Pensiones Y Reforma Laboral: Los Ajustes Que Exigen
Los Fondos Europeos
El gobierno “más progresista” de la historia ha
desplegado un plan de ayudas a todas luces insuficiente cuando no ha tenido la
lupa de Bruselas. Ahora, que llega el control exigido por los “halcones”
europeos en las negociaciones del fondo de rescate, lo que está en la agenda
son las reformas: pensiones y laboral las de mayor calado.
Kaosenlared
18 Ene, 2021
Las ayudas desplegadas por la Unión Europea (UE)
vienen con factura. Fue una de las condiciones que los “halcones” europeos, con
Holanda a la cabeza, impusieron en la negociación. Y las condiciones son
claras.
Si bien durante el 2020 la lucha contra la Covid19
era la prioridad, desde Bruselas dejaron claro que las indicaciones formuladas
durante 2019 eran también de obligado cumplimiento, y eufemismos a un lado,
esto quiere decir reformas. En el caso del Estado español estamos hablando,
principalmente, de la reforma de pensiones y de la reforma laboral.
El discurso del gobierno de Sánchez e Iglesias
llenó titulares en los medios con la “transición a una economía ecológica”, el
5G, una transición industrial, y así hasta 170 reformas. Pero lo cierto es que
lo único que importa y servirá como pago de factura serán las reformas citadas.
Durante 2020, con un control más laxo por parte de
Bruselas, el Gobierno “más progresista” de la historia desplegó unas medidas de
ayudas que a todas luces fueron insuficientes: ERTEs que menguaron la capacidad
económica de lxs trabajadorxs y que no han impedido que el paro alcanzara casi
el 17% y sobrepasara el 40% en los menores de 25 años. Además estableció
periodos “gracia” para evitar desahucios o cortes de luz y gas, que una vez
levantados facilitó que los grandes tenedores de vivienda y las grandes
empresas pudieran recuperar el tiempo perdido. Solo hace falta mirar lo
sucedido con la electricidad días atrás bajo el temporal Filomena.
Otras ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV),
han llegado a cuentagotas y han sido, eso sí, mínimas. Unos importes que no
alcazan ni tan siquiera la media de un alquiler en el Estado español. Y todo
este panorama mientras las grandes empresas del Ibex 35 han sorteado la
pandemia gracias a las ayudas gubernamentales y proyectando falsos proyectos
innovadores para sacar, aún más, tajada de los fondos europeos.
Es con este panorama, y ahí están los datos, con
los que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos llega a las puertas de los
exámenes de Bruselas. Y decimos “exámenes” porque desde este 2021 las políticas
del Gobierno tendrán que pasar dos validaciones anuales de Europa para seguir
recibiendo las ayudas, que recordemos, en el caso del Estado español ascienden
a 70.000 millones de euros.
Recordemos que la penalización por no aprobar estas
validaciones de Bruselas, no solo pasan por el corte de las ayudas, sino que en
los casos más agudos la sanción puede conllevar incluso el retorno del paquete
de ayudas destinado hasta ese momento.
Las exigencias que más interesan son la reforma de
las pensiones y la reforma laboral. Por lo que hace a la primera significa ni
más ni menos que el Gobierno “progre” de coalición tendrá que realizar recortes
en las pensiones que reduzcan el déficit de 22.000 millones de euros
actualmente existente.
En la comisión del Pacto de Toledo el Gobierno ha
mantenido silencio sobre las reformas necesarias. Escrivá, ministro de
Seguridad Social, guardó silencio frente a sindicatos y agentes sociales, para
después, cuando se tuvo que elaborar un papel de reforma para Bruselas ahí sí
incluyó los 35 años. Además, prepara un nuevo factor de sostenibilidad y un
sistema de revalorización con el IPC que se compense a varios años.
A esto se le suma el anuncio de ampliación de la
edad real de jubilación, insinuando también de fondo medidas incluso para
ampliarla por encima de los 67 años actuales. Todo pese a que la media de la UE
en gasto de pensiones es un 12,4% y el Estado español actualmente tiene un
gasto del 10,9% sobre su PIB.
En lo referente a la reforma laboral, esa que
durante campaña electoral era diana de ataques y que ahora es inmutable (a
menos que sea a peor para lxs trabajadorxs), se habla de un fortalecimiento de
la contratación indefinida, otra de las exigencias señaladas desde Bruselas, de
la que se dice que existen “avances muy limitados”.
Esto supone, entre otras cosas, con casi toda
seguridad desempolvar los proyectos de la denominada “Agenda Social” de los social
liberales del PSOE que figuraba en su programa político, tales como la “mochila
austriaca”, que implica un fondo que el propio trabajador se iría generando
para pagarse su propio despido. Y, sin duda, la reducción de las modalidades
contractuales existentes de cara a flexibilizar, facilitar y abaratar aún más
los despidos al dejar los contratos indefinidos en letra muerta.
Se convertirán la mayoría en indefinidos, eso es
cierto, pero de facto serán siempre temporales al reducir las indemnizaciones
por despido y/o ser sufragadas por el propio trabajador. Esto convertirá la
precarización laboral y la explotación máxima de las y los trabajadores por los
empresarios, aún más que en la actualidad, en el principio básico de las
relaciones laborales.
Esta es la factura, en forma de reformas, que el
Gobierno “más progresista” de la historia tirará adelante para cuadrar las
cuentas en Bruselas, algo que siempre ha sido prioritario para los ejecutivos
socialistas y que por supuesto, en este caso también lo es para Unidas Podemos.
Por ello, más allá de los rifirrafes televisados
entre socios de gobierno, al final el rumbo social liberal está marcado a
fuego, como no podían ser de otra manera y Unidas Podemos forma parte de él. Y
no como actor secundario, sino como principal sentándose en el Consejo de
Ministros.
Frente a los ataques que están por venir y la nula alternativa que representa Podemos o Izquierda Unida, se hace imprescindible levantar un programa de emergencia y rescate social en favor de la clase trabajadora y las clases populares. Basado en un calendario de movilizaciones en la calle, unificando los conflictos e impulsado sobre la base de la organización de asambleas en los barrios, centros de trabajo y centros de enseñanza que impulse la lucha hacia una huelga general, puede parar los ataques y plantear la vía hacia un gobierno de las trabajadoras y trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.
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