miércoles, 17 de junio de 2020

Para inventar la micro macro eco ecológica de la ecología socio variopinta del viejo, subespecie del hombre garbancero, el cual sin haber trabajado en su vida se dedica o aspira a la gobernanza, o lo que sea, pero sin trabajar. El viejo fue parido por su madre, tal cual; luego creció y se puso a trabajar y venga trabajar y dale que te pego a trabajar, hasta que por edad dejó de hacerlo y cayó en manos de unos garbanceros, gente del garbanzo, ya saben, que tenían cuatro paredes a las que le daban el nombre de residencias y en las que le sacaban hasta los higadillos, o sea, los cuatro cuartos que todavía tenía después de toda su vida de trabajo y sin garbancear, Y yo digo esto, porque esos que se tienen hoy por jóvenes no garbanceros, también llegarán a formar parte de la subespecie de los viejos, por nada más.


Personas ancianas en tiempos de COVID
 DIARIO OCTUBRE/ 16.06.2020

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Ana Muñoz.— El lenguaje es una expresión acabada de la ideología. Y la ideología dominante nos ha ido cambiando las palabras para envolver y ocultar lo que el sistema de dominación ha hecho con las personas ancianas. Desecharlas socialmente, aparcarlas y amontonarlas mientras aún respiran para poder hacer negocio. El proceso empezó hace años, cuando el capitalismo descubrió que incluso de las personas que ya no podía explotar en el mercado laboral, podía obtener un beneficio. Carne humana como nicho de mercado.

Así, los centros ya no se denominan geriátricos, que es un lugar destinado al cuidado de las personas ancianas que se alojan en él, desde el reconocimiento de que dichas personas tienen necesidades específicas de cuidados y atención. Esa denominación viene cargada de imágenes negativas y mejor se oculta la vejez, ahora son residencias. Una acepción mucho más anodina, que se nos presentan como una idílica casa donde residen personas de edades y condición similares. De pacientes se pasa a usuarios, y de ahí a clientes y en última instancia a ser “el o la” de la número tal o cual. Absoluta despersonalización y deshumanización. Las idílicas residencias son un lucrativo negocio   que además va subiendo las tarifas conforme el “cliente” va teniendo cada vez más necesidades de “paciente”. Hasta pagar exorbitadas sumas para que te dejen en una silla de ruedas absolutamente dopado. El producto se mantiene con unos mínimos vitales, aseadito o aseadita, para las visitas familiares y haciendo caja mientras se pueda. Tampoco importa mucho pues la clientela está garantizada, una población mayor de 65 años de 9.055.580. La demanda supera a la oferta pues hay unas 372.985 camas y hasta se puede trampear excediendo la ocupación permitida.

El negocio es de lo más rentable, desde 2008 hasta 2018 creció un 10 % en sus beneficios y la previsión para el 2020 era alcanzar los 4.850 millones. Pese a las huelgas y reivindicaciones de algunas plantillas, denunciando sus condiciones laborales  precarias y la situación que vivían las personas residentes, era preferible mirar para otro lado. No ver las deficiencias y la escasez de personal ni los tiempos de atención insuficientes. Un servicio público en manos privadas, exactamente de fondos buitre, lo que viene a ser una dolorosa ironía.

En esas condiciones no extrañan las estadísticas aterradoras de muertes por covid en estos centros. Más del 60 % de las personas fallecidas en este país estaban en un centro para mayores.  En Bélgica representan más de la mitad, en Italia el 40 % de los casos, y en Suecia más del 90 % de los fallecidos por coronavirus tenían más de 70 años y aproximadamente la mitad vivía en geriátricos. En este último país no hemos visto imágenes del horror y abandono de cadáveres, sino que optaron por la inmunidad de rebaño. Parece muy civilizado, sin embargo esa opción ha supuesto la eliminación deliberada de las personas ancianas, un cheque en blanco para eliminar a la población más vulnerable. Es el sacrificio de las personas vulnerables que ya defendió algún gobernador de EEUU y lo mismo que defiende la patronal castellano-leonesa: que se mueran las personas mayores y las vulnerables pero que se salve la tasa de ganancia.

La muerte masiva de personas no ha sido la única realidad dura, tal vez la expresión más violenta y atroz del capitalismo del descarte humano ha sido dejar morir a esas personas en soledad y sin ningún tipo de asistencia. En una angustiosa agonía y abandono. La documentación hecha pública acredita que ante las deficiencias del sistema sanitario público, castigado por décadas de recortes y falta de inversión, se practicó la selección y el triaje humano. Las órdenes fueron no trasladar ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios. Sacrifiquemos la carne humana que nos sobra, hay suficiente alimento para continuar manteniendo la trituradora del capitalismo…, o eso se creen.

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La mercantil de la salud particular que muchos llaman privada debe devolver al Estado lo robado al Estado mediante fórmulas jurídicas del toco mocho y sus malhechores y políticos colaboradores deben ser conducidos a los tribunales para ser juzgados por el saqueo al Estado y perjuicios causados


Privatizaciones sanitarias, enemigas de la vida, no nacieron ayer

Diario Octubre / 16.06.2020



Redacción UyL.— Como en la célebre película francesa de 1993 Les visiteurs (Los visitantes ¡No nacieron ayer! fue titulada en nuestro país), las privatizaciones en la sanidad madrileña y española tampoco comenzaron ayer. Aunque resulta difícil situar una fecha que marque su inicio exacto, lo cierto es que el germen privatizador fue inoculado ya cuando Felipe González, insigne representante de la socialdemocracia hispana y según los documentos desclasificados parcialmente por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) creador de los GAL, nombró en 1990 a un banquero y político franquista para presidir la Comisión “de expertos” (siete de sus nueve miembros tenían intereses directos en la sanidad privada y/o el negocio farmacéutico) encargada del “análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

El 25 de septiembre de 1991 la citada Comisión parió el conocido como Informe Abril Martorell, en honor al insigne fascista que la había presidido. Las 64 recomendaciones de dicho informe no pudieron ser aplicadas en ese momento por la fuerte oposición popular que hubieran levantado, pero precisamente para eso la democracia burguesa monta la farsa de la alternancia política: el PSOE abre el camino y luego un PP “de refresco” profundiza en la senda privatizadora ya trazada. Y si eso no funciona siempre cuentan con fuerzas “progresistas” reclamando fervientemente la firma de un “Pacto de Estado” en este caso “por la Sanidad”.

Tanto gobiernos centrales como autonómicos han ido aplicando paulatina y obedientemente las líneas maestras que marcaba el “Informe Abril” para desmantelar y privatizar la sanidad pública en todo el Estado. El rubicón legal fue la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del SNS, ya bajo el gobierno de un “centrista” Aznar (pero contando con el necesario voto favorable del PSOE y el apoyo público de CCOO).

Y de aquellos polvos estos lodos. La privatización de la sanidad madrileña, al igual que en el resto del Estado es, por tanto, un proceso con un desarrollo de más de 20 años llevado a cabo silenciosamente gracias a la complicidad de sindicatos corporativos y “de clase”, colegios profesionales y organizaciones satélites de la socialdemocracia y el reformismo como la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública). ¿Dónde se encontraban cuando se “externalizaron” los servicios de limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, ambulancias, historias clínicas,…? ¿O mientras se abrían los 11 hospitales de gestión privada en la Comunidad de Madrid (CM), se cerraban laboratorios públicos de análisis clínicos para centralizarlos en un laboratorio privado, más de 5000 sanitarios eran transferidos desde hospitales públicos a los nuevos de gestión privada o se cerraban miles de camas en los grandes hospitales públicos madrileños?

El deterioro y recortes en la sanidad madrileña no son de hoy. Ayuso viene a efectuar el remate final del maltrecho sistema público de salud. Sus antecesoras y antecesores en el cargo le dejan el trabajo bastante adelantado y criticar los actuales recortes pero sin ir a la raíz del modelo que ha originado y posibilitado el lento desmantelamiento de una sanidad pública, gratuita y de calidad es, además de poco efectivo, generar un placebo de protesta pero permitir que las cosas sigan igual de mal.

En los territorios de “gobiernos de progreso” las cosas no han ido de diferente manera. Por citar tal vez uno de los ejemplos más paradigmáticos, en el País Valencià nos vendieron y se vendió como un éxito de gestión gobernante progresista el regreso a la gestión pública del Hospital de la Ribera Alta y el correspondiente Departamento de Salud, aquel que dio nombre al desastroso modelo de gestión sanitaria privada financiada con fondos públicos, el “modelo Alzira. No se trató de ningún “rescate” o retorno a lo público de lo privatizado, sino, sencillamente, de la no renovación de una concesión administrativa que caducaba después de 20 años parasitando a la sanidad pública, además se obvia explicar que la vida útil de un hospital no va más allá de 25 años y, probablemente, en el próximo período requerirá una fuerte inversión para su reforma (ya no era tan rentable para la empresa adjudicataria). El nuevo “Botànic” asume claramente que dejará al parásito empresarial desangrándonos hasta el final permitiendo que concluyan las concesiones todavía existentes; quedan por recuperar para la gestión pública directa los hospitales de Torrevieja, Elx-Vinalopó, Dénia y Manises cuyas respectivas concesiones finalizan entre 2023 y 2025. Ahí siguen, como siguen privatizadas las lucrativas resonancias magnéticas, las listas de espera o como sigue el serio déficit de personal sanitario que sufre la sanidad pública valenciana.

No nos equivoquemos, en la defensa de una sanidad pública, sin repagos, universal y de calidad no basta con el mal menor. No basta con no privatizar más. Es necesario exigir y- luchar hasta lograrlo- la reversión de todo lo privatizado y de todos los servicios que conforman la atención sanitaria (de limpieza, a lavanderías, a pruebas especiales, etc…) y la derogación de la Ley 15/97.

Mientras existan las empresas en el ámbito de un servicio público éste deja de ser un servicio para el pueblo trabajador y pasa a ser un nicho de mercado. No hay pacientes sino clientes y no se trata a la persona como un ser humano, sino que se la trata (o no) en términos de rentabilidad. Tenemos el doloroso ejemplo de las personas ancianas que fueron abandonadas sin atención médica, enfermas de covi-19, y sólo fueron atendidas aquellas que tenían un seguro privado y podían pagar la atención sanitaria.

La defensa de la Sanidad Pública no debe quedar cautiva de organizaciones médicas o sectores profesionales. Ahora, más que nunca, debemos resaltar la lucha coherente que organizaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid) llevan a cabo desde hace décadas. También debemos pasar a una contraofensiva obrera y popular en defensa de la sanidad pública y en retorno de todo lo privatizado. Ahora ya sabemos que es la única salida viable. Nos va la vida en ello.#TuLuchaDecide.

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Madre, anoche en las Trincheras - Canción Popular// Versión Cover Daniel...

martes, 16 de junio de 2020

"Papá cuéntame otra vez"

"Viejo Mi Querido Viejo-Piero"♥

Atento el personal y demás: ¡Fiiiiiirmes! Los12.500 millones más de talegos (1 talego = 1 euro) más sobre el costillar de trabajadores y jubilados que son los han levantado España para que unos pocos se recuesten sobre ella a la sombra del % más el 3% que me llevo porque me lo tengo que llevar; no forman parte del gasto social (más que nada porque es antisocial y militar).Tampoco es un mirlo blanco para el empleo, sino otro zoquetazo más, mondo y lirondo, de un izquierda-dederecha, con más derecha que izquierda del gobierno ferriginoso social-comunista-compostelano y que me sé yo qué, que gobierna España contra los españoles y cara al enemigo.Barrigazo contra el suelo, cuerpo a tierra que vienen los amigos. Los 12.500 millones de leandrones (1 leandrón = 1 talego = 1 euro) es el nuevo pellizco que nos quita a los trabajadores y jubilados (porque es dinero que no va ni a la sanidad, ni a la enseñanza pública, ni al cuidado de los incapacitados, etc) , para constituir la renta mínima, justa, necesaria, transversal, solidaria y patriótica a fin elevar la tasa de ganancia de los capitales invertidos en las fábricas de escopetas de doble caño de tapones de corcho para que vayan saliendo de la crisis que he creado yo con mis propias manos para joder la marrana. Que nada, coleguis. Que esto es lo que hay + lo que tiene que haber. ¡Aaaalto! ¡Descansen... Armas!, y nada, ¡Rompan filas! Y que ahora me voy a líar a cantar la canción del Soldadito español la batalla fue tuya, de Marujita Díaz, dándole unas vueltas a las niñas de los ojos, como hacía ella, y luego me pondré a buscar el carro que le robaron a Manolo Escobar un día mientras votaba, que me parece que no lo han encontrado todavía a pesar de las votaciones que han llovido desde entonces



Covid-19: especial gasto militar en España (III)
  • "Plan ‘Ave Fénix’: La operación del PSOE y Margarita Robles para rescatar a la industria militar"
  • "Una de las excusas utilizadas por la ministra de Defensa para justificar este nuevo disparate armamentista se basa en los puestos de trabajo"
  • "No, el gasto militar no es gasto social, obviamente, y tampoco favorece el empleo, hay inversiones mucho más efectivas para generar empleo"
CUARTOPODER.ES
El jueves, 11 de junio de 2020


La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Efe

Como ya hemos comentado, el pasado 20 de mayo de 2020, hace unas semanas, el Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, concedió una entrevista en la que ratificó la decisión de Margarita Robles para aumentar el número de militares a 127.000, algo más de 7.000 contrataciones más, y en la que habló del Plan ‘Ave Fénix’, que catalogó como "una panoplia de medidas dirigidas a la reactivación de la industria de Defensa, una industria muy importante para España por su papel en la economía y alto componente tecnológico". Además, ratificó los compromisos existentes: "sería un sinsentido, desde mi punto de vista, que, como se produjo en el 2008, en estos momentos, se produjeran recortes o anulaciones de estos programas" por lo que "los compromisos de gasto adquiridos [12.500 millones de euros en armas] por el ministerio de Defensa van a permanecer y espero que incluso puedan aumentarse". El PSOE, y Margarita Robles, de nuevo al rescate de la industria militar contra los intereses de la ciudadanía, porque recordemos que con el PSOE empezó todo en los años noventa –los Planes Especiales de Armamento o PEAs por valor de más de 30.000 millones de euros–.

Un ministerio endeudado por unos desastrosos planes de armamento
En la actualidad, el ministerio de Defensa todavía está pagando los mencionados PEAs, que se apalabraron en 1994 –costaron 34.143 millones de euros y se debían 23.500 millones de euros en 2018–. Cantidad que ha tenido que financiarse, en perjuicio de la ciudadanía, y que no se terminará de abonar hasta el año 2031. Según el calendario de pagos, este año 2020 se abonarán 1.945 millones de euros y en el año 2021 se llegarán a los 2.000 millones de euros. Con un lastre semejante, comprometerse a otros 12.500 millones de euros –fraccionados a diez años– no parece acertado, máxime si las compras realizadas en los PEAs de los años noventa fueron un desastre y los nuevos programas lanzados en la actualidad no parece que lleven mejor trayectoria.

Entre las armas que el PSOE decidió comprar en los años noventa por más de treinta mil millones de euros figuran: un submarino S-80, que ni flotaba ni se propulsaba ni cabía en el muelle, hasta tal punto que 2.000 millones de los 12.500 millones del nuevo ciclo armamentista servirán –se supone– para enmendar este disparate; el avión A400M, que no puede aerotransportar el carro de combate que se compró porque este pesa más (unas 70 toneladas) que la carga que puede aerotransportar (menos de 40) y que, además, muestra problemas para el lanzamiento de paracaidistas y carga y para el repostaje en vuelo; el EF-2000 o Eurofighter, un caza de combate que ha generado una gran tasa de siniestralidad, con cuatro muertos y cinco aparatos perdidos, y del que se guardaban en 2016 en un hangar de Albacete doce unidades por cuestiones fiscales; el carro de combate Leopard, del que 150 unidades terminaron almacenadas porque no se podía pagar el combustible; o el helicóptero NH-90, del que llegó a haber tres unidades almacenadas en 2016 porque la unidad del Ejército de Tierra que las solicitó no tenía tripulación ni personal para el mantenimiento. Total, un desastre.

Un desastre que lo había sido de cualquier manera, porque en la mayoría de los casos se trata de material militar que solo podría ser útil en caso de un enfrentamiento de gran intensidad, pero lo cierto es que los conflictos en los que ha participado –y participa– España han sido asimétricos, así que, ni aunque hubiera habido dinero para el combustible de los carros de combate Leopard, el submarino S-80 hubiera flotado y se hubiera propulsado o el EF-2000 o Eurofighter no tuviera la siniestralidad que tiene y no hubiera estado almacenado por cuestiones fiscales, el dinero invertido habría tenido utilidad alguna.

Por todo ello, el que fuera secretario de Estado de Defensa en el año 2010, Constantino Méndez, del PSOE, afirmó: "Hemos comprado armas que no necesitamos, para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora". Margarita Robles parece dispuesta a cometer el mismo disparate para aumentar los beneficios de la industria española de las armas.

Armas que no necesitamos, para escenarios que no se van a producir y que no podíamos pagar ni antes ni ahora

Porque lo cierto es que gran parte del gasto de los 12.500 millones de euros no lo necesitamos. No necesitamos los 998 vehículos blindados 8x8 que sumarán 3.836 millones de euros y no necesitamos las cinco fragatas F-110 por 4.325 millones de euros porque los blindados son para conflictos de alta intensidad y los escenarios bélicos en los que se emplea España son conflictos asimétricos y las fragatas son un modelo intermedio entre las fragatas F-100 y los BAM, Buques de Acción Marítima.

Por tanto, podrían ahorrarse en un porcentaje muy importante los más de 8.000 millones de euros en blindados y fragatas. Por ejemplo, si en lugar de comprar los 8x8 se compraran vehículos RG-31, se podrían comprar 1.000 unidades por poco más de 600 millones de euros; y con el número y modelo de embarcaciones existentes en la Armada difícilmente se puede justificar la comprar de más de una fragata F-110, lo que supondría 900 millones de euros. Es decir, se podrían gastar 1.500 millones de euros en lugar de 8.161 millones y reducir en más de 6.500 millones de euros el gasto y ello solo en estos dos programas. Incluso si se optara por una adquisición extra de 100 vehículos 8x8, tan solo se añadirían 400 millones de euros. Es decir, se ahorrarían sí o sí más de 6.000 millones de euros. Una cantidad que equivale a dos años de salario mínimo vital.

Gasto militar es gasto social, según Margarita Robles

Una de las excusas utilizadas por la ministra de Defensa para justificar este nuevo disparate armamentista se basa en los puestos de trabajo que genera la industria armamentista. "El gasto militar es gasto social", llegó a aseverar Margarita Robles. Exactamente, el ministerio de Defensa aseguró que el programa 8x8 generaría 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos.  Esto es, 3836 millones de euros para 1.650 puestos de trabajo si tenemos en cuenta el plan global o 2.100 millones de euros para 1.650 puestos de trabajo si solo tenemos en cuenta la primera fase del programa. Hablamos, pues, en el mejor de los casos, de 0,78 puestos de trabajo por millón de euros invertidos armas –en el peor de los casos, menos de 0,5 puestos de trabajo–, cuando Sanidad, Educación, Construcción o Dependencia generan por cada millón de euros invertido entre 15 y 40 puestos de trabajo. Hasta ochenta veces más. No, el gasto militar no es gasto social, obviamente, y tampoco favorece el empleo, hay inversiones mucho más efectivas para generar empleo.

Desgraciadamente, con el aumento de militares habrá que elevar las inversiones en Defensa, además de las necesidades de armamento lógicas y con los 12.500 millones de euros que se piensa gastar en armas Margarita Robles, el ministerio de Defensa elevará su deuda, de nuevo, por encima de los 30.000 millones de euros, lo que supondrá, dado que esta inversión se pagará a diez años, unos 3.000 millones de euros anuales. Militares que perfectamente pueden terminar sin gran utilidad –en la UME hay 3.500 efectivos para 60 actuaciones al año cuando en los bomberos de Barcelona hay 1.800 efectivos, la mitad que en la UME, para más de 20.000 actuaciones al año– y material bélico que, como el que compramos en los años noventa, puede terminar en hangares, sin uso y puede que, teniendo en cuenta el historial negro de la industria militar, incluso sea defectuoso.

Anexo: puedes consultar tablas y gráficos aquí
Consulta aquí la primera parte y la segunda parte de esta serie de artículos

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domingo, 14 de junio de 2020

Y, ¿en el campo español no hay Cooperativas? Yo digo de esa cosa en la que se primaba al trabajo y no al capital; aquello de aquella regla de oro cooperativista, del principios de Fomento de la Enseñanza, o sea, que yo lo que digo es que si en el campo español no hay Cooperativas, porque Cooperativa lo que viene a signifacar es "trabajar con", y entiendo perfectamente que quien no sepa chino no entienda esto, que para eso lo he escrito en chino



Un acto de soberanía alimentaria. Un acto de soberanía.

DIARIO OCTUBRE / 13 JUNIO 2020


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Dario Herchhoren.— Hace muy pocos días el gobierno argentino dispuso la intervención y la expropiación de la empresaVicentín, que es la mayor empresa argentina de acopio y exportación de granos, aceites, algodón, vino y miel.

Dicha empresa era de amigos del ex presidente Mauricio Macri, y había conseguido créditos del Banco de la Nación Argentina por una cantidad de alrededor de 18.000 millones de dólares, a pesar de su situación cercana a la cesación de pagos. El nuevo gobierno argentino asumió sus funciones el día 10 de enero de 2020, y un mes antes de esa fecha el Banco de la Nación Argentina otorgó esos créditos a los cuales hay que sumar otros que ya se habían concedido.

Hasta la llegada de la dictadura militar, el mayor exportador de granos era la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias que era una cooperativa de segundo grado, es decir que era una cooperativa de cooperativas, y estaba integrada por varios miles de cooperativistas, que de esa manera podía exportar sus producciones en igualdad de condiciones con los grandes acopiadores y exportadores. Eso no era del gusto de la dictadura cívico militar que hizo cuanto pudo para hundir a la FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias), hasta que al fin lo logró.

En su lugar se posicionó Vicentín, que pasó a ocupar el primer lugar, vendiendo al exterior cinco millones de toneladas de granos como promedio anual, y gozando de generosos créditos bancarios tanto de bancos nacionales como extranjeros. Los préstamos de bancos extranjeros eran en realidad operaciones de fuga de capitales, que ingresaban al país con el objeto de hacer importantes inversiones que nunca se materializaban, y esos préstamos se depositaban en cuentas de la empresa a plazo fijo, rindiendo intereses que a veces llegaban al 40 % anual, y una vez cobrados esos intereses el resto pasaba a Vicentín. Ese modus operandi era siempre el mismo, y mientras el capital privado se enriquecía las empresas argentinas se empobrecían al tener que pagar intereses usurarios. Es lo que se llamaba «fuga de capitales».

La familia Nardelli, dueña de Vicentín, era el socio mayoritario de la empresa, pero en la misma participaban empresas multinacionales como Cargill, y Bayer, que ha comprado a Monsanto, y la cesación de pagos por parte de Vicentín, no solo amenazaba a los puestos de trabajo de seis mil trabajadores, sino que estaba en peligro la continuidad de la misma empresa,que seguramente caería en manos de las grandes multinacionales como consecuencia de la subasta de sus bienes.

Vicentin tiene puertos propios sobre el río Paraná en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, además de ser arrendataria de una parte del puerto cerealero de Necochea en la Provincia de Buenos Aires.

La decisión del gobierno argentino, marca un antes y un después de política soberana del país, y vuelve a la senda de las políticas implementadas por el General Perón, que reclamaba el carácter preeminente del estado en todo aquello que significara un sector estratégico, y la exportación de granos sin duda lo es.

Se trata de un paso en la buena dirección, que seguramente será seguido por otros más. Ya este gobierno que lleva pocos meses al timón del país, nacionalizó Aerolineas Argentinas, y recupero la estatal YPF (Yacimientos petrolíferos fiscales), y ello implica abandonar el neoliberalismo, que ha sido y es nefasto para un país dependiente como Argentina.

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