocos los conflictos entre el sector civil y el militar, por ejemplo con destacamentos militares vinculados a diversas organizaciones políticas que ignoran sistemáticamente las disposiciones de los nuevos organismos locales

Otra de las cuestiones fundamentales es aclarar la relación entre el sector civil (los pueblos y colectividades) y el militar (las columnas). Desde la revolución de julio, y también según se van conquistando nuevas plazas, no son pocos los conflictos entre ambos, por ejemplo con destacamentos militares vinculados a diversas organizaciones políticas que ignoran sistemáticamente las disposiciones de los nuevos organismos locales. En este sentido, se plantea si el esfuerzo de guerra debe quedar también bajo control del CRDA, lo que finalmente es rechazado: se crea un Comité de Guerra con los representantes de las columnas y dos delegados del Consejo. Respecto a los atropellos de los cuerpos armados sobre la vida civil, Ascaso —él mismo combatiente hasta entonces— los denunciará en repetidas ocasiones.

Los esfuerzos del CRDA se dedicaron a varios ámbitos. En cuanto al orden público, acabó con la violencia indiscriminada en la retaguardia. También contribuyó a mejorar la sanidad y la enseñanza (varios de sus componentes eran maestros). En la parte económica, una de sus metas era combatir el abuso que se producía en el comercio exterior hacia los trabajadores agrícolas, así como apoyar las colectividades (muchas de la CNT, pero también mixtas). En febrero de 1937 se celebró en Caspe el congreso extraordinario de colectividades, que da cuenta de su implantación: existen en ese momento 280, con 141.794 afiliados.

VIDA EFÍMERA

El Consejo no duró mucho. Reconocido por el Gobierno poco después de su creación, meses después fue perdiendo competencias, a medida que el Estado iba sofocando el clima revolucionario en toda la zona antifranquista. Finalmente, en agosto de 1937 el Gobierno de Indalecio Prieto disolvió la experiencia aragonesa manu militari, y sus responsables cenetistas fueron detenidos.

Sin embargo, muchas colectividades se reorganizaron en cuanto pudieron para seguir funcionando hasta la caída de Aragón, para seguir poniendo en práctica lo que destacaba el anarquista maño Félix Carrasquer: “Lo que sorprende o debería sorprender, al estudiar con rigor aquellos hechos, es la capacidad de autoorganización que demuestran obreros y campesinos, iletrados en su mayoría; la eficacia en satisfacer por ellos mismos sus necesidades, máxime en tiempo de guerra; el talante profundamente libertario con el que acometen la convivencia colectiva, sin imponer a nadie la revolución y respetando las minorías disidentes, fueran estas del tipo que fueran. ¿Cuándo se ha visto una revolución de este tipo?”.

Pensionistas. Pero en realidad no son tales, sino que forman parte de la inmensa mayoría de la población que son Sus Señorías, Excelentísimas, Ilustrísimas y siempre heroicas clases trabajadoras, las que con su sacrificio, abnegado trabajo ( y en esto del trabajo, sin cachondeitos. Vamos a llevarnos bien y a tener la fiesta en paz) y amor a sus familias, han levantado a la Patria y parte del extranjero, porque estas Sus Señorías (no como otras) también trabajaron en Francia, Alemania, Suiza y otras partes del mundo, y por si no fuera poco, además, con sus dineros no disfrutados han financiado a la mamporrera de las finanzas. Por ejemplo, con el dinero de sus pensiones. Ay, dinero dinerito de mis pensiones, ¿Que pa donde se te me han llevado que no te veo?, dinero dinerito de mis pensiones toledanas. Va siendo hora de que por lo menos sepamos no sólo a dónde ha ido el dinero nuestro de las pensiones de los trabajadores, sino también de los chiquilicuas que lo han estado manejando; el pellízquete que se llevaban por el manejo, etc. A lo mejor hay hasta que reformar el Código penal para que el des enladrillador que se haya llevado un solo ladrillo del ladrillar lo devuelva a su sitio, con la catecuménica pena de ir a la cárcel hasta que yo diga o, hasta que cante el lúcano. Un lúcano que sea mudo de nacimiento, no sea que tengamos mala suerte y nos aparezca uno, demócrata de toda la vida, que como caso excepcional cante.

 

Los pensionistas suman ya más de 141.000 firmas para exigir una auditoría de la Seguridad Social

Por Pepa Montero 

KAOSENLARED

22 Oct, 2020

 

Más de 141.000 personas han firmado ya la petición abierta en la plataforma Change.org para forzar al Gobierno y al Parlamento a realizar una auditoría de la Seguridad Social, para determinar su realidad financiera y esclarecer, entre otras cuestiones, «a dónde han ido a parar los más de 103.690 millones de euros que entre 1989 y 2013 pertenecían a la hucha de las pensiones y que se destinaron a otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos», denuncian desde la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE @CoespeOficial), que hace tres semanas dio un paso más en su lucha por conseguir que se auditen las cuentas del sistema público, al abrir la citada petición en la plataforma ciudadana.

“Los pensionistas queremos saber qué se ha hecho con las aportaciones de los trabajadores, con el salario diferido. Por ello exigimos que antes de realizar cualquier reforma de la Seguridad Social, se realice una auditoría pública de todas las cuentas, para que el Estado realice las compensaciones necesarias”, reclama Juan Miguel Fernández, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid (@Coorpenmadrid) e integrante de Coespe, quien advierte de que «las cotizaciones que han desaparecido estaban protegidas por la Ley General de la Seguridad Social, formaban parte del Patrimonio de la Seguridad Social, y ningún gobierno puede utilizarlo para lo que mejor le convenga, ya que su función exclusiva es atender a las prestaciones de la Seguridad Social, y no a otros gastos, que deberían ser sufragados por el Ministerio de Hacienda».

Además de iniciar el movimiento de apoyo ciudadano en Change.org, los pensionistas han enviado una carta al ministro de Inclusión y Seguridad Sovial, José Luis Escrivá, en la que denuncian lo que califican de «saqueo de las cotizaciones sociales» de los trabajadores a la Seguridad Social.

 

Tal y como explica el portavoz de Coorpen Madrid a 65Ymás, «el déficit de la Seguridad Social es un falso déficit, y dicen que no hay dinero, pero ocultan que los excedentes de la Seguridad Social se destinaron a gastos ajenos a la misma o la rebaja del déficit público”. Juan Miguel Fernández critica asimismo la tardanza del Gobierno y del Pacto de Toledo en separar las fuentes de financiación del sistema («hace 25 años que lo venimos reclamando») y en eliminar los gastos impropios de la Seguridad Social, que deberían correr a cargo de los Prespuestos del Estado.

Fernández pone un ejemplo actual: «Con la crisis, el Gobierno ha colocado con cargo a la Seguridad Social conceptos como los ERTE, la exoneración de pagos patronales a la Seguridad Social, parte del salario mínimo vital, etc.».

 Urge «reingresar los gastos impropios detraídos» 

Las plataformas de pensionistas de Coespe se amparan en la reciente auditoría que publicó el Tribunal de Cuentas, donde este organismo constataba que durante años se ha venido cargando a la Seguridad Social improcedentemente algunos pagos que representan más de 105.000 millones de euros y que el Estado debería reingresar a las cuentas de la Tesorería de la Seguridad social. “Lo mismo sucede con otros cargos impropios por más de 23.000 millones de euros de los que el ministro Escrivá informó recientemente», detallan desde Coespe.

Esta utilización impropia del excedente que durante años registró la Seguridad Social es lo que «ha creado el déficit, lo que ahora siembra el miedo de los recortes, lo que empuja a los bancos y servicios de estudios a dudar de la sostenibilidad de las pensiones, lo que les sirve para justificar que no se puedan subir las pensiones mínimas», resalta el portavoz de Coorpen Madrid. «Si esos recursos se hubieran constituido en reservas, serían suficientes para abordar todos los problemas actuales”, remacha.

 Sin salarios dignos, no habrá pensiones dignas 

Muy críticos con la Comisión del Pacto de Toledo y con los “discursos de la banca, aseguradoras, patronales, AIREF o el Banco de España», la Coordinadora Estatal de Pensionistas augura un otoño caliente para combatir «los mismos tópicos de otros años», en referencia al abultado déficit del sistema, a las propuestas de impulsar las pensiones privadas, y están radicalmente en contra de los «estudios actuariales catastrofistas, de la mochila austriaca y de la prolongación de la edad de jubilación», entre algunas de las medidas que están sobre la mesa de negociación del Pacto de Toledo.

Otra de las reclamaciones de los pensionistas, en la que coinciden los sindicatos CCOO y UGT, es que las aportaciones puntuales de fondos a la Seguridad Social se hagan mediante transferencias, «y no mediante préstamos, para que se deje de asignar un déficit a la Seguridad Social, que en realidad es del Ministerio de Hacienda», defiende Juan Miguel Fernández, portavoz de Coorpen Madrid.

La Coordinadora Estatal recuerda que la propia Ley General de la Seguridad Social (art. 109) establece que si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias.

La solución a los problemas de la Seguridad Social «no la va a dar el Pacto de Toledo, sino que tiene que empezar por la devolución de esos más de 100.000 millones que se han sacado de la Seguridad Social de forma indebida, y por la derogación de la reforma laboral y de las pensiones. Porque sin salarios dignos, no habrá pensiones dignas», remachan portavoces de Coespe.

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