CaixaBank; un ERE a lo bestia con aval del Estado
Por Rafael Cid Publicado
el 23 Abr, 2021
Es lo que tiene sembrar el precedente. Lo que mal
empieza suele seguir de aquella manera. Hace unos días, con ocasión del noventa
aniversario del 14 de abril de 1931, hemos visto reivindicar el legado de la
Segunda República a la misma izquierda de la revolución pendiente que en la
transición abrazó la monarquía franquista y vetó que los partidos republicanos
pudieran participar en las primeras elecciones democráticas. Braguetazo
político que los implicados excusan amparándose en el <<ceteris paribus>>
(si lo demás no varía) con que se solventan los continuos vaivenes de la
economía realmente existente.
Y sin embargo, se mueve. Ahora en el terreno del
empleo y las grandes corporaciones financieras, la misma rúbrica que está en el
origen de la crisis del 2008, aquella que trajo el austericidio de
arriba-abajo. Entonces la consigna era que los grandes no podían caer porque
nos aplastarían a los que estábamos a su reclamo. De tal guisa el Gobierno
socialista de Rodríguez Zapatero, siguiendo el dictum de
Bruselas, salvó a los grandes de la banca privada y liquidó las semipúblicas
cajas de ahorro, dejando ese mercado excedente a sus privilegiados
competidores. El rescate fue especialmente oneroso para las arcas públicas en
lo referente al caso de Bankia. Estaban en peligro muchos empleos y el dinero
de los ahorradores, fue el argumento diana utilizado por las autoridades para
justificar la operación Arca de Noé, que sacrificaba a los más (las cajas en
general) en provecho de los menos (la antigua CajaMadrid y demás ases de la
baraja).
Pero no hay mal que por bien no venga. La inversión
realizada para mantener a flote la entidad significaba en la práctica su
nacionalización. El multimillonario manguerazo de dinero de todos se traducía
en control accionarial de Bankia por el Estado, con lo que tanto usuarios como
trabajadores quedaban protegidos. Hasta que llegó la opa de La Caixa, con la
consiguiente dilución de esa participación en el conjunto de la corporación
nacida de la fusión. El 60% del Estado en la antigua Bankia se reducía al 16%
en CaixaBank. Así y todo, una cifra determinante en cualquier negocio cuando
queda en manos de un solo propietario (la familia Botín controla el Santander
con un paquete del entorno del 5%). Pero verdes las han segado.
En plena segunda crisis pandémica, económica y social,
la noticia bomba es que CaixaBank va a poner en marcha el mayor despido
colectivo de la historia. Alrededor de 8.500 trabajadores comprometidos y 1.534
sucursales cerradas con el aval del Estado y para mayor obsolescencia de la
España vaciada. Todo ello con la aquiescencia del Gobierno de coalición de
izquierda progresista que tutela la parte del león accionarial, y unas cifras
de paro que duplican la media de la Unión Europea (UE) y nos sitúan como
líderes absolutos en desocupación juvenil con un 41% en la cohorte de edad
comprendida entre 18 y 25 años. Hemos pasado de la cruzada de los ERTE como
escudo social (3 de cada 4 euros son dinero público) a la magnificencia de una
masiva destrucción de empleo a manos de los promotores de aquella Gran
Depresión de hace una década que aún colea. Porque vista la atonía general, ya
son varias las entidades financieras (Santander, BBVA, etc.) que se han
apuntado en la ventanilla de los ERE sobrevenidos.
Este panorama, vista la valoración que se ha hecho
desde el Ejecutivo y la patronal bancaria, nos devuelve al viejo esquema de
<<socializar las pérdidas y privatizar las ganancias>> de triste
recuerdo. Por un lado, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que el pasado nueve
de octubre afirmaba su fidelidad a la tesis de la <<destrucción
creadora>> de Schumpeter, exponía: <<el gobierno maximizará el
valor de la participación estatal de Bankia en la fusión con CaixaBank>>.
Y de otro, lo dicho por el presidente de la AEB (Asociación Española de Banca),
José María Roldán, quien tras justificar los <<ajustes de
plantilla>> en curso por la necesidad de adaptarse a la nuevas
tecnologías, decía que se trataba de <<adaptar los cambios a las demandas
de los clientes>>. Y por encima de todo está la base legal que permite el
tremendo descalabro laboral. La contrarreforma laboral de 2010 (Real
Decreto-Ley de 16 de junio), de la que nadie ahora quiere hablar porque lleva
la firma del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. La que permite despidos
a mansalva por <<cuestiones productivas y organizativas>> aunque
las empresas tengan abultados beneficios en sus últimos ejercicios. Por cierto,
la actual ministra de Trabajo y flamante vicepresidenta tercera del Gobierno,
Yolanda Díaz, no sabe ni contesta al respecto. Y nadie en los mítines a que
asiste en Madrid para apoyar a Pablo Iglesias ha osado preguntarle cómo casa el
que <<nadie se queda atrás>> con la sarracina que preparan los
junkers de la banca.
Pero si faltara algo para completar la monumental
pifia, ahí están los <<sindicatos representativos>> del régimen del
78. Más atentos a la oportunidad de negocio que se les ofrece como gestores de
los ERE (remember Andalucía) en marcha que al estropicio social que
causan. Porque los despidos, dicen sus mentores, se harán de forma pactada.
Ergo, la paz social está asegurada. Aunque nadie en CCOO y UGT, siguiendo el
<<nihil obstat>> de la ministra Díaz, haya exigido al menos la
contrapartida de una alta cuota de trabajadores reemplazados (compensar salidas
con parados) en ese descomunal ERE con aval del Estado.
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