En Argentina la justicia podría dejar nulo el acuerdo con el FMI
03.01.2020
El megacuerdo del
gobierno argentino de Mauricio Macri con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) suscrito en 2018 fue impugnado a comienzos de
diciembre en la Justicia a través de dos denuncias, una en foro penal, y
otra en el contencioso administrativo, basadas en decisiones
inconstitucionales e ilegales, entre ellas la falta de acuerdo del
Congreso de la Nación.
La última demanda, presentada por el
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), acaba de avanzar en
la justicia. La causa se sustenta en que el Estado no realizó los
trámites anteriores a la toma de deuda a los que está obligado por ley.
El tema adquiere vital importancia dado que no se puede tener un plan
de gobierno, ni el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional
2020, mientras no se tenga en firme el acuerdo con los acreedores. El
ministro de economía, Martín Guzmán, señaló que busca una suspensión del
pago con reestructuración de la deuda que le permita crecer al país.
“Se supedita todo a lograr el objetivo principal que es la suspensión
de los pagos, pero se trata de negociar con grandes fondos y bancos
extranjeros (Goldman Sachs, Black Rock, Franklin Templeton, etc.) y con
el FMI, que solo aceptarían no cobrar por dos años si existe del lado
argentino o la seguridad de pago después de los dos años o, el temor de
que la Argentina se declare en default y tengan que cobrar como puedan”,
señala el economista Horacio Rovelli .
Defender lo público
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó a
la Procuración del Tesoro que ejerza la defensa del Ministerio de
Hacienda y del Banco Central en la causa que impulsa la nulidad del
crédito que la administración neoliberal de la coalición Cambiemos pidió
al FMI en 2018, así como su posterior ampliación.
La denuncia de que el acuerdo con el Fondo debe declararse nulo se sustenta en que todos
los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer
según la ley, no se hicieron: ni el de factibilidad, ni el económico
-que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda-,
ni el jurídico previo a la situación del acuerdo.
Tampoco hay
decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe
del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer
para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país.
Desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la
Argentina 44.490 millones dólares que sólo se utilizaron para pagos de
deuda por 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país
36.380 millones de dólares.
En paralelo avanza la denuncia
penal que Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Baldiviezo, del
Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizaron contra Mauricio Macri y
varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los
deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del
megapréstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.
Ese mes, los entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y titular
del Banco Central, Guido Sandleris, remitieron a quien oficiaba por esas
fechas de directora gerente del Fondo Monetario Internacional,
Christine Lagarde, dos memorandos: uno de Políticas Económicas y
Financieras y otro de Entendimiento Técnico. Este segundo acuerdo, según
los denunciantes es inconstitucional.
“Durante toda su
gestión, Macri tomó deuda por un monto superior a los 100 mil millones y
de esos, 86 mil millones de dólares de deuda se fugaron. Entonces, su
acuerdo con el Fondo, que es una parte de ese endeudamiento, está flojo
de papeles, hay argumentos para que el nuevo gobierno tenga como tarea
investigar y auditar el acuerdo”, afirmó Lozano.
Resarcir al Estado con patrimonio propio
La abogada Betina Stein, hoy miembro del directorio del Banco Central,
advirtió hace ya casi dos años que el Poder Ejecutivo carece de
facultades a la luz de la letra de la Constitución Nacional y es al
Congreso de la Nación, a quien se acuerda la facultad de “contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación”.
Si hablamos de
ilegitimidad, vale la pena recordar que el almirante Emilio Massera
debió responder con su patrimonio por las atrocidades cometidas en
ocasión y en ejercicio de su cargo público. Y debió hacerlo por la
iniciativa de un ciudadano en particular, y no por el reclamo de la
Nación, como debió haber sido, recordaba Stein.
En 1996 la
justicia condenó al almirante Massera a indemnizar a Daniel Tarnopolsky
por el secuestro y desaparición forzosa de sus padres y hermanos durante
la última dictadura militar, fallo éste luego confirmado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el 30 de agosto de 1999. Y Massera tuvo
que responder con su patrimonio.
Stein sostuvo que el Estado debe investigar las circunstancias que rodearon a la toma de la
deuda en dólares de mayor envergadura en la historia del país y si hubo
irregularidades en el proceso de decisión, y que el Estado Argentino,
víctima de los perjuicios patrimoniales ocasionados por tales
irregularidades debería demandar judicialmente a los funcionarios
responsables de haber generado ilegítimamente esa deuda, para que se los
condene a reparar esos perjuicios con su propio patrimonio.
Debería, podría… mucha conjugación en condicional. Para que ello suceda
hace falta decisión política del gobierno y/o presión ciudfadana,
popular, en las calles.
http://estrategia.la/2019/12/
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