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SAREB: «No, no habrá 50.000 casas de Sareb para el parque público de vivienda»
TERCERAINFORMACION / 21.04.2023
- La plataforma de familias afectadas por el banco malo, Plan Sareb, emite un comunicado en el que detalla los pormenores del anuncio del presidente del Gobierno del pasado 16 de abril sobre la “movilización” de 50.000 viviendas de la Sareb para ser usadas para “alquiler social asequible”.
- El 59% del listado de viviendas elaborado por Sareb y aceptado por el Gobierno de coalición supone en el mejor de los casos una bolsa temporal de alquileres a partir de las viviendas y terreno menos rentables para el sector inmobiliario.
- Sareb y Gobierno mantienen la misión de venta de todos los activos del banco malo, que se prepara para colocar 8.900 viviendas de mayor calidad al mercado privado a través de la venta de Árqura Homes, mientras promueve la ingeniería social y abre la puerta a la subvención a precios de mercado de su parque ya habitado.
- El 41% restante en el
listado supone que la ampliación del parque público de vivienda se
produzca mediante la recompra por parte de las Comunidades autónomas del
parque más deteriorado.
Comunicado Plan SAREB
La publicación de un listado de viviendas de
Sareb disponibles potencialmente como bolsa de alquiler asequible, anunciado en
acuerdo de consejo de ministros del 18 de abril, y previamente por el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en acto electoral celebrado en Valencia
el día 16, ha estado rodeada de titulares con un marcado carácter electoralista
y suscita muchas dudas sobre su aplicación y desarrollo. La aceptación del
Gobierno de este listado elaborado por el ‘banco malo’ confirma el fracaso de
Sareb como supuesto instrumento de recuperación de parte del rescate bancario,
y subraya el auténtico papel ejercido por el Estado en el mantenimiento
artificial del precio de la vivienda a través de Sareb en medio de una grave
crisis de la valorización capitalista.
Podemos afirmar que los titulares y las propias
declaraciones del Gobierno sobre una futura ampliación en hasta 50.000
viviendas de los parques públicos de vivienda a partir de parte del parque
inmobiliario de Sareb no es coherente con la naturaleza de las propias
intervenciones anunciadas, ni con la misión societaria de Sareb o la
sostenibilidad de un proyecto social a largo plazo.
Mas allá del listado y de la categoría de
intervenciones designada por Sareb, su aceptación por el Gobierno supone una simple
puesta al día de diferentes líneas de actuación de Sareb, el ejecutivo central,
las autonomías y las entidades locales, que ni siquiera afecta a la actual
composición accionarial de la empresa ni a su misión social, confirmada en el
RD 1/2022, y que establece como prioridad de la empresa la venta de todos los
activos. Esto condiciona el alcance y la naturaleza de las intervenciones
mencionadas, y permite afirmar con rotundidad que estas políticas, de
concretarse, NO SUPONEN LA AMPLIACIÓN, NI SIQUIERA POTENCIAL, DEL PARQUE
PÚBLICO DE VIVIENDA EN 50.000 UNIDADES, y que Gobierno y Sareb están
instaurando un nuevo precedente de subvención pública del parque de vivienda
adquirido por el sistema financiero desde la crisis, y en concreto de aquel que
no cumple todavía los requisitos de rentabilidad esperada por los inversores:
resulta llamativo que el anuncio llegue apenas dos meses después de que Sareb
anuncie la futura venta de Árqura Homes, su cartera de vivienda y suelo de
mayor calidad, con hasta 8.900 viviendas que claramente quedarán separadas del
parque incluido en el listado que ha hecho suyo el Consejo de Ministros.
Lo expuesto no supone una interpretación, sino
una constatación a partir de los propios términos empleados por el Gobierno en
su acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de abril, así como en nuestra
experiencia como habitantes en viviendas de Sareb y militantes del movimiento
por el derecho a la vivienda:
De las 50.000 viviendas
anunciadas:
a.
“Unas 15.000 viviendas adicionales” se han
anunciado a través de la cesión de suelo de Sareb para construcción bajo
iniciativa pública-privada en régimen de alquiler asequible.
No es por tanto propiamente vivienda pública,
sino cesión de suelos y financiación públicos para la construcción y
explotación privada (por 75 años) de esos alquileres asequibles. Se trata de
una apuesta claramente alineada con las estrategias de valorización del sector
inmobiliario, con cada vez mayores dificultades para asegurar- se la
rentabilidad deseada a través de la venta de vivienda. La distribución
territorial del suelo que Sareb afirma tener disponible (un 60% en Cataluña,
País Valenciano y Andalucía: zonas tradicionales de desarrollo inmobiliario
para segundas residencias vacacionales) plantea serias dudas sobre la viabilidad
urbanística, económica y social de estos supuestos proyectos de futuro, y sitúa
la propuesta en el terreno de la ingeniería social.
b.
El listado habla de 14.000 viviendas que ya
están habitadas, y de ellas Sareb afirma tener “aprobados” a través de sus gestores
privados 2.000 alquileres socia- les desde septiembre.
Por lo tanto, ni son “nuevas viviendas
movilizadas” ni formarán parte del parque público de vivienda. Se trata, con
toda rotundidad, de una bolsa de potenciales o actuales alquileres repletos de
cláusulas abusivas, incluida la cláusula de enajenación del inmueble (venta con
finalización anticipada del contrato), diseñadas para subir el alquiler desde
el primer año de contrato, y gestionada por empresas privadas en-
cargadas del llamado acompañamiento social. De
forma aún más grave, la Ley de Vivienda abre la puerta a que una parte o la
totalidad de estos contratos esté condicionada a la obtención de una subvención
(a cargo de los fondos del Plan Esta- tal de Vivienda) para el pago del
alquiler a precio de mercado, y la obligatoriedad de que los hogares entremos
en un proceso llamado de arbitraje que puede condicionar el procedimiento de
desahucio y la firma y renovación de los contratos al acceso a las diferentes
ayudas autonómicas, a la participación en procesos de formación o a la búsqueda
de empleo durante todo el periodo de vida del contrato, vulnerando con ello la
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Se trata con mucho del elemento más grave
de las políticas de vivienda desarrolladas estos días por el Gobierno, que van
más allá de Sareb y que de aplicarse de manera general pueden instaurar un
modelo inédito hasta ahora (si bien ensayado en algunas disposiciones del
llamado escudo social) de subvención pública a las entidades financieras a
cambio de alquileres temporales y abusivos. Así lo confirma la negativa
recurrente del Gobierno de coalición a incluir en la Ley de Vivienda la
obligación del alquiler social para los grandes tenedores.
c.
La venta o cesión temporal en usufructo de hasta
20.768 viviendas a las Comunidades autónomas, entidades locales y entidades sin
ánimo de lucro.
Solo este apartado se concretaría potencialmente
en un aumento del parque público de vivienda: un 41% del total del listado
asumido por el consejo de ministros, frente a un 59% dedicado a iniciativa
público-privada y a la bolsa privada de alquileres mediante acompañamiento
social. Una vez fracasados los ruinosos intentos de cesión temporal en
usufructo a las Comunidades Autónomas, Sareb y Gobierno apuestan claramente por
la venta, una operación de autocompra pública de la peor parte del parque de
vivienda de Sareb (12.000 viviendas no se encuentran habitables según ha
detallado el propio Gobierno). Además de las dudas sobre la localización y
viabilidad de este futurible parque público de vivienda expresadas en el
apartado a), insistimos en que estas operaciones supondrán -de realizarse- un
nuevo repago de un parque inmobiliario ya avalado en su día con una deuda de
40.000 millones de euros, de los cuales 35.000 millones aún están pendientes de
ser aportados por el Estado.
Por todo ello, desde Plan Sareb insistimos en
una negociación colectiva para los 300 casos agrupados en la campaña, en el
archivo incondicional de todos los procedimientos de desahucio abiertos y la
retirada de las cláusulas abusivas de los contratos; en una auditoría popular
sobre todos los activos de la empresa, el papel de la banca de inversión en la
comercialización de los activos restantes y la presencia de gestoras privadas
vinculadas al sector financiero en la gestión de la bolsa de alquileres
sociales ilegales de Sareb.
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