Vecinos y colectivos recogen material solidario y organizan brigadas de
limpieza para los 75 municipios afectados
Movimientos sociales y
sindicatos denuncian la «gestión nefasta» de la DANA por la Generalitat
Rebelion / España
14/11/2024
Fuentes: Rebelión
[Imagen: EntreBarris]
214 víctimas
mortales confirmadas en el País Valenciano por la Crisis de la DANA,
y 75 municipios afectados en la provincia de Valencia, informó el Gobierno de
España el 10 de noviembre; 36.803 personas fueron rescatadas de la catástrofe
por las inundaciones.
El daño y la
destrucción generados por las grandes avenidas de agua y fango pueden evaluarse
desde otro punto de vista; por ejemplo, 149.840 solicitudes de indemnización se
habían comunicado –hasta el 9 de noviembre- en el Consorcio de Compensación de
Seguros (CCS), principalmente por el impacto en vehículos (89.694) y viviendas
(48.003), detalló el Gobierno español.
El Ministerio
de Transición Ecológica informó –el 8 de noviembre- que 640.000 personas habían
perdido el suministro de agua potable en las fechas inmediatamente posteriores
al temporal (29 de octubre); consideradas las infraestructuras de saneamiento y
depuración en las provincias de Valencia y Castellón, un 36% resultaron
afectadas.
El descontento
por la gestión institucional pudo evidenciarse en la manifestación del 9 de
noviembre en Valencia, en la que participaron 130.000 personas, según la
Delegación del Gobierno; debido a la notable afluencia, se dio el caso de
vecinos que no pudieron acceder a la movilización; asimismo en Alicante, cerca
de 10.000 personas pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat,
Carlos Mazón, del PP.
Y centenares de
personas se concentraron el 9 de noviembre, para manifestar su solidaridad, en
la madrileña Puerta del Sol; mientras la manifestación de Valencia finalizó con
cargas y detenciones policiales, Mazón fue reprendido por el vecindario durante
su visita –dos días después- al municipio de Torrent (87.300 habitantes).
El PP valoró
–en las redes sociales- la marcha en la capital valenciana del siguiente modo:
“La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del
‘Països Catalans’ vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les
importan nada las víctimas. Sólo la política” (el mismo día de la gran borrasca
-29 de octubre-, el PP y Vox pactaron en las Cortes Valencianas la reducción
del límite, a 200 metros de la costa, para la construcción de hoteles).
Frente a la
propaganda oficial, movimientos sociales, colectivos vecinales y sindicatos del
País Valenciano (un centenar convocaron la manifestación de Valencia) han
exigido la dimisión de Mazón y criticado la gestión de la
crisis (antes y después de la DANA).
La red de
asambleas vecinales EntreBarris-Valencia ha participado en las brigadas de
apoyo mutuo que partían de las barriadas de Valencia; por ejemplo, el 11 de
noviembre salió una brigada desde el colegio Professor Ramiro Jover, en el
barrio de San Marcelino.
“Hay pueblos
que han tenido que esperar una semana para ver la primera máquina entrar a
trabajar; es indignante que el momento que más policía hubo en Paiporta fue el
día de la visita del rey y los presidentes (Mazón y Pedro Sánchez, el 3 de
noviembre), con el fin de protegerlos de la legítima indignación popular”,
criticó EntreBarris.
Además el
Sindicat d’Habitatge de Valencia convocó, junto al Kolectivo Parke Alcosa,
jornadas de limpieza en Alfafar; se desplazaron caminando hasta este municipio
de L’Horta Sud, de 21.900 habitantes, y también han recogido material solidario
(tres personas fallecieron a causa de la DANA en Alfafar, a fecha 30 de
octubre, según la Agencia Efe).
Las
organizaciones CERAI, Mundubat, Coordinadora Campesina del País Valencià
(CCPV-COAG), Per L’Horta, Justicia Alimentaria, Fundació Assut y SEAE iniciaron
el 7 de noviembre la campaña Cultivem solidaritat, para ofrecer
apoyo a los agricultor@s afectadas; a menudo se hallan “en una situación
crítica, sin seguros ni recursos suficientes para recuperarse”.
La CGT ha
presentado una demanda ante la Fiscalía al considerar que el Gobierno
Valenciano, “a pesar de tener información precisa, no hizo nada por salvar las
vida de decenas de trabajador@s”; ello, añade el sindicato, podría calificarse
como “acto criminal”.
Además, la
organización anarcosindicalista tramita varias denuncias ante la Inspección de
Trabajo, tras recibir múltiples informaciones de trabajador@s; éstas daban
cuenta de patronos que les obligaron a quedarse –pese a las alertas de la gran
riada- en los puestos de trabajo; o bien de acudir a laborar en las fechas
posteriores.
La CGT-València
ha habilitado un teléfono de asistencia laboral para las personas afectadas
(691 516 374); y una cuenta solidaria/caja de resistencia para la cobertura de
las necesidades y hacer frente a los destrozos (ES78 3159 0018 1127 5519
2826).
Intersindical
Valenciana (IV) ha puesto en funcionamiento una cuenta corriente, con el fin de
recolectar ingresos para las familias (ES30 2045 6014 6330 0024 7608);
asimismo, ha recogido bienes de primera necesidad, que el sindicato trasladó en
camionetas a los municipios (palas, mascarillas, productos de limpieza, ropa de
trabajo o botas de agua).
#SolsElPobleSalvaElPoble. Van
perdre la vida per no perdre la feina. Con este lema, el 8 de noviembre
Intersindical, junto a la CGT, la CNT y la Coordinadora Obrera Sindical (COS)
dels Països Catalans convocó concentraciones –a las 12.00 horas- en los centros
de trabajo; y en la hora del recreo, en los centros educativos no
universitarios.
Según los
cuatro sindicatos, “los vecinos de Paiporta se vieron sorprendidos de cómo
llegaba el agua, que rápidamente pasó de la altura de los tobillos a la
cintura; en la Pista de Silla (V-31, autovía de acceso a Valencia), entre
Sedaví y Massanassa, centenares de personas que habían salido de sus centros de
trabajo ya no pudieron avanzar en coche; algunos buscaron caminando un refugio
seguro” (comunicado 6 de noviembre); uno de los empresarios señalados fue Juan
Roig, presidente de Mercadona.
En una nota
informativa del 10 de noviembre, el Sindicat de Treballadores de l’Ensenyament
del País Valencià (STEPV) señaló la “nefasta gestión” por parte de la
Conselleria de Educación, por lo que pidió la dimisión del conseller, José
Antonio Rovira, del PP; en concreto, debido a la ineficacia en la reubicación
del alumnado, y la falta de envíos de material y equipos profesionales de
limpieza a los centros afectados.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para
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