Trabajador, Master en Criminología, 2025; Experto Universitario en Antropología y Ética, 2023; Master en Cooperación Internacional y Desarrollo de los Pueblos, 2022; Diplomado en Sociología, 2021; Químico industrial; asesor de inversiones y financiación; Gerente de empresas Cooperativas; Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE).( y cazador de forajidos, atracadores de Estados y ex-presidentes vivos de gobiernos Españoles )
Miles de personas piden en
Barcelona la liberación de los miembros del Govern destituidos
(Miles de personas se
manifiestan en Barcelona para exigir la libertad de los presidentes de la ANC y
Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y de los ocho exconsejeros que
permanecen en prisión. En la imagen, ambiente de la manifestación en la calle
Marina de Barcelona)
Jesús
García, Alfonso L. Congostrina
El País
(hace 2 horas)
11.11.2017
Miles de personas vuelven a llenar las calles de Barcelona en una
manifestación para reclamar la libertad de los encarcelados.
Un
momento de la manifestación convocada en Barcelona por la ANC y Ómnium
Cultural, para exigir la libertad de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y los
miembros del Govern cesados que han sido encarcelados.
Se
trata de la sexta movilización del soberanismo desde la Diada del 11 de
septiembre.
Imagen
en Lleida de uno de los cientos de autobuses que han llegado a Barcelona para
participar en la manifestación.
La
mayoría de las pamcartas pide "libertad para los presos políticos".
El
lema de la manifestación es "Libertad presos políticos. Somos
República"
Miles
de manifestantes levantan sus pancartas en la manifestación promovida por ANC y
Òmnium.
Una
"estelada", durante la manifestación convocada en Barcelona por la
ANC y Ómnium Cultural para exigir la libertad de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y
los miembros del Govern cesados, que han sido enc
Los
ciudadanos han acudido a la manifestación con banderas estelades y con un lazo
amarillo en la solapa en homenaje a los políticos que permanecen en prisión
provisional por orden de la Audiencia Nacional: Oriol Junqueras, Jordi Turull,
Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell, Borràs y Dolors
Bassa.
También
exigieron la libertad del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),
Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos han agradecido desde
la cárcel las muestras de apoyo que han recibido en las calles de Barcelona. Lo
han hecho a través de sendas cartas que dos familiares suyos han leído.
En el
escenario instalado al final de la calle Marina, familiares de los políticos
han transmitido a los independentistas el mensaje que les han hecho llegar
desde la cárcel. Es el caso de Anna Forn, hija del exconsejero de Interior,
Joaquim Forn, que ha leído el mensaje de su padre: "La prisión te separa
cruelmente de la gente a la que quieres y de tu entorno.
El
tiempo se para. (...) Muchas gracias por vuestro apoyo. Vuestro aliento nos
llega y nos hace vivir con esperanza. Y nuestra esperanza es vuestra libertad.
Estamos juntos en la prisión. Es el momento de la máxima unidad. La paz, la
democracia y la libertad son los valores que dan fuerza al pueblo de Cataluña”.
La huelga general ha fracasado y el bloque independentista se ha roto. El 'procés' ya es historia, pero el problema catalán continúa
En las últimas horas hemos asistido al derrumbe definitivo del procés, que ya sólo tiene como único defensor a Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat fugado y aislado en Bruselas que va camino -si no lo ha conseguido ya- de convertirse en una figura esperpéntica, como esos personajes de los tebeos que se creen e intentan convencer a los demás de que son Napoleón. Antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no eran pocas las voces que advertían que su puesta en marcha podría desatar una oleada de protestas callejeras que desembocasen en un serio e inmanejable problema de orden público en las ciudades y pueblos de Cataluña. Nada más lejos de la realidad.
La prueba más patente de que el procés se ha desinflado como un buñuelo frío fue la fracasada huelga general del pasado miércoles. Con todo el ex Govern que impulsó la Declaración Unilateral de Independencia en la cárcel o huido, los independentistas apenas pudieron movilizar a los estudiantes -históricamente muy proclives a cualquier tipo de algarada- y a militantes muy comprometidos que, eso sí, pudieron cortar importantes vías de comunicación debido a su determinación y a la pasividad de una Policía que no quiere volver a facilitar a las hipersensibles opiniones públicas europeas las imágenes de cargas del pasado 1-O. Sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos y de las empresas catalanas, independientemente de su orientación política, intentaron hacer su vida laboral normal.
Cada vez queda más patente que la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido un enorme acierto. Desde que se produjo el anuncio, el bloque independentista, que ya se encontraba muy dividido por los debates sobre la DUI, se ha roto inevitablemente y cada partido ha corrido por su cuenta para posicionarse lo mejor posible en los comicios. Fue casi cómico ver al ex president y a los ex consellers reivindicándose como el Gobierno legítimo de Cataluña al mismo tiempo que anunciaban sus candidaturas a unas elecciones convocadas, al amparo del artículo 155, por el presidente español. La falta de coherencia de los soberanistas es llamativa.
La guinda la puso el jueves la todavía presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros miembros de la Mesa de la Cámara, al renegar del procés y la DUI y acatar sin fisuras la Constitución y el 155 para eludir la cárcel. Ya nadie se acuerda de los Jordis y Puigdemont se encuentra más solo que nunca. Es cierto que el problema catalán no está ni mucho menos resuelto, pero hoy por hoy, lo que se ha denominado el procés ha naufragado definitivamente entre muestras insólitas de esperpento.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, podría verse en apuros si prospera la investigación de la Guardia Civil en torno a un viaje a Suiza con la mujer de Ignacio González.
El viaje se produjo en el año 2008 y había permanecido hasta la fecha bajo secreto de sumario en el marco de la investigación de la trama Lezo. Los datos corresponden a la pieza que investiga la compra del ático y está fechado en 2015, pese a que no han trascendido más detalles sobre la causa, tal y como señala El Español.
Según los datos del informe, el viaje de Aguirre se produjo en el año 2008, precisamente cuando huyó de Bombai por un atentado terrorista. El vuelo que cogió tenía como destino Zúrich, aparentemente porque era el primer disponible.
Sin embargo, los investigadores destacan constantemente la presencia en la aeronave de Aguirre y Lourdes Cavero (esposa de Gonz´alez) sin que hayan trascendido más detalles.
En el vuelo no viajó toda la delegación que acompañó a Aguirre en Bombái, que permaneció en el país asiático durante al menos doce horas hasta que finalmente tuvo la oportunidad de poder regresar a Madrid.
Precisamente después de destacar todos estos datos, el escrito asegura, a renglón seguido, que "Los hechos descritos en el presente oficio podrían coincidir con una forma de delincuencia organizada que articularía el cobro de comisiones a través de estructuras societarias y productos bancarios en el extranjero que procederían de diferentes mercantiles con las que habrían tenido relación por razón de sus cargos públicos".
Precisamente, los datos salen a la luz cuando la Justicia ha ordenado el fin de la prisión provisional de González tras incautar el dinero negro que el expresidente había acumulado en el extranjero. Los agentes consideran que este gesto impide que el expresidente pueda abandonar nuestro país.
La Guardia Civil también señala que un confidente ha aportado datos que demuestran que el pelotazo de Arganda del Rey estuvo relacionado con la compra del ático de lujo en la Costa del Sol del que se benefició el también expresidente de la región, Ignacio González.
En la compra del ático se vincula también al empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, conocido por sus buenas relaciones con Aguirre pero sobre todo con González. Cerezo se benefició de suculentos contratos en Telemadrid en torno a los derechos del fútbol y de las películas (especialmente de Western) emitidas en la cadena pública regional.
El primer elemento de la corrupción empieza porque los periodistas en vez de acudir a la veracidad del hecho para informar, analizar e incluso dar su opinión personal si lo desea, se dedican a deformar la esencia de mismo. Ello deja la puerta abierta a que sobre ese mismo hecho deformado se le puedan añadir al hecho en si mismo deformado o a sus autores cuantas descalificaciones, mentiras, calumnias, vicios o maldades quiera o le pida el cuerpo el periodista corrupto. Caso del viscerón señor José Aguilar del Diario de Sevilla, porque él escribe con las vísceras, debe cobrar, supongo, dinero de curso legal, pero escribir escribe con las vísceras.
Para ratificarme en estas afirmación me ha bastado comparar dos artículos periodísticos (que se transcriben a continuación) de distintos periódicos del mismo día y relacionados con el mismo tema: la presencia de Puigdemont en Bruselas. ¿De dónde se habrá sacado el víscerón en cuestión que "Puigdemont se acobardó tanto que huyó a Bélgica"?
El 21 de octubre, ante la inminente aplicación del artículo 155 de la
Constitución, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hizo una
declaración institucional comprometiéndose a no dar un paso atrás en la
secesión de Cataluña proclamada en la cámara que lidera. El 9 de noviembre, con
la Generalitat intervenida por el Estado represor y ante el Tribunal Supremo,
ha dado no un paso, sino un salto atrás: acata la legalidad vigente y dice que
la proclamación de la república catalana fue un acto puramente simbólico. La
cárcel, que es muy mala.
Forcadell ha abierto una tercera vía en la reacción del estado mayor independentista
a la contraofensiva de la democracia española. Puigdemont se acobardó tanto que huyó a Bélgica con varios
consejeros, en un alarde de épica de cartón piedra que le ha convertido en el
grotesco fantasma de Bruselas; Junqueras y otros consejeros dieron la cara, y
en prisión provisional andan, sin que ni siquiera Amnistía Internacional lo
considere preso político, y Forcadell se ha negado a sí misma hasta el deshonor
para quedar en libertad bajo fianza. A la hora de la verdad se apagan los faroles.
Tres respuestas distintas a la Justicia española, y también distintas
estrategias ante las elecciones del 21 de diciembre. El enloquecido Puigdemont,
que ya sólo piensa en sí mismo, propone una lista electoral unitaria de los
independentistas -encabezada por él, por supuesto-, que Junqueras descarta con
una trampa de primero de EGB de política ("o vamos todos juntos o cada uno
por su lado"), la CUP no acepta ni muerta diluirse en candidaturas con
partidos burgueses y los de Ada Colau-Pablo Iglesias quieren ser la llave de la
próxima legislatura, lo que requiere acudir en solitario a las urnas. Total, el
frente secesionista afronta la nueva etapa más dividido que nunca, de modo que
ya no tiene esa ventaja sobre el bloque constitucionalista.
En los otros dos campos de batalla del separatismo tampoco les va bien. En
el ámbito internacional, Puigdemont está más solo que la una y sus escasos
apoyos perjudican más que ayudan: flamencos xenófobos, Le Pen, populistas rusos
y Pamela Anderson. Con estos amigos, ¿para qué necesita enemigos? Dentro de
casa, las masas se desinflan. No ha habido huelga general, sino cortes de
carreteras y trenes por adolescentes y niños (literalmente). Incluso aumentó el
consumo de electricidad. La próxima huelga general aún será un fracaso mayor. Y
los Jordis están presos desde hace veintidós días.
La
salida de España de Carles Puigdemont fue algo tan precipitado como estudiado.
Todo se decidió en cuestión de poco más de un día, pero también con un informe
sobre la mesa en el que se detallaba al expresidente de la Generalitat cuáles
eran las mejores opciones para refugiarse en Europa si —como finalmente hizo—
decidía abandonar el país. Ese documento fue elaborado por un jurista entre el
sábado 28 y el domingo 29 de octubre a petición de uno de los entonces ya
consejeros cesados del Govern. En él se proponía como posibles destinos Reino
Unido, Alemania, Bélgica y Holanda al considerar el autor del documento a todos
estos estados de la Unión Europea como los más favorables a priori para iniciar
una batalla legal. El informe también recogía los pros y los
contras de cada uno de ellos, según revelan a EL PAÍS fuentes conocedoras de su
elaboración y contenido.
El
documento señalaba al Reino
Unido como el menos favorable sobre el papel. Se destacaba que
al no estar incluido en el espacio Schengen —que permite la libre circulación
de ciudadanos entre los países de la UE acogidos al mismo, entre ellos España—
obligaría a Puigdemont a identificarse al llegar a la frontera. Además, su condición de isla impedía desplazarse
hasta allí por carretera, una de las opciones que se barajó desde el principio
para la huida. Sobre Alemania,
el informe ponía especial énfasis en
la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy del pasado 13 de octubre de no
extraditar al escritor turco-alemán Dogan Akhanli, al que reclamaba Ankara. El
documento apuntaba el riesgo de que el Gobierno de Ángela Merkel pudiera
devolver el favor a Madrid acelerando los plazos de una entrega de los
políticos catalanes si se refugiaban en el país centroeuropeo.
Por
ello, el documento reducía
finalmente las opciones más viables a Holanda y Bélgica, a los cuales señalaba
como opciones prácticamente similares desde el punto de vista legal dada su
tradición de acogida. Sólo apuntaba un detalle que finalmente
terminó por decantar la balanza en favor de Bruselas: "razones
políticas". El autor del informe no era más explícito, pero sugería la existencia de una comunidad,
la flamenca, que había
mostrado sus simpatías hacia el movimiento independentista catalán, lo que podía
facilitar crear una imagen favorable dentro de Bélgica hacia Puigdemont y los
suyos.
Según
las fuentes conocedoras del informe jurídico, una copia de este fue entregada el domingo 29 de octubre al
entonces ya expresidente y a los que habían sido miembros del Govern hasta la
aplicación del artículo 155. Estas fuentes desconocen, sin
embargo, si también lo recibió el exconsejero díscolo Santi Vila. Cada uno de
ellos, junto a sus abogados, fueron los que finalmente decidieron si
acompañaban al expresidente en su huida o permanecían en España a la espera de
que la justicia los llamara a declarar como imputados. Ese domingo se conoció
que la Fiscalía General del Estado preparaba una querella contra todos ellos
por los delitos de rebelión y sedición.
Ese
domingo, Puigdemont y cinco de sus exconsejeros —Antonio Comín, Joaquim Forn,
Meritxell Borrás, Meritxell Serret y Dolors Bassa— iniciaron el viaje que les llevó por
carretera hasta Marsella y, desde allí, en avión hasta Bruselas.
El resto decidió en un primer momento quedarse en España, aunque en los días
siguientes —y tras la presentación de la querella de la fiscalía contra ellos y
la decisión de la juez Lamela de citarles a declarar—, dos de ellos —Clara
Ponsatí y Lluís Puig— decidieron unirse al grupo de Bruselas. Otros dos —Forn y
Bassa— decidieron en paralelo regresar para personarse en la Audiencia
Nacional.
Para
entonces, Puigdemont y los suyos ya habían decidido los pasos a dar a partir de
ese momento. El martes 31 de octubre, antes de que la juez Lamela hubiera
ordenado la citación de todos ellos como imputados, el equipo jurídico belga que les
asesoraba desde su llegada —con Paul Bekaert a la cabeza— había mantenido una
reunión con la Fiscalía del país europeo para mostrar su
disposición a colaborar y coordinar los pasos a dar una vez que la Audiencia
Nacional emitiera la más que previsible orden europea de detención.
En
aquel encuentro se cuidó
hasta el último detalle, incluida la hora y la comisaría en la que finalmente
se presentaron Puigdemont y los cinco exconsejeros el pasado domingo.
El objetivo, añaden, era evitar que ninguno pasase la noche en un centro
policial o que se produjera la imagen del expresidente de la Generalitat junto
a un policía. Por ello, se personaron poco después de las nueve de la mañana,
para dar tiempo suficiente a que la justicia belga pudiera tomar una decisión
sobre ellos esa misma mañana. Por ello, también, fueron a la comisaría de la
Rue Royale, en la que una entrada trasera al edificio dificultaba que algún
medio pudiera captar imágenes.
También
acordaron con la fiscalía belga pedir que el proceso judicial se desarrollase
íntegro en neerlandés, una maniobra con la que los abogados aspiran a retrasar
el papeleo ante la mayor dificultad que supondrá previsiblemente a las
autoridades españolas
conseguir las traducciones de los documentos, explican las fuentes consultadas.
El objetivo sigue siendo "ganar tiempo", añaden. El próximo asalto
judicial será el 17 de noviembre. Ese día está previsto que se celebre la vista
ante la Cámara del Consejo de Bruselas para que la justicia belga examine por
primera vez la petición de entrega a España del presidente y los consejeros
cesados. Su equipo jurídico trabaja en la estrategia a seguir ese día. La
Operación Bruselas no ha hecho nada más que empezar.
Diputados de la CUP visitan al
‘expresident’
Los
diputados de la CUP en el Parlament Anna
Gabriel y Benet Salellas se desplazaron dos días a Bruselas
para visitar al expresidente de la Generalitat y a los consejeros cesados que
le acompañan. Gabriel y Salellas se reunieron con Carles Puigdemont y, por otra
parte, con Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
Los
diputados expresaron su apoyo en un momento de “represión democrática que vive
Catalunya” por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y por la
disolución del Parlament.
El
encuentro se celebró dos
días antes de que la CUP celebre su Asamblea Nacional Extraordinaria
en Granollers (Barcelona), donde
votarán cuatro posibilidades de cara a las elecciones del 21 de diciembre.
Los
cuatro escenarios que votará la CUP son: no presentarse de ningún modo, no
presentarse pero apoyar a una candidatura civil, crear un frente de partidos de
izquierda o bien presentarse en solitario.
En Colombia empezó todo, con el vídeo de las bolsas grabado a Ignacio González que avanzó en exclusiva la SER en 2009, y en Colombia dan por finalizado ahora los investigadores el grueso de la operación Lezo. Estas fuentes afirman que han descubierto y confiscado todo el patrimonio que el expresidente madrileño ha amasado producto de actividades supuestamente delictivas con el Canal Isabel II, la empresa pública que presidió en Madrid. Se trata de un total de 5,4 millones de dólares en metálico, y varios bienes inmuebles aún por cuantificar.
Revelar e incautar el botín, sostienen las mismas fuentes, ha resultado decisivo para permitir la libertad condicional del sospechoso, porque disminuye de forma considerable tanto el riesgo de destrucción o alteración de pruebas como sobre todo el riesgo de fuga, al asegurar sus bienes opacos, de los que no podrá disponer.
Un testigo clave
Tal y como avanzó la SER, en la averiguación de los hechos ha sido determinante el viaje practicado la semana pasada a Colombia por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y por el fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, que entre otras pesquisas que permanecen bajo secreto de sumario, consiguieron tomar declaración a un testigo clave.
Este informador, que formaba parte del engranaje supuestamente corrupto, se derrumbó y no solo admitió y aportó pruebas de que Ignacio González estuvo siempre al mando de la polémica compra de la empresa brasileña Emissao, que causó un agujero de 25 millones al erario público repartidos en comisiones, sino que ofreció detalles decisivos del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González, y las cuentas bancarias en las que el expresidente guardaba los 5,4 millones de dólares.
Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros, según las mismas fuentes.
Mientras que el dinero será puesto a disposición de la justicia española siguiendo los trámites habituales, Colombia considera que le corresponden parte de las propiedades porque las actividades delictivas también han perjudicado a ese país.
Madrid era el "centro de decisión delictiva" y Sudamérica el "lugar de ejecución"
Para los investigadores queda acreditado que Ignacio González, en colaboración con el responsable de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico.
Los imputados actuaban como una organización criminal, con Madrid como “centro de decisión delictiva”, y diversos países de Sudamérica como lugar de “ejecución material delictiva” para lograr una mayor protección e impunidad.
Estos países han sido Colombia, Brasil, Panamá y la República Dominicana. Los beneficios eran desviados a través del entramado societario opaco entre estos países y también a Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, donde otros inculpados como Edmundo Rodríguez guardaban parte de su patrimonio.
Los investigadores han conseguido confiscar a González los 5,4 millones de dólares en Colombia y otros 900.000 euros en Suiza que según la declaración de Edmundo Rodríguez Sobrino, son producto de una comisión por la venta de Emissao para el expresidente madrileño. González nunca llegó a disponer de esos 900.000 euros en Suiza ni dispondrá, porque también han sido bloqueados.
Un pescador de Isla Mayor con su red o nasa llena de Cangrejo Rojo. / antonio pizarro
Trinidad Perdiguero
Diario de Sevilla
09.11.2017
El Ayuntamiento de Isla Mayor ha recibido con satisfacción el cambio de criterio de los diputados socialistas en el Congreso que, a diferencia de lo que ocurrió en junio, han respaldado que se tramite una proposición no de ley del PP para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Ello permitiría que se siga capturando el cangrejo rojo en las marismas del Guadalquivir, un sector que factura 20 millones de euros al año y del que depende el 70% de la población de Isla Mayor. "Se ha trabajado mucho, había muchas presiones de colectivos y entidades ecologistas, no ha sido fácil", señaló el alcalde, Juan Molero (PSOE).
También admitió la implicación de los diputados socialistas andaluces en el cambio de criterio del grupo socialista el sevillano Antonio Pradas, que insistió en que la actividad en torno al cangrejo y otras especies afectadas es fundamental para el "equilibrio económico y social de muchos municipios rurales". El PSOE hubiera preferido un proyecto de ley para dar mayor debate y transparencia a un cambio que considera de envergadura, señaló. Los sectores implicados confían en que la tramitación culmine antes del fin de la legislatura. Para llegar a este primer paso del martes, con el que se admite a consideración la propuesta en el Congreso, ha hecho falta más de un año de negociaciones.
La Junta de Andalucía ha prorrogado las autorizaciones a 400 pescadores hasta 2020
La modificación afecta a los artículos relativos a la prevención y control de la especies exóticas invasoras. El fin es "retrotraer la situación" a la que había antes de la sentencia del Supremo de 2016, que declaró nulas varias disposiciones del decreto de 2013 que permitían la comercialización de algunas especies del Catálogo español de especies exóticas invasoras, como el cangrejo rojo americano, introducido en Sevilla con fines industriales en los años 70.
De aprobarse, se permitiría la caza y pesca allí donde las especies estaban asentadas antes de que se promulgara la primera regulación, en 2007, y donde la erradicación es compleja ahora, con repercusiones ambientales y económicas. Como requisito, las comunidades autónomas deberán aprobar antes un plan de control de la población de la especie, que, en el caso del cangrejo rojo, la Junta ya tramitó en 2016 y ha permitido el desarrollo de las dos últimas campañas tras la sentencia, con la posibilidad de extraer más de 3.000 toneladas de cangrejo de 36 hectáreas de arrozal, aunque en ningún caso el animal se puede comercializar vivo, para impedir su expansión.
En el Congreso, la portavoz del Medio Ambiente del PP, María Teresa de Lara, insistió en que también se debe "reforzar la lucha contra esas especies fuera de esos territorios" y que la modificación va en la línea de las prescripciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata de "buscar soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente, en la forma que la sentencia del Supremo dispone, con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el mundo rural". "Pretender comparar especies como la carpa y el Black bass, lucio o cangrejo rojo con el mejillón cebra, el mosquito tigre, la avispa asiática, el caracol manzana, el camaloto o el plumero de la pampa, entre otros, me parece o ignorancia o pura demagogia", apostilló la diputada popular.
La campaña del cangrejo en las zonas arroceras del Guadalquivir ya ha culminado este año. Según el alcalde de Isla Mayor, ha sido más floja que otras por el ciclo biológico del cangrejo. El plan de control de población ha funcionado sin incidencias. Como novedad, señaló que el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Losada, ha emitido recientemente una resolución en la que los permisos a pescadores como "controladores autorizados" se han prorrogado hasta 2020, para evitar el constante papeleo y el colapso administrativo con cada campaña. Hasta ahora, las 400 autorizaciones se daban anualmente.
El cangrejo rojo vuelve a enfrentar al PSOE andaluz con el ala más dura de Narbona
La presidenta socialista se revuelve y mueve hilos para evitar una victoria de los socialistas andaluces que permitiría la pesca de esta especie, anulada por los ecologistas en el Supremo
Ejemplares de cangrejo rojo americano, en la planta de procesado de Alcofan en Isla Mayor, Sevilla. (EFE)
Cataluña no ha logrado hacer saltar chispas públicamente entre Ferraz y el PSOE andaluz, y eso que hay diferencias. El cangrejo rojo, sí. La noticia tendría que ser la celebración de los socialistas andaluces, que enviaron hasta un comunicado a los medios, celebrando que se cambiaría por fin la ley de medio ambiente, de mano del PP y tras varios bandazos, para garantizar la pesca del cangrejo rojo en la comarca sevillana de Isla Mayor. Sin embargo, horas después de que se realizara este anuncio, el ala ecologista más dura, afín a la presidenta Cristina Narbona, se resiste. El mensaje es que nada está decidido y que lo único que se ha hecho es admitir a trámite la toma en consideración de la ley del PP que permitiría esa actividad.
La lectura en clave interna es que, no sin mucho trabajo y decenas de conversaciones, el PSOE andaluz, en concreto el diputado Antonio Pradas, que ha encabezado las negociaciones, convenció a la dirección federal de la importancia de cambiar la ley para permitir que el cangrejo rojo pueda seguir pescándose y no se considere una especie invasora. Hay otras excepciones sobre la mesa, pero esta es la más simbólica.
El cangrejo rojo vuelve a enfrentar al PSOE andaluz con el ala más dura de Narbona
Los ecologistas habían conseguido ganar la batalla ante el Supremo y era necesario cambiar la legislación. Pese a que había un acuerdo inicial entre PSOE y PP, la irrupción de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez y el nacimiento del ‘ecoPSOE’ de Narbona logró virar las posiciones. El pasado junio, muy reciente la batalla interna, el ala más dura se impuso. Coincidió además con la batalla por el tratado de libre comercio con Canadá, CETA, donde igualmente el PSOE viró para rechazarlo.
Celebrando el cambio
La siguiente noticia se remonta a este martes. “La modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que apoyamos garantiza la seguridad jurídica para la pesca deportiva y del cangrejo rojo”, señalaba una nota del PSOE andaluz con declaraciones del diputado Pradas. La noticia se difundió con rapidez. En la comarca sevillana afectada, se celebró mucho que el PSOE hubiera cambiado de nuevo de posición para votar a favor de admitir a trámite una iniciativa del PP para cambiar la ley. El alcalde del principal municipio afectado, Isla Mayor, Juan Molero, es socialista.
Lejos de permanecer en silencio, Cristina Narbona no ocultó su enfado y se deshizo en mensajes en las redes sociales dejando claro que solo se daba un paso, a favor de cambiar la ley, pero que nada estaba decidido. El enfado de los ecologistas y de partidos como Equo, cuyo portavoz arremetió contra el PSOE por permitir que se cambie la ley, fortaleció las posiciones del ala ecologista más dura en la ejecutiva federal. Otro miembro de la dirección de Pedro Sánchez, el secretario de Cultura y Deporte, Ibán García, también salió a refrendar las tesis de la presidenta, en contra de la versión del PSOE andaluz. Dejó claro que solo el portavoz de la ejecutiva federal en Medio Ambiente, Hugo Morán, podrá hablar sobre este asunto.
El ala más dura de Ferraz, con Narbona al frente, no para de emitir señales dejando claro que no hay nada decidido sobre este asunto.
Fuentes de la dirección del PSOE andaluz aseguran que el debate interno ya se había producido dentro del partido y que habían ganado sus posiciones con respaldo mayoritario de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso y tras una agria discusión interna. Sería la primera victoria de los socialistas de Susana Díaz frente a Narbona, y esta ala no parece dispuesta a plegar velas.
Una ley de 2007
El objetivo del PP y de parte de los socialistas es reformar la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad y sortear una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, por la que se incluyeron ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras. Esto directamente prohibía la pesca del cangrejo rojo. Fue Narbona como ministra la que en 2007 aprobó la ley de biodiversidad que después trató de flexibilizar desde el PP Miguel Arias Cañete, y esto fue lo que tumbó el Supremo. Por eso entienden que la desautorización es doble.
Más allá del pulso interno, los socialistas defienden que hay de fondo un debate importante. Quienes, alineados con Narbona, se oponen a reformar la ley se suman a las tesis de los ecologistas que alertan del duro impacto de las especies invasoras. Quienes claman por hacer excepciones, el PSOE-A, recuerdan que el cangrejo rojo no es solo un vecino habitual del Bajo Guadalquivir —se introdujo a finales de los sesenta como alternativa a la pesca tradicional—sino un motor económico capaz de facturar 20 millones de euros y generar 180.000 jornales al año. El impacto socioeconómico para esta zona sin alternativas sería brutal.
El cangrejo rojo permite en el Bajo Guadalquivir facturar 20 millones de euros y generar 180.000 jornales al año.
Tras la sentencia del Supremo que prohibió su comercialización, la Junta de Andalucía ‘inventó’ un camino, a corto plazo, para que pudiera seguir su producción y venta. La Consejería de Medio Ambiente sacó adelante un plan que permitía seguir pescándolo como vía para menguar la población de una especie que alegaban era ya imposible de erradicar. También fue recurrido a los tribunales por Ecologistas en Acción.
Exportaciones
Como ya contó este periódico, la pesca, transformación y comercialización del cangrejo rojo mueve al año 4.000 toneladas de producto con una facturación anual de 20 millones de euros. El 85%se exporta, con la Unión Europea y Estados Unidos como principales mercados. Esta industria genera 180.000 jornales anuales, contabilizando la mano de obra directa en la industria de transformación y los pescadores. Más allá de los contratos en temporada alta, con las industrias rindiendo las 24 horas en turnos sucesivos, hay unos 550 puestos de trabajo a tiempo completo al año que están en peligro. Su pérdida sería un mazazo para Isla Mayor, pero también para las localidades de Coria del Río, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo, todas en Sevilla. También para Trebujena, en Cádiz. La mayoría de quienes trabajan en estas industrias son mujeres. Hay además un censo de 500 pescadores con su actividad en la cuerda floja.
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