¿Mejora realmente el acuerdo del ‘Pacto de Toledo’
las pensiones públicas y el derecho a la jubilación?
KAOSENLARED
25.10.2020
El viernes La Comisión Parlamentaria
denominada ‘Pacto de Toledo’ aprobó por consenso un conjunto de recomendaciones
sobre el Sistema de Pensiones en el Estado Español que, más que probablemente,
acabarán convirtiéndose en una una nueva ley de reforma de las Pensiones, tras
el correspondiente trámite parlamentario y su aval por la llamada Mesa de
Diálogo Social.
En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar:
-El acuerdo no deroga la ley de 2011
(la del PSOE de Zapatero y apoyada por CCOO y UGT) ni la de 2013 (la del PP),
aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarían (la
actualización anual de las pensiones volvería a ser según el IPC y
desaparecería el factor de sostenibilidad). Es decir, la edad de
jubilación ordinaria seguirá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará
en base a 25 años cotizados. Esto último supone que, en 2022, cuando
concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de
un 30%.
–Se penalizará todavía más la
jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad
efectiva de jubilación, aproximándola a la legal.
-¿Pensiones dignas? La
mayoría de las pensiones, en torno al 60%, seguirán sin alcanzar el SMI
y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social
Europea, ni se reducirá la brecha de género.
-El texto contiene un elemento
fundamental que profundizará en la privatización del Sistema
Público de Pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas
claramente insuficientes. Se trata de los planes de pensiones
complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del
salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones
negociados en los convenios de empresa o sector que, siguiendo
el modelo vasco (en realidad británico) que se toma como referencia, servirá
para que los gestores de esos fondos (banca, aseguradoras y, atención, los
‘sindicatos representativos‘) hagan negocio o se financien a través de
ellos.
Su contenido queda lejos de las reivindicaciones
principales del movimiento de pensionistas agrupado en torno a la COESPE que
no reconocía como legítimo el ‘Pacto de Toledo’ y que, con su movilización
sostenida, es la que verdaderamente obligó al PP a hacer marcha atrás en sus
planes, cediendo en su pretensión de recortar las pensiones sin aplicar el
IPC. Y lejos también de la posición de IU y Podemos que, cuando estaban
fuera del gobierno, decían defender.
Finalmente, conviene no olvidar que
el Pacto de Toledo nació para el «análisis de los problemas estructurales
del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse» según
constaba en el documento aprobado en el Congreso de los Diputados el 6 de abril
de 1995. Después, ya en 1999, se transformó en una Comisión permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos de ese documento inicial. Es decir, se
creó para justificar el mantra tantas veces repetido de que las pensiones
públicas son insostenibles y, por lo tanto, hay que recortar el derecho
de jubilación para garantizar su futuro. Un discurso neoliberal hecho a la
medida de los empresarios y muy particularmente del capital financiero,
interesado en la privatización del jugoso negocio multimillonario que supone su
gestión (como la educación o la sanidad, por ejemplo). Y el acuerdo del pasado
viernes es una etapa más en esa trayectoria de largo recorrido (que tuvo un
primer momento en 1985 con la reforma que realizó el gobierno de Felipe
González), a la que se prestan tanto la izquierda institucional como los
dirigentes de los sindicatos burocratizados.
Kaos. Laboral y Economía
Acuerdo en el Pacto de Toledo
Tras más de cinco años de debates,
el Pacto de Toledo, en el que están presentes los partidos del arco
parlamentario, ha acordado sus recomendaciones para la reforma de las pensiones.
Propuestas como subir las prestaciones con el IPC, garantizar su
solidaridad, suficiencia o equidad o un plan de saneamiento de
las cuentas deberán ser ratificadas el próximo martes.
Con el acuerdo, se pone fin a un
camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la
presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició
el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de
pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
Aumento de las pensiones con la
inflación
Entre las principales aportaciones
del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia
para las revalorizaciones anuales de las pensiones, ya logrado en la última
legislatura hábil.
Respecto al cálculo de
la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo
en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25
años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con
el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.
Finalmente, además respalda medidas
para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto
también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada
forzosa con largas carreras de cotización. El Pacto de Toledo emplazará al
Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas
penalizaciones.
Respecto a los planes
complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por
los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos
en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y
legales para este tipo de sistemas.
Sobre el plan de saneamiento,
consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios
–como bonificaciones, prestaciones de desempleo o maternidad, entre otras– para
empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado,
y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Para el 2023 se contempla acabar
con el déficit.
Asimismo, las recomendaciones aluden
a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde
la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la
deuda del sistema.
De igual forma, el Pacto, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de “encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.
Fuente: Agencias
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