lunes, 3 de febrero de 2020

OTRO FEMINISMO, EL DE PUERTO RICO



Puerto Rico

La Cole, un colectivo feminista anticolonial,...



Aurora Santiago Ortiz
vientosur
01.02,2020

Puerto Rico, territorio colonial de Estados Unidos desde 1898, ha enfrentado una crisis fiscal desde la profunda recesión de 2006. Incapaz de declararse en bancarrota debido a su estatus político de «perteneciente a, pero no parte de» Estados Unidos, el archipiélago fue puesto en una tutela económica por el Congreso estadounidense en 2016 bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (conocida como Ley PROMESA por sus iniciales en inglés). La ley nombró una Junta de Control Fiscal para decidir la forma en la que Puerto Rico pagará su deuda: principalmente a través de medidas de austeridad y recortes presupuestarios en salud, educación y jubilaciones.

El Huracán María devastó la infraestructura del archipiélago, que ya estaba decayendo. Enfrentado a cortes de energía que duraron hasta un año en algunas zonas, el desastre que siguió fue producto de la corrupción, la mala administración y la negligencia del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal. Miles de muertes a causa de María podrían haberse evitado si la ayuda hubiera llegado a tiempo y si hubiera habido una red eléctrica bien mantenida.

El verano en Puerto Rico

El 13 de julio de 2019 aparecieron 889 páginas de transcripciones de conversaciones a través de la aplicación Telegram que involucraban al entonces gobernador Ricardo Rosselló, a miembros de su gabinete y algunos de sus asesores. En la conversación, se utilizaron comentarios homofóbicos, obesofóbicos y misóginos para dirigirse a celebridades como Ricky Martin, seguidores del propio partido político de Rosselló, así como a una conocida fiscal. La charla se refirió burlonamente a la muerte de aproximadamente 4.645 personas a causa del huracán María como peones en una campaña mediática.

La filtración del chat llegó luego del arresto de Julia Keleher, la secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico. Keleher, nacida en Estados Unidos, fue arrestada el 10 de julio junto con otros funcionarios. Desde su cargo, dirigió el cierre de más de 400 escuelas públicas en el archipiélago como parte de un plan para convertir muchas de ellas en escuelas chárter, y finalmente fue acusada de varios cargos de fraude, lavado de dinero y robo.

El chat filtrado marcó un punto de inflexión para el pueblo de Puerto Rico. El 10 de julio, los manifestantes salieron a la calle y, aunque las protestas se concentraron en el Viejo San Juan, fueron descentralizadas y diversas. Como mencionamos junto a Jorell Meléndez Badillo en otro artículo, las protestas se presentaron de diversas formas: caravanas, mítines en el agua y hasta ejercicios de yoga en las plazas públicas. A los grupos activistas de más visibilidad se unieron aquellos que no habían asistido a las marchas anteriormente. Muchos se sintieron obligados a participar porque las filtraciones revelaron cómo una elite de hombres blancos adinerados se había distanciado de una población que había sufrido las consecuencias de un desastre sin precedentes.

La infraestructura para el levantamiento de este verano fue construida por otros movimientos anticoloniales. Estudiantes activistas de la Universidad de Puerto Rico han estado resistiendo las políticas que amenazan a la Universidad pública; los sindicatos han protestado contra la privatización de las corporaciones públicas como la Compañía Telefónica de Puerto Rico; miles de defensores de la independencia, junto con otros grupos socialistas y radicales, han organizado marchas, concentraciones y actos de desobediencia civil para poner fin a la ocupación de Vieques por parte de la Marina estadounidense, que ganó impulso después de que una bomba acabara con la vida de David Sanes, un guardia de seguridad de la base naval.

Sin embargo, las protestas del verano se centraron en otra agenda. Los gritos de RickyRenuncia vinieron desde varios sectores de la sociedad y, después de dos semanas de continuas protestas, el gobernador Ricardo Rosselló finalmente abandonó su cargo el 24 de julio de 2019. El llamado «levantamiento de verano» dejó una marca indeleble en la historia de las protestas en Puerto Rico ya que una gama de sectores sin precedentes salió a la calle. Grupos que no suelen ser vistos al frente de las protestas políticas estaban en primera fila exigiendo la renuncia de Rosselló –tales como personas queer, trans y no binarias–. Una de las organizaciones que participó activamente en las protestas fue la Colectiva Feminista en Construcción (La Cole).

La Cole

Activa desde 2013, La Cole es una organización política feminista negra con base principalmente en San Juan, la capital de Puerto Rico. En su manifiesto, La Cole expresa su carácter interseccional –considera la opresión como interconectada y entiende que la lucha por la liberación es interdependiente y colectiva–. La organización se nutre de pensadoras negras feministas en los Estados Unidos, como Angela Davis, Bell Hooks, Barbara Smith y Demita Frasier (estas últimas son miembros del Colectivo Río Combahee). Actualmente, trabajan con otros grupos y organizaciones feministas coordinando marchas, concentraciones y manifestaciones.

Desde su fundación, La Cole ha estado presente en la esfera pública puertorriqueña. Han realizado numerosas campañas de sensibilización sobre temas como el acceso al aborto, que afecta a las mujeres y féminas cis y trans. En numerosas ocasiones, la Legislatura puertorriqueña ha tratado de aprobar una ley que limita estrictamente el tiempo de espera (48 horas) para que una mujer pueda abortar. La ley no ha sido promulgada debido a la resistencia de expertos legales y feministas, incluyendo La Cole.

En mayo de 2017, Shariana, una de las fundadoras del grupo, se enfrentó al ex alcalde del pueblo de Guaynabo, Héctor O’Neill, en un restaurante de San Juan. O’Neill está acusado de agredir sexualmente a múltiples mujeres mientras ocupaba el cargo, incluyendo a sus empleadas. El alcalde renunció el 5 de junio de 2017 en medio de las acusaciones, que incluían actos lascivos y violaciones del Código de Ética. El 20 de diciembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones retiró el cargo de actos lascivos. Sin embargo, otros cargos permanecen y, si es condenado, puede ser sentenciado a una pena de hasta 25 años de prisión. La continua presión pública que La Cole ejerció para remover a O’Neill de su cargo las convirtió en una fuerza visible que tiene la capacidad de instigar protestas fuera de cualquier organización política en particular.

La Cole también ha venido denunciando la alarmante tasa de femicidios en Puerto Rico durante años. El 23 de noviembre de 2018 organizó un plantón frente a la Mansión Ejecutiva que duró tres días. La organización exigió que se declarara un estado de emergencia para atender la violencia de género en Puerto Rico y redactó una orden ejecutiva para que la firmara el gobernador Rosselló. La resolución ordenaba que las agencias gubernamentales crearan coaliciones con organizaciones feministas, establecieran campañas educativas para crear conciencia sobre la violencia de género, implantaran un programa de estudios con perspectiva de género en las escuelas (lo cual fue rechazado por el gobierno de Rosselló), reconocieran la diversidad de las familias en cuanto a su orientación sexual y composición, establecieran el desarrollo profesional para los maestros, creasen una división especial dentro del Departamento de la Policía para procesar y tratar los delitos relacionados con la violencia de género e impusieran capacitación a los agentes de la Policía que investigan este tipo de delitos.

Sin embargo, Rosselló no quiso reunirse con los integrantes de La Cole. Cuando la sucesora del gobernador, Wanda Vázquez, asumió el cargo después de las protestas, también se negó a declarar el estado de emergencia, a pesar de que los feminicidios siguen siendo muy frecuentes (los estudios revelan que se han reportado 266 entre el 2014 y el 2018).

En su lugar, Vázquez creó un Comité Asesor sobre Violencia de Género, que según La Cole es insuficiente para hacer frente a la emergencia. La gobernadora también se reunió con miembros de La Cole y otros grupos feministas para discutir un plan para abordar la violencia de género en el país. En un informe publicado en Facebook, La Cole menciona que habría una reunión posterior en diciembre para discutir el documento. No ha habido ninguna reunión de esta naturaleza y desde noviembre de 2018, ha habido seis reuniones con administradores del gobierno para tratar de avanzar con el estado de emergencia. El 25 de noviembre de 2019, se organizó una marcha en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres junto con otras feministas. Cientos de personas marcharon desde el distrito financiero hasta la Mansión Ejecutiva para exigir que se tomen acción para hacer frente a la crisis actual.

La Cole ve la violencia de género dentro de estructuras más amplias de violencia de las que el Estado es cómplice. Estas van desde la inacción, la brutalidad policial o la imposición de medidas de austeridad que agravan la elevada tasa de pobreza en Puerto Rico. Las mujeres negras y transexuales, las féminas queer y las mujeres también son las más afectadas por el colapso fiscal del archipiélago, debido en gran parte a la deuda de Puerto Rico. El colonialismo es un asunto de género, demostrado por la aparente actitud desechable hacia las mujeres cis y trans en Puerto Rico. Aunque la violencia de género no es nada nuevo, los discursos de las activistas en torno a los temas feministas están cambiando hacia el reconocimiento de la anti-negritud y la transfobia en la sociedad puertorriqueña.

Esto nos conduce nuevamente al levantamiento de verano. Para que quede claro, la expulsión de Rosselló de su cargo no fue producto de un solo grupo. Fue, por el contrario, el resultado de una masa crítica de grupos organizados e individuos hartos de la política habitual. La Cole estuvo presente durante las protestas y, después de la renuncia de Rosselló, continuó exigiendo la auditoría de la deuda del archipiélago, así como el fin de la privatización de los servicios públicos y la eliminación de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.

El 22 de julio, más de medio millón de personas marcharon pidiendo la renuncia del gobernador. Aunque este impulso político se ha ralentizado, no se puede subestimar la importancia de La Cole. Esta organización ha sido crucial para establecer los cimientos de las infraestructuras de resistencia que han allanado el camino para que otros se unan y cambien fundamentalmente el terreno político de Puerto Rico. Su plataforma es explícitamente anticolonial y encarna una praxis decolonial que rompe con las costuras hegemónicas imperiales, con la esperanza radical de que otro mundo es posible. Este otro mundo se está forjando en estos momentos, conectado a las luchas feministas de otros países como Chile y Argentina. Como dijo Audre Lorde: «no existe una lucha por un solo asunto porque no vivimos vidas de un solo asunto».

Este artículo es producto de la alianza entre Nueva Sociedad y DemocraciaAbierta. Lea el contenido original aquí.


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