CCOO
y UGT dan una nueva vuelta de tuerca a la privatización sanitaria
Publicado el 19 de junio de 2023 / Por Coordinadora
Antiprivatizacion de la Sanidad-Estatal
kaosenlared
Recientemente las grandes
centrales sindicales, CCOO y UGT, han vuelto a hacer una reivindicación de
mantener las mutualidades para funcionarios (MUFACE-ISFAS-MUGEJU) y aumentar la
prestación de servicios de dichas entidades. Para quien lo desconozca, estos
sistemas consisten en grandes corporaciones públicas para funcionarios civiles
(MUFACE), judiciales-policiales (MUGEJU) y militares (ISFAS), que gestionan el
desvío de dinero público a entidades privadas que son las que dan asistencia
sanitaria a estos funcionarios.
Esta defensa a ultranza
resulta vergonzosa por sí misma, ya que crea de facto dos
categorías de trabajadores: aquellos que tienen derecho a acceder a estas
prestaciones sanitarias (actualmente en torno a un 9% de la población activa
según datos de 2021) y la inmensa mayoría de trabajadores que no tienen esos
servicios. Tratándose de sindicatos que se denominan a sí mismos “de clase”, la
defensa de castas dentro de la clase trabajadora ya delata su lamentable papel
en la defensa de los trabajadores.
Por si esto no fuera
suficiente, el origen franquista del sistema de mutualidades es bien conocido.
En 1941 y en pleno desarrollo del régimen fascista el aparato franquista
promulga la ley de mutualidades para dar cobertura a los cuerpos de
funcionarios ministeriales, Universidades y Educación, así como a los tres
cuerpos del Ejército. Así se constituían los privilegios al funcionariado del
régimen, compuesto en gran parte por excombatientes falangistas y adeptos al
régimen tras las depuraciones de todas las personas identificadas como “rojas”.
Posteriormente, en 1963 en la Ley de Bases de la Seguridad Social se perpetúan
las condiciones privativas de las mutualidades en los regímenes especiales de funcionarios
que ya abarcan las administraciones. No deja de resultar sorprendente que estos
grandes sindicatos de tradición socialista abracen con fervor un sistema de
atención sanitaria que es heredero directo de la dictadura franquista.
Con la aprobación de la Ley
General de Sanidad, en 1986, se abrió un rayo de esperanza, ya que, en su
disposición final tercera, punto 2, se establecía la integración de las mutuas
en el Sistema Nacional de Salud, mandato que sin embargo no ha sido llevado a
cabo por ninguno de los gobiernos de los que “hemos disfrutado” durante estos
37 años, independientemente de su tendencia política, sin que consten
movilizaciones de estos sindicatos para su cumplimiento.
Pero la gravedad del asunto
es mucho más profunda. Al defender las mutualidades, las grandes centrales
sindicales defienden el desvío de millones del presupuesto público a las
entidades privadas que dan estos servicios (según datos de 2021, más de un 2.5%
del gasto sanitario público se destina a las mutualidades). Esto priva al
sistema sanitario público de importantes recursos que podrían destinarse a
mejorar la atención de todos los trabajadores y no sólo de unos pocos.
Queda claro entonces que
defender el sistema MUFACE-ISFAS-MUGEJU nos perjudica a todos, pero además perjudica
además a los propios beneficiarios de estos servicios, ya que el estar
sometidos a criterios de entidades privadas serán atendidos sólo para aquellas
circunstancias y servicios que sean beneficiosos económicamente para esas
empresas y desahuciados para aquellas situaciones que no lo sean.
Y si no beneficia a ningún
enfermo, sea o no beneficiario de las mutualidades, ¿por qué defenderlas? El
interés es doble. En primer lugar, CCOO ha tomado recientemente la
vicepresidencia del Consejo General de MUFACE por primera vez y ha conseguido
que esa vicepresidencia sea rotatoria con UGT, excluyendo a CSIF, la otra gran
central sindical rival de UGT y CCOO en la Administración Pública, del puesto.
Ahora que han recibido tan suculento premio (entre otros), la pervivencia de
las mutualidades es la pervivencia del propio sindicato (mejor dicho, de sus
dirigentes). Tal es la dependencia de estas centrales sindicales de las
mutualidades que no sólo las defienden para funcionarios, sino que en el
reciente pacto con el Gobierno y la CEOE han aceptado alegremente la
recomendación de que sean las mutuas quienes se encarguen directamente de la
gestión de algunas incapacidades temporales (p. ej. las de causa
traumatológica), independientemente de que sean causadas por la actividad
laboral o no.
En segundo lugar, la
existencia de MUFACE-ISFAS-MUGEJU siempre ha escondido una intención: hacer
creer a parte de la clase funcionarial que son privilegiados, trabajadores de
otra categoría, para evitar que crezca en ellos la organización política y
sindical en solidaridad con otros trabajadores. Para que la privatización de
los servicios públicos siga adelante sin oposición es importante que los
propios trabajadores públicos no colaboren en esa oposición. Que la clase
militar, funcionarios judiciales y cuerpos policiales sean especialmente
protegidos por este sistema privado no es casual.
En tercer lugar, nada es
gratuito. Viene de lejos el papel de CCOO en su apoyo a la privatización de la
sanidad. Así, en 1997 con Romay Becaria en el Ministerio de Sanidad y Feijoo
como presidente del INSALUD, se produce la aprobación de la que va a ser la
norma central que con posterioridad permitirá desmantelar el SNS hasta
llegar a la situación actual: la ley 15/97 de ”Nuevas Formas de Gestión”.
Casualmente Feijoo mantenía en aquellos momentos una relación “muy cercana” con María José Alende Maceira, secretaria general
de la Federación de Sanidad de CCOO, que posibilitó que, a las 24 horas, CCOO
emitiera un comunicado público apoyando la ley privatizadora. UGT, más precavido, guardó
silencio y dejo hacer mientras otros nos manifestábamos contra lo que iba a ser
el cáncer del Sistema Nacional de Salud.
Por ello, es muy sangrante
que cuando estos sindicatos acuden de forma habitual a las manifestaciones “a
favor de la sanidad pública”, los organizadores de estas movilizaciones les
hagan un hueco en la pancarta de cabecera. Esto no hace sino poner en evidencia
lo que desde CAS y otras organizaciones venimos reivindicando hace años: las
consignas a favor de la sanidad pública no deben hacerse en abstracto, ya que
así sólo sirven para que sindicatos, partidos y otras organizaciones
oportunistas mejoren su imagen pública y cimienten su poder para seguir
socavando los servicios públicos en los despachos.
Es necesario un modelo
sindical que rechace la representación unitaria y la colaboración con un Estado
que sólo rema a favor de los intereses empresariales. Los trabajadores deben
organizarse de forma autónoma para tener auténtica independencia. Y parte de
esta autonomía debe consistir en propuestas claras y concretas para la
recuperación de un Sistema Nacional de Salud público y democrático, donde las
organizaciones parásitas que trabajan contra los intereses de los trabajadores
y el bien común no tengan espacio.
Por un Sistema Nacional
100% público
Por la derogación de la Ley
15/97
Por la abolición de los
sistemas MUFACE-ISFAS-MUGEJU
Por el fortalecimiento de
la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública
Por una industria
farmacéutica pública
No hay comentarios:
Publicar un comentario