Crisis, coronavirus y pactos
- Hay espacio y recorrido para acuerdos, pero será
un abanico de pactos con geometría variable y abiertos al conjunto de la
sociedad. Liderados por el Gobierno de Coalición por principio democrático
fundamental
- Cada fuerza debe ser situada ante su
responsabilidad
- Solo el incremento de la demanda permite una
salida de esta crisis y la reconstrucción del país, que habrá de ser
articulada por lo público
CUARTO PODER.ES
El martes, 21 de abril de 2020
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), preside
el primer Consejo de Ministros celebrado en enero en el Palacio de la Moncloa.
/ Emilio Naranjo (Efe).
Terminando el
año 2019 la crisis sistémica del capitalismo parecía estar acabando según el
punto de vista propio del capital. Su verdadera causa estaba globalmente
superada (la pérdida progresiva de la tasa de ganancia -es decir, el beneficio
que la inversión produce- que caía desde finales de los años setenta aunque la
crisis se agudizara a partir de 2008). En la salida, los salarios han sido fuertemente disminuidos (como demuestra el descenso de su participación en la renta nacional), ha aumentado
la precariedad del trabajo, se han reducido los derechos laborales y sindicales
mediante la aplicación de las Reformas Laborales, y varios cientos de miles de
pequeñas empresas han desaparecido.
El sistema
utilizó la globalización neoliberal y una acentuación desbordante de la
financiarización (el predominio del uso de los instrumentos financieros sobre
la economía productiva de bienes y servicios) como instrumentos principales de
la recuperación de los beneficios. Pero esto sólo produjo unos resultados limitados y sectorializados. Fue necesario volverse sobre el mercado interno de los países
desarrollados para incrementar la plusvalía. Se redujeron salarios y derechos,
y se privatizaron servicios públicos y empresas en sectores con mercados muy rentables,
frescos por su reciente incorporación a la competencia capitalista. De esto
último es un buen ejemplo Telefónica. Así, la periferia está ahora también en
el interior de los países del Norte. Núcleos de trabajo estable con salarios
regulados, derechos y convenios colectivos (aunque sistemáticamente amenazado y
fracturado) rodeados de un mar de trabajos precarios con pocos derechos y
despido barato.
Sin embargo hay
un problema: crece la tasa de ganancia pero cada vez es más difícil realizarla
en el mercado. Es decir, no hay demanda suficiente para vender lo producido y
realizar el beneficio. La polarización de los ingresos (ricos cada vez más
ricos y pobres cada vez más pobres) es una realidad constatada.
En España, una respuesta bastante moderada a esta situación es el Programa
del Gobierno de Coalición PSOE-UP que mediante
el aumento de salarios y pensiones, la creación de una renta mínima y el
incremento de la inversión en el sector público se proponía lograr un aumento
de la demanda. Pero estamos viendo la reacción del capitalismo de caverna.
Luego me extenderé en esto.
Coronavirus y capital
Los contagios
por virus no son nada nuevo en la Historia de la Humanidad. La peste, la
llamada “gripe española” a comienzos del siglo XX, la epidemia del Ébola en
2014-2016 o la malaria (500.000 muertos por año) son buenos ejemplos.
Las epidemias
son cada vez más frecuentes y la del Covid-19 no será la última. Numerosos
investigadores, entre ellos el biólogo Rob Wallace (estadounidense, autor del
libro Big Farms Make
Big Flu), han señalado que el aumento de la incidencia de los
virus está estrechamente vinculado al modelo intensivo industrial de la
agricultura y la ganadería y a los beneficios de las multinacionales de
producción y la distribución alimentaria.
Pero en los
últimos 80 años los diferentes tipos de virus, salvo en el caso del SIDA, no
habían atacado significativamente a los países occidentales, donde ya vive
solamente una población envejecida que representa el 15% de la población
mundial.
Ahora, el Covid-19
es universal. Y eso afecta fundamentalmente a la fuerza de trabajo, aunque no a
los medios de producción (sólo estarán necesitados de desinfección, que será un
nuevo negocio). En gran medida son los mismos efectos que una bomba de
neutrones.
El llamado
Estado de bienestar y sus gastos sanitarios y educativos entre otros, pero
también los salarios y las pensiones, están ahora limitados por el déficit
presupuestario y la deuda, como amartilló la reforma del artículo 135 de la
Constitución Española. No se trata sólo de los recortes, sino de las
subvenciones al capital privado (fondos de inversión y grandes empresas)
destinadas a sus inversiones y gastos. Eso permite a la derecha política decir
que se ha aumentado el gasto sanitario en la Comunidad Autónoma de Madrid, por
ejemplo.
El llamado “libre mercado” ha organizado el hospital siguiendo la lógica
del beneficio y no la lógica de la salud. El “justo a
tiempo” de la industria, la ausencia de stocks, que se entienden como capital
inmovilizado inútil, la productividad entendida como criterio de negocio para
la obtención de dividendos, están ahí. Este modelo de gestión se ha trasladado
también a lo público.
El virus está
haciendo ver que el mercado nunca fue libre sino regulado por el capital. Que
la mano oculta siempre dio las bofetadas en las mismas mejillas y que es el
capital quien está a la ofensiva en la lucha de clases. Estamos viendo que
razonan siempre en términos de beneficio de clase y no de población ni de
ciudadanía. Por eso presionan para la reapertura de las actividades económicas
no esenciales y lo logran. Hay que ver en detalle las reacciones de los
nacionalistas vascos o catalanes, también preocupados por “su” industria, y la
de los españolistas centrados en los negocios controlados por la oligarquía
como la construcción.
Millones de trabajadores se desplazan ahora diariamente (por ejemplo, 1,2
millones de la construcción), muchos en
transporte público, y trabajan en actividades donde es difícil mantener el
distanciamiento, mientras se confina rígidamente a niños y mayores.
Vemos las
trágicas tasas de mortalidad en las residencias de mayores, por ejemplo en
Madrid, que han hecho elevar estadísticamente la media en toda España hasta
aparecer con las peores tasas de mortalidad. Las medias estadísticas no pueden
ocultar el problema real que es la puesta en pie de un modelo de beneficio
privado, que ha contagiado a la gestión pública, y que ha llevado, con no
muchas excepciones, a la mera estabulación de los residentes. El cambio radical
de este modelo es una exigencia insoslayable.
En España, es
el capital quien mantiene la ofensiva en la lucha de clases y la dirige de
forma coherente y sin vacilaciones. Ahora y desde hace años.
Por su parte, la izquierda se ha mostrado incapaz de analizar la
crisis y, por ello, de construir una alternativa global y coherente. Aceptó su categorización como mera crisis financiera (salvo IU en su
día), cuando era una crisis sistémica global, y eso teniendo en cuenta que en
España teníamos delante una tasa de paro brutal.
En el Estado de
bienestar (en España, del medio estar) el poder público pudo articular
políticas fiscales que gravaban la renta y el patrimonio para moderar las
diferencias de ingresos y riqueza impuestas por la rentabilidad financiera,
mientras que renunciaba al control de la propiedad de los medios de producción.
Pero las condiciones que permitieron ese pacto al terminar la II Guerra Mundial
ya no existen; la derecha económica no teme nada que la obligue y está claro
que no está por la labor.
Tampoco nada
que tenga que ver con la recuperación del Estado de bienestar está detrás de
los miles de millones que la UE, el BCE y el FMI destinan ahora a superar la
crisis motivada por la pandemia. Las medidas anunciadas, los créditos y los
avales solo mejoran los beneficios de la Banca, debidamente garantizados por
los Tesoros Públicos de cada Estado.
Sarkosy dijo en relación a la crisis en 2008 que había que refundar el
capitalismo. Nada se hizo cuando el miedo del capital
desapareció. Macron dice ahora que habrá que cambiar muchas cosas. Veremos.
Pero, como ejemplo y síntoma, el empresariado español ha renunciado a cambiar
el modelo productivo perverso que originó consecuencias tan graves para los
trabajadores españoles en la crisis de 2008. Han seguido con la especulación
inmobiliaria, el turismo de baja calidad, los salarios bajos y precarios y las
escasas medidas de salud laboral, rasgos más significativos pero no únicos del
mismo. Ahora ese turismo está gravemente herido. Veremos.
Y es que para
muchos empresarios solo existe el corto plazo, justo lo necesario para recoger
el fruto de lo invertido.
Por su parte, las fuerzas políticas de la derecha han puesto en
marcha un modelo de oposición sin equivalente en Europa. Todo vale, incluso la falacia y el insulto personal. Pero lo más grave es
que los autollamados constitucionalistas orillan la Constitución y en no pocos
casos se la saltan. No muestran la más mínima lealtad institucional. Sin
embargo, las fuerzas que integran el Gobierno de Coalición sí mantienen una
crítica constructiva en los gobiernos autonómicos en los que no están
presentes. La Comunidad de Madrid es un ejemplo.
Posiblemente,
el Gobierno central debería extender esa lealtad a la sociedad y priorizarla
informando de las competencias y responsabilidades concretas de cada parte
(empezando por las muertes en las residencias).
Este es el
“medio ambiente” realmente existente para cualquier proceso de reconstrucción
económica y social.
¿Qué pactos?
Con este
contexto el Gobierno ha propuesto unos nuevos Pactos de la Moncloa.
Reconozcamos que la figura, buscada como éxito mediático, escondía un fracaso
político en las condiciones actuales. Ni los objetivos ni las circunstancias
son las mismas y lo han subrayado ya numerosos trabajos publicados.
Pero no es
menos cierto que las exigencias de la reconstrucción del país exigen acuerdos.
Máxime cuando la mayoría parlamentaria es débil y el relato del Gobierno no
consigue, esperemos que lo haga, encabezar el consenso social.
Hay un punto de
partida. El Gobierno es
legal y legítimo y su programa tiene todo el derecho a ser desarrollado porque
está respaldado democráticamente. Lo contrario
sería un golpe de Estado.
Pero las
necesidades que plantea la reconstrucción del país serán enormes y no están aún
escritas. Por tanto, hay espacio y recorrido para la negociación. El primer
campo para el acuerdo serán los próximos Presupuestos Generales del Estado, que
deberán iniciar las políticas de reconstrucción. El Fondo Monetario
Internacional ha señalado una disminución en el PIB de 8 puntos y un aumento
del paro hasta superar el 20%. Son cifras discutibles, pero incluso se
superarán si la terapia es la de 2008.
Sólo es posible
iniciar la reconstrucción con políticas de aumento de la demanda interna (las
posibilidades de crecimiento del comercio internacional y de las exportaciones
en las actuales circunstancias son utópicas). Esto sólo se consigue haciendo
crecer salarios y pensiones, poniendo en marcha nuevas políticas de rentas
sociales, aumentando la inversión púbica y aumentando la dotación
presupuestaria de los servicios públicos. Simplemente hasta las cifras medias
de la UE, algo no excesivamente bolivariano. Y para ello aumentar los ingresos
mediante medidas suficientes, justas y más progresivas de contribución fiscal.
Este es un primer campo para el acuerdo.
La
reconstrucción del país está profundamente ligada a las exigencias del cambio
climático y al papel creciente de la robotización, la inteligencia artificial y
la digitalización. Esas exigencias plantean “nuevos mercados”, en esta ocasión
frescos, poco maduros. Aquí hay espacio para acuerdos ganador-ganador (con
envergadura estratégica para la reconstrucción y el cambio de modelo productivo)
entre los trabajadores y los sectores del empresariado que aún defienden que el
capitalismo tiene un papel en el avance social.
Determinados
servicios públicos también pueden ser objeto de pactos. Los ejemplos más
evidentes son la sanidad, la educación y la economía de cuidados (incluyendo
aquí la reformulación radical del modelo de residencias de mayores).
Igualmente, la
reconstrucción de la economía productiva, en la que lo público habrá de jugar
un papel articulador y la economía social deberá ser impulsada. Se trata de
garantizar la soberanía alimentaria, pero también la farmacéutica y de
instrumental sanitario, la energética y la financiera, entre otras.
Habrá que hacer
también acuerdos para lograr un mayor equilibrio territorial en la reconstrucción
y, en ese marco, resolver las grandes cuestiones que plantea la España vaciada
y el hábitat urbano.
Y, finalmente,
un Pacto político con las fuerzas españolas para intervenir en las
instituciones europeas pero también con los correligionarios de otros países e
incluso con otros Estados.
En definitiva, un abanico de pactos diferentes con geometría
variable, abiertos a todas las fuerzas políticas pero a ser cerrados con
quienes lo deseen, también con agentes sociales diferentes, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Universidades y centros de
investigación, y organizaciones sociales. En el fondo, pactos concretos con la
ciudadanía, abiertos a todos, pero ante los que cada fuerza queda retratada y
responsabilizada en su práctica política. Pactos que han de ser propuestos y
liderados por el Gobierno por principio democrático fundamental.
Es difícil,
pero es la mejor forma de hacer posible lo que es necesario.
*++
