Rechazo
social a la actuación de CCOO Industria y UGT FICA en Galicia por asumir el
relato de la patronal y el PP y poner por delante el negocio del gran capital
frente a las comunidades afectadas por los parques eólicos
TERCERAINFORMACION
/29.07.2023
Las
polémicas secciones sindicales fían a la corrección de las «normativas» de la
Xunta la viabilidad ambiental de los proyectos mientras que entidades sociales
y ambientalistas recuerdan que los cambios legislativos introducidos por la
Xunta en 2017 y 2019 han supuesto un retroceso evidente en los derechos de
protección del medio ambiente y la ciudadanía.
La falta de respeto a las
comunidades y una legislación a medida de las grandes empresas ha desatado la
protesta contra los parques éolicos en Galicia / Creative Commons
Para las áreas de industria de CCOO y UGT en
Galicia la apuesta por los parques eólicos «no es incompatible con la
integración de los proyectos y el respeto medioambiental» pues «para eso está
el cumplimiento de las normativas, leyes y reglamentos existentes al respecto.
Sin embargo, decenas de entidades sociales y entidades ecologistas han
advertido que el actual marco normativo al que aluden los dos colectivos
sindicales ha sido diseñado «ad hoc» por el PP desde el Ejecutivo de la Xunta y
no son garantes de una protección eficiente a nivel medioambiental además de
perjudicar seriamente los intereses vecinales.
Así, tanto la Ley 3/2017, de fomento de la
implantación de iniciativas empresariales en Galicia como la 9/2021, de
simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica, han sido
calificadas a nivel social como «leyes de depredación» por los múltiples
impactos negativos que conllevan a nivel ambiental y social.
Para entidades como la Asociación de Defensa
Ecolóxica de Galiza (ADEGA), que es la organización ambientalista con mayor
número de socios a nivel gallego, estas normativas han sido utilizadas
por el PP como un «cajón de sastre» para modificar «por la puerta de atrás»
numerosas disposiciones incómodas para el empresariado con la intención de
eliminar «inconvenientes administrativos» a costa de las garantías ambientales
en territorio gallego y del interés general de la ciudadaníaal reducir los
derechos de información y participación ciudadana socavando las competencias
municipales, al tiempo que atenta contra la propiedad de la tierra y «consagra
un agravio comparativo con privilegios para una casta empresarial».
Las áreas de Industria de la sección gallega de
CCOO y UGT señalan, sin embargo, que hay empresas ya implantadas con un alto consumo
energético -en clara referencia a Alcoa- cuya competitividad depende del
desarrollo de la eólica para obtenerenergía eléctrica a bajo coste,
razón por la que, siguiendo al dictado el guión de la patronal y cuestionando
las últimas actuaciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)
piden «seguridad jurídica» para un sector «que puede traer importantes
retornos» para Galicia.
La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios
(ACOUGA), que acumula denuncias de vecinas y vecinos afectados por la
imposición de parques eólicos por todo el territorio gallego muestra, sin
embargo, una realidad bien distinta. Para Manuel Germade, que ha atendido un
innumerable número de reclamaciones en la organización de consumo, la
patronal eólica y quienes la están respaldando se ha soliviantado «porque los
tribunales echan abajo unos proyectos energéticos que no cumplen las leyes»,
o más bien, las leyes que a estas empresas les gustaría imponer utilizando las
herramientas que acostumbran a usar contra los propietarios de las tierras
cuando quieren expropiárselas como «mentiras, falta de información, deturpación
de la realidad, oscurantismo, miedo, acoso y ataques personales».
El responsable rechaza el ataque de la patronal
eólica al TSXG por atender los argumentos razonados de asociaciones
ambientalistas y cívicas» y recuerda el hartazgo que desde ACOUGA
existe a la forma de proceder de estas empresas «con cientos de contratos que
se presentan a propietarios con cláusulas abusivas, avasallando los derechos de
la gente, mintiendo en las declaraciones responsables y solicitudes de interés
público».
Para CCOO Industria y UGT
FICA, «Galicia no puede perder el tren de la eólica» porque
«una parálisis de los proyectos en marcha puede suponer la pérdida del liderato
industrial en este sector y miles de empleos».
Sin embargo desde ACOUGA apuntan que
tanto la patronal eólica como las entidades que apoyan su discurso «no aportan
datos reales ni objetivos sobre el empleo» ni están aportando
beneficios significativos a los propietarios de los terrenos afectados por sus
proyectos pese a estar facturando «cantidades astronómicas».
El propio Banco de España,
de hecho, respalda las afirmaciones de entidades sociales y ecologistas al
afirmar, en su último informe de expertos sobre el sector, que el
impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es
«mayoritariamente no significativo», un factor que consideran debería de tener
importantes implicaciones para las Administraciones «en términos de políticas
públicas».
En una investigación realizada en profundidad
durante un período de 12 años, la entidad financiera concluyó que «las
inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no
significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y
mantenimiento«, pues aunque en estos proyectos trabajan equipos
multidisciplinares «lo hacen desde la distancia» con una etapa de construcción
que es «relativamente corta» llevada a cabo por contratistas «que a menudo
residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado». Al
final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que «generalmente involucra
a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez» y «no
residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión».
Por ello el informe del organismo
regulador apuesta por un modelo «más democrático y equitativo» donde «se
promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a
ciudadanía y los ayuntamientos y las personas residentes tengan participación
directa en los nuevos proyectos».
Ante estos hechos para ACOUGA, resulta
inaceptable que la patronal eólica y sus defensores defiendan sus argumentos de
negocio «sin hablar ni un momento de la inseguridad que sufren las pequeñas
empresas ganaderas, agrícolas, forestales y del sector primario debido a las
políticas ruines y depredadoras» fomentadas desde la Xunta en una
actitud de «mansos con los fuertes y duros con los pequeños» en la que «sobra
codicia y soberbia» pero falta interés social.
Fuente: rebeldes.info
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