La cuestión agraria acentúa más la bancarrota del
capitalismo monopolista de Estado.
Al igual que la
cuestión nacional, la cuestión de la tierra es otra cuestión que la burguesía
en España no ha sido capaz de resolver. El pasado día 29 de enero se veía en
los medios de comunicación del capital la movilización de campesinos extremeños
en Don Benito, donde se produjeron cargas policiales, coincidiendo con la feria
agraria Agroexpo, en la que estaba el Ministro de Agricultura. Al día
siguiente, el 30 de enero, los medios se fijaban en los cortes de la autovía
A4, a la altura de Andújar y de La Carolina, donde campesinos andaluces se
movilizaban exigiendo un precio justo del aceite. Estas movilizaciones,
organizadas por las patronales agrarias UPA, COAG y ASAJA, así como por
patronales agrarias provinciales, no sólo se desarrollaron en Andalucía y en
Extremadura, sino también en provincias de Castilla y León, La Rioja, Aragón,
Galicia, Castilla La Mancha o Cantabria.
Los pequeños y
medianos agricultores y ganaderos, la pequeña y mediana burguesía agraria,
reivindican, entre otras cosas, la falta de precios justos, la subida de los
costes de producción, los recortes en las ayudas provenientes de la UE y de las
administraciones españolas y, como consecuencia de ello, la despoblación del
agro, y la especulación con los productos agrarios, de tal modo que el
campesino obtiene cada vez un precio menor por sus productos mientras los
intermediarios, los agentes que participan en la comercialización de dichos
productos agrarios, se acrecienta. También se quejan de los efectos provocados
por el Brexit y la guerra comercial interimperialista.
La bancarrota
económica del Estado, lo es también institucional y política y, ante este
cuadro, el capitalismo monopolista de Estado se está rompiendo por los flancos
que ha sido incapaz de resolver; la cuestión nacional en Cataluña, Euskadi y
Galicia, ahora por la cuestión de la tierra, y también por la creciente
desigualdad y agudización de la explotación capitalista.
En el Estado español,
en 2009 según el último censo agrario realizado por el INE, la pequeña
explotación de la tierra contaba con 503.082 explotaciones agrarias que
abarcaban 1.034.020,60 hectáreas, que en términos relativos equivale al 52,01%
de las explotaciones agrarias y el 4,35% de la superficie agrícola utilizada.
Sin embargo, la gran explotación agraria y la propiedad latifundista contaba
con 75.508 explotaciones agrarias que abarcaban 15.117.471,28 hectáreas, o lo
que es lo mismo, el 7,8% de las explotaciones agrarias condensan el 63,64% de
la superficie agrícola española.
Sin duda este
proceso de concentración de la tierra, durante esta década, ha ido
acentuándose; pequeños propietarios de la tierra arruinados han ido vendiendo
sus tierras a aquéllos que pueden comprárselas, terratenientes y monopolios.
Por otro lado, la UE a través de la PAC ha realizado una política agraria
consistente en subvencionar la extensión que sirve para condenar al campo
financiando a los parásitos terratenientes y los grandes monopolios
alimentarios, esto es, capitalismo parasitario. El pasado 12 de enero de 2020,
en el diario Público se publicó un artículo titulado “Labradores de sofá:
más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos”, que dice lo
siguiente: “En España ya hay dos ‘labradores de salón’, casi tres según
cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o
criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a
250.000, según indica un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de
los autónomos. (…) ¿Y qué es un labrador de sofá o de salón? Básicamente,
propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad
les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los
alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria)
que la UE reparte en España a través de los llamados ‘derechos
históricos’.” Es decir, el campo está condenado para que los parásitos
fascistas – que son los dueños de las grandes extensiones de tierra como la
Casa de Alba, la familia Domecq, García Carrión, etcétera – se lucren a
condición de tener las tierras baldías, improductivas. He aquí el verdadero
cáncer del campo, de lo que les gusta llamar a los limpiabotas del
capital “la España vacía”.
A ello hay que
unir que el Estado sufraga parte de la internacionalización de empresas
agrarias, de tal modo que tanto el ICEX como, por ejemplo, la Agencia EXTENDA
de la Junta de Andalucía les subvencionan y guían en exportar capitales a otros
países, como por ejemplo Marruecos, donde desarrollan la agricultura en dicha
zona, incrementando la importación de dichas producciones, así como estimulan
el desarrollo de empresas de importación de productos agrícolas de otros países
del mundo.
Esta realidad
provoca la depauperación del campo, el subdesarrollo y con él los flujos
migratorios del campo a la ciudad, a la que nutre de mano de obra barata; así
como, por ejemplo, en Andalucía o Galicia, también se producen flujos
migratorios del campo al litoral donde estos trabajadores son devorados en
sectores como la construcción y la hostelería.
Así, pues, lo
acontecido esta semana, y lo que seguirá acaeciendo no es más que la
manifestación de un problema estructural del capitalismo monopolista de Estado,
las costuras del sistema se abren por las partes más débiles.
Mientras esto
sucede, la “izquierda” del sistema achaca el problema del campo a los
bajos precios agrarios y a los canales de intermediación y distribución en
manos de monopolios extranjeros, tal y como explican Cayo Lara y el PCE. ¿La
solución entonces pasa porque estos monopolios sean nacionales? ¿Por qué no
señalan al sistema? Pues la razón es evidente, el PCE/IU-PODEMOS son
responsables de todo este sistema, son defensores de la Constitución del 78 y
de la UE y, en muchos pueblos de Andalucía son incluso ellos los que se alían
con los caciques locales desde los municipios que gobiernan.
Por otro lado, la derecha reaccionaria y los
empresarios, incluidos los del campo, achacan el problema del agro,
fundamentalmente, a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Por último, los
sindicatos del Estado – CCOO y UGT – no dudan en arremeter contra las protestas
vinculándolas “a la derecha terrateniente y carca” defendiendo la
tesis de que la subida del SMI no influye en la problemática del campo. Unos
sindicatos a los que se les debería de caer la cara de vergüenza, pues son
responsables de la división de los trabajadores asalariados del campo, los
jornaleros, siendo sus representantes en el sector del campo el personal más
lacayuno a esos terratenientes que critican, firmando convenios provinciales
del campo que son auténticas puñaladas a los jornaleros.
Pero como se
puede comprobar, ni unos ni otros ubican la culpa del problema agrario al
auténtico causante, el capitalismo monopolista de Estado, centrando el debate
sobre el salario mínimo interprofesional, al objeto de desviar al pueblo de la
raíz del problema: la concentración de la propiedad de la tierra, la política
agraria dictada por la asociación imperialista de la UE, que la banca sea
privada, el subdesarrollo del campo, en definitiva, el capitalismo monopolista
de Estado. Y es que tanto la derecha como la falsa ‘izquierda’ son
iguales de capitalistas, son iguales de defensores del capitalismo monopolista.
El pequeño
campesino, así como el mediano ahora que la UE se está planteando eliminar
parte de las subvenciones, están ante la siguiente disyuntiva: O están
condenados a la ruina en caso de proseguir la política inherente al capitalismo
monopolista o se unen al proletariado y demás clases populares azotadas por el
capitalismo, para superar este sistema que los condena a la ruina, es decir,
para construir el socialismo. ¡No hay término medio!
Es obligación
de nuestro Partido, y de cualquier comunista que se precie de serlo, estar
presente en esta lucha dando nuestra alternativa a este problema estructural
del capitalismo monopolista de Estado que es incapaz de resolver: La Reforma
Agraria antilatifundista y antimonopolista que:
• Debe ser
antilatifundista porque los terratenientes utilizan las grandes extensiones de tierras
para obtener materias primas y dinero a costa de la explotación de los
jornaleros; materias primas y dinero que se llevan a sus industrias y bancos de
Madrid, País Vasco y Cataluña perpetuando el subdesarrollo en Andalucía,
Extremadura y ambas Castillas. Se debe expropiar los latifundios y entregar la
tierra a los jornaleros y pequeños campesinos al objeto de que procedan a su
explotación planificada según las necesidades del país. Esta entrega a los
jornaleros debe rodearse de las condiciones óptimas para que su trabajo dé el
fruto planificado. Hay que dotar a los nuevos campesinos de superficie agraria
suficiente para que sean rentables, de tal modo que se realizará la
socialización de las tierras, y su agrupamiento en cooperativas, cuyo rendimiento,
la producción, pertenecerán a la sociedad, puesto que ésta les entregará a los
campesinos no sólo las tierras; también la maquinaria, aperos, semillas,
abonos, tecnología, etcétera. El transporte y la comercialización de los
productos ya no supondrían costes añadidos que graven la economía de los nuevos
campesinos. De igual manera se procederá con los pequeños agricultores ya
existentes. La sociedad pondrá a disposición del campo las estructuras
adecuadas para introducir los avances científicos y tecnológicos.
• Debe ser
antimonopolista porque todo lo que rodea al proceso de producción del campo
está en poder del gran capital industrial y financiero: las maquinas, los
productos químicos, el transporte, la comercialización y los préstamos a los
pequeños campesinos; ergo están a merced de la banca y los monopolios –
españoles y extranjeros – que imponen sus precios y sus leyes. Esta es la razón
por la que los pequeños campesinos actuales se ven abocados a la ruina, sin
poder afrontar los gastos que son superiores a los ingresos. La existencia de
monopolios y de la banca privada es incompatible con nuestra Reforma Agraria.
Nuestra Reforma Agraria, la que necesita nuestro país, requiere de la
nacionalización y socialización de los monopolios y de la banca y, además, debe
acompañarse de la nacionalización y socialización de los sectores estratégicos,
casi todos ellos empresas públicas que los gobiernos del PSOE y del PP han
privatizado: REPSOL, ENDESA, TELEFÓNICA, REE, INDRA, AYESA ADVANCED
TECHNOLOGIES, IBERIA, SANTA BÁRBARA, etcétera. En definitiva, se trata de
devolver al pueblo todo lo que él mismo levantó con sus esfuerzos y le fue
robado por aquéllos que los privatizaron. Una Reforma Agraria que debe romper
con el proyecto imperialista europeo, que debe romper con la UE porque niega la
soberanía al pueblo y le impide la racionalización y la planificación
democrática según los deseos y necesidades del pueblo trabajador.
Se dan las
condiciones objetivas para que el capitalismo monopolista español caiga, está
quebrado tanto económica, como política e institucionalmente. Esta crisis
bestial del capitalismo monopolista de Estado exacerba el fascismo, la única
alternativa que puede ofrecer el capitalismo y sus monopolios al pueblo junto
con la ruina y la miseria. El PCOE tiene la obligación de llevar al máximo
número de jornaleros y de pequeños campesinos nuestra alternativa, nuestra
Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista. El momento es de lucha y de
estar en la calle, en el conflicto, en el tajo mostrándoles a los jornaleros y
los pequeños campesinos la inviabilidad del capitalismo monopolista de Estado y
desenmascarando a los fascistas y confrontándolos. O los comunistas ocupamos
ese espacio o serán los fascistas los que conducirán a los campesinos y a los
jornaleros a una derrota aún mayor y, con ellos, arrastrarán a todo el pueblo,
todo ello como consecuencia de la política socialdemócrata que es incapaz de
dar salida a la situación, pues son tan defensores del capitalismo monopolista
como la derecha y tan responsables de la situación en la que se encuentran los
obreros, los jornaleros y los pequeños campesinos. Hoy más que nunca, y más en
el estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o
barbarie!
¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!
¡Por la Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!
¡Por la Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!
Madrid, 2 de
febrero de 2020
Comité
Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
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