Amparado en leyes
creadas ad hoc, Occidente prosigue esquilmando al planeta. Ahora, de nuevo, le
toca a Venezuela saciar el apetito crematístico de EEUU y aliados. Un robo
descarado, en la línea de otros atropellos similares.
El Gobierno de EEUU roba a Venezuela las refinerías de
CITGO
El Viejo Topo / 20 mayo, 2023
Saheli Chowdhury
El gobierno de
Estados Unidos está a punto de robarle a Venezuela su activo más valioso en el
exterior, la CITGO Petroleum Corporation, en su continuo intento por derrocar
al gobierno constitucional de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás
Maduro, e instalar un régimen clientelar en su lugar. El robo oficial del
complejo de refinerías, con sede en Illinois y Texas, es otro capítulo del
proyecto de Guaidó de Estados Unidos para llevar la «libertad» y la
«democracia» a Venezuela. Tanto las administraciones demócratas como las
republicanas siguen robando activos venezolanos en el exterior: comenzó en 2015
con el decreto presidencial de Obama que declaró a Venezuela una «amenaza
inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de
Estados Unidos»; continuó bajo Trump como crimen organizado, y ahora Biden
sigue el mismo camino. El robo de CITGO se produce pocos días después de que el
hombre de Washington en Venezuela, Juan Guaidó, aterrizara en Miami después de
que su propio partido lo descartara como candidato presidencial para las
elecciones de 2024.
Tras cuatro
años de intentona golpista en curso, en la que ha destacado el saqueo de los
recursos del Estado venezolano en el exterior por parte de Estados Unidos y la
Unión Europea, el pasado 1 de mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) del gobierno estadounidense anunció públicamente la «expropiación» de
CITGO Petroleum Corporation, filial estadounidense de la petrolera estatal
venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), y su entrega a un «grupo gerencial
liderado por venezolanos», a través de la Licencia General 42 de la OFAC. El grupo
«liderado por venezolanos» se refiere a los ex parlamentarios golpistas
venezolanos del período 2015-2020 de la Asamblea Nacional que, tras el final de
su mandato, crearon una «Asamblea Nacional» paralela, no electa y
autoproclamada para continuar el complot de «cambio de régimen» liderado por
Estados Unidos. El anuncio no es más que una cortina de humo para despojar a
Venezuela de su activo estatal de mayor valor en el exterior.
La CITGO
Petroleum Corporation, valorada en 8.000 millones de dólares, con beneficios
anuales de 1.000 millones de dólares antes de que la administración Trump se la
regalara al impostor Guaidó en 2019, ha sido objeto de deseo de al menos 11
corporaciones multinacionales, entre ellas el fabricante de armas
estadounidense Northrop Grumman, la petrolera estadounidense ConocoPhillips y
la minera de oro canadiense Crystallex, desde años antes de que comenzara la
última intentona golpista contra Venezuela. Estas corporaciones, cuyos activos
o filiales venezolanas habían sido nacionalizados durante la época en que Hugo
Chávez era presidente, están tratando de obtener «reparaciones»
multimillonarias del Estado venezolano, a través de demandas en tribunales de todo Estados
Unidos, Canadá y Europa, haciendo caso omiso de la soberanía de los Estados
independientes, tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas. Como el
gobierno venezolano se niega a ser extorsionado por estos ladrones
transnacionales, han recurrido a medios ilegales bajo los auspicios del gobierno
estadounidense.
En el actual
sistema financiero mundial que está fuertemente sesgado a favor del Occidente
colectivo, de hecho está controlado por el imperio estadounidense, las
corporaciones privadas con sede en cualquier parte del mundo pueden presentar
demandas contra cualquier país independiente ante cualquier tribunal, ya sea
regional o incluso local, a pesar de que los tribunales locales, regionales y
nacionales de un país no sean reconocidos por otro, y ningún país está bajo
ninguna obligación de respetar las sentencias de un tribunal extranjero. Sin
embargo, en el muy desequilibrado sistema financiero y jurídico mundial que
existe en la actualidad, esto sucede de forma rutinaria, y Venezuela ha sido
víctima de esta codicia corporativa especialmente desde que tuvo lugar la
Revolución Bolivariana.
A partir de
febrero de 2019, después de que la administración Trump reconociera al falso
gobierno del autoproclamado «presidente interino» Juan Guaidó como el gobierno
legítimo de Venezuela, y unos 60 países –todos aliados de Estados Unidos–
siguieran su ejemplo, todos estos gobiernos confiscaron o congelaron activos
venezolanos en el extranjero, incluidas industrias, cuentas bancarias y el oro
por valor de 2.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra. Esta oleada
de confiscación de activos proporcionó a las empresas multinacionales
extranjeras con demandas de indemnización contra Venezuela la oportunidad de
cobrar sus «reparaciones» mediante reclamaciones legales contra los activos
confiscados. Guaidó, a quien EE.UU. y sus aliados consideraban el jefe de
Estado de Venezuela, nunca envió a ningún representante legal a los tribunales
para defender los activos venezolanos, con lo que esos activos pasaron a manos
de los demandantes. Él y los de su calaña seguramente hicieron tratos turbios para renunciar
al activo riquísimo de CITGO Corp, enriqueciéndose mientras traicionaban a su
propia nación e incluso al pueblo que una vez los apoyó.
El gobierno de
Venezuela denunció la expropiación ilegal de su
activo estatal, calificando de «malandros» al gobierno estadounidense y a la
oposición golpista. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la
ilegalidad de la medida en una rueda de prensa el 3 de mayo: «No queda nada en
el planeta que no hayan violado con esa licencia [la Licencia General 42 de la
OFAC]». Añadió que el gobierno venezolano «no reconocerá ningún tipo de acuerdo
de pago con ningún acreedor que no sea negociado y acordado por el Estado
venezolano.»
«No reconocemos
ninguna ley que no sea competencia de la República de Venezuela y, por lo
tanto, seguiremos actuando correctamente por el país», dijo.
La delegación
venezolana en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 (centrados en la mejora
de la gobernanza y la lucha contra la corrupción) también alzó su voz para
condenar las sanciones unilaterales y el robo de CITGO.
«Las medidas
coercitivas unilaterales, llamadas eufemísticamente sanciones, y los intentos
de EEUU de confiscar activos nacionales, como la corporación CITGO, constituyen
la máxima expresión posible de corrupción y representan acciones criminales y
de doble rasero en la lucha contra este flagelo», dijo la delegación
venezolana.
Según los
últimos informes, un juez federal estadounidense ordenó la suspensión parcial del
intento de incautación de CITGO el 7 de mayo, después de que la junta directiva
ad hoc de la paralela e ilegítima «PDVSA», nombrada por Juan Guaidó y
reconocida por Joe Biden, presentara una apelación. Como resultado, los casos
23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652 y 23-1781 –todos
presentados por empresas transnacionales contra Venezuela– permanecen
suspendidos, por el momento.
Según la
sentencia, los acreedores que deseen reclamar el pago de cualquier liquidación
de CITGO tienen que presentar sus reclamaciones antes del 19 de mayo. A
continuación, deberán responder al recurso antes del 2 de junio y, por último,
los escritos de réplica deberán entregarse antes del 9 de junio.
En este
escenario, el economista venezolano afín a la oposición Francisco
Rodríguez explicó que la orden de suspensión no
detiene una eventual liquidación de la empresa ni la venta de acciones de CITGO
para pagar «indemnizaciones» a las multinacionales demandantes. «La orden
suspende temporalmente algunos procesos de embargo pero no los revierte, a
menos que PDVSA gane la apelación», dijo.
Dado el
historial de Guaidó, esa posibilidad sólo seguirá siendo un sueño, lo que
significa que el régimen estadounidense ha robado efectivamente un bien estatal
de una nación soberana, pisoteando el derecho internacional.
Fuente: International Magazine (India).
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