En
el estado mexicano de Michoacán, la lista de defensores ambientales y
comunitarios asesinados se incrementa año tras año, ello a pesar del discurso
gubernamental de apoyo y respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
Michoacán no solo sufre el asedio del narco.
Michoacán: territorios bajo asedio
El Viejo Topo
26 abril, 2023
El derecho a un
medio ambiente sano, garantizado por el artículo cuarto constitucional, es un
derecho que, por lo menos en el estado de Michoacán, no se cumple a cabalidad.
De ello dan cuenta los procesos de despojo de tierras, agua, bosque, lagos,
salud y bienes inmateriales que sufren las comunidades indígenas y rurales a lo
largo y ancho del estado.
En México, las
comunidades indígenas poseen la quinta parte del territorio nacional que
comprende 1.958,201 kilómetros cuadrados, lo que significa que gran parte de
los recursos naturales como bosques, selvas, minerales y recursos hídricos, se
encuentran también bajo su territorio (Ventura, 2006).
Los intentos
por despojar a las comunidades de su territorio y de los elementos naturales no
son recientes. Diversas estrategias han sido esgrimidas por aquellos que
codician los territorios y riquezas de las comunidades. Desde legislaciones de
y para el despojo, como la llamada Ley Lerdo de desamortización de 1856 cuya
finalidad era la obtención de tierras y la liberación de mano de obra; la
reforma neoliberal al artículo 27 constitucional de 1992 que finalmente
favoreció la venta renta de terrenos comunales y ejidales; hasta procesos de
terrorismo de Estado como el impulsado por el gobierno de Felipe Calderón 2006-
2012.
En la
actualidad, los territorios de las comunidades indígenas y rurales continúan
siendo codiciados para la instauración de diversos proyectos de inversión
económica como cultivos de exportación (aguacate y berries), proyectos
pecuarios, desarrollos inmobiliarios, desarrollos turísticos, desarrollos
industriales, proyectos mineros, rellenos sanitarios y represas entre otros. La
ubicación geográfica de Michoacán y la conectividad que le brinda la
infraestructura vial y portuaria lo convierten en un enclave industrial que
abarata costos de producción lo que le convierte en un territorio bajo asedio.
Ante ello, las
comunidades se han tenido que organizar para defender de facto el
territorio que ancestralmente les pertenece a través de prácticas ancestrales
heredadas como las asambleas comunales, las faenas y las rondas comunitarias.
Es conocido que, en sus tácticas de despojo, quienes codician los territorios
muchas veces tratan de seducir a actores sociales relevantes como jefes de
tenencia, representantes de bienes comunales o líderes morales de la comunidad.
Con ellos se utilizan las tácticas del despojo: o los seducen y los integran a
sus filas, o les amenazan y asesinan.
En Michoacán,
tristemente la lista de defensores ambientales y comunitarios se incrementa año
tras año, ello, a pesar del discurso gubernamental de apoyo y respeto a los
derechos de las comunidades indígenas. Un discurso que, dadas las
circunstancias más bien pareciera tener como objetivo fundamental la limpieza
de la imagen del gobernador en turno. Así, el objetivo de este breve y lúgubre
texto es presentar algunos de los atentados y asesinatos que han sufrido las
comunidades indígenas y rurales por la defensa de su territorio desde el 2018 a
la fecha.
El 16 de enero
de 2018, la comunera y activista defensora de los bosques de la comunidad de Cherán,
Guadalupe Campanur, fue asesinada y encontrada a unos kilómetros, en el
municipio vecino de Chilchota sobre la carretera Carapan- Playa Azul. Campanur
participó activamente en el movimiento de defensa del territorio de Cherán
K´eri cuando en 2011 se organizaron y movilizaron contra la tala clandestina de
su bosque, la violencia y la irrupción del crimen organizado quien se
encontraba aliado a los partidos políticos y a la policía municipal.
Aproximadamente
dos años después, el 29 de enero de 2020 fue encontrado el cuerpo sin vida de
Homero Gómez, activista defensor de la biósfera de la mariposa monarca en el
municipio de Ocampo, cerca de Zitácuaro. Gómez desapareció el 20 de enero,
después de asistir a una feria en la comunidad de El Soldado. Su desaparición
se enmarcó en su fuerte activismo y defensa de una especie amenazada, la
mariposa monarca, y el avance del agronegocio aguacatero que genera miles de
millones de divisas por la exportación. Gómez denunció en múltiples ocasiones
cómo la industria aguacatera, en su avance, amenazaba los bosques que reciben
año tras año, a la mariposa proveniente de Canadá.
Dos días
después, el 31 de enero del mismo año, fue encontrado sin vida Raúl Hernández
Romero, quien además de ser guía de turistas en el santuario de la mariposa
monarca también fuera, al igual que Homero Gómez, defensor de la biósfera de la
mariposa monarca. Hernández Romero habría desaparecido el 27 de enero después
de salir de su casa, ubicada en la localidad de San Pedro, en el municipio de
Angangueo y sería encontrado dos días después, con signos de violencia en el
poblado Las Balsitas.
Ambos
activistas habían dedicado los últimos años de su vida a denunciar la tala
inmoderada de los bosques que componen el ecosistema de la mariposa monarca,
sin embargo, pese a la cercanía geográfica y temporal del asesinato de los dos
activistas, los crímenes no parecen estar conectados entre sí.
No solo la
biósfera de la mariposa monarca ha sido territorio bajo asedio, también la
región conocida como Cañada de los Once Pueblos, localizada al norte del estado
de Michoacán, ha sido el escenario donde se han desplegado procesos de
violencia en contra de las comunidades para despojarles de sus recursos. El año
de 2020 fue un año particularmente violento. El 21 de marzo del 2020, fue
asesinado Adrián M, quien fungiera como suplente del jefe de tenencia de la
comunidad de Tanaquillo, asesinato que antecedió al de Jesús Miguel Jerónimo,
ex jefe de tenencia de la comunidad de Ichán, quien, junto a su hijo fueran
asesinados a tiros mientras se encontraban en su casa el 24 de julio de 2020.
El periodo 2018- 2020 fue un periodo violento para las comunidades de la
Cañada. En 2018, la comunidad de Acachuén había establecido su ronda comunal
pero el asedio del crimen organizada logró desarticular el esfuerzo de los
comuneros por brindarse seguridad por lo que los embates en la región podrían
tener el objetivo de persuadir a las comunidades en su intento de organizar sus
rondas comunales.
En otra latitud
del estado, el 6 diciembre de 2021 fue secuestrado y torturado el ejidatario
Guillermo Saucedo Gamiño, Coordinador de los Comités de Defensa Ambiental de
Villa Madero que fueron constituidos para concientizar y visibilizar los daños
ocasionados por el cambio de uso de suelo, la construcción de hoyas de agua y
la perforación ilegal de pozos de agua para la producción industrial de
aguacate y frutos rojos en la región. A pesar de que Saucedo Gamiño había
denunciado una semana antes las amenazas en su contra, fue secuestrado el 6 de diciembre
y liberado horas después con golpes y huellas de tortura.
El 15 de enero
de 2023 fueron desaparecidos el profesor Antonio Díaz y el abogado Ricardo
Lagunes, defensores del pueblo nahua de Aquila. Díaz y Lagunes habrían sido
amenazados de manera directa por directivos de la minera Ternium México durante
una asamblea comunal. En sus exigencias hacia la empresa minera, los comuneros
representados por Díaz y Lagunes solicitaban se emitiera la convocatoria para
la elección del comisariado de bienes comunales, cargo al que aspiraba Díaz y
que le permitiría renegociar los acuerdos con la minera, entre ellos, los
acuerdos de ocupación territorial por la minera y la exigencia de un pago justo
de regalías por la extracción de minerales del territorio comunal. La
desaparición de Díaz y Lagunes estuvo precedida por el asesinado de Nemesio
Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, quienes formaban parte
de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y la Guardia Comunitaria del
Municipio de Aquila.
Este mismo año,
el 21 de febrero, fue asesinado Alfredo Cisneros Madrigal, presidente de Bienes
Comunales de la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes. Cisneros
Madrigal fue un importante defensor de los derechos de las comunidades
indígenas y defensor de los bosques amenazados por la tala y el cambio de uso
de suelo para la instalación de huertas de aguacate.
Recientemente,
el 4 de abril de 2023 fue encontrado el cuerpo de Eustacio Alcalá Díaz,
defensor del territorio de la comunidad de San Juan Juan Huitzontla, municipio
de Chinicuila, en la costa michoacana. Don Eustacio, de 66 años de edad, fue
secuestrado el 1 de abril por un grupo armado y encontrado tres días después.
Don Eustacio había fungido como comisariado de Bienes Comunales y jefe de tenencia
de su comunidad y en 2022 habría ganado una demanda de amparo en contra de una
concesión minera otorgada a la empresa Arcelor Mittal de la siderúrgica
Ternium.
Lo que nos
muestra esta lúgubre remembranza es que elementos naturales como los bosques y
los minerales son altamente codiciados para la ejecución de proyectos de
inversión. La industria agrícola, principalmente la aguacatera y la producción
de frutos rojos, así como la actividad minera son dos de las actividades
productivas que están en el trasfondo de estos asesinatos. Las comunidades, hoy
como hace quinientos años, tienen que organizarse y resistir ante el embate de
agentes externos que codician sus territorios, sus recursos, sus cuerpos, sus
sueños. Mientras el estado no garantice el respeto a los derechos humanos y
territoriales, las comunidades tendrán que organizarse, como desde hace
quinientos años.
Bibliografía:
Ventura, C.
(2006). Reconfiguración territorial indígena y legislación en México. Scripta
Nova, 1- 13.
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