SENTENCIA DE LOS ERE
Los 680 millones que se pagaron en ayudas
entre 2000 y 2009 beneficiaron a 6.300 trabajadores, a los que no se ha
reclamado el dinero.
Once años y 16 jueces después la conclusión es la
misma: hubo fraude en los ERE
Las incongruencias del 'mayor' caso de
corrupción
Una de las sesiones del juicio de los ERE. / EFE
Escrito por
Redactor jefe / Tribunales
DIARIO DE SEVILLA
07
Agosto, 2022
Durante mucho tiempo se ha calificado el escándalo de
los ERE como el mayor
proceso de corrupción de la democracia en España, pero la realidad es que, a pesar de la condena de los ex altos cargos por
la creación del sistema para la concesión de las ayudas, el caso arrastra una serie de incongruencias que en
estos once años no se han resuelto y que se
repiten como un mantra.
En primer lugar está la cifra del fraude. La sentencia
de la Audiencia de Sevilla, ahora confirmada por el Tribunal Supremo, cuantificó
el dinero malversado en 679.432.179,09
euros, cantidad que se corresponde con el total de las ayudas
concedidas en el periodo investigado, entre los años 2000 y 2009. Esos 680
millones que según la Justicia se concedieron de manera ilegal y que por tanto
han supuesto un menoscabo de fondos públicos, fueron cobrados -y en muchos
casos se siguen percibiendo en la actualidad- por los más de 6.000 trabajadores
que en su día se beneficiaron de estas ayudas sociolaborales.
Estas ayudas se siguen pagando en virtud
del decreto-ley
4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y
agentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores y ex
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y
sectores en crisis, que fue aprobado durante el último gobierno socialista de
José Antonio Griñán.
De hecho, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno financió entre los años 2019 y 2020
primas de pólizas de los ERE -las mismas que se investigan por la autoridad
judicial- por un importe de más de 33 millones y de las que se están beneficiando 804 trabajadores.
Durante estos años, ni la Fiscalía ni la Justicia han
dirigido las actuaciones contra estos trabajadores que se beneficiaron de las
ayudas y que no han sido traídos a la macrocausa de los ERE para reclamarles el
reintegro de las cantidades cobradas mediante un procedimiento considerado
ilegal.
Además, la acusación particular que ejerce la Junta de
Andalucía en el caso de los ERE mantiene un criterio
de solicitar el archivo de aquellas piezas de la macrocausa en
las que no se han
detectado la presencia de los denominados “intrusos”, personas que fueron incluidas en las pólizas de prejubilaciones a
pesar de que nunca habían trabajado para estas empresas. La última ocasión
en la que la administración andaluza ha plasmado este criterio ha sido en la
pieza en la que se han investigado las ayudas que por importe de 35
millones fueron concedidas a la empresa tabaquera Altadis.
La defensa de José Antonio Griñán había alegado
que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares repetían en sus
escritos de acusación "errores garrafales" y así señalaba que la
cuantía del supuesto fraude, que el Ministerio Público cifra en 741,6 millones,
es incorrecta, reduciéndola a efectos dialécticos a 80,8 millones.
El abogado José María Mohedado, primer letrado que
defendió al ex presidente, señaló entonces que "nunca" se podría determinar la cuantía de
las defraudaciones porque los hechos respecto a las malversaciones
derivadas de las ayudas sólo se van a enjuiciar en las más de 180 piezas
separadas relacionadas con las sobrecomisiones, las adjudicaciones
supuestamente delictivas, los intrusos, etc., por lo que hasta que no se dicte sentencia en cada una de las
piezas "no se puede prejuzgar en este procedimiento ni si hubo o no fraude y el importe del mismo, porque todo ello corresponde a la
investigación y enjuiciamiento caso por caso" en las piezas separadas.
No obstante, el letrado realizó una aproximación “muy provisional” en la que hablaba de 36,6 millones de ayudas sociolaborales (6,6 de intrusos y 30 de
sobrecomisiones) y 44,2 millones de ayudas directas. En total: 80,8 millones.
Sólo 15-20 intrusos entre 6.300 trabajadores
En el juicio de los ERE, el ex consejero de Empleo de
la Junta y uno de los principales condenados, Antonio Fernández, aseguró que de
los 6.300
trabajadores beneficiados por las ayudas, los
supuestos intrusos se reducen a un grupo de 15-20 personas, lo que supone un 0,2% del total de las ayudas concedidas, y recordó además que de los 741 millones que suponen esas ayudas, entre 140 y 150 millones fueron abonados a la Tesorería General de la
Seguridad Social en concepto de cotizaciones y convenios especiales. Sobre los
intrusos, agregó que "no hay
ERE irregulares, todos los ERE eran legales, otra cosa son las pólizas de
rentas".
El ex consejero sostuvo que el decreto 4/2012, que regularizó las ayudas investigadas, "refrendó, asumió y siguió pagando" las ayudas a esos 6.300
trabajadores, por lo que en su opinión esa regulación era una "actualización de lo que se había hecho
entre 2000 y 2010".
Antonio Fernández comentó que "nunca hubo ningún
debate sobre el título competencial" sobre el que se concedían las
subvenciones. "Quizás no supimos identificar el título competencial hasta
el año 2012", con el dictado del decreto 4/2012 una vez que estalló el
escándalo judicial de los ERE, y así añadió que en el año 2012 "se da con la tecla en cuanto al título competencia, pero eso no invalida el conjunto normativo y las actuaciones hechas
entre 2000 y 2012, lo que hace es actualizar su propio cómputo normativo",
dado que todos los gestores tenían "tranquilidad jurídica" en lo que
hacían.
21 millones han sido "recuperados"
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, cuantificó esta misma semana en 21 millones de euros la cantidad que
la Administración andaluza ha "recuperado" de los ERE mediante las
distintas actuaciones judiciales y ante el Tribunal de Cuentas, mientras que
hay otros 1,9 millones "reconocidos" pero pendientes de pago.
Sanz dijo que una vez que el Tribunal Supremo haga
pública la sentencia de los ERE, el Gobierno andaluz evaluará la cuestión para
fijar la "posición de la Junta", que en el caso del
"procedimiento" específico por el que han sido condenados los ex
presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se reservó las posibles acciones civiles en caso
de condena.
Inicialmente, la Fiscalía
Anticorrupción cifró el fraude de los ERE en más de 741 millones (741.596.545 euros), de los cuales consideraba que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.
Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente la devolución de esos 741
millones, al finalizar el juicio redujo el presunto fraude a 680 millones, al dejar
fuera las cuantías correspondientes al ejercicio de 2010, y retiró la
reclamación de la indemnización en su escrito
de conclusiones definitivo presentado el 29 de octubre de 2018. "No ha lugar a petición de responsabilidad civil
al haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de
Andalucía el ejercicio de la acción civil", concluía el escrito firmado por los fiscales delegados de Anticorrupción
Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.
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