jueves, 5 de noviembre de 2020
El Covid-19, como todas las casas empieza por los cimientos y menos policía; menos guardas civil (policía y guardia civil a detener delincuentes, evasores fiscales, etc.); menos militares; menos dinero a la mercantil de la sanidad privada que ha estado saqueando (y continua saqueando) las arcas públicas para arruinar a la sanidad pública, y menos trompeteos, trompeteros y trompetistas para ganar votos a costa de la vida de las personas. Y, claro, los trabajadores a abrir los ojitos de la cara que Dios nos ha dado.
Eslovaquia
realiza exámenes masivos para identificar Covid-19
Eslovaquia acumula un total de 63.556
casos positivos a la Covid-19.
El gobernante eslovaco indicó que lo más importante
durante la epidemia es identificar a las personas portadoras de la Covid-19. |
Foto: Telam
04.10.2020
El
primer ministro eslovaco, Igor Matovic declaró este martes ante medios locales
que entre el sábado y domingo pasado el país europeo realizó 3 millones 625.332
exámenes médicos para descartar la presencia de la Covid-19.
Matovic
puntualizó que “esto es lo más importante durante la epidemia, identificar
rápidamente a tantas personas como sea posible que puedan propagar (la
Covid-19), ponerlas en cuarentena y así proteger a decenas”.
Dicha
tarea sanitaria forma parte de las decisiones tomadas por los jefes de Estado y
Gobierno de la Unión Europea (UE), durante la reunión virtual celebrada el
pasado 28 de octubre, convocada para coordinar la puesta en marcha de pruebas
masivas de identificación del coronavirus.
Las
autoridades sanitarias eslovacas informaron este martes que la nación reporta
un total de 63.556 casos positivos a la Covid-19, de los cuales 1.727 fueron
reportados en las pasadas 24 horas.
El
citado mensaje virtual expone además que en esa misma jornada, fallecieron por
dicha enfermedad 16 pacientes portadores de la Covid-19, acumulándose así un
total de 235 decesos a causa del coronavirus.
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lunes, 2 de noviembre de 2020
¡Hay que contener el gasto social! Tranqui, tronco. “Atranquilizate”, colegui. No es lo mismo un gasto corriente de los que habitualmente hacemos que constituye un gasto doméstico, que lo que representa un gasto social, que es un concepto utilizado en macroeconomía. El concepto de uno y otro gasto, al igual que sus respectivos significados son distintos, y hasta se podría decir que ambos tienen un sentido contrapuesto. Confundir la naturaleza del gasto normal, el doméstico, con la del gasto social equivale a no saber de qué está hablando. Si se considera como por lo general se hace, que los gastos es conveniente reducirlos cuanto sea posible es fácil admitir también que el gasto social hay que disminuirlo canto se pueda. Y si esto lo mantuviera un trabajador estaría aceptando (inconscientemente) y mostrando su disposición a la disminución de su propio salario como procedimiento para mejorar sus condiciones de vida. Los administradores de los grandes grupos de capital que organizan y dirigen la Unión Europea, imponen la contención del gasto (social) a los diferentes gobiernos europeos y estos lo cumplen trasladando tal mandato a sus correspondientes presupuestos generales como base para la aplicación práctica de la política en cada Estado. Contener el gasto social, pues, se presenta como la piedra filosofal para mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad (dicen). Sin embargo, a poco que se analice la propuesta de la contención del gasto social se podrá ver que lejos de mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población lo que hace es asegurar su empeoramiento, toda vez que lo que esconde en sus entrañas tan aparente aséptico término (contención del gasto social) es la aceptación para trasvasar dinero público (que no es otra cosa de los impuestos pagados en su inmensa mayoría por las clases trabajadoras) de los trabajadores a los bolsillos de los grandes capitales. Así, y como ejemplos paradigmático, lo que invierten los gobiernos en la sanidad pública (que es dinero de los trabajadores) tiene la consideración y es un gasto social (hay que contenerlo). Lo mismo cabe decir del dinero invertido en la enseñanza pública (hay que reducirla). Tanto los servicios que presta la sanidad como la enseñanza públicas (sólo son dos ejemplos) forman parte de los ingresos indirectos que recibe la inmensa mayoría de la población, admitir que se reduzcan las cantidades de dinero invertidas en estos dos conceptos significa consentir que cuantos menores ingresos se tengan mejor para salir de la situación de penuria en la que estamos y que va empeorando paulatinamente. En cambio, el dinero público (de los trabajadores) que los gobiernos gasten en armamento y en la industria militar no se considera gasto social, por tanto, se gaste lo que se gaste bajo este epígrafe no afecta al incremento del “gastos social”, y por lo tanto puede ser incrementado, en base a lo dicho, los 18 mil millones de euros anuales de dinero público (de los trabajadores) que se le paga a la OTAN se puede incrementar porque no afecta a las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, según los mandantes de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que sus servidores, los correspondientes gobiernos de turno llámense Periquitos o Juanes, que el nombre es lo de menos, actuando contra los verdaderos intereses de la inmensa mayoría de la población se afanan en aplicar los mandatos recibid0s de sus mandantes del capital (no de sus representados oficiales) , Y en esto, únicamente mencionado a título de ejemplo, reside la importancia de que los trabajadores seamos o no conscientes de cuáles son nuestros verdaderos intereses, que desde luego no coinciden ni pueden coincidir con los intereses del capital. Blanco y en botella, o si se prefiere, que sin mojarse es imposible conseguir peces, o dicho de otro modo, que como los trabajadores no resolvamos por nosotros mismo nuestros problemas, estos se quedan sin resolver y agravados en la medida que pase el tiempo y no vayan siendo resueltos.
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Presentados esta semana, los Presupuestos avanzan en gasto social pero siguen arrastrando la dependencia de la industria militar en el capítulo de inversiones.
1 NOV 2020 06:53
Un año más, los compromisos de España con el sector
armamentístico marcan el ritmo de las inversiones no financieras del Estado.
Los Presupuestos Generales, presentados el martes 27 de octubre, establecen que
el año que viene 3.090 millones de euros se destinarán a los pagos de los
programas especiales de armamento, que sufragarán una parte de los 13.356
millones comprometidos en distintos programas de armas que se deben fabricar
entre 2019 y 2032. Tres cuartas partes de esos 3.090 millones estarán destinados a esos programas.
El 31,7% de las inversiones reales del Estado lo constituyen los programas de compra, a los que se tienen que sumar las Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios (9,5% del total de inversiones) y los gastos militares de inversiones de carácter inmaterial (0,2%). De este modo, más del 40% de las inversiones reales del Estado serán destinadas a gasto militar.
A pesar de que el presupuesto del Ministerio de Defensa sube solo un 5%
─la cartera que dirige Margarita Robles tendrá un monto de 9.072 millones de
euros si salen adelante los PGE 2021─ otras partidas dispersas en las cuentas
aumentan el monto destinado a “seguridad y defensa”. Son los citados Programas
Especiales, cuyo gasto no contabiliza como déficit merced a un acuerdo con la
Unión Europea ─el gasto en sanidad y educación sí cuenta en el capítulo de
déficit─. Se debe sumar también la partida de Investigación, Desarrollo,
Innovación y Militar, que sumará 861 millones en 2021 y se incrementa un 26,8%
respecto a los presupuestos vigentes. El presupuesto de seguridad social
incluye, asimismo, otros 3.400 millones a pensiones de militares y familias de
militares
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CON FONDOS EUROPEOS
Aunque el Estado no ha modificado su rumbo en el gasto militar, los
Presupuestos presentados esta semana han sido saludados por la expansión del
gasto social favorecido por el programa Next Generation. España recibirá 59.168
millones de euros en transferencias a través del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, mediante el cual se pretenden crear 800.000 puestos de trabajo, y
12.436 millones en el programa REACT-EU, que se gestionará a través de las
Comunidades Autónomas.
Casi 3.000 millones de esas transferencias se enchufarán directamente a políticas sanitarias. El Ministerio que dirige Salvador Illa y las consejerías autonómicas recibirán 7.330 millones de euros, 3.100 millones más que lo que marcan los presupuestos pre-pandemia, elaborados por el equipo de Cristóbal Montoro en 2018 y prorrogados desde entonces. Las principales partidas del desglose del presupuesto para Sanidad son los 1.089 millones destinados a Atención Primaria y Comunitaria y una cantidad equivalente para la adquisición de vacunas contra el covid-19. 135.004 millones de euros serán transferidos a las consejerías de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
En Industria, la automoción también se lleva un buen pico en el Presupuesto presentado esta semana por María Jesús Montero. 11.500 millones de euros serán puestos a disposición de la “competitividad” de la automoción, el sector turístico y el transporte. De momento, se han aprobado dos planes Renove para la compra de coches por valor de 250 millones de ayudas en los años 2020 y 2021.
El acuerdo alcanzado el
pasado martes entre los dos socios del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas
Podemos, abre la negociación parlamentaria para obtener los apoyos necesarios.
La coalición que lidera el vicepresidente de Derechos Sociales, opta por
repetir la suma de la investidura de Pedro Sánchez y evitar que sean necesarios
los apoyos con Ciudadanos.
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domingo, 1 de noviembre de 2020
¡Stop a la manada pactante de Toledo! Te enmoñes o desenmoñes las pensiones no las toques. ¿Algún trabajador ha autorizado a alguno de los políticos lepleseltantes para que le quiten las pensiones?
El gobierno prepara una privatización encubierta del sistema de pensiones incorporando el «modelo británico»
Diario octubre
31.10.2020
Diego
Herchhoren.— El sistema de pensiones de empleo en el Reino
Unido, reformado por el conservador David Cameron, se basa en un modelo de
inscripción automática que, desde su implantación en 2012, ha reducido la caja
de la Seguridad Social, pasando a ser las empresas empleadoras las
administradoras de los fondos. El sistema público queda así reducido a un
modelo residual al que quedan relegados los pobres
El modelo de
los conservadores británicos
La reforma
de las pensiones que el gobierno del PSOE y Podemos está elaborando, conforma
una transformación radical del sistema, donde el epicentro está en quién
administra los fondos que mes a mes la clase trabajadora aporta en sus nóminas.
Una golosa
caja y una grave reforma que supuestamente viene a paliar el déficit estructural
de la Seguridad Social (en torno a 18.000 millones de euros), así como la
«sostenibilidad» del sistema a largo plazo. El proyecto de reforma que evalúa
el gobierno es, ni más ni menos, que entregar a las empresas la parte más
importante de la caja de las pensiones.
En este
contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, ha anunciado que tiene la intención de impulsar los llamados «planes
de pensiones de empleo (también llamado de empresas)» para fomentar el ahorro a
largo plazo, basándose en el modelo británico.
Banca y
aseguradoras, administrando los fondos
¿En qué
consiste?. Desde 2012 las empresas británicas tienen que inscribir
automáticamente a los trabajadores (siempre que cumplan ciertas condiciones:
salario mayor de 10.000 libras, edad superior a 22 años…) en un plan de
pensiones de empresa, aunque los trabajadores pueden salir voluntariamente en
el plazo de un mes. Se trata de una caja de jubilaciones que administra la
propia empresa, o empresas gestoras autorizadas (lo más habitual) que provienen
del sector financiero y de seguros.
Asimismo, se
requieren aportaciones mínimas anuales del 8% del salario del trabajador (antes
de abril de 2019, era un 5% y, desde 2012, se ha ido aumentando progresiva
mente hasta llegar al 8%) repartidas de la siguiente forma: una contribución
del 3% por parte de la empresa 3 y una contribución del 5% por parte del
empleado (aunque en general su contribución ya de entrada es del 4% gracias a
una deducción fiscal del impuesto de la renta).
Las rentas
bajas quedan fuera de la reforma
Según los
informes que maneja el gobierno, proporcionados por Caixabank Research,
el think tank de Caixabank, su incorporación al sistema español se definiría
como un «complemento» la introducción de al sistema público de pensiones ante
la previsible caída de la tasa de reemplazo –la ratio entre la pensión media y
el salario medio–, que según el promedio de la OCDE es del 40%, pero lo cierto
es que una reforma de este tipo supondrá en la práctica una descapitalización
del sistema público en favor del privado.
Las
conversaciones entre el gobierno y la CEOE, de cara a esta reforma, se centran
en un diseño de la misma que no aumente el coste laboral para las empresas, y
para que sea lo suficientemente «atractivo» para los trabajadores.
La solución
que parece entreverse es que las empresas podrán deducirse fiscalmente la
gestión de estos fondos, y sobre todo, y que las personas que no superen los
umbrales de rentas serán «acogidos» mediante una cobertura residual pública
para rentas bajas, ya que en el Reino Unido, por ejemplo, una laguna es que hay
más de 8 millones de trabajadores que no son «elegibles» para estos planes,
entre ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año y los
autónomos.
FUENTE: mpr21.info
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Garantizado y comprobado clínicamente: leer y pensar no afecta a los riñones.
Publicado en
ABC (2000)
Sociología
Crítica
27.10.2020
Hace quince
años, en 1985, publiqué un libro por el que siento cierta predilección: España
inteligible. No es que sea mi «mejor» libro –esto no tendría demasiado
sentido–, pero es acaso el que ha ayudado más a que los españoles se entiendan
a sí mismos. Tiene un subtítulo: «Razón histórica de las Españas», porque desde
1500 España es inseparable de América y el resto del mundo hispánico.
Este libro
se ha leído bastante: diez ediciones en español, traducciones al inglés y al
japonés. No se ha hablado demasiado de él, lo que puede ser explicable. Lo que
me sorprende es la escasez de comentarios a su título. Dije que el libro cumple
lo que el título promete: inteligibilidad. Por lo visto, esta noción irrita; se
prefiere la idea de que España es un país «anormal», conflictivo, irracional,
enigmático, un conglomerado de elementos múltiples y que no se entienden bien.
Mostré que
España es coherente, más razonable que otros países, en suma, inteligible si se
lo mira desde su génesis, sus proyectos, su argumento histórico. Como se ha
decretado lo contrario, hay una manifiesta resistencia a mirar la realidad y
tomarla en serio. Lo inaceptable es el título, que va contra las ideas
recibidas y aceptadas sin crítica, aunque la experiencia las desmienta. Todo
antes que admitir que se entienda lo que ha acontecido, que se comprenda un
proceso histórico excepcionalmente coherente si se lo mira con la razón
histórica y no con la razón abstracta; es mucho pedir que se mire la historia
con mirada histórica, humana. Se trata de un caso particular de la evidente
resistencia a mirar como personal la realidad humana, aunque sea al precio de
no entenderla, de suplantarla por las «cosas» o, en el caso más favorable, por
lo biológico, lo meramente animal. Si se considera casi todo lo escrito sobre
cuestiones humanas en los dos últimos siglos, asombra el deliberado olvido de
los caracteres personales, irreductibles a ninguna otra forma de realidad: no
hay ningún «eslabón» ambiguo, equívoco, en que sea dudosa la condición humana,
identificada con lo personal. Hay que refugiarse en el pasado imaginario para
alojar en él lo que no existe en la realidad actual.
Se repiten
monótonamente todos los tópicos acumulados sobre España durante varios siglos.
Casi nadie se atreve a considerar la realidad y la interpretación fundada en su
examen. El reconocer que las cosas no son como se dice parece a muchos una
«infidelidad». Habría que preguntar a qué. He insistido a veces en la
«fragilidad» de la evidencia, que se descubre y entrevé un momento y se pierde
pronto por la presión del hábito. La idea de que España pueda ser «normal», una
realidad colectiva humana y por tanto inteligible parece una «herejía».
Lo
verdaderamente innovador e interesante es que habría que dar un paso más en la
misma dirección. No solo España ha sido y es inteligible, sino también otros
pueblos a los que se les ha atribuido esa condición sin suficiente motivo y
sobre todo sin atender adecuadamente a su realidad y a los métodos que reclama.
Quiero decir que otros países son más inteligibles de lo que se piensa, porque
tampoco se los mira con los instrumentos mentales necesarios. Habría que
intentar una revisión histórica de los demás países; creo que se aumentaría
considerablemente su nivel de inteligibilidad, de racionalidad.
¿Podría
extenderse este criterio de todos los pueblos? No lo creo así. Los pueblos
procedentes de una herencia histórica que es la nuestra y que incluye el mundo
helénico y el romano han conservado la continuidad y la pretensión de
inteligibilidad. Por eso sus historias presentan, a pesar de azares, errores,
violencias y crisis, que pueden ser graves y duraderas, algo que se puede
entender y narrar; dicho con otras palabras, han realizado una historia que es
susceptible de ser narrada, aunque en etapas bien distintas.
En otros
casos la continuidad ha sido mucho menor, la inestabilidad de las poblaciones,
la complejidad étnica, la ausencia de proyectos coherentes, el carácter
precario y vacilante de su expresión, hace sumamente difícil esa
inteligibilidad, precaria, vacilante. Finalmente, hay y por supuesto ha habido
durante siglos o milenios, pueblos que sólo han poseído y conservado el mínimo
de inteligibilidad que pertenece a lo humano, que sólo se encuentra en forma
residual, como el grado inferior de la condición personal.
Vemos, pues,
que la inteligibilidad, lejos de ser un privilegio de la condición histórica
española, es la condición de lo humano y personal. Pero las diferencias de
grado, forma y contenido pueden ser enormes. Para que esto se vea es menester
una intensidad que lo haga perceptible. Lo curioso es que esto resulte
particularmente evidente cuando se examina la historia española, objeto
preferente de la imputación de conflicto e irracionalidad.
Pero las
consideraciones que acabo de hacer descubren las diversas formas, las
articulaciones y los límites de la historia. Podemos distinguir entre grados de
ese carácter de todo lo humano que es la historicidad. Esto permitiría algo que
no se ha hecho y que es una tarea apasionante: una tipología profunda y radical
de las formas históricas. He mencionado apresuradamente tres niveles bien
distintos, tanto que son irreductibles. En rigor, sólo desde los niveles
superiores se puede percibir la forzosa historicidad.
Se ve
igualmente la imposibilidad de una «historia universal» si no se ha llegado al
descubrimiento de la inteligibilidad plena de algunas formas históricas.
Solamente desde las formas superiores de inteligibilidad puede lanzarse una
mirada al resto, y hallar así la universalidad de esa condición, aun en su
grado ínfimo.
Todavía se
suscita otra cuestión, cuyo interés teórico es del mayor alcance: en qué medida
está ligada la noción de historia universal a la posibilidad de su realización,
en la medida de las posibilidades reales. El hecho de que los griegos, los
romanos y los españoles, en diversas épocas, hayan sido realizadores y teóricos
de lo que podemos llamar «versiones» distintas de la historia universal
llevaría a barruntar esa conexión. En otros ciclos humanos, ni la realidad ni
el pensamiento parecen vinculados a la noción de historia universal.
Baste pensar
un momento en estas cuestiones para recordar la complejidad y el apasionante
interés de la condición histórica del hombre. Resulta inquietante, y sugestivo,
darse cuenta de lo que falta para que esta condición de la vida personal se
haya puesto adecuadamente en claro.
sábado, 31 de octubre de 2020
En el Pacto de Toledo (vamos a llamarle robo de pensiones a la toledana que viene más al caso) no es que ahora se haya puesto de acuerdo la derecha y la izquierda, sino que la derecha tradicional y así reconocida socialmente va a lo suyo (digamos para entendernos, que tiene que explotar cada vez más al trabajador) y la izquierda (que también podemos decir que son seis tres veces dos) que se llama como se quiera llamar, pero que en la práctica hace los mismo que la derecha, de modo que mona mía, vístete como quieras vestirte que mona eras y mona te quedas, te vistas como te vistas o salga el sol por donde quiera, mona querida, que ya no me engañas más, lagarta, que eso es lo que eres tú mona de mi alma, una lagarta. Las reformas (que para que cada cual no tire por su lado y sepamos de lo que hablamos le vamos a llamarlas pan, o sea, por su nombre, y así, fueron contra reformas o un robe legal de estos de un verbo robar corriente y moliente a los trabajadores) de las pensiones para hacer que del dinero de los trabajadores los trabajadores cada vez recibieran menos de 2011 y 2013 las realizaron los jefes del PSOE y del PP, o sea, que da lo mismo decir leche que caldo teta. Cosa buena y por ello cosa a celebrar es que COESPE (los jubilatas organizados) además de decir NO AL PACTO DE TOLEDO han fundamentado y expuesto los motivos, razonadamente, en los que fundamentaban la negativa. Con ser esto importante, lo es más que los mismo jubilatas planteen que hay que seguir haciendo cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que hay que hacer? Vamos a darle a la mollera todos y cada uno de nosotros, pero mirando al suelo, sin subirnos a la parra ni a las nubes, o sea, mirando a los problemas reales que tenemos, y ya verán la polvareda que levanta las cosas que se nos ocurran que pueden ser hechas.
Acerca de las recomendaciones del Pacto de Toledo
Debemos
dar una respuesta a estas recomendaciones
KAOSENLARED
COMUNICADO SOBRE LAS RECOMENDACIONES
DEL PACTO DE TOLEDO
29 de octubre de 2020
El
pasado 27 de este mes se presentaron las nuevas recomendaciones del Pacto de
Toledo, que sustituirán a las anteriores. Parece que las dificultades
ideológicas, que existían hace unos meses, desaparecieron. Partidos como el
Partido Popular, Ciudadanos y otros, defensores al máximo de la economía
neoliberal y de privatizar todos los servicios públicos para hacer negocio,
incluidas las pensiones, han aceptado.
Los
y las pensionistas somos mayores, pero no somos tontos ni tontas y nos
preguntamos, ¿Dónde ESTÁ LA TRAMPA? ¿Por qué es aceptado por la derecha y por
la izquierda? ¿Quién pierde y quién gana? ¿El mundo empresarial y financiero o
los trabajadores y trabajadoras?
UNIDAD
COESPE, que defiende el sistema público de pensiones, de reparto y solidario,
universal y de pensiones dignas para todas las personas, en contra de quien
quiere privatizarla con planes privados, RECHAZA ESTE PACTO DE TOLEDO, por las
siguientes razones:
1º.-
Admitimos que hay recomendaciones positivas, como la lucha contra el fraude, o
el reconocimiento de que NO HAY DÉFICIT EN LA SEGURIDAD SOCIAL. Sorprendente,
después de años de campañas en los medios de comunicación para atemorizarnos
por la quiebra del sistema y suscribir planes privados. Es más, HABRÍA
SUPERÁVIT si los Gobiernos no hubiesen pagado gastos con cotizaciones sociales
que no les correspondían.
2º.-
LA REVALORIZACIÓN SEGÚN EL COSTE DE LA VIDA O IPC, NO QUEDA ASEGURADA. Primero,
porque al NO recomendar que se incluya en la Constitución Española con la
protección de un derecho fundamental, cualquier Gobierno puede derogar una
posible ley que lo aprobase. Segundo, en la misma recomendación, dice que
“constata que este mecanismo de revalorización no goza del suficiente consenso
político y social” y remiten a la recomendación anterior, del 2011, en la que
se admite otros índices diferentes, y no solo el IPC.
3º.-
NINGUNA RECOMENDACIÓN ABOGA POR LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS DE LAS PENSIONES
DE 2011 (gobierno del PSOE) y 2013 (gobierno del PP). Ni el plan de
sostenibilidad, por el que disminuyen las pensiones según la esperanza de vida,
ni el cómputo de 15 a 25 años para calcular la pensión, o alargar la vida
laboral.
4º.-
Mantiene ALARGAR LA VIDA LABORAL de 65 a 67 años y fomentar voluntariamente
seguir trabajando después de cumplir la edad legal de jubilación.
Incomprensible, no es de sentido común, porque hay en España un 42% de paro
juvenil y 300.000 jóvenes que han tenido que emigrar por no encontrar un puesto
de trabajo.
5º.-
NO RECOMIENDA UNA CUANTÍA PARA LAS PENSIONES MÍNIMAS. Más de un tercio de las
pensiones no llegan al umbral de la pobreza y más de la mitad no alcanzan el
salario mínimo actual de 950 €/mes. Reivindicamos que la pensión mínima sea
igual al salario mínimo y éste sea lo que indica la Carta Social Europea, 1.084
€/mes y 14 pagas al año.
6º.-
NO CONTEMPLA LA REALIDAD LABORAL DEL PAÍS, con contratos precarios y salarios
muy bajos que no cotizan como debían hacerlo. Un 12,3 % de las personas con
empleo no superan el umbral de la pobreza.
7º.-
INTRODUCE LOS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS EN EL SISTEMA PÚBLICO, a través de
unos planes de empresa acordados en convenios colectivos y por tanto, con el
beneplácito de los sindicatos CCOO y UGT que tienen a su vez parte en estos
planes privados de pensiones de empresa. Eso es lo que buscan los bancos y
aseguradoras, el Banco Central de la Unión Europea, el Banco Mundial, etc.,
para que estos fondos los gestionen ellos como fondos de inversión. Es el
primer paso para implantar LA MOCHILA AUSTRÍACA.
8º.-
NO QUEDAN CLARAS ALGUNAS CUESTIONES COMO LAS PENSIONES DE VIUDEDAD O LAS
PERSONAS AUTÓNOMAS.
9º.-
La Comisión del Pacto de Toledo NO HA LLAMADO NUNCA a nuestra organización a
exponer nuestro punto de vista, como lo han hecho los agentes sociales. A pesar
de haber conseguido movilizar a cientos de miles de personas por unas pensiones
dignas para todas y todos. Alguna vez nos tendremos que sentar con los y las
congresistas para hablar de pensiones.
En
resumen, ya vemos donde está la TRAMPA. Todo sigue igual: 5 años de comisión
para apenas innovar casi nada. Unas recomendaciones ambiguas que lo mismo valen
para un roto que para un descosido. Los y las pensionistas de UNIDAD COESPE
RECHAZAMOS EL PACTO DE TOLEDO porque favorecerá a quienes quieren privatizar
las pensiones y hacerse con el botín de las pensiones públicas, y perjudicará a
quienes viven solamente de su pensión pública.
NUESTRA
LUCHA HA CONSEGUIDO COSAS POSITIVAS Y HA SIDO ÚTIL. VAMOS A CONTINUAR. Porque,
queremos una sociedad más justa y armoniosa, y porque……
¡¡GOBIERNE
QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!!
Coordinadora Estatal por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones
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viernes, 30 de octubre de 2020
Chile. Y que no hay más, oyes. Que si quiero peces me tengo que mojar de la cintura hacia abajo. Tal cual, como lo están leyendo
Chile: celebrar con cautela
El Viejo Topo
29 octubre, 2020
Hay motivos
para estar contentos. Los resultados son aplastantes. Las urnas han
decidido: 78.27 por ciento aprueba elaborar una nueva Constitución y 79.22 por
ciento decide que sea mediante elección popular al 100 por ciento. Son los
datos. Pero quienes votaron el apruebo no es un grupo
homogéneo. Baste considerar los partidos firmantes del Acuerdo por la paz
social y una nueva Constitución (15/11/19). Una mayoría se opone a reconocer
derechos al pueblo mapuche (Estado pluriétnico); otros rechazan un rol
protagónico del sector público en la elaboración de las políticas sociales en
materia de salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones o desoyen el
compromiso con el medio ambiente. En definitiva, no todo lo que votó apruebo se
inscribe en un proyecto transformador que camine hacia una democrática
participativa y menos rupturista con el orden patriarcal. Podríamos asistir a
un maquillaje político en el cual la nueva redacción sea una visión edulcorada
del neoliberalismo, avalada por unos constituyentes espurios.
El triunfo
del apruebo no es resultado de la voluntad política de las dos
coaliciones que han gobernado Chile desde 1990. Su origen es la rebelión
popular iniciada el 18 de octubre de 2019 y la movilización social que, en
plena pandemia, no ha cesado. Un desborde popular que ha dejado fuera de juego
a los partidos políticos, cuyo grado de confianza y aceptación por la
ciudadanía no supera 2.4 de una horquilla de uno a 10. Igualmente, el triunfo
tiene una cara que no se debe olvidar: la represión. Fue la violencia la
respuesta gubernamental a las demandas de una nueva Constitución y el rechazo a
las políticas neoliberales. Así atestigua el informe de la Fiscalía Nacional
del 15 de junio de 2020. Desde octubre de 2019 hasta el 1º de abril de 2020, se
han computado 8 mil 510 víctimas de violaciones de derechos humanos. Se han
interpuesto 5 mil 645 denuncias por violencia policial. Existen 664 casos de
violencia sexual; 258 desnudamientos, 67 abusos diversos, 12 violaciones y 27
amenazas de tocamientos. Además, se contabilizan 411 víctimas con lesiones
oculares y otros 615 casos con traumatismos graves. Todos, perpetrados por las
fuerzas armadas y carabineros, siendo 466 de sus miembros identificados como
autores materiales de alguno de ellos.
No es una
concesión, ha sido una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las
clases populares, el origen del triunfo. Es un grito de dignidad, como ha sido
rebautizada la plaza Baquedano, centro neurálgico de las protestas en Santiago
donde se reúnen cientos de miles ciudadanos, reclamando el fin del
neoliberalismo y un nuevo orden social. Una síntesis de 40 años de bregar por
los cambios que una y otra vez fueron ninguneados por quienes aceptaron el
pacto de transición con las fuerzas armadas. Los mismos que desmovilizaron a la
sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el
referendo de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder. En 1990, la Concertación
mantuvo la Constitución pinochetista y las reformas neoliberales se
profundizaron. Impidió juzgar al dictador, clausurando la posibilidad de
justicia y reparación. Hambre, corrupción y miseria, es el legado del
pospinochetismo y su Constitución. En abril de 2021, la elección de
constituyentes, coincidirá con las elecciones municipales y de gobernadores
regionales, la historia no puede repetirse.
Hay que
seguir movilizados, articular programa y definir estrategias, presionar,
impedir que sean los mismos que se han negado a reconocer sus vergüenzas,
quienes administren el triunfo y elaboren la nueva Constitución. Se ganó una
gran batalla, pero no se puede bajar la guardia. Las víctimas del golpe de
Estado cívico-militar, los miles de detenidos desaparecidos, torturados,
exiliados, no son fantasmas. Son la memoria viva sobre la cual se asienta este
triunfo. Sin olvidar, los más de 2 mil 500 detenidos durante la rebelión
popular, acusados de disturbios, terrorismo, agresión y resistencia a la
autoridad. También presos políticos.
Es la
primera ocasión que una Convención Constituyente en Chile será electa por
votación popular. Pero ello no garantiza que los constituyentes sean
representantes de las organizaciones y movimientos sociales que en primera
línea se han fajado por conquistar el derecho de elaborar una nueva Carta
Magna. Las candidaturas están amarradas a las coaliciones existentes. Presentar
candidaturas independientes es un camino tortuoso. Las listas de partidos
pueden cerrar el paso a candidatos provenientes de la sociedad civil que han
dado origen al referendo. Además, será necesario contar con dos tercios de los
155 constituyentes para aprobar cambios estratégicos. Y la complicidad entre la
Democracia Cristiana, la socialdemocracia y la derecha tradicional, cuando se
trata de salvar el edificio neoliberal, ha sido la norma.
Estamos en presencia de un proceso político caracterizado por la movilización popular. El gobierno y una parte de la oposición podrán revertir su derrota si logran controlar la constituyente. Es obligado estar vigilantes y sin retroceder. Salvador Allende tuvo un pensamiento premonitorio, al señalar que sólo cuando: “El pueblo […] entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”. Allende no erró; ahora, a cumplir su mandato. Hacer una Constitución democrática desde abajo. Ese es el reto.
Artículo
publicado originalmente en La Jornada.
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