Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa
de España y una de las más afectadas por la despoblación y el envejecimiento.
El auge del movimiento leonesista, que denuncia el centralismo vallisoletano y
aboga por una segregación de las provincias de León, Zamora y Salamanca en una
nueva comunidad autónoma, vuelve a colocar en la agenda pública el malestar de
la España interior.
Manifestación
en mayo de 1984 en León por la separación de Castilla. Fototeca de León
Es historiador.
EL SALTO
02.02.2020
“De Teruel Existe solo te puedo decir que siento una
enorme envidia por todo lo que están consiguiendo para su tierra”. Así habla
Luis Mariano Santos Reyero, único diputado de la Unión del Pueblo Leonés (UPL)
en la Junta de Castilla y León. Santos Reyero es un firme defensor de la idea
de una separación de las provincias de León, Zamora y Salamanca de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
El leonesismo propugna la formación de una nueva
entidad autonómica con estas tres provincias, coincidente con la histórica
región leonesa consagrada por la división del ministro Javier de Burgos en
1833, durante la regencia de María Cristina de Borbón. Para el diputado de UPL,
la comunidad autónoma creada en 1983 únicamente ha beneficiado a Valladolid y a
Burgos, en detrimento de León, Zamora y Salamanca. La formación de esa nueva
comunidad autónoma del llamado País Llionés “podría defender mejor los
intereses de nuestra tierra en temas como el reparto de los fondos europeos para
la transición energética, o realizar una gestión más apegada a los problemas de
la ciudadanía”, señala Santos.
UPL existe desde 1986, cuenta con 152 concejales, la
mayoría de ellos en la provincia de León y algunos pocos en la de Zamora, y ha
experimentado un notable crecimiento en las últimas elecciones, aunque aún se
ha quedado lejos de conseguir representación en el Congreso madrileño. Sin
embargo, para Luis Mariano Santos el objetivo de UPL no es solo el crecimiento
del partido, sino sobre todo el crecimiento de un leonesismo transversal, por
encima de ideologías y de fronteras partidarias.
En opinión
de David Rivas, la reaparición del leonesismo es algo que “tarde o temprano se
iba a dar, ya que Valladolid ejerce una dominación muy fuerte sobre el conjunto
de la comunidad”
El diputado considera un éxito que gracias a los votos
de concejales de PSOE, PP, Ciudadanos, IU y Podemos hayan prosperado ya en diez
ayuntamientos leoneses mociones en favor de la nueva autonomía. Una
reivindicación que según una encuesta del diario digital Ileón
ya apoyan el 50% de los leoneses, y que sería la preferencia mayoritaria entre
los votantes no solo del leonesismo, sino también de la mayoría de votantes de
PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.
El leonesismo cultural y la cuestión
del Bierzo
Junto a este
leonesismo político convive desde hace años en la provincia otro leonesismo de
tipo cultural, que reivindica una identidad y un patrimonio que a menudo ha
pasado inadvertido dentro de un conjunto castellano, que desde fuera se percibe
como homogéneo y uniforme. Se trata de un movimiento de reivindicación
lingüística y cultural asentado en las zonas de León colindantes con Asturies,
y donde las relaciones siempre han sido muy estrechas entre vecinos y vecinas
de uno y otro lado de las montañas.
En Palacios del Sil, en la montaña leonesa, personas
como Ana Álvarez llevan tiempo trabajando en la recuperación del pachuezo o
asturleonés, lengua que históricamente comparten las comarcas leonesas de
Laciana, el Alto Sil y Babia, con los concejos de la montaña occidental
asturiana: Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo.
Manifestación
en mayo de 1984 por la separación de Castilla. Asistieron 90.000 personas.
Foto: Fototeca de León
Ana, como
otras muchas personas jóvenes de su comarca, vive fuera, pero sigue manteniendo
vínculos muy estrechos con sus pueblo, al que va con frecuencia: “Tenemos un
grupo de Whatsapp y nos juntamos todos los años en vacaciones para hacer cursos
y actividades”. Este movimiento cultural y lingüístico se expresa a través de
una creciente producción literaria, obras de teatro y grupos de folk que
empiezan a tener cierta proyección, como D´Urria, originarios del valle de
Laciana, y que usan la lengua local en sus composiciones.
El Bierzo es
ahora mismo uno de los eslabones débiles del leonesismo, que cuenta con menos
apoyo en esta comarca que en otras partes de la provincia
A pesar de que la protección de la lengua asturleonesa
está recogida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 1983, en
opinión de Ana Álvarez, el apoyo institucional es muy escaso, por debajo de
Asturies, donde el asturiano aún no goza de la oficialidad, pese a décadas de
reivindicación de un reconocimiento lingüístico pleno. No obstante, como ella
misma reconoce, la creación en 2017 de la Cátedra de Estudios Llioneses en la
Universidad de León “ha supuesto un paso muy importante para la recuperación de
nuestra cultura”.
La reivindicación del llionés o pachuezo no es la
única reclamación lingüística existente en la provincia. En El Bierzo, la
comarca leonesa que limita con Asturies y con la provincia gallega de Ourense,
existe también un movimiento social en defensa del berciano, la variedad
dialectal del gallego en esa zona fronteriza. Esta lengua también está
reconocida en el Estatuto de Autonomía, pero su protección jurídica ha quedado
a medias en opinión del colectivo Fala Ceibe do Bierzo, que defiende su
oficialidad en la comarca, de manera que se favorezca “su uso institucional en
las administraciones locales, el Consejo Comarcal, concejos y juntas
vecinales”.
En la actualidad el gallego es una asignatura optativa
que se oferta en algunos centros educativos del Bierzo y Sanabria (Zamora) a
través de un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia,
ambas gobernadas por el PP. El programa, implantado hace tres años, ha vuelto a
crecer en el curso 2019-2020, con 1.146 matriculados. Sin embargo, el
bercianismo no se ha limitado a ser un movimiento cultural o lingüístico, desde
la Transición ha tenido una expresión política, comarcalista, que reivindica la
singularidad de esta comarca. En las elecciones de 2019 la Coalición por el
Bierzo obtuvo 25 concejales, dos de ellos en el ayuntamiento de la capital,
Ponferrada, donde gobierna con PSOE y Podemos, así como dos asientos en el
Consejo Comarcal del Bierzo.
El Bierzo es ahora mismo uno de los eslabones débiles
del leonesismo, que cuenta con menos apoyo en esta comarca que en otras partes
de la provincia. Para muchos habitantes del Bierzo, la comarca sufre tanto el
centralismo autonómico de Valladolid, como el provincial, de León. Cualquier
proyecto autonomista leonés deberá tratar de seducir a los habitantes de la
comarca si quiere ganar apoyos para la causa llionesista.
Una identidad regional cogida con
pinzas
Un 31% de los habitantes de Castilla y León se sienten
más españoles que castellano-leoneses. La comunidad tiene uno de los
porcentajes de identificación con la autonomía más bajos de España, sólo
superado por Castilla-La Mancha y Madrid, las comunidades con menor sentimiento
autonómico. Los datos son de 2019 y están elaborados por la Asociación Española
de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.
Castilla y León, con un Estatuto en 1983, fue la
última comunidad española en constituirse como autonomía. No es casual. Su
composición territorial fue objeto de grandes discusiones. David Rivas,
profesor jubilado de estructura económica de la Universidad Autónoma de Madrid,
señala como las pulsiones centrífugas no se dieron en la Transición únicamente
en León, donde se celebraron grandes movilizaciones contra la integración en
Castilla, sino también en otras provincias, como Segovia, donde también una
parte de la opinión pública apostaba por una comunidad uniprovincial, así como
en Santander y Logroño, presentes en el plan de Rodolfo Martín Villa y la UCD
para crear una macro comunidad autónoma que sirviera de contrapeso a Catalunya
y Euskadi.
Finalmente Segovia y León se quedarían en la Comunidad
castellano-leonesa, mientras que Logroño y Santander se segregarían dando lugar
a las comunidades uniprovinciales de La Rioja y Cantabria. Para Rivas, estas
tensiones territoriales se solapaban con otra pugna soterrada entre las
burguesías burgalesa y vallisoletana para albergar la capitalidad de la futura
entidad regional. Ganaría Valladolid, la capital industrial de un territorio
mayoritariamente especializado en el sector agropecuario de un capitalismo
español que ha tendido a concentrar las industrias en las periferias litorales.
A finales de
2018 la fábrica de aerogeneradores Vestas, en Villadangos del Páramo (León),
con 370 empleados, echaba el cierre para trasladar su producción a China
después de haber recibido 15 millones de euros de fondos públicos para la
reindustrialización
En opinión de David Rivas, la reaparición del
leonesismo es algo que “tarde o temprano se iba a dar, ya que Valladolid ejerce
una dominación muy fuerte sobre el conjunto de la comunidad, que es
probablemente la más centralista de España”. Sobre la otra hipótesis que se
barajó en la Transición, la creación de una comunidad astur-leonesa, Rivas
considera que habría podido tener ventajas, “como la creación de un campo muy
fuerte o la unificación de dos territorios históricamente mineros”. También
habría dado más peso político a Asturies, que, “con una población similar a la
de Aragón tiene la mitad de diputados al ser una comunidad uniprovincial”.
Para Rivas esta opción tenía más defensores en León
que en Asturies, donde despertaba menos entusiasmo, tanto por razones políticas
—la amenaza del voto del León rural y conservador para la hegemonía
social-comunista asturiana—, como por razones lingüísticas —el temor entre los
sectores asturianistas, a priori los más sensibles a una recreación del
histórico reino medieval, a una profundización en la castellanización de
Asturies, donde el idioma asturiano lleva al menos un siglo perdiendo
hablantes—. En León, sin embargo, la hipótesis astur-leonesa sigue teniendo
defensores. Todavía hoy un 18% de los leoneses no verían con malos ojos la
fusión con los vecinos del norte, según los datos de la encuesta de Ileón.
Los intentos
desde mediados de los años 80 por parte de militantes de la antigua izquierda
radical por impulsar un castellanismo de izquierdas también han sido poco
fructíferos, al menos desde el punto de vista electoral
El profesor de filosofía de la Universidad de
Salamanca y ex diputado autonómico de IU, José Sarrión, reconoce que, pese a
los empeños de la izquierda, la identidad castellano-leonesa no ha llegado a
“cuajar” y que, por el contrario, “en León buena parte de la izquierda está
asumiendo el discurso leonesista, que está subiendo mucho en la provincia,
aunque resulte exótico en Zamora y en Salamanca”.
León, 1978.
Primera manifestación por la autonomía leonesa.
Sarrión
señala que fueron el PCE y la izquierda radical los que más fuertemente
apostaron por la creación de un sentimiento castellano-leonés en la Transición.
Serían precisamente unas cuantas personalidades de la oposición antifranquista
las que en marzo de 1976 constiturían en Lerma (Burgos) el Instituto Regional
Castellano-Leonés, una entidad orientada a promocionar la identidad regional,
pensar y proyectar una futura autonomía, también abierta a la incorporación de
las provincias de Logroño y Santander, y diseñar un modelo económico capaz de
paliar los grandes males estructurales de la región: falta de industria,
desequilibrios internos, emigración y despoblamiento...
El Instituto sería el impulsor de la celebración el 23
de abril de 1976 del primer día de Castilla y León, aún ilegal, y que acabaría
con la intervención de la Guardia Civil, en la localidad vallisoletana de
Villalar de Comuneros. La fecha y el lugar escogidos para la “Diada
castellana”, eran un homenaje a la histórica batalla que acabó con la
decapitación de los tres líderes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, y puso
punto final a la rebelión burguesa y campesina de 1520 contra el centralismo de
Carlos V.
Los intentos de consolidar un regionalismo
castellano-leonés en la Transición fracasarían en un territorio que está
marcado desde el punto de vista de la identidad por la fortaleza de lo nacional
español y lo particular provincial, y la debilidad de lo regional. Ya en la
primera década del siglo XX, como ha investigado el historiador italiano Steven
Forti, el errático socialista vallisoletano Óscar Pérez Solís llegó a mantener
contactos con la Lliga Regionalista catalana de cara a la puesta en marcha una
operación política de signo regionalista en Castilla. Fracasarían, a pesar del
gran interés que los catalanistas tenían en promover fuera de Catalunya, y muy
especialmente en Castilla, otros movimientos regionalistas que apoyasen la
descentralización del sistema político español.
El modelo de
los castellanistas toma como ejemplo las diputaciones forales vascas, “las
administraciones más eficientes y eficaces entre todas las existentes en el
Estado español”, señalan desde IZCA
Los intentos desde mediados de los años 80 por parte
de militantes de la antigua izquierda radical por impulsar un castellanismo de
izquierdas también han sido poco fructíferos, al menos desde el punto de vista
electoral. Si bien Izquierda Castellana (IZCA) es un partido muy activo a nivel
social en todo tipo de movilizaciones, plataformas y movimientos, los
resultados en las elecciones en las que se han presentado en solitario han sido
siempre testimoniales.
Desde el partido, que considera a Castilla-León, como
“una auténtica colonia interior del capitalismo español”, se considera
que los problemas que denuncia el leonesismo son comunes al resto de la
comunidad, y que el proceso autonómico no ha corregido, sino agravado
cuestiones como el despoblamiento, la emigración y el envejecimiento. En todo
caso, desde IZCA también se aboga por una descentralización de las competencias
autonómicas a las provincias, dada la “la larga tradición de identificación con
la provincia”, así como a las comarcas.
El modelo de los castellanistas toma como ejemplo las
diputaciones forales vascas, “las administraciones más eficientes y eficaces
entre todas las existentes en el Estado español”, y propone una democratización
y modernización de las actuales diputaciones provinciales para convertirlas en
herramientas que reviertan “la tendencia involucionista demográfica y
socieconómica que sufrimos”.
¿Un problema administrativo o un
problema económico?
Para Paula Moreno, economista salmantina emigrada en
Madrid, los grandes problemas de la región “no se resuelven con una nueva
comunidad”. Paula es representativa de un perfil de jóvenes licenciados que una
vez terminados sus estudios en alguna de las universidades públicas de la
comunidad tienen que hacer las maletas para buscar empleo fuera de su región.
La falta de empleo cualificado supone que Castilla y León gasta mucho dinero en
formar talento que luego es incapaz de retener.
La oportunidad de estudiar una carrera ha crecido
mucho más rápido que la posibilidad de encontrar empleo relacionado con ella en
la región. El 35% de los licenciados castellano-leoneses de entre 25 y 39 años
trabajan fuera de la comunidad, según datos del Centro de Estudios Demográficos
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
“Simplemente
con que ayuntamientos, diputaciones y Junta prioricen los productos y servicios
locales, por ejemplo en los comedores de los colegios, ya estamos poniendo a
funcionar la economía circular”, señala Moreno
En opinión de Moreno, revertir todos estos indicadores
desfavorables es imposible sin una financiación pública suficiente. “La Agenda
para la Población de Castilla y León 2010-2020 es un buen documento que
contiene ideas interesantes, pero sin fondos para implementarlo se queda en
nada”, apunta Moreno, quien considera imprescindible la intervención del sector
público con una gran inyección de fondos autonómicos, estatales y de la UE:
“Revertir el envejecimiento y la despoblación son cuestiones demasiado
ambiciosas como para dejarlas únicamente en manos del sector privado”.
En opinión de Moreno una política de compra pública
por parte de las administraciones que priorizase la producción local sería un
gran avance. “Simplemente con que ayuntamientos, diputaciones y Junta prioricen
los productos y servicios locales, por ejemplo en los comedores de los
colegios, ya estamos poniendo a funcionar la economía circular”, señala.
Algo parecido pide Rosa Encinas, vallisoletana
afincada en Zamora que se dedica al teatro infantil en una de las provincias
más envejecidas de España. Encinas eñala el contraste entre la calidad de los
festivales de teatro y títeres de Castilla y León, con tres certámenes muy
potentes en Valladolid, Segovia y Ávila, pero “muy poca programación de grupos
locales, sobre todo de los más pequeños”.
Para Sarrión existe un problema con la concentración de
industria en Burgos y Valladolid y la falta de actividades industriales en el
resto de la comunidad. A finales de 2018 la fábrica de aerogeneradores Vestas,
en Villadangos del Páramo (León), con 370 empleados, echaba el cierre para
trasladar su producción a China después de haber recibido 15 millones de euros
de fondos públicos para la reindustrialización de una provincia que aún no se
ha recuperado del fin de la minería. La propuesta de IU para nacionalizar la
empresa no saldría adelante. Tampoco los leonesistas la apoyarían por
considerarla desfasada y falta de realismo. Hoy el futuro de la plantilla
depende de la inversión que finalmente se haga desde la empresa Network Steel,
que ha comprado la fábrica.
En opinión de Sarrión se trata de luchar contra la
lógica capitalista que empuja a un desarrollo económico que prima “la
concentración de actividad y de riqueza en las grandes ciudades y en las
regiones del litoral”. Para el exjuntero, Castilla y León podría aprovechar
mejor su enorme masa forestal desarrollando una industria de la madera más
moderna y diversificada. El año pasado el sector forestal generó en el conjunto
de Castilla más de 14.000 empleos. Sarrión pone otro ejemplo de sector con
potencial de desarrollo, el turismo idiomático: “El número de estudiantes que
vienen a Castilla a aprender castellano es relativamente bajo si lo comparamos
con el de Barcelona”.
Para Paula
Moreno la agricultura ecológica puede generar riqueza y contribuir a asentar
población en las zonas rurales, pero también “un buen sistema de cuidados y
ayuda a la dependencia, descentralizado, de calidad y a la medida de una
comunidad rural y muy envejecida, que demanda mucho ese servicio”
El campesino y ganadero palentino Jeromo Aguado es un
veterano de la producción ecológica. Este ganadero de Villoldo lleva años
dedicado a la producción ecológica de carne de pollo y cordero que distribuye a
través de circuitos de consumo alternativos que ponen en contacto directo a
“productores que queremos producir buenos alimentos y consumidores que quieren
comerlos y pagar por ellos un precio justo”. También participó en la
experiencia de ecoaldea de Amayuelas, forma parte de la red Tú Haces Comarca, y ha
sido candidato al senado por Unidas Podemos. Según él, el problema de
Castilla y León no es administrativo, sino de modelo económico: “La Política
Agraria Común fomenta un modelo agrícola basado en el productivismo, la
agricultura sin agricultores y el acaparamiento de la tierra, que destruye
empleo y fomenta el abandono del campo”, señala hablando de un auténtico
“etnocidio” desde los años 60, acompañado de un gran desprestigio de la cultura
rural.
En su opinión es una “buena noticia” que se esté hablando
de la España vaciada y que haya gente que quiera vivir
en el campo “para producir de otra manera, cuidando de la tierra, consumiendo
menos energía, o dedicándose a hacer otro tipo de turismo”, pero para eso hacen
falta también servicios “no solo buena conexión internet, como se dice mucho,
sino también transporte público y colegios”. “Cuando una pareja joven está
pensando en instalarse lo primero que te pregunta es ¿donde está la escuela?
Hay que reabrir escuelas y líneas de autobús y tren”, señala Aguado.
La cuestión
leonesa ha servido para volver a poner sobre la mesa el malestar de una España
interior que, con la entrada de Teruel Existe en el Congreso, comienza a
visibilizar que hay problema territorial más allá de Catalunya
Para Paula Moreno la agricultura ecológica puede
generar riqueza y contribuir a asentar población en las zonas rurales, pero
también “un buen sistema de cuidados y ayuda a la dependencia, descentralizado,
de calidad y a la medida de una comunidad rural y muy envejecida, que demanda
mucho ese servicio”. Según Moreno la comunidad tiene pequeñas industrias como
la del vino, los embutidos o el aceite que podrían aún crecer más y generar
mayor valor añadido.
Un ejemplo de esa industria alimentaria que funciona
es la de las galletas. España es el tercer productor de la UE. El 44% de ellas
se produce en Castilla y León y, más concretamente, en las localidades
palentinas de Venta de Baños y Aguilar de Campoo. En el polo opuesto de estas
industrias se encuentra la minería. Elena Solís, de Ecologistas en Acción,
advierte del peligro que suponen muchos de los nuevos proyectos mineros que se
están impulsando en la región, como la mina de uranio en Salamanca. En su
opinión, “hay una apuesta muy fuerte de la comunidad autónoma por la minería y
se está poniendo muchas ayudas públicas y facilidades a empresas que solo
piensan en especular con esos títulos mineros”. A pesar del escaso empleo que
muchas de estas minas a cielo abierto pueden generar si finalmente llegan a
abrirse, la esperanza de un puesto de trabajo resulta suficientemente atractiva
en una comunidad sin grandes expectativas de futuro.
Pese a su centralidad geográfica, histórica y
cultural, Castilla y León es hoy uno de los territorios más invisibles de una
España que en las últimas cuatro décadas se ha descentralizado en lo
administrativo, pero se ha concentrado en lo económico y en lo demográfico.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el 72% de la población española
vive en el 1% del territorio, y solo las áreas metropolitanas de Madrid y
Barcelona concentran el 23% de la población nacional. La cuestión leonesa ha
servido para volver a poner sobre la mesa el malestar de una España interior
que, con la entrada de Teruel Existe en el Congreso, comienza a visibilizar que
hay problema territorial más allá de Catalunya.
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