Estado
Español: ¿está en marcha un golpe de Estado virtual contra la democracia?
Publicado el 14 de noviembre de 2023 /
Por Otros medios
KAOSENLARED
La posibilidad de una nueva
investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido
todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por
las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica,
universitaria y mass media del Estado español que habrían fagocitado todas las
esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía
financiera y poder político en España”, escrito por el exbanquero Manuel Puerto
Ducet).
Dichos lobbys de presión
estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad
de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del
78” y de la “unidad indisoluble de España”, y cuyo objetivo confeso sería convertir
al Estado español en una democracia no liberal.
La Fundación FAES
(Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) habría cocinado en su
laboratorio la llamada “Operación Felón”, con el objetivo confeso de impedir
una nueva investidura de Pedro Sánchez y convocar nuevas elecciones en la
creencia de que la nueva CEDA integrada por el Partido Popular (PP) y Vox
lograrán una mayoría absoluta que implementaría posteriormente una democracia
liberal.
Dicha trama estaría ya en
marcha y contaría con la aquiescencia de todos los estamentos del
establishment. Así, para calentar motores, la mass media del establishment
habría iniciado una feroz cruzada mediática para movilizar a todos los
estamentos sociales contra la hipotética ley de amnistía que estarían
consensuando el PSOE y el líder independentista catalán Carles Puigdemont,
trama que se verá complementada con la nueva ofensiva del lobby tardofranquista
judicial y con la implementación de una Revolución de Colores.
El lobby judicial
tardofranquista
El lobby judicial
tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del
Estado español (Consejo General del Poder Judicial o CGPJ, Tribunal Supremo y
Tribunal de Cuentas) y tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de
los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su
presidente Francisco Marín Castán como croupier en la ruleta de cargos y
adjudicación de procesos judiciales, a los jueces Manuel Marchena y Pablo
Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “Clan de los
indomables” como sus abnegados peones.
Asimismo, el Tribunal
Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos”, en palabras
del expresidente de Sala del TS, Ramón Trillo, y habría devenido “un verdadero
lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante
controvertidas decisiones judiciales se ha afanado en intentar paralizar o
revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez”, y cuya
misión actual sería hacer inviable su investidura.
¿Puigdemont imputado por
terrorismo?
La nueva estrella mediática
del tardofranquismo judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García
Castellón habría imputado a Puigdemont, a Marta Rovira y al llamado “Estado
Mayor del procés” acusados de un presunto delito de terrorismo por su
implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma “Tsunami
Democràtic”, responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados
contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés.
Sin embargo, García
Castellón habría iniciado el sumario basándose tan solo en sospechas y
presunciones, contando tan solo como prueba con un informe elaborado ex profeso
por la Guardia Civil, aplicando en consecuencia la llamada “investigación
prospectiva” (prohibida en España).
Susan W. Tiefenbrun en su
tesis “Semiotic Definition of Lawfare”, publicada en Case Wester Reserve
University, indica que el término lawfare (en castellano, guerra judicial),
habría surgido de la mezcla de las palabras Law (ley) y warfare (guerra), y
sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en
la primera década de este siglo.
Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e
internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo
una apariencia de legalidad”. Así, estaríamos hablando de violaciones de las
reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la
violación del principio de proporcionalidad, crear indefensión y la “investigación
prospectiva”.
En la jurisprudencia
española podemos citar el Auto de la Sal Penal del Tribunal Supremo de 1 de
julio de 2014 en el caso conocido como “chalet de Estepona del Presidente de la
Comunidad de Madrid”, en el que manifiesta rotundamente que “no puede
pretenderse el inicio por este Tribunal de una investigación meramente
prospectiva para tratar de averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido
en algún momento algún delito en relación a los hechos que se le imputan en
ausencia de cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad”.
Sin embargo, a pesar del
recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que “no
existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia
Nacional no sería competente en este caso”, el juez Castellón seguirá adelante
con el proceso judicial y podría dilatarlo en el tiempo para dinamitar la
posible investidura de Sánchez y forzar la convocatoria de nuevas elecciones.
¿Revolución de Colores
contra Sánchez?
El último frente de acoso y
derribo de la investidura de Pedro Sánchez sería la implementación de una
“Revolución de Colores contra Sánchez”. El pistoletazo de salida de dicha
asonada popular correspondió al vocero de la Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES), el ínclito José María Aznar y tuvo lugar en la
inauguración del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de
Vitoria, desde donde pontificó: “Todos los que puedan hablar, hablen, y todos
los que puedan actuar, actúen”.
Siguiendo sus órdenes, se
suceden las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz, que se extienden
ya por toda la geografía hispana aunado con pintadas y amenazas en las sedes
provinciales socialistas y el inicio de desórdenes públicos presuntamente organizados
por la organización juvenil Revuelta, grupo creado “ad hoc” por los dirigentes
de Vox para ser la punta de lanza del “acoso y derribo al militante
socialista”.
Dicha estrategia de “caza
al socialista” irá presumiblemente in crescendo y asistiremos a escraches
contra destacados dirigentes socialistas, así como a una presión extenuante a
los parlamentarios socialistas, especialmente en las comunidades de Castilla La
Mancha, Extremadura y Andalucía, con el objetivo confeso de conseguir que
“cuatro socialistas buenos” cambien de opinión y voten en contra de la
investidura de Pedro Sánchez, reeditando el Tamayazo de 2003, que permitió la
llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
En el supuesto de fracasar
dicha trama y de que Sánchez logre ser investido y conformar nuevo Gobierno,
corresponderá al Senado y a las Comunidades Autónomas del PP el turno de
obstaculizar y dilatar en el tiempo las iniciativas legislativas del Congreso
así como la declaración de insumisión de dichas Comunidades, negándose a
aplicar dichas nuevas leyes, lo que significará de facto la consagración del
“escenario teleónomico” en el panorama político español y que vendrá marcado
por altas dosis de volatilidad e inestabilidad.
Germán Gorraiz López
No hay comentarios:
Publicar un comentario