La política de
la administración Biden, más allá de las declaraciones propagandísticas y de
las promesas incumplidas, está en gran medida en línea con la ofensiva del
capital contra las clases populares
Estados Unidos: Un año de presidencia de Joe Biden
Éric Toussaint
El Viejo Topo
5 febrero, 2022
Algunos
comentaristas pensaron que la presidencia de Joe Biden sería una oportunidad
para un punto de inflexión keynesiano en los Estados Unidos. Las mismas
ilusiones y esperanzas habían aparecido al comienzo de la presidencia de Barack
Obama en 2009.
En ambos casos,
las elecciones tuvieron lugar mientras los Estados Unidos estaban pasando por
una grave crisis que podría llevar al gobierno a tomar medidas enérgicas que
condujeran a un giro respecto a décadas de políticas neoliberales.
La administración
de Barack Obama podría haber aplicado medidas de coerción contra el gran
capital y, en particular, contra los grandes bancos y fondos de inversión, en
gran medida responsables de la enorme crisis que explotó entre 2007 y 2008.
Además, Barack Obama prometió una profunda reforma del sistema de salud, de la
seguridad social, de las pensiones y la implementación de una reforma fiscal
destinada a hacer que los más ricos paguen un poco más de impuestos, comenzando
con el 1% más rico. No fue así.
En el caso de
Joe Biden, éste anunció que pediría a las empresas más grandes y ricas que
pagaran más impuestos, prometió medidas progresistas en materia del acceso a la
salud, a la protección social y un salario mínimo legal de 15 dólares por hora…
Estas promesas
le permitieron movilizar a su favor a sectores importantes de la juventud y a
una parte del electorado que ya no acudía a las urnas. Al comienzo de su
mandato, nombró a Bernie Sanders como presidente del Comité del Presupuestos
del Senado, lo que pareció, a algunos y algunas, ser la garantía de la voluntad
de implementar realmente medidas progresistas. Otros, incluyéndome a mí, lo
vieron como una forma de atrapar a Bernie Sanders
Resumen
- Promesas incumplidas
- Desregulación financiera y abandono de programas de justicia social y
defensa del medio (…)
- ¿Cómo explicar que no haya giro keynesiano?
- La cuestión de las deudas
- Conclusiones
Promesas
incumplidas
Se puede
afirmar muy claramente, después de casi un año en el cargo, que las promesas de
un giro progresista hacia una mayor justicia social no se han cumplido.
Muy rápidamente
se abandonó el salario mínimo de 15 dólares, y el salario mínimo sigue fijado
en 7,25 dólares.
No se ha tomado
ninguna medida para recaudar nuevos impuestos a las grandes empresas y a los
más ricos. Peor aún, la Administración Biden propone una medida adicional
favorable a los hogares ricos y el colmo es que permite a una serie de
parlamentarios republicanos denunciar la injusticia y el engaño de la medida
como favor de los ricos[1].
Se trata de aumentar de 10.000 a 80.000 dólares la cantidad que un
contribuyente puede deducir de sus impuestos federales para el pago de
impuestos locales (ya sean municipales o impuestos pagados al Estado). Según un
análisis del Tax Policy Center, una organización no partidista, y el Center for
a Responsible Federal Budget, el 94 % de las ganancias del aumento del
techo del impuesto sobre la renta a 80 000 dólares irían al quintil superior de
los contribuyentes del país, que ganan al menos 175.000 dólares al año, y el
70% al cinco por ciento superior[2].
La pérdida de ingresos para el Tesoro ascendería a 275.000 millones de dólares
al año.
El presupuesto
militar se ha aumentado hasta 768.000 millones de dólares con el apoyo de los
republicanos. Este es el presupuesto más alto desde la Segunda Guerra Mundial
(a pesar de la salida de Afganistán).
En términos de
obras públicas, la administración Biden ha aprobado, con el apoyo de las y los
republicanos, un presupuesto favorable para las grandes empresas de
construcción.
Recordemos que
ha sido en los Estados Unidos donde la pandemia de coronavirus ha provocado el
mayor número de muertes en números absolutos del mundo: más de 835.000 muertes
a fecha de 25 de diciembre de 2021.
A pesar de la
extrema gravedad de la situación, Joe Biden no ha tomado ninguna medida que
pudiera haber entrado en contradicción con los intereses de las grandes
compañías farmacéuticas. Si bien el gobierno posee la patente principal para la
producción de vacunas de ARN mensajero, se niega a usarla y hacer que el sector
público produzca vacunas en los Estados Unidos o en otros lugares (ver recuadro
«Biden protege los intereses de las grandes farmacéuticas a expensas de la
población tanto del norte y como del sur») Toda la producción se deja en manos
de las grandes farmacéuticas y las patentes que las empresas privadas han
presentado no son suspendidas. La administración Biden tampoco ha ofrecido la
patente que posee a los países que podrían haberse beneficiado de ella y que
pueden producir vacunas por sí mismos si se les da la oportunidad. Si bien dijo
en mayo de 2021 que su administración quería que la OMC levantara
las patentes según lo solicitado por más de 100 países del Sur, Joe Biden
realmente no ha actuado para que sea tomada esa medida.
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Recuadro: Biden protege los intereses de las grandes
farmacéuticas a expensas de la población tanto del Norte como del Sur[3]
Las vacunas
de ARNm de Pfizer (EE. UU.) – BioNTech (All.) y de Moderna (EE. UU.), que se
han puesto en el mercado en menos de un año, se basan en parte en patentes
anteriores. En particular, una tecnología diseñada por la Universidad de
Pensilvania para fabricar un ARN mensajero inofensivo para el organismo, cuya
patente se presentó en 2005.
La técnica
innovadora de estabilización de la proteína espícula (también llamada
proteína spike) también es el resultado de la investigación pública. En
efecto, la patente específica presentada por el gobierno de los Estados
Unidos -número de patente 10.960.070, más conocida como patente ’070’- se refiere
a cómo se estabiliza la proteína spike en la vacuna, una técnica que fue
desarrollada por el Centro de Investigación de Vacunas del National
Institutes of Health (NIH)/Instituto Nacional de Salud, que es una
agencia del gobierno de los Estados Unidos. Según la asociación radical de
consumidores estadounidenses con sede en Washington Public Citizen, gracias a
la patente ’070 mencionada anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos
habría podido y podría producir vacunas de ARNm por sí mismo. También podría
transmitir la patente de forma gratuita a los Estados que deseen producir la
vacuna para su población y, en un gesto de solidaridad, para otros pueblos.
Éste es un
extracto de una declaración de Public
Citizendemediados de noviembre de 2020 comentando el anuncio
de Moderna de la producción de la vacuna mRNA-1273: «Es la vacuna del pueblo.
(…) No es solo la vacuna de Moderna. Científicos federales han ayudado a
inventarla y los contribuyentes están financiando su desarrollo. Todos
jugamos un papel. Debería pertenecer a la humanidad. La administración actual
[es decir, la de Trump nota de Eric T.] y el presidente electo Biden tienen
la oportunidad de hacer de esta vacuna un bien público gratuito y accesible
para todas y todos y contribuir a aumentar la producción mundial, con el fin
de evitar el racionamiento médico que podría convertirse en una forma de
apartheid mundial en materia de vacunas”[4]. En este caso, no se trata de
levantar o abolir la patente, basta con ponerla a disposición de terceros. Al
negarse a hacer esto, mientras organizaciones como Public Citizen lo
demandan, el gobierno de Joe Biden muestra claramente que quiere proteger los
privilegios de las grandes farmacéuticas.
Según un
estudio muy convincente, publicado en mayo de 2021 por Public Citizen, las
autoridades públicas, comenzando por las de los países más ricos, podrían
producir fácilmente miles de millones de dosis de vacunas a un costo mucho
menor que las sumas pagadas hasta ahora a las grandes empresas farmacéuticas
privadas. Public Citizen lo demuestra basándose en un estudio realizado por
investigadores del Imperial College de Londres. El estudio demuestra
convincentemente «que la comunidad mundial podría establecer centros
regionales capaces de producir ocho mil millones de dosis de vacuna de ARNm
para mayo de 2022. Esto sería suficiente para cubrir al 80 % de la
población». ¿El coste? 9.400 millones de dólares para una vacuna tipo Pfizer
– BioNtech, para 5 instalaciones, 17 líneas de producción y 1.386 empleados.
Una cifra a comparar con las decenas y decenas de miles de millones que los
Estados han distribuido a la industria farmacéutica, para vacunar solo a los
pueblos de los países ricos… y entregar dividendos a los accionistas[5].
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Al igual que
los países de Europa Occidental, los Estados Unidos están organizando la
inyección masiva de una tercera dosis de la vacuna (incluso nos estamos
preparando para una cuarta dosis como ya lo hace el Estado de Israel) y la
vacunación de niños, mientras que la OMS pide que se dé prioridad a la
vacunación de las poblaciones de los países del sur que solo tienen acceso a
ella en cuenta gotas.
Desregulación financiera y abandono de programas de justicia social y
defensa del medio ambiente
En términos de
regulación financiera destinada a imponer cierta disciplina a los grandes
bancos y otras grandes empresas financieras, no se ha hecho nada. Por el
contrario, la laxitud se amplifica. Para indicar claramente su orientación
favorable a los mercados financieros y al gran capital, Biden ha prorrogado el
mandato del presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, que había sido nombrado por Donald
Trump. También nombró a Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal,
para el cargo de Secretaria de Estado del Tesoro (el equivalente del Ministerio
de Hacienda). Esta fue otra señal a favor del gran capital. A principios de
diciembre de 2021, Saule Omarova, la mujer que se suponía que se haría cargo de
la regulación bancaria al frente de la Office of the Comptroller of the
Currency (la oficina de control de la Moneda), tuvo que renunciar a su cargo
después de una campaña de desestabilización lanzada por Wall Street y los
republicanos. El Financial Times escribió al respecto: «Tuvo que hacer frente a
una reacción brutal de los republicanos y el sector bancario, con críticas
centradas en su formación y carrera académica con propuestas que incluían un
sistema de cuentas bancarias gestionado por el Estado”[6].
En realidad, no solo tuvo que enfrentarse a los ataques de los republicanos,
sino que fue hundida por una serie de parlamentarios demócratas tan vinculados
al gran capital como sus colegas.
Biden había
prometido aprobar un importante programa de gasto para más justicia social y
defensa del medio ambiente. Este programa «Build Back Better» (Reconstruir
mejor), conocido por sus iniciales BBB, debería haber sido adoptado al mismo
tiempo que el principal plan de gasto en obras públicas que gusta al Gran
Capital. Biden y la presidenta del Congreso Nancy Pelosi finalmente dejaron que
las dos votaciones se separaran, mientras que la izquierda del Partido
Demócrata rechazó esta separación. El plan de obras públicas fue adoptado con
el apoyo de los republicanos y a pesar de la oposición de 6 parlamentarios de
la izquierda demócrata, incluida Alexandria Ocasio-Cortez. Por el contrario, el
programa «Build Back Better» está siendo saboteado por la derecha del Partido
Demócrata y lo más probable es que sea abandonado.
Este abandono
del programa «Build Back Better» muestra la verdadera naturaleza de la política
de la administración Biden que en gran medida, económica y socialmente, está en
continuidad con la de los presidentes republicanos, ya sea G. W. Bush o D.
Trump. En 1891, Friedrich Engels, en su introducción a los textos de Karl Marx
sobre la Comuna de París, había descrito muy bien el sistema político de los
Estados Unidos dominado por los partidos Demócrata y Republicano que se
alternan en el poder y defienden el orden capitalista (ver recuadro a
continuación).
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Recuadro: Friedrich Engels sobre el sistema
político de los Estados Unidos
No hay ningún
país en que los «políticos» formen un sector más poderoso y más separado de
la nación que en Norteamérica. Allí cada uno de los dos grandes partidos que
alternan en el Gobierno está a su vez gobernado por gentes que hacen de la
política un negocio, que especulan con las actas de diputado de las asambleas
legislativas de la Unión y de los distintos Estados federados, o que viven de
la agitación en favor de su partido y son retribuidos con cargos cuando éste
triunfa. Es sabido que los norteamericanos llevan treinta años esforzándose
por sacudir este yugo, que ha llegado a ser insoportable, y que, a pesar de
todo, se hunden cada vez más en este pantano de corrupción. Y es precisamente
en Norteamérica donde podemos ver mejor cómo progresa esta independización
del Estado frente a la sociedad, de la que originariamente debía ser un
simple instrumento. Allí no hay dinastía, ni nobleza, ni ejército permanente
-fuera del puñado de hombres que montan la guardia contra los indios-, ni
burocracia con cargos permanentes o derechos pasivos. Y, sin embargo, en
Norteamérica nos encontramos con dos grandes cuadrillas de especuladores
políticos que alternativamente se posesionan del poder estatal y lo explotan
por los medios y para los fines más corrompidos; y la nación es impotente
frente a estos dos grandes cárteles de políticos, pretendidos servidores
suyos, pero que, en realidad, la dominan y la saquean.
Fuente:
Friedrich Engels, Introducción a los textos de Karl Marx sobre la Comuna de
París, 1891 disponible en línea: (F. Engels, introducción de 1891 a La guerra
civil en Francia, disponible en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gcfran/1.htm).
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La
administración Biden tampoco ha tomado medidas, a pesar de los discursos bien
intencionados, parareducir el acceso a las armas de fuego,
cuando la cantidad de homicidios está aumentando bruscamente (aumento del 30%
en 2021). 400 millones de armas de fuego están en circulación en los Estados
Unidos.
En relación con
Estados como Texas que han adoptado legislación
hiperrepresiva contra el aborto, la Administración Biden no
está tomando medidas para defender la legislación federal que despenaliza el
aborto y se contenta con expresar su desacuerdo.
Mientras que
Estados, incluido Texas una vez más, deciden enmendar las leyes electorales
para limitar el ejercicio del derecho al voto por parte de las clases populares
y, en particular, sus partidos racializados, la Administración Biden no hace
nada.
En materia de
derechos de las y los migrantes y acogida de personas refugiadas, la política
de la Administración Biden no es realmente diferente de la de D. Trump. En septiembre de 2021, el
enviado estadounidense a Haití, Daniel Foote, dimitió para
protestar contra las expulsiones «inhumanas» por parte de los Estados Unidos de
miles de personas migrantes haitianas. Su dimisión fue un duro golpe para Joe
Biden: su política de deportación masiva de migrantes haitianos a su país es
denunciada públicamente por su propio emisario.[7]
En materia de
política internacional, la administración extiende y confirma lo adoptado por
Trump sobre temas centrales: pleno apoyo al régimen sionista; agresividad hacia
Cuba y Venezuela. Recientemente, una investigación del New York Times reveló
que el uso de drones en Siria,
Irak y Afganistán había causado oficialmente la muerte de más de 1.400 civiles.
La cifra real es ciertamente mucho mayor. Desde este punto de vista la
administración Biden ha proseguido la política de D. Trump. A finales de agosto
de 2021 en Kabul murieron 10 civiles por un dron y se supo en diciembre de 2021
que los responsables no serían sancionados. «No había un elemento lo
suficientemente sólido como para mantener responsabilidades personales», dijo
el portavoz del Pentágono, John Kirby, en Washington para justificar la
ausencia de sanciones[8].
La Administración Biden también apoya al régimen militar del mariscal Al-Sisi en Egipto proporcionando
anualmente a su ejército 1.300 millones de dólares en ayuda. Del mismo
modo, Biden mantiene estrechas
relaciones con el régimen ultrarreaccionario saudí.
El retorno al
Acuerdo Climático de París y a las negociaciones nucleares con Irán no conduce
a medidas enérgicas. Por el contrario, Biden acaba de aumentar la ayuda para la
extracción de petróleo y gas en los Estados Unidos con el fin de aumentar el
volumen de extracción. En relación con Irán, los Estados Unidos no están
haciendo concesiones reales, lo que contribuye al deterioro de la situación.
¿Cómo explicar que no haya giro keynesiano?
El factor
principal es la situación de la lucha de clases. Las clases trabajadoras y, en
particular, las y los asalariados no ven aumentar su grado de organización y
capacidad para actuar. Esto es diferente de la década de 1930, cuando el
movimiento obrero estaba en auge en los Estados Unidos con una ola de huelgas y
ocupaciones de fábricas, especialmente en el sector automotriz. Los sindicatos
radicales tenían el viento de popa. Las ideas socialistas también. La URSS era
un polo de atracción, la planificación y el control público de los medios de
producción parecían ser una mejor solución que el laissez-faire capitalista.
Para completar
el panorama, hay que añadir que en 2020-2021 el gobierno (tanto el de Trump o
como el de Biden) engrasó de forma masiva los engranajes pagando ayudas
significativas a las clases populares y aplazando el pago de una parte
significativa de las deudas (deudas hipotecarias, deudas estudiantiles, deudas
de alquiler…). En 2020 y 2021, la pobreza disminuyó gracias a las ayudas
sociales de diferentes tipos. Esto ha jugado un papel real como amortiguador
social. Las clases populares no se han visto compelidas a pasar a la acción. Es cierto que
algunos sectores se han movilizado y en algunos casos han logrado victorias,
pero esto está lejos de representar una ola de fondo.
Las medidas
«sociales» tomadas por Trump y luego por Biden no son estructurales, no
constituyen nuevos derechos, no son perennes. Si el programa «Build Back
Better-Reconstruir mejor», fuera adoptado, se podría considerar que se ha
logrado algún progreso social, pero obviamente, en el mejor de los casos, esto
será muy limitado. Lo anterior demuestra que no estamos en un nuevo ciclo de
tipo keynesiano en el que el gobierno y la clase capitalista serían obligadas
hacer concesiones importantes a las clases populares que verían progresar sus derechos
sociales y en el que los salarios reales aumentarían sustancialmente.
La clase
capitalista continúa enriqueciéndose incluso si la tasa de ganancia no está en su mejor momento y
si una parte importante del capital acumulado es ficticia y puede hundirse como
un castillo de naipes en caso de una nueva crisis financiera.
Las
desigualdades continúan aumentando con una mayor concentración de la riqueza a
favor del 1% más rico.
La cuestión de las deudas
En el tercer
trimestre de 2021, la deuda pública
de los Estados Unidos superó los 28.000 millones de dólares, es decir, el
125 % del PIB del país. Tanto después de 2008
para hacer frente a la crisis financiera como a partir de 2020 frente a la
crisis exacerbada por la pandemia de coronavirus, los gobiernos de los Estados
Unidos han aumentado fuertemente la deuda pública. No ha habido impuestos de
crisis al gran capital. Hasta ahora, el aumento de la deuda pública ha sido
indoloro porque las tasas de interés están cerca de cero.
Actualmente, la tasa de interés real de la deuda pública es incluso negativa,
ya que la inflación supera
el 5%. La Reserva Federal aumentará gradualmente las tasas de interés, pero no
habrá problemas graves a corto o medio plazo. En los Estados Unidos, el volumen
de la deuda pública seguirá aumentando sin causar grandes conmociones.
Las deudas de
los hogares de las clases populares han aumentado en los últimos 10 años, pero
las ayudas sociales en forma de cheques enviados en 2020-2021 por las
autoridades públicas ha reducido temporalmente el peso de su pago. Además,
tanto la administración Trump como la administración Biden han suspendido
temporalmente el pago de una serie de deudas: deudas estudiantiles, deudas
hipotecarias en algunos casos, algunas deudas de alquiler también, por no
mencionar algunas deudas de pequeñas empresas. Pero estas medidas terminarán y
gradualmente la situación se tensará. Se conocen algunos vencimientos: mayo de
2022 para deudas estudiantiles con un montante total superior a 1.600.000
millones de dólares. Bernie Sanders y Alexandria
Ocasio-Cortez están pidiendo la cancelación total. Movimientos en favor decondonar
estas deudas están en marcha y en preparación.
La cuestión de
las deudas reclamadas abusivamente a las clases trabajadoras será más
importante en los próximos años.
En cuanto a las
deudas estudiantiles, Barack Obama había hecho algunas cancelaciones parciales
(cuyo costo fue asumido por las autoridades públicas y no por los prestamistas),
Biden puede hacer lo mismo. Esto dependerá en particular de las movilizaciones.
Un asunto que hay que seguir.
La deuda de las
grandes empresas privadas ha aumentado muy bruscamente en los últimos años. En
caso de aumento de las tasas, es posible que se produzcan quiebras y se
desencadene una nueva crisis financiera.
Conclusiones
La política de
la administración Biden, más allá de las declaraciones propagandísticas y de
las promesas incumplidas, está en gran medida en línea con la ofensiva del
capital contra las clases populares. No hay un punto de inflexión social que
esté realmente en marcha y que rompa con 40 años de políticas neoliberales.
Nadie en la
izquierda va a echar en falta a Trump, pero de ahí a hacerse ilusiones sobre
Biden, hay límites que no se deben cruzar.
Biden y el
Partido Demócrata decepcionan a sectores de las clases populares que les
apoyaron contra Trump y las candidaturas republicanas en el otoño de 2020.
Durante 2021, en varias elecciones parciales, esta decepción se expresó en las
urnas y los republicanos fortalecieron su posición. Las elecciones de octubre
de 2022 corren el riesgo de conducir a la pérdida de la mayoría de los
demócratas en el Parlamento y el Senado, lo que aumentará la tendencia hacia la
continuidad. Es posible una victoria republicana en las elecciones
presidenciales de 2024.
¿Encontrará la
izquierda dentro y fuera del Partido Demócrata la manera de fortalecerse y
romper el sistema bipartidista tan bien descrito por Friedrich Engels hace 130
años? Esta es la gran cuestión histórica. ¿Podrá consolidarse el movimiento
popular que en los Estados Unidos ha experimentado momentos muy destacados,
como con Black Lives Matter o durante las movilizaciones feministas? ¿Las y los
asalariados ganarán puntos contra la patronal? ¿Entrará la juventud en una
sucesión de luchas que prolonguen Black Lives Matter, que se centren en el
medio ambiente, las deudas…? Las respuestas a estas preguntas están abiertas y
son de gran importancia para todos los pueblos del planeta.
Notas
[1] https://www.capito.senate.gov/news/in-the-news/editorial-to-keep-cost-of-bbb-down-take-out-the-salt-cap-increase ; https://www.cnbc.com/2021/11/17/high-income-households-could-get-a-tax-cut-under-build-back-better.html
[2] Financial Times, 27-28 novembre 2021, “Democrats’ tax relief plan
leaves bitter taste for party leftwingers” https://time.com/6128775/salt-cap-democrats-divided/ ; https://www.ft.com/content/712d0a22-8aa1-4204-b93a-3653c1f5bb5e “According to analysis by both the
non-partisan Tax Policy Center and the fiscally hawkish Center for a
Responsible Federal Budget think-tanks, 94 per cent of the benefits of
increasing the Salt cap to $80,000 would go to the top quintile of earners
nationwide — who make at least $175,000 a year — with 70 per cent going to the
top five per cent.”
[3] El contenido de este recuadro es un extracto de Éric Toussaint,
Coronavirus: Bienes comunes mundiales contra el Big Pharma publicdo en http://www.cadtm.org/Coronavirus-Bienes-comunes-mundiales-contra-el-Big-Pharma
[4] Public Citizen, «Statement: Moderna Vaccine Belongs to the People»,
publicado el 16 de noviembre de 2020, https://www.citizen.org/news/statement-moderna-vaccine-belongs-to-the-people/
[5] Public Citizen, How to Make Enough Vaccine for the World in One
Year», publicado el 26 de mayo de 2021, https://www.citizen.org/article/how-to-make-enough-vaccine-for-the-world-in-one-year/
[6] Financial Times, 9 décembre 2021. Extracto del artículo de FT “Lo que
inquieta a los bancos de Wall Street es que voy a ser un regulador
independiente, de espíritu fuerte, que no soy uno de los suyos, que no les debo
nada”, declaró Saule Omarova al FT. (…). Jon Tester, senador demócrata de
Montana y Mark Warner, de Virginia, han expresado inquietudes en el curso de la
audición sobre las críticas anteriores de Omarova sobre ciertos aspectos de un
proyecto de ley de 2018 que ambos habían defendido y que había flexibilizado
las reglamentaciones para los bancos comunitarios. Tester ha puesto en cuestión
igualmente su proposición de una autoridad nacional de inversión sostenida por el
Estado que, en su opinión podría decidir a qué sectores de la economía prestar
dinero”.
[7] https://www.france24.com/fr/amériques/20210923-l-émissaire-américain-en-haïti-démissionne-et-dénonce-des-expulsions-inhumaines-de-migrants
[8] Nouvel Observateur, « Bavure américaine de fin août à Kaboul : pas de
sanctions, colère de la famille des victimes » https://www.nouvelobs.com/monde/20211213.AFP5613/bavure-americaine-de-fin-aout-a-kaboul-pas-de-sanctions-colere-de-la-famille-des-victimes.html
Traducción de Alberto Nadal publicada originalmente en Cadtm.org
