Asamblea constituyente por la razón o la fuerza
09.11.2019
“Tomad de mí la venganza que queráis, que yo no os opondré resistencia. ¡Aquí está mi pecho!”
(BERNARDO O´HIGGINS al abdicar el 28 de enero de 1823).
El
presidente Sebastián Piñera camina por una angosta cornisa. Cualquier
movimiento imprudente puede precipitarlo al vacío. Solo cuenta con 13%
de respaldo, según encuestas. En cambio el movimiento que exige Asamblea
Constituyente goza del 87% de apoyo ciudadano.
El mandatario ni
siquiera cuenta con la red de seguridad que podrían proporcionarle los
partidos políticos -de moros y cristianos-. Ellos apenas logran un 2,4%.
En suma, las instituciones fundamentales del Estado son una ficción
carente de legitimidad democrática. Son entelequias que todavía
subsisten porque el pueblo ha decidido desplazarlos por una vía pacífica
y democrática: la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La
crisis auto provocada por el modelo neoliberal, es ahora un nudo ciego
que la soberbia de la elite política impide desatar. Tres semanas de
multitudinarias manifestaciones en todo el país. Una veintena de
muertos. Más de dos mil heridos, cinco mil detenidos y torturados.
Enormes daños a bienes de uso público. Incendios y saqueos de
supermercados que han afectado también a medianos, pequeños y micro
empresarios. Es el costo de la intransigencia de instituciones que se
ven enfrentadas por primera vez al rechazo de la democracia directa.
Casi todo un abanico de clases sociales enfrenta al Estado oligárquico.
(Ojo: hay que cuidar esa amplitud social e ideológica). En el seno del
movimiento se perfilan condiciones para reconstruir una Izquierda que
esté a la altura de esta nueva época.
Apenas un 3,4% confiaría al
Parlamento -la más desprestigiada de las instituciones-, la misión de
redactar la nueva Constitución.
La intransigencia de las elites
las ha metido en un atolladero. O abren paso a la Asamblea Constituyente
o aceleran su propio derrumbe, comenzando por la renuncia del
presidente de la República.
Las renuncias de mandatarios por
revueltas sociales no son desconocidas en América Latina. Fernando de la
Rúa en Argentina (2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia (2003)
tuvieron que tomar ese camino. También se obligó a dimitir a Otto Pérez
en Guatemala (2015), Carlos Mesa en Bolivia (2005), Raúl Cubas en
Paraguay (1999), Jorge Serrano en Guatemala (1993) y Fernando Collor de
Mello en Brasil (1992).
No sería insólito que Sebastián Piñera
también tuviera que hacerlo. Lo negó en una entrevista con la BBC de
Londres. Sostuvo que terminará su mandato que aún no llega a la mitad
del periodo. Pero el reclamo por su renuncia continúa atronando en las
calles. Si la movilización continúa, la permanencia del presidente se
podría convertir en un tapón que sus mismos partidarios harían saltar.
Hay que recordar que Piñera es socio del exclusivo club de los
multimillonarios de este país. Son los intereses de la oligarquía los
que están en juego. Sus voceros admiten resignados que están dispuestos a
sacrificar una pestaña de sus fortunas. Pero si la situación se pone
color de hormiga, no tendrían remilgos en sacrificar al rey del tablero.
Por
otra parte la táctica del gobierno para apagar el incendio social es un
mayúsculo error pues condiciona al restablecimiento del “orden público”
la atención de los cambios estructurales que se demandan. Esto ha
significado incrementar las violaciones de derechos humanos que
exacerban la indignación del pueblo. El Cuerpo de Carabineros ha sacado
lustre a su tenebrosa fama y el gobierno, en los hechos, se está
metiendo en un callejón sin salida.
En la confrontación que vive
Chile la razón está del lado del pueblo. Y si la razón no es suficiente
para imponer los cambios, la fuerza ocupará su lugar. Una alternativa no
deseada. La inmensa mayoría quiere un tránsito pacífico y democrático a
una fase superior de convivencia social.
Las lucha por justicia, igualdad y dignidad es un torrente que rebasará cualquier dique que le cierre el paso.
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