¿LLEGA EL "COMUNISMO VENEZOLANO" DEL PP A CASTILLA - LA MANCHA? EN VENEZUELA GRACIAS A LA ESPECULACIÓN DEL CAPITAL PARA ALTERAR EL RESULTADO DE LAS URNAS FALTA PAPEL HIGIÉNICO, PERO AL MENOS LO IMPORTAN

Medidas de ‘ahorro Cospedal’: obliga a los estudiantes a llevar el papel higiénico de casa 

El Gobierno del PP de Castilla-La Mancha prepara la privatización de 15 residencias universitarias, a pesar de contar con lista de espera y un superávit de 2,5 millones de euros

CARLOS ISERTE 

EL PLURAL.COM

20/05/2013 

Protestas contra la privatización de las residencias universitarias. ¿Por qué el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside María Dolores Cospedal ha anunciado la privatización de 15 residencias universitarias si hay lista de espera para acceder a ellas y en su conjunto cuentan con un superávit de 2,5 millones de euros? La respuesta la tiene la responsable de personal laboral de FE-CCOO, Ana Delgado: “Se centran en el dinero, que es, lógicamente, lo único que les preocupa a las empresas que pugnarán por lucrarse con el ‘modelo de gestión’ que quieren imponer; no al servicio de la sociedad, sino al servicio de los propietarios de esas empresas”, señala la sindicalista a ELPLURAL.COM Serunión y Mawersa ¿Y quién son estas empresas, pendientes del reparto del pastel universitario en Castilla-La Mancha? ELPLURAL.COM ha podido saber que entre las compañías interesadas por el negocio que pondrá “a la venta” el Gobierno de Cospedal se encuentran las dos grandes del sector; esto es, Serunión, una sociedad francesa dedicada al catering, y que todo indica absorberá al Grupo Arturo Cantoblanco, propiedad del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, ligado “íntimamente” al Partido Popular y, sobre todo, a los líderes de la Comunidad de Madrid. En segunda posición aparece Mawersa, otro gigante de la gestión de comidas para hospitales, colegios y residencias, que a buen seguro competirá por hacerse con parte de este importante negocio. Ambas empresas tienen ya intereses en Castilla-La Mancha. 2.140 plazas y diez millones de euros Y es que el negocio que la también secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, pretende sacar a subasta no es para despreciar, puesto que son 2.140 potenciales clientes (residentes), que pagan una media de 400 euros al mes por alojamiento y manutención, lo que supone unos ingresos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha próximos a los diez millones de euros anuales. “Quieren privatizarlas con el objetivo de ‘homogeneizar’ las condiciones de las quince residencias universitarias, lo que es un absurdo puesto que cada empresa beneficiada con la concesión podrá implantar sus propias normas de funcionamiento”, lamenta Ana Delgado. “¿Es este el modelo de gestión?” La sindicalista tiene claro que a partir de septiembre, cuando las residencias estén ya en manos privadas, subirán los precios y mermarán los servicios, como queda probado en la Orden preparada por Educación que especifica que los usuarios sólo tendrán pensión completa en días laborables; “los fines de semana tendrán que llevarse el tupper”, ironiza Delgado. No solo eso, “la residencia de Ciudad Real, donde parte de los servicios están ya externalizados, ha suprimido los bocadillos de la mañana y obliga a los alumnos residentes a proveerse de su propio papel higiénico”, añade, “¿son estas las condiciones que se van a homogeneizar para todas las demás residencias?” Despido de trabajadores Lo peor de todo es que la privatización impedirá que cientos de familias castellano-manchegas con rentas limitadas puedan seguir enviando a sus hijos a estudiar a la Universidad, con lo que las desigualdades crecerán de forma desproporcionada en la comunidad. Además, como recuerda Ana Delgado, el personal interino que ahora trabaja en estas residencias no será reubicado en ningún otro puesto de trabajo, como se encargó de recordar la secretaria general de la Consejería de Educación, en contra de lo que anunció su titular, Marcial Marín, quien, según la representante sindical, “se comprometió el 16 de mayo, ante el pleno de las Cortes regionales, a mantener sus actuales precios públicos y condiciones de acceso; así como a no despedir a ninguno de los trabajadores”, concluye, “el señor Marín mintió en todas sus afirmaciones”.

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