Sáhara Occidental: la hora de la verdad para Pedro Sánchez
Rebelion
Contramutis
04.05.2019
La autodeterminación del pueblo saharaui y la supervisión de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental forman parte de las promesas electorales con las que el PSOE ganó las elecciones generales del 28 de abril. A partir de ahora se verá si Pedro Sánchez tiene intención de cumplir su palabra o se trató de una simple promesa para ganar votos. Los precedentes no son esperanzadores para la causa saharui.
En unas elecciones en las que el Partido Popular y Ciudadanos sacaron de sus programas la defensa de la causa saharaui, el Partido Socialista mantuvo sus propuestas de apoyo
al pueblo saharaui contenidas en anteriores programas electorales, en
un conflicto que dura ya más de 43 años y que se produjo al no proceder
España a la descolonización del Sáhara Occidental, territorio que
entregó a Marruecos.
El compromiso socialista se concreta en promover la solución del
conflicto “a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones
Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación
del pueblo saharaui” y en trabajar para conseguir una solución “que sea
justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de
autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la
supervisión de los derechos humanos en la región”.
Pero hasta ahora las actuaciones del Gobierno socialista no estuvieron en línea
con las propuestas del PSOE, a excepción de la declaración que el
presidente Pedro Sánchez hizo ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 28 de septiembre de 2018, donde apoyó la libre determinación del pueblo saharaui.
En once meses el Gobierno socialista adoptó decisiones favorables
al Gobierno marroquí, como fue el apoyo al nuevo acuerdo de pesca de la
Unión Europea, en clara contradicción con las sentencias del Tribunal
de Justicia Europeo según las cuales Marruecos y el Sáhara Occidental
son territorios diferentes. El Frente POLISARIO anunció recientemente
que recurrirá ante la justicia europea para que sea anulado el acuerdo
UE-Marruecos, que abarca las costas y suelo del Sáhara Occidental.
La postura del ministro Borrell
Para agradar a Marruecos, significativas fueron las actuaciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Josep Borrell:
habló de mantener “una posición de Estado” igual que el Partido
Popular; dijo que España no es la potencia administradora del Sáhara
Occidental, en contra de lo que establece la ONU y reconoce la Audiencia
Nacional; eludió citar el genocidio saharaui que investiga la AN con
motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y su departamento hizo un informe desaconsejando celebrar en
el Congreso de los Diputados una reunión sobre el Sáhara Occidental para
no molestar a Marruecos, acto que impidieron con sus votos el PSOE y el PP.
Ante todo esto, Sergio Pascual (Unidos Podemos) acusó en el Congreso a Borrell de hacer lobby a
favor de Marruecos, cuyo Gobierno dio por hecho el apoyo de España a
sus tesis sobre el Sáhara Occidental, tal y como dijo el
presidente marroquí, Saadedín Al Othmani, a Pedro Sánchez en la visita que este hizo a Rabat.
Además, el Ministerio del Interior, cuyo titular, Fernando Grande-Marlaska, viajó con Borrell a Rabat, entregó a Marruecos en enero de este año al líder estudiantil saharaui Husein Bachir Brahim, que llegó en patera a Canarias huyendo de la policía marroquí. Buscaba asilo político y acabó en una cárcel marroquí por “actividades políticas ilegales” ; el 9 de abril inició una huelga de hambre.
Desde que en junio de 2018 el PSOE accedió al Gobierno, al menos catorce personas, diez de ellas españolas -tres profesionales de la abogacía y una periodista-, fueron expulsadas
por las autoridades marroquíes de la excolonia española, sin que el
Gobierno de Pedro Sánchez dijese palabra alguna, como tampoco lo hizo
por los continuos casos de violación de los Derechos Humanos registrados
en los territorios ocupados por Marruecos.
Precisamente la supervisión de los DDHH en el Sáhara Occidental es
una de las promesas socialistas y en la página web del Ministerio de
Asuntos Exteriores se dice que España, miembro del Consejo de Derechos
Humanos de 2018 a 2020, es un país profundamente comprometido con los Derechos Humanos: “Su protección y promoción constituyen un eje prioritario de nuestra política exterior”.
Dos días después de las elecciones del 28-A se produjo la prorroga
por seis meses de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el
Sáhara Occidental (MINURSO), la única misión de la ONU que no tiene
competencias en materia de DDHH. Esta decisión no mereció un comunicado
del Ministerio que aun dirige Borrell -lo abandonará para ir al
Parlamento europeo-, departamento que sí se pronunció sobre temas de
Israel, Libia, Siria, los altos del Golán, Sudan, Sri Lanka, Venezuela…
Mientras, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental se siguen
vulnerando los Derechos Humanos, lo mismo que en ciudades del sur
marroquí con población saharaui y en cárceles marroquíes con presos
políticos saharauis, como detalla la siguiente relación, aproximada, de
hechos ocurridos en abril de 2019, según datos de organizaciones
sociales y medios de información saharauis:
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