POR QUÉ LA VUELTA AL
COLE ES ESPECIALMENTE DIFÍCIL EN ESPAÑA
Viçen Navarro
Artículo publicado en el
diario Público
31 de agosto de 2020
El bajo gasto público escolar en España y sus consecuencias
para la reapertura
En un artículo anterior,
Elementos esenciales pero olvidados de la reconstrucción social y económica
(Público, 22.06.20) (basado en mi presentación a la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica de las Cortes españolas), ya señalé la gran
urgencia de que la sociedad española se concienciara de la enorme importancia
que los sectores sociales (sanidad, educación, seguridad social y servicios
sociales) tienen para el bienestar de la población y para el buen hacer de la
economía. Expresaba entonces mi preocupación por el hecho de que se estaban
proponiendo grandes inversiones públicas para subsidiar sectores industriales
(que han cristalizado en la aportación de 3.750 millones a la industria
automovilística) a fin de asegurar su adaptación a las circunstancias
excepcionales derivadas de la pandemia, mientras que se estaba dando poca
atención entonces a la urgente y necesaria corrección de la enorme
subfinanciación de dichos sectores sociales.
Los datos claramente
muestran que en España, la sanidad, la educación, la protección y seguridad
social y los servicios sociales públicos están muy subfinanciados en relación
al promedio de los principales países europeos, y ello a pesar de que juegan un
papel clave en configurar el bienestar y la calidad de vida de la población. El
gasto público español en sanidad es, por ejemplo, solo del 6% del PIB, frente
al 7,2% de la UE-15 (el grupo de quince países de la UE de semejante nivel de
desarrollo económico que España) o al 8,3% de Dinamarca; en educación es del 4%
del PIB, frente al 4,7% de la UE-15 o al 6,9% de Suecia; y en protección social
es del 16,9% del PIB, frente al 19% de la UE[1]15
o al 24,1% de Finlandia. No es por mera casualidad que, en general, los países
que 130 tienen mayor bienestar y menos desigualdades - los escandinavos - sean
también los que tengan más desarrollados estos servicios.
En España, esta
subfinanciación del sector público explica la dualidad público/privado en cada
uno de los cuatro pilares del Estado del Bienestar (sanidad, educación, protección
social y pensiones, y servicios sociales). En educación, por ejemplo, el 33% de
la población escolar (en general, de familias de renta superior a la mediana
del país) van a escuelas privadas (incluyendo en esta última la
privada-concertada, que recibe subsidios públicos), mientras que la gran
mayoría de la población es atendida por las escuelas públicas (donde el gasto
por alumno es menor que en las privadas). El hecho de que el primer grupo de la
población (las clases pudientes) tiene más peso mediático e influencia política
que el segundo (las clases populares) explica, en parte, que esta situación no
se haya ido resolviendo, apareciendo ahora con toda claridad durante la
pandemia, siendo las clases populares las más afectadas por ésta. El nuevo gobierno
español es sensible a esta situación, destinando 2.000 millones de euros a las
comunidades autónomas para educación. Hay que concienciarse de que esta
cantidad es muy necesaria, y aplaudo tal decisión. Pero hay que subrayar que es
una cantidad todavía insuficiente para corregir el gran déficit de gasto en las
escuelas públicas y para permitirlas responder a las condiciones causadas por
la pandemia. El déficit de personal, así como de espacios es enorme. Es más,
2.000 millones de euros es mucho menos de lo que se le ha asignado a la
industria automovilística, a lo cual hice referencia al principio del artículo.
Y les aseguro que la evidencia que muestra que para el futuro del país las
escuelas son mucho más importantes que la industria automovilística, es clara y
contundente.
Las consecuencias del déficit de gasto público escolar en la
reapertura de las escuelas públicas
Hoy, la sociedad española se enfrenta a
algunos de los mayores retos que tiene por delante, como es la reapertura de
las escuelas a las criaturas y jóvenes en medio de una pandemia que continúa a
unos niveles muy altos, lo cual es un dato preocupante pues las medidas a tomar
en las escuelas dependen del nivel de gravedad de la pandemia en cada momento
en las comunidades que las rodean. Según el Centro Europeo para la Prevención
131 y el Control de Enfermedades, España es el país de la UE con una mayor tasa
de infectados por coronavirus (durante los últimos 14 días), con 192 positivos
por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es mucho más elevada que la de países
de semejante nivel de desarrollo económico: Finlandia (7), Noruega (13), Italia
(18), Alemania (21), Reino Unido (22), Dinamarca (25), Suecia (35) o Francia
(70). España supera incluso a Estados Unidos, con 190 casos por 100.000 habitantes.
Los datos presentados en
el párrafo anterior demuestran que estamos en una situación muy preocupante.
Este hecho condiciona sobremanera las medidas y condiciones de la reapertura de
las escuelas en España, que básicamente son tres. Una es el número y
composición del estudiantado por clase escolar y por docente (las famosas
“ratios”); otra, el espacio entre los distintos componentes e individuos en
cada lugar y momento (la “distancia de seguridad”); y el tercero, las medidas
preventivas para minimizar el riesgo de infección (medidas de higiene y
desinfección, el uso de mascarillas, la estanquidad de los grupos, la
intensidad de los cribados, etc.). Estas tres dimensiones son clave y
condicionan el éxito o fracaso de la reapertura en cualquier país.
En cuanto al primer
condicionante, un análisis de los planes propuestos por las diferentes
comunidades autónomas parece indicar que los promedios de estudiantes por grupo
o unidad en todos los niveles educativos serán de los mayores de la UE-15 (en
Dinamarca, el número máximo de estudiantes por clase es de 15, mientras que, en
España, se prevén grupos de hasta 30 estudiantes, como plantea la Generalitat
de Catalunya en la ESO). Y un tanto igual sucede en cuanto a las medidas de
distanciamiento, que ha puesto en evidencia un problema de espacios disponibles
que minimicen los riesgos de contagio. Este déficit de espacios es conocido en
el sistema escolar español, déficit que con la pandemia se hace especialmente
crítico, hasta el punto en que algunas comunidades autónomas (como la Comunidad
de Madrid) tengan que hacer uso de equipamientos destinados a otros fines, como
bibliotecas o polideportivos, o que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido
más de un centenar de espacios municipales a la Generalitat para evitar las
aglomeraciones en las aulas. En ambos casos se ve que hay un gran déficit de
recursos, que se suma al ya existente debido a gran subfinanciación del sistema
educativo en el Estado español, señalada anteriormente.
El otro gran problema: el contexto político que dificulta la
construcción de consensos para la reapertura escolar
En el análisis de las
causas de la enorme gravedad de la pandemia, hay que añadir a la escasa
financiación de los servicios de los sectores sociales la gran descentralización
de su financiación y gestión, siendo éstas responsabilidad de las CCAA, lo cual
ocurre dentro de un contexto político en el que hay poca cultura de
colaboración y cooperación entre los distintos niveles políticos que existen en
el Estado español, así como los espacios políticos que lo gobiernan. La falta
de apoyo y la gran hostilidad de las derechas ante las medidas adoptadas por el
gobierno de coalición de izquierdas (anteponiendo sus intereses partidistas a
los intereses generales del país) es un indicador de ello (ver mi artículo La
politización de la pandemia por parte de las derechas en España, Público,
03.04.20). Países más descentralizados como la Alemania federal han sido
capaces de mantener una dinámica de colaboración más estrecha, facilitando el
liderazgo y orden constitucional a una dirección central en casos excepcionales
como la situación actual, permitiendo así una respuesta muy satisfactoria tanto
desde el punto de vista social como económico.
En España, en cambio, la
oposición mayoritaria de derechas ha estado obstaculizando el desarrollo de un
marco dentro del cual se hagan los cambios a nivel autonómico. La oposición de
las derechas (PP, Cs y Vox en España, y de JxCat (con el apoyo de ERC) en
Catalunya) a la prórroga del estado de alarma es también responsable de la
expansión de la pandemia, que ha alcanzado dimensiones alarmantes. El anteponer
los intereses partidistas a los generales ha influido en gran manera en el
empeoramiento de la situación actual. Es importante notar que donde tales
derechas gobernantes (a los dos lados del Ebro) han mostrado mayor hostilidad
ante la prórroga del estado de alarma a nivel del Estado, tales como la
Comunidad de Madrid y Catalunya, son las que han tenido una mayor expansión de
la pandemia después de su finalización, junto a los mayores déficits en los
programas de recuperación escolar. Son también, por cierto, las que tienen un
mayor porcentaje de la población escolar matriculada en educación privada. De
ahí que, en estas circunstancias, el gobierno central debería utilizar todos
los recursos a su alcance para influenciar las prioridades educativas de las
comunidades autónomas, por ejemplo, 133 utilizando los 2.000 millones para
resolver los problemas de falta de personal y de espacios.
Condiciones inmediatas para que se desarrollen tales
propuestas: los acuerdos entre los distintos agentes en la reforma
Es fundamental que las autoridades educativas
trabajen en estrecha colaboración con tres grupos cuya participación es clave
para que el proyecto sea exitoso. Uno es el grupo del personal de los centros
escolares, y muy en especial de sus docentes. Otro grupo es el de las
asociaciones de padres y madres de los alumnos. Sin la plena participación de
éstos, las medidas no serán exitosas. El último grupo es el de las autoridades
públicas a nivel local o municipal. Sin su participación habrá problemas
graves, pues necesitan estar en los procesos de toma de decisiones ya que su
contribución (por ejemplo, en transporte) es también importante.
Un sector especial siempre olvidado: las escuelas de
infancia
El grupo de criaturas más olvidado es el de
los infantes de 0 a 3 años, que son 900.000 en España, 445.000 de los cuales no
están escolarizados y que también necesitan tener atendidas sus necesidades
emocionales, intelectuales y de socialización, preferiblemente de forma
presencial, sin excluir la provisión digital de servicios en situaciones
excepcionales. Estos servicios de atención y educación de la primera infancia
están muy poco desarrollados en España, y es una de las causas más importantes
de la limitada participación de la mujer en el mercado de trabajo. La situación
en este nivel educativo ha adquirido unas dimensiones de auténtica crisis, pero
parece ignorarse en el planteamiento de las necesidades de adaptación a la
pandemia. De nuevo, las necesidades principales son de personal, que podría
alcanzar la cifra de 143.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en
caso de universalizar el acceso a estos servicios, como parte de una expansión
del 4º Pilar del Estado del Bienestar, tal y como ya se está proponiendo por
parte de movimientos sociales de diferentes sensibilidades políticas (ver El 4º
Pilar 134 del Estado del Bienestar: liberar a las mujeres y salvar las
pensiones, Público, 21 de enero de 2020).
La gran necesidad de reabrir las escuelas
Permítanme que concluya esta breve exposición
con una breve nota que considero urgente y necesaria para apoyar el objetivo
final de reabrir las escuelas. La enorme gravedad de la pandemia no puede
paralizar o ralentizar el esfuerzo de abrir las escuelas. Antes al contrario.
Tal reapertura es esencial. La necesidad de reabrir las escuelas se basa en
criterios de justicia social y de eficiencia económica. Tenemos evidencia de
que la docencia digital no presencial es menos educativa que la presencial. Los
datos son claros, como también son claros y contundentes los que muestran que
los estudiantes más perjudicados por el cierre de las aulas son los procedentes
de familias con menos recursos, que tienen menos herramientas educativas a su
alcance y entornos menos favorables para la formación en el domicilio. La
docencia online en las condiciones actuales desmonta el principio básico de
cualquier sistema democrático: el de proporcionar la igualdad de oportunidades
a todos los infantes y jóvenes de un país, independientemente de su clase y
origen social.
Es también importante
porque la educación se basa en la socialización de los estudiantes, lo que
fortalece su espíritu colectivo, solidario, así como los sentimientos de
pertenencia a la sociedad y de ciudadanía a través de dicha socialización. No
es por casualidad que uno de los mejores sistemas educativos de la UE-15 sea el
finlandés, donde hay una verdadera transversalidad de clase social y
heterogeneidad en la escuela (en la que, por ejemplo, el hijo del banquero y el
del empleado de banca van a la misma escuela), lo cual caracteriza su exitoso
sistema educativo. La polarización por clase social del sistema educativo, como
ocurre en el español, es muy perjudicial para todas las clases sociales y un
gran obstáculo para la cohesión social. El nivel educativo de las universidades
estadounidenses, por ejemplo, descendió cuando el presidente Reagan acabó con
las becas que permitían a estudiantes procedentes de las clases trabajadoras de
bajos ingresos asistir a la universidad.
Y un tercer componente
que justifica la urgencia de reabrir las escuelas es la necesidad de facilitar
la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo la vuelta al trabajo
y reduciendo así la enorme sobrecarga a la cual está especialmente sometida la
mujer española (con el triple de incidencia de enfermedades debidas al estrés
que los hombres), que aumentó alarmantemente con el cierre de las escuelas y
que es insostenible de alargarse en el tiempo. La recuperación económica no
será posible sin que se resuelva esta situación. Esta ha sido la experiencia en
otros países y así ocurrirá en España. Así de claro.
BREVE NOTA BIOGRÁFICA
ACADÉMICA DE VICENÇ NAVARRO Vicenç Navarro es uno de los científicos sociales
más citados en la literatura científica internacional en el área de las
ciencias sociales (que incluyen ciencias políticas y económicas). Desde que
dejó España por razones políticas en 1962, ha sido profesor en varios centros
académicos en Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos, donde ha sido profesor
en The Johns Hopkins University durante más de 40 años. En España ha sido
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y Catedrático
de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra,
donde dirige el JHU-UPF Public Policy Center. Ha escrito 32 libros, la mayoría
de ellos traducidos a varios idiomas. En España ha sido nombrado Doctor Honoris
Causa por las universidades de Málaga y Lleida, y en EEUU recibió en 2014 el
premio Stebbins al mejor profesor del programa de Salud Pública y Políticas
Públicas en The Johns Hopkins University. Ha sido premiado también en cinco
ocasiones en tal universidad con la Golden Apple, premio otorgado por los
estudiantes graduados en Salud Pública al mejor docente. Ha asesorado a muchos
gobiernos, entre otros al gobierno Allende en Chile y al gobierno cubano en sus
reformas sanitarias, así como a varios gobiernos europeos, incluyendo varios
gobiernos suecos y españoles, incluyendo el nuevo gobierno español, y muy en
particular a su Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Trabajó
también como asesor en la Casa Blanca durante la administración Clinton en la
reforma sanitaria de Estados Unidos, dirigida por Hillary Clinton. Ha asesorado
a las Naciones Unidas (UN), a la OMS y otras instituciones internacionales. Sus
áreas de trabajo son la Economía Política, el Estado del Bienestar y Políticas
Públicas y Sociales.
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