Trabajador, Master en Criminología, 2025; Experto Universitario en Antropología y Ética, 2023; Master en Cooperación Internacional y Desarrollo de los Pueblos, 2022; Diplomado en Sociología, 2021; Químico industrial; asesor de inversiones y financiación; Gerente de empresas Cooperativas; Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE).( y cazador de forajidos, atracadores de Estados y ex-presidentes vivos de gobiernos Españoles )
En Colombia empezó todo, con el vídeo de las bolsas grabado a Ignacio González que avanzó en exclusiva la SER en 2009, y en Colombia dan por finalizado ahora los investigadores el grueso de la operación Lezo. Estas fuentes afirman que han descubierto y confiscado todo el patrimonio que el expresidente madrileño ha amasado producto de actividades supuestamente delictivas con el Canal Isabel II, la empresa pública que presidió en Madrid. Se trata de un total de 5,4 millones de dólares en metálico, y varios bienes inmuebles aún por cuantificar.
Revelar e incautar el botín, sostienen las mismas fuentes, ha resultado decisivo para permitir la libertad condicional del sospechoso, porque disminuye de forma considerable tanto el riesgo de destrucción o alteración de pruebas como sobre todo el riesgo de fuga, al asegurar sus bienes opacos, de los que no podrá disponer.
Un testigo clave
Tal y como avanzó la SER, en la averiguación de los hechos ha sido determinante el viaje practicado la semana pasada a Colombia por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y por el fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, que entre otras pesquisas que permanecen bajo secreto de sumario, consiguieron tomar declaración a un testigo clave.
Este informador, que formaba parte del engranaje supuestamente corrupto, se derrumbó y no solo admitió y aportó pruebas de que Ignacio González estuvo siempre al mando de la polémica compra de la empresa brasileña Emissao, que causó un agujero de 25 millones al erario público repartidos en comisiones, sino que ofreció detalles decisivos del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González, y las cuentas bancarias en las que el expresidente guardaba los 5,4 millones de dólares.
Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros, según las mismas fuentes.
Mientras que el dinero será puesto a disposición de la justicia española siguiendo los trámites habituales, Colombia considera que le corresponden parte de las propiedades porque las actividades delictivas también han perjudicado a ese país.
Madrid era el "centro de decisión delictiva" y Sudamérica el "lugar de ejecución"
Para los investigadores queda acreditado que Ignacio González, en colaboración con el responsable de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico.
Los imputados actuaban como una organización criminal, con Madrid como “centro de decisión delictiva”, y diversos países de Sudamérica como lugar de “ejecución material delictiva” para lograr una mayor protección e impunidad.
Estos países han sido Colombia, Brasil, Panamá y la República Dominicana. Los beneficios eran desviados a través del entramado societario opaco entre estos países y también a Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, donde otros inculpados como Edmundo Rodríguez guardaban parte de su patrimonio.
Los investigadores han conseguido confiscar a González los 5,4 millones de dólares en Colombia y otros 900.000 euros en Suiza que según la declaración de Edmundo Rodríguez Sobrino, son producto de una comisión por la venta de Emissao para el expresidente madrileño. González nunca llegó a disponer de esos 900.000 euros en Suiza ni dispondrá, porque también han sido bloqueados.
Un pescador de Isla Mayor con su red o nasa llena de Cangrejo Rojo. / antonio pizarro
Trinidad Perdiguero
Diario de Sevilla
09.11.2017
El Ayuntamiento de Isla Mayor ha recibido con satisfacción el cambio de criterio de los diputados socialistas en el Congreso que, a diferencia de lo que ocurrió en junio, han respaldado que se tramite una proposición no de ley del PP para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Ello permitiría que se siga capturando el cangrejo rojo en las marismas del Guadalquivir, un sector que factura 20 millones de euros al año y del que depende el 70% de la población de Isla Mayor. "Se ha trabajado mucho, había muchas presiones de colectivos y entidades ecologistas, no ha sido fácil", señaló el alcalde, Juan Molero (PSOE).
También admitió la implicación de los diputados socialistas andaluces en el cambio de criterio del grupo socialista el sevillano Antonio Pradas, que insistió en que la actividad en torno al cangrejo y otras especies afectadas es fundamental para el "equilibrio económico y social de muchos municipios rurales". El PSOE hubiera preferido un proyecto de ley para dar mayor debate y transparencia a un cambio que considera de envergadura, señaló. Los sectores implicados confían en que la tramitación culmine antes del fin de la legislatura. Para llegar a este primer paso del martes, con el que se admite a consideración la propuesta en el Congreso, ha hecho falta más de un año de negociaciones.
La Junta de Andalucía ha prorrogado las autorizaciones a 400 pescadores hasta 2020
La modificación afecta a los artículos relativos a la prevención y control de la especies exóticas invasoras. El fin es "retrotraer la situación" a la que había antes de la sentencia del Supremo de 2016, que declaró nulas varias disposiciones del decreto de 2013 que permitían la comercialización de algunas especies del Catálogo español de especies exóticas invasoras, como el cangrejo rojo americano, introducido en Sevilla con fines industriales en los años 70.
De aprobarse, se permitiría la caza y pesca allí donde las especies estaban asentadas antes de que se promulgara la primera regulación, en 2007, y donde la erradicación es compleja ahora, con repercusiones ambientales y económicas. Como requisito, las comunidades autónomas deberán aprobar antes un plan de control de la población de la especie, que, en el caso del cangrejo rojo, la Junta ya tramitó en 2016 y ha permitido el desarrollo de las dos últimas campañas tras la sentencia, con la posibilidad de extraer más de 3.000 toneladas de cangrejo de 36 hectáreas de arrozal, aunque en ningún caso el animal se puede comercializar vivo, para impedir su expansión.
En el Congreso, la portavoz del Medio Ambiente del PP, María Teresa de Lara, insistió en que también se debe "reforzar la lucha contra esas especies fuera de esos territorios" y que la modificación va en la línea de las prescripciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata de "buscar soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente, en la forma que la sentencia del Supremo dispone, con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el mundo rural". "Pretender comparar especies como la carpa y el Black bass, lucio o cangrejo rojo con el mejillón cebra, el mosquito tigre, la avispa asiática, el caracol manzana, el camaloto o el plumero de la pampa, entre otros, me parece o ignorancia o pura demagogia", apostilló la diputada popular.
La campaña del cangrejo en las zonas arroceras del Guadalquivir ya ha culminado este año. Según el alcalde de Isla Mayor, ha sido más floja que otras por el ciclo biológico del cangrejo. El plan de control de población ha funcionado sin incidencias. Como novedad, señaló que el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Losada, ha emitido recientemente una resolución en la que los permisos a pescadores como "controladores autorizados" se han prorrogado hasta 2020, para evitar el constante papeleo y el colapso administrativo con cada campaña. Hasta ahora, las 400 autorizaciones se daban anualmente.
El cangrejo rojo vuelve a enfrentar al PSOE andaluz con el ala más dura de Narbona
La presidenta socialista se revuelve y mueve hilos para evitar una victoria de los socialistas andaluces que permitiría la pesca de esta especie, anulada por los ecologistas en el Supremo
Ejemplares de cangrejo rojo americano, en la planta de procesado de Alcofan en Isla Mayor, Sevilla. (EFE)
Cataluña no ha logrado hacer saltar chispas públicamente entre Ferraz y el PSOE andaluz, y eso que hay diferencias. El cangrejo rojo, sí. La noticia tendría que ser la celebración de los socialistas andaluces, que enviaron hasta un comunicado a los medios, celebrando que se cambiaría por fin la ley de medio ambiente, de mano del PP y tras varios bandazos, para garantizar la pesca del cangrejo rojo en la comarca sevillana de Isla Mayor. Sin embargo, horas después de que se realizara este anuncio, el ala ecologista más dura, afín a la presidenta Cristina Narbona, se resiste. El mensaje es que nada está decidido y que lo único que se ha hecho es admitir a trámite la toma en consideración de la ley del PP que permitiría esa actividad.
La lectura en clave interna es que, no sin mucho trabajo y decenas de conversaciones, el PSOE andaluz, en concreto el diputado Antonio Pradas, que ha encabezado las negociaciones, convenció a la dirección federal de la importancia de cambiar la ley para permitir que el cangrejo rojo pueda seguir pescándose y no se considere una especie invasora. Hay otras excepciones sobre la mesa, pero esta es la más simbólica.
El cangrejo rojo vuelve a enfrentar al PSOE andaluz con el ala más dura de Narbona
Los ecologistas habían conseguido ganar la batalla ante el Supremo y era necesario cambiar la legislación. Pese a que había un acuerdo inicial entre PSOE y PP, la irrupción de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez y el nacimiento del ‘ecoPSOE’ de Narbona logró virar las posiciones. El pasado junio, muy reciente la batalla interna, el ala más dura se impuso. Coincidió además con la batalla por el tratado de libre comercio con Canadá, CETA, donde igualmente el PSOE viró para rechazarlo.
Celebrando el cambio
La siguiente noticia se remonta a este martes. “La modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que apoyamos garantiza la seguridad jurídica para la pesca deportiva y del cangrejo rojo”, señalaba una nota del PSOE andaluz con declaraciones del diputado Pradas. La noticia se difundió con rapidez. En la comarca sevillana afectada, se celebró mucho que el PSOE hubiera cambiado de nuevo de posición para votar a favor de admitir a trámite una iniciativa del PP para cambiar la ley. El alcalde del principal municipio afectado, Isla Mayor, Juan Molero, es socialista.
Lejos de permanecer en silencio, Cristina Narbona no ocultó su enfado y se deshizo en mensajes en las redes sociales dejando claro que solo se daba un paso, a favor de cambiar la ley, pero que nada estaba decidido. El enfado de los ecologistas y de partidos como Equo, cuyo portavoz arremetió contra el PSOE por permitir que se cambie la ley, fortaleció las posiciones del ala ecologista más dura en la ejecutiva federal. Otro miembro de la dirección de Pedro Sánchez, el secretario de Cultura y Deporte, Ibán García, también salió a refrendar las tesis de la presidenta, en contra de la versión del PSOE andaluz. Dejó claro que solo el portavoz de la ejecutiva federal en Medio Ambiente, Hugo Morán, podrá hablar sobre este asunto.
El ala más dura de Ferraz, con Narbona al frente, no para de emitir señales dejando claro que no hay nada decidido sobre este asunto.
Fuentes de la dirección del PSOE andaluz aseguran que el debate interno ya se había producido dentro del partido y que habían ganado sus posiciones con respaldo mayoritario de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso y tras una agria discusión interna. Sería la primera victoria de los socialistas de Susana Díaz frente a Narbona, y esta ala no parece dispuesta a plegar velas.
Una ley de 2007
El objetivo del PP y de parte de los socialistas es reformar la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad y sortear una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, por la que se incluyeron ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras. Esto directamente prohibía la pesca del cangrejo rojo. Fue Narbona como ministra la que en 2007 aprobó la ley de biodiversidad que después trató de flexibilizar desde el PP Miguel Arias Cañete, y esto fue lo que tumbó el Supremo. Por eso entienden que la desautorización es doble.
Más allá del pulso interno, los socialistas defienden que hay de fondo un debate importante. Quienes, alineados con Narbona, se oponen a reformar la ley se suman a las tesis de los ecologistas que alertan del duro impacto de las especies invasoras. Quienes claman por hacer excepciones, el PSOE-A, recuerdan que el cangrejo rojo no es solo un vecino habitual del Bajo Guadalquivir —se introdujo a finales de los sesenta como alternativa a la pesca tradicional—sino un motor económico capaz de facturar 20 millones de euros y generar 180.000 jornales al año. El impacto socioeconómico para esta zona sin alternativas sería brutal.
El cangrejo rojo permite en el Bajo Guadalquivir facturar 20 millones de euros y generar 180.000 jornales al año.
Tras la sentencia del Supremo que prohibió su comercialización, la Junta de Andalucía ‘inventó’ un camino, a corto plazo, para que pudiera seguir su producción y venta. La Consejería de Medio Ambiente sacó adelante un plan que permitía seguir pescándolo como vía para menguar la población de una especie que alegaban era ya imposible de erradicar. También fue recurrido a los tribunales por Ecologistas en Acción.
Exportaciones
Como ya contó este periódico, la pesca, transformación y comercialización del cangrejo rojo mueve al año 4.000 toneladas de producto con una facturación anual de 20 millones de euros. El 85%se exporta, con la Unión Europea y Estados Unidos como principales mercados. Esta industria genera 180.000 jornales anuales, contabilizando la mano de obra directa en la industria de transformación y los pescadores. Más allá de los contratos en temporada alta, con las industrias rindiendo las 24 horas en turnos sucesivos, hay unos 550 puestos de trabajo a tiempo completo al año que están en peligro. Su pérdida sería un mazazo para Isla Mayor, pero también para las localidades de Coria del Río, Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo, todas en Sevilla. También para Trebujena, en Cádiz. La mayoría de quienes trabajan en estas industrias son mujeres. Hay además un censo de 500 pescadores con su actividad en la cuerda floja.
La huelga general de este miércoles 8 de noviembre ha provocado afectaciones en el tráfico desde las 6 de la mañana. Las primeras vías afectadas por las manifestaciones han sido la Nacional II y la AP-7, esta última en los dos extremos de Catalunya, desde Camarles (Ebre) hasta Borrassà (Empordà).
A las 7.30 la A-2 se encontraban cortada en diversos puntos como Abrera, Sant Joan Despí y Òdena; también la AP-7 en VIlafrant y Santa Perpètua de Mogoda; la B-20 en Santa Coloma de Gramenet; la B-23 a Sant Just Desvern; la C-16 a la altura de Sallent; y la C-25 en Vic. Además, también ha habido cortes en la C-60 en la zona del Túnel de Parpers dirección Granollers, la N-340, la N-II o la avenida Diagonal a la altura de Maria Cristina. En total son 35 vías cortadas por manifestantes, dos por obstáculos en la vía y diez sufren considerables retenciones en la marcha.
Los Mossos d’Esquadra ya trabajar para tratar de reestablecer el tráfico y piden colaboración a los ciudadanos. Por su parte, el Servei Català de Trànsit recomienda a los conductores intentar evitar hoy el uso de coche y que busquen otras vías ante las retenciones que se prevén a lo largo de la jornada. Para los que no tengan otra manera de desplazarse está disponible la consulta de incidencias online donde se informa al minuto de las afectaciones.
Los primeros cortes en la AP-7 han sido obra de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Llevan pancartas exigiendo la libertad de los políticos encarcelados y su objetivo es crear barreras humanas que impidan la circulación en las vías más importantes de Catalunya, principalmente aquellas que sirven de entrada y salida de Barcelona.
En lo que se refiere al transporte público, de momento los servicios de metro y autobús de Barcelona circulan con normalidad y algunos retrasos puntuales. Rodalies, por su parte, ha tenido algunos problemas en la estación de Sant Vicenç de Castellet, la de Mataró y en Montcada Bifurcació debido a la invasión de personas en la vías. La R4 está sufriendo importantes retrasos, la R1 está cortada en Mataró y desde la cuenta oficial anuncian “grandes afectaciones en todo el nucleo de Rodalies por invasión de personas y objetos en las vías”.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya informa que la línea Barcelona-Vallès está sin servicio de trenes entre Sarrià, Terrassa Nacions y Sabadell Parc del Nord por la presencia de manifestantes en la estación de Sant Cugat. Sobre las 8 de la mañana se ha producido una enorme invasión en la estación del AVE de Girona para corta la circulación de trenes. Se ha interrumpido el tráfico de AVES entre la capital y Figueres-Vilafant. Fuentes de Renfe han aclarado que la línea Barcelona-Madridno se ve afectada por esta situación y que de momento no está previsto la circulación de convoyes internacionales.
La Justicia belga decidió este domingo dejar en libertad bajo medidas cautelares al expresidente de la Generalitat de CataluñaCarles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros tras la audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas.
El abogado de los consellers cesados Meritxell Serret y Toni Comín, Gonzalo Boye, ha asegurado este domingo por la noche que el juez ha decretado libertad para el expresidente de la Generalitat y los exconsellers cesados Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, quienes no podrán salir del país belga hasta que se resuelva la orden de detención.
En una entrevista concedida a La Sexta, Boye lo ha comunicado en directo al recibir la noticia por mensaje a su teléfono móvil.
Fuentes de Fiscalía han dicho en Bruselas que la decisión ya ha sido comunicada a los detenidos, aunque sin anunciarla todavía la Fiscalía.
Han declarado durante unas cinco horas, después de haber sido arrestados a primera hora del domingo al entregarse a la Policía Federal belga.
Se habían entregado voluntariamente a la Policía federal belga a las 9.17 y a continuación fueron privados de libertad, para ser interrogados y para que el juez de instrucción decidiera siguientes pasos.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado el ingreso en prisión incondicional del excomisario José Villarejo, su socio Rafael Redondo y el comisario Carlos Salamanca que se encontraban detenidos desde el pasado viernes.
La jueza les investiga por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales dentro de la denominada "Operación Tándem", que se encuentra bajo secreto de sumario. El comisario Salamanca, además está siendo investigado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según la investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos, tanto Villarejo como Salamanca formaban parte supuestamente de un "grupo criminal" que introducía en España y otros países europeos fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios. Para ello, el comisario Villarejo disponían de una red de empresas destinadas a desviar el dinero y se valían de sus respectivos cargos policiales "especialmente sensibles para la seguridad nacional".
La mujer de Villarejo, en libertad
Los otros cuatro investigados que han pasado a disposición judicial han quedado en libertad. En el caso de la mujer de Villarejo, Gemma Isabel Alcalá, con la medida cautelar de retirada de pasaporte y en el de los otros tres (uno de ellos hijo de Villarejo y otro de Salamanca) sin medidas cautelares. Según el escrito de la Fiscalía, los investigados recibían "elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos". Todo ello a cambio de sus servicios especializados "de inteligencia" y de "facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español".
La aceituna andaluza choca contra el proteccionismo de Donald Trump
El Departamento de Comercio de Estados Unidos estudia la demanda de dos empresas californianas que mantienen que el producto se vende por debajo del precio de mercado
España alega que el sector no recibe subvenciones específicas y que cuenta con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio
Un agricultor cosecha aceitunas (Guillaume Horcajuelo / EFE)
José Luis Escalante, Málaga
La Vanguardia
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 se debió en gran parte a su defensa de la industria americana frente a las importaciones del exterior.America First. Un mensaje proteccionista que ha hecho temblar desde entonces a los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Uno de ellos es España, que se ha convertido en uno de los primeros focos de combate de la industria agroalimentaria norteamericana. En concreto, la aceituna negra de mesa andaluza, un producto básico en las comidas rápidas que se elaboran en Estados Unidos y objetivo a batir para dos empresas californianas bajo la acusación de competencia desleal.
Dos empresas californianas alegan que la aceituna negra española se vende a un precio por debajo del de mercado
El pasado 22 de junio, las dos principales compañías americanas dedicadas a la producción de aceituna negra, Musco Family Olive y Bell-Carter Foods, presentaron una demanda ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras.
Sus alegaciones se basan en supuestas prácticas de dumping -venta de un producto por debajo de su precio- y la existencia de subvenciones que hacen, según argumentan, que sus productos sean menos competitivos. Lo contradictorio de la situación es que la queja no se ha puesto contra el resto de exportadores europeos como Grecia o Portugal, sino únicamente contra España, principal productor de aceituna negra de mesa.
“Hay una gran preocupación en el sector. Se está poniendo en cuestión el modelo europeo de ayudas que se hace a todos los agricultores a través de la Política Agrícola Común (PAC)”, lamenta el secretario general de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora.
Un agricultor recoge aceitunas (Marc Arias)
Desde el sector se esfuerzan en explicar que las ayudas no las recibe la aceituna ni ningún producto en concreto, sino todos los agricultores por el hecho de serlo, y que cuentan con el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. De prosperar la demanda ante el Departamento de Comercio, advierten que afectaría a un mercado principal. España exportó en 2016 unos 32 millones de kilos de aceituna negra a Estados Unidos, lo que supone unos ingresos de 70 millones de euros, según datos de Asemesa.
De los 32 millones de kilos exportados, el 80% de las aceitunas proceden de Andalucía y el 20% restante de Extremadura. Una de las empresas seleccionadas por las autoridades norteamericanas en su investigación es Agro Sevilla, cuyos olivares se encuentran en La Roda de Andalucía (Sevilla).
Con 20 millones de euros de facturación y 10.000 toneladas de aceitunas enviadas a Estados Unidos, se trata de una de las compañías que más se juega en este litigio junto a Aceitunas Guadalquivir y Ángel Camacho Alimentación. Las tres fueron demandadas en un principio, aunque actualmente se ha abierto el abanico hasta afectar a un total de 28 empresas en distinto grado. No obstante, dejan claro que es algo que afectará a todo el sector, ya que las medidas serían las mismas para todos los exportadores.
Las empresas implicadas temen que se decreten dos aranceles, uno antidumping y otro antisubvenciones
“Estamos bastante desesperados y tremendamente preocupados”, explica a través del teléfono el director general de Agro Sevilla, José Ignacio Montaño. “Todo parece indicar que esto no va a terminar bien”, lamenta. El fallo definitivo no se conocerá hasta el próximo verano, pero antes, a finales de noviembre, se espera una primera sentencia provisional. Las empresas y organizaciones implicadas temen que se decreten dos aranceles, uno antidumping y otro antisubvenciones.
Mientras tanto, las empresas trabajan a destajo para presentar todos los requerimientos exigidos por las autoridades estadounidenses, al tiempo que coordinan su defensa con el Ministerio de Economía y la Unión Europea. El litigio, para el que se ha contratado un despacho de abogados en España y otro en Estados Unidos, rondará los 2 millones de euros, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que las empresas tendrán que costear.
Desde la secretaría de Estado de Comercio de España afirman que están trabajando con los productores “para cumplimentar la prolija documentación” que se les ha exigido. Al mismo tiempo explican haber trasladado al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, que España “cumple escrupulosamente sus obligaciones y compromisos en materia de ayudas públicas”.
Le estamos haciendo el juego al resto de países que no van a tener estas trabas arancelarias”
José Ignacio Montaño
Director general de Agro Sevilla
Por su parte, el sector critica que solo se demande a España y no al resto de exportadores de la Unión Europea. “España es el gran competidor de Estados Unidos. Siempre han intentando dificultar la competencia pero nunca se había producido una acción así. Evidentemente están envalentonados por la época proteccionista que vive el país”, explica Antonio de Mora.
Sin embargo, las empresas apuntan que si ellas se quedan fueran, otros países pasarán a ocupar su lugar: “Seríamos sustituidos por otros países, no solo de la Unión Europea, sino también de fuera, como Egipto, Turquía o Marruecos”, continúa el secretario general de Asemesa. “Le estamos haciendo el juego al resto de países que no van a tener estas trabas arancelarias”, lamentan desde Agro Sevilla.
Estados Unidos, un mercado clave para la aceituna española
Estados Unidos es un mercado clave para la aceituna negra española. De perder estas ventas, algunas empresas se quedarían sin un destino para una parte de su producción que en algunos casos alcanza hasta el 20% del total, por lo que habría que recolocar el producto en otros sitios, cosa que no es fácil. “No puedes incrementar el consumo de Estados Unidos en otra parte del mundo de la noche a la mañana”, se queja Montaño.
Las compañías y organizaciones españolas no quieren entrar a valorar el funcionamiento de la industria aceitunera norteamericana, aunque reconocen que se trata, sobre todo, de un asunto de eficiencia. El sector californiano ha perdido capacidad en los últimos años. Actualmente solo han quedado dos grandes empresas que, curiosa paradoja, se nutren principalmente de la mano de obra mexicana, tan denostada por Donald Trump.
“La administración americana de la última época intenta lanzar mensajes de protección sobre su industria. No cabe duda de que han aprovechado la llegada de Trump porque nunca antes hemos tenido problemas”, dice el secretario general de Asaja, Eduardo Martín.
Desde el sector aceitunero hacen una llamada a todo el colectivo agrícola y advierten de que el proteccionismo que ahora les amenaza a ellos, puede acabar afectando a otros. “Si los derechos antidumping y antisubvención salen adelante sentaría un peligroso precedente para cualquier producto que esté recibiendo ayudas de la Unión Europea”, señala Antonio de Mora.
El sector aceitunero hace una llamada a todo el colectivo agrícola y advierte de que el proteccionismo que ahora les amenaza a ellos, puede acabar afectando a otros
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