El gobierno prepara una privatización encubierta del sistema de pensiones incorporando el «modelo británico»
Diario octubre
31.10.2020
Diego
Herchhoren.— El sistema de pensiones de empleo en el Reino
Unido, reformado por el conservador David Cameron, se basa en un modelo de
inscripción automática que, desde su implantación en 2012, ha reducido la caja
de la Seguridad Social, pasando a ser las empresas empleadoras las
administradoras de los fondos. El sistema público queda así reducido a un
modelo residual al que quedan relegados los pobres
El modelo de
los conservadores británicos
La reforma
de las pensiones que el gobierno del PSOE y Podemos está elaborando, conforma
una transformación radical del sistema, donde el epicentro está en quién
administra los fondos que mes a mes la clase trabajadora aporta en sus nóminas.
Una golosa
caja y una grave reforma que supuestamente viene a paliar el déficit estructural
de la Seguridad Social (en torno a 18.000 millones de euros), así como la
«sostenibilidad» del sistema a largo plazo. El proyecto de reforma que evalúa
el gobierno es, ni más ni menos, que entregar a las empresas la parte más
importante de la caja de las pensiones.
En este
contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, ha anunciado que tiene la intención de impulsar los llamados «planes
de pensiones de empleo (también llamado de empresas)» para fomentar el ahorro a
largo plazo, basándose en el modelo británico.
Banca y
aseguradoras, administrando los fondos
¿En qué
consiste?. Desde 2012 las empresas británicas tienen que inscribir
automáticamente a los trabajadores (siempre que cumplan ciertas condiciones:
salario mayor de 10.000 libras, edad superior a 22 años…) en un plan de
pensiones de empresa, aunque los trabajadores pueden salir voluntariamente en
el plazo de un mes. Se trata de una caja de jubilaciones que administra la
propia empresa, o empresas gestoras autorizadas (lo más habitual) que provienen
del sector financiero y de seguros.
Asimismo, se
requieren aportaciones mínimas anuales del 8% del salario del trabajador (antes
de abril de 2019, era un 5% y, desde 2012, se ha ido aumentando progresiva
mente hasta llegar al 8%) repartidas de la siguiente forma: una contribución
del 3% por parte de la empresa 3 y una contribución del 5% por parte del
empleado (aunque en general su contribución ya de entrada es del 4% gracias a
una deducción fiscal del impuesto de la renta).
Las rentas
bajas quedan fuera de la reforma
Según los
informes que maneja el gobierno, proporcionados por Caixabank Research,
el think tank de Caixabank, su incorporación al sistema español se definiría
como un «complemento» la introducción de al sistema público de pensiones ante
la previsible caída de la tasa de reemplazo –la ratio entre la pensión media y
el salario medio–, que según el promedio de la OCDE es del 40%, pero lo cierto
es que una reforma de este tipo supondrá en la práctica una descapitalización
del sistema público en favor del privado.
Las
conversaciones entre el gobierno y la CEOE, de cara a esta reforma, se centran
en un diseño de la misma que no aumente el coste laboral para las empresas, y
para que sea lo suficientemente «atractivo» para los trabajadores.
La solución
que parece entreverse es que las empresas podrán deducirse fiscalmente la
gestión de estos fondos, y sobre todo, y que las personas que no superen los
umbrales de rentas serán «acogidos» mediante una cobertura residual pública
para rentas bajas, ya que en el Reino Unido, por ejemplo, una laguna es que hay
más de 8 millones de trabajadores que no son «elegibles» para estos planes,
entre ellos las personas que cobran menos de 10.000 libras al año y los
autónomos.
FUENTE: mpr21.info
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